Delcia Karjallo, esposa de Ramón González Daher, ha presentado una demanda de nulidad y subsidiariamente por daños y perjuicios en el fuero civil y comercial.

La demanda se fundamenta en la consideración de que sus bienes fueron confiscados sin discriminar cuáles le pertenecen y sin verificar su origen, durante el proceso de comiso de los bienes de su esposo.

La acción legal se dirige contra el proceso de comiso en ejecución y subsidiariamente contra la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), así como contra la jueza Sandra Kirchhofer, encargada de ejecutar el comiso de los bienes de Ramón González Daher.

La abogada Raquel Talavera, quien representa a Karjallo, explica que buscan restablecer el orden, ya que consideran que el Estado confiscó todos los bienes sin importar su origen, lo cual afecta los derechos de su cliente.

Talavera enfatiza que están luchando por la justicia no solo en términos pecuniarios, sino también en defensa de los derechos de una mujer, abuela y madre. Destaca que Karjallo no fue condenada en un juicio previo, pero se le imputan cargos para justificar el comiso de sus bienes.

La demanda también involucra de manera subsidiaria a la jueza Sandra Kirchhofer, por ampliar la sentencia que ordenó el comiso de todos los bienes de Ramón González Daher. Talavera argumenta que la falta de especificidad en la sentencia y la falta de discernimiento sobre qué bienes deben ser confiscados constituyen una violación de los derechos de su cliente.

Talavera critica el interés económico del Estado en el caso y señala que dejar este precedente sería perjudicial para cualquier persona procesada por hechos cometidos por terceros. Subraya la importancia del respeto a la Constitución y la necesidad de que el Estado asuma responsabilidad por sus acciones.

El juez Walter Mendoza ha admitido el escrito ampliatorio de Karjallo, quien busca evitar que sus bienes sean comisados.

Peirano Basso fue requerido por la justicia local por lesión de confianza, por su participación en la quiebra del Banco Alemán, hoy comparece ante el juez de su caso Raul Florentín para la audiencia identificatoria y para imponer medidas.

Peirano Basso fue requerido por la justicia paraguaya por el vaciamiento del Banco Alemán. Su hermano José Peirano Basso ya fue extraditado el año pasado a nuestro país y recibió una condena de dos años de cárcel son suspensión de la ejecución de la condena por reparación del daño causado.

Jorge Peirano soporta cargos por lesión de confianza, por su participación en la quiebra del Banco Alemán. Estuvo preso al igual que otros integrantes de su familia en Uruguay por hechos  similares.

La quiebra del Banco Alemán en Paraguay se produjo en el 2002, dejó sin fondos a varios compatriotas que tenían allí depositados sus ahorros.

El tribunal de sentencia integrado por los jueces: Dina Marchuk, Federico Rojas y María Luz Martínez, condenó por unanimidad a un grupo de distribuidores de drogas peligrosas. Los mismos fueron detenidos durante el Operativo Good en Misiones en el 2022.

La agente fiscal Fabiola Molas, representó al Ministerio Público en el juicio oral en la causa iniciada en contra de un grupo personas que se dedicaban a la comercialización de droga. Las mismas fueron sentenciadas a 8, 7 y 5 años de pena privativa de libertad, respectivamente, tras ser hallados culpables de operar principalmente en la ciudad de San Juan Bautista y otras ciudades del departamento de Misiones.

Fueron condenados; Sadi Gabriel Camaraza Portillo, a 8 años de pena privativa de libertad, José Domingo Riveros Caballero, alias «Mingo» a 7 años, Emilio Francisco Riveros Caballero, alias «Pache», Lucio Antonio Amarilla Otazú, Nelson Benítez Vargas, Gilberto Daniel Silva Ortiz y Alexis Gabriel Montiel Silvero, alias “Poto” a 5 años de pena carcelaria por la venta de cocaína y marihuana. En ese sentido, cabe resaltar la obtención del comiso del vehículo y de los demás bienes incautados durante la investigación fiscal, los cuales pasarán a ser administradas por la SENABICO.

Este caso que se inició en el 2022, permitió identificar a José Domingo Riveros Caballero, alias «Mingo», como líder de la red, quien, con la colaboración de su hermano Emilio Francisco Riveros Caballero, alias «Pache», Lucio Antonio Amarilla Otazú, Nelson Benítez Vargas y Gilberto Daniel Silva Ortiz, utilizaban viviendas y locales comerciales como fachada para venta de las sustancias; destacándose una lomitería, donde se despechaban la modalidad de delivery para la distribución y venta de cocaína y marihuana.

Las drogas eran provistas por Sadi Gabriel Camaraza Portillo, desde la ciudad de Asunción, quien enviaba las sustancias ocultas como encomiendas por medio de buses de larga distancia. Éste contaba a su vez con la colaboración de Alexis Gabriel Montiel Silvero, alias “Poto” para la distribución y venta de drogas peligrosas en el departamento Central y Asunción.

En torno a la causa se llevaron a cabo allanamientos simultáneos en las viviendas de los procesados, donde se incautaron drogas, dinero en efectivo, balanzas de precisión, un vehículo y otros elementos probatorios que fueron contundentes para lograr la condena.

El Ministerio Público finalmente se rindió y tras la segunda absolución del exministro del MUVH, Dany Durand desistieron de apelar el fallo que lo desvincula por su presunta declaración jurada falsa.

El exministro de Urbanismo Vivienda y Habitad fue absuelto por segunda vez tras un juicio oral y público, los fiscales pidieron tres años de cárcel por declaración jurada falsa.

Los fiscales acusadores en este caso son Natalia Fuster y Néstor Coronel, acusaron ya el año pasado al exministro por supuestamente haber mentido y luego rectificado su DD.JJ ya que había asignado la adquisición de una propiedad de Mocipar valor de G 1.200 millones.

Para los jueces Juan Carlos Zárate, María Fernanda García de Zúñiga y Héctor Capurro, quienes juzgaron por segunda vez la conducta de Durand, consideraron que no existió hecho punible.

Mientras que los fiscales Néstor Coronel y Nathalia Fuster habían pedido tres años de cárcel para el exministro, mientras que su defensor José Ignacio González Macchi había requerido la absolución de culpa y reproche.

El juez Raul Florentín rechazó el pedido de la defensa de conceder una medida menos gravosa al imputado exdirector de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción, procesado por violencia familiar.

Este jueves se realizó la audiencia de revisión de la prisión preventiva que soporta Villalba luego de violar su arresto domiciliario. Para el magistrado no existe elementos nuevos que ameriten que su prisión preventiva sea modificada con lo que el imputado seguirá en prisión en el penal de Emboscada.

La defensa del procesado solicitó la aplicación de una medida menos gravosa como el arresto domiciliario, sin embargo, el magistrado considera que el procesado es renuente a cumplir con los mandatos de la justicia, por ende, mal se podría sustituir la medida que soporta.

“La aplicación de una medida sustitutiva a la prisión preventiva resultaría improcedente dadas las condiciones actuales del procesado, ya que con base en la actitud del procesado Juan Villalba y su falta de voluntad para someterse a los dictados de la justicia llevaron al juzgado a decretar la media cautelar de prisión preventiva en su momento, situación que no ha variado”, señala parte del argumento del magistrado Florentín para ratificar la prisión de Juan Villalba.

El hombre fue imputado por haber supuestamente agredido a su pareja e incluso a su cuñada. La denuncia refiere que existen además de las manifestaciones de ambas víctimas fotografías que demostrarían las agresiones.

Juan Villalba, en su momento quiso justificar a través de su defensa que violó su arresto domiciliario para ir a ver a su hija enferma, sin embargo, según los informes remitidos por el Hospital donde fue asistida su hija la situación de la niña no revestía gravedad, por lo que se dio por no justificado el abandono del arresto por parte del imputado y se volvió a decretar su prisión preventiva hoy ratificada por el juez de su caso.

La agente fiscal Patricia Sánchez ya recibió el informe que requirió al Senado sobre la sesión donde los legisladores cartistas repusieron los fueros a Erico Galeano, Hernán Rivas y Rafael Filizzola.

Siguiendo con la investigación por supuesto atentado contra el orden constitucional, el Ministerio Público envió las imágenes del día de la sesión extraordinaria del 4 abril pasado para identificar a los senadores que votaron por la reposición de la inmunidad a sus pares procesados por la justicia.

El Ministerio Público investiga un presunto caso de atentado contra el orden constitucional, se busca esclarecer los eventos que rodearon la controvertida decisión de devolver la inmunidad a los senadores Hernán Rivas, Erico Galeano y Rafael Filizzola.

El 23 de abril pasado el Ministerio Público, ha requerido al presidente del Congreso, Silvio Ovelar, la nómina de los senadores que propusieron el texto de la resolución 502 durante la sesión extraordinaria en cuestión. Asimismo, se solicitó información detallada sobre los senadores presentes en la sesión del 4 de abril, incluyendo el sentido de su voto respecto a la mencionada reposición de fueros.

La solicitud de la fiscalía también abarca aspectos técnicos, como la entrega de la copia del circuito cerrado de la Cámara de Senadores correspondiente al lapso en que se llevó a cabo la sesión extraordinaria en la que se tomó la polémica decisión y es esta imagen la que está siendo analizada por el Ministerio Público para identificar a los senadores cartistas que votaron por la reposición de los fueros.

La agente fiscal Patricia Sánchez quien investiga el caso, recibió todo lo que requirió al Senado como; la resolución 502 autenticada, la lista de los presentes de la sesión, el Acta de la sesión del 4 de abril, las imágenes de la sesión y como el voto no se registró porque fue a mano alzada se envió las imágenes a la Dirección de Análisis de Información Estratégica, busca recabar todos los detalles pertinentes sobre la sesión que ha generado una considerable atención por parte de la ciudadanía.

Se subraya que las circunstancias en las que se desarrolló la reposición de fueros han generado preocupación sobre la continuidad de los procesos judiciales abiertos a legisladores en el caso de Hernán Rivas por la sospecha de poseer un título falso de abogado, en caso de Erico Galeano es por su presunto vínculo con el crimen organizado y el de Rafael Filizzola por presuntos hechos de corrupción.

A pedido del ministro Eugenio Jiménez Rolón, la Corte Suprema de Justicia renovó un convenio con el Ministerio de Justicia que tiene como eje principal lograr la libertad de las mujeres privadas y finiquitar sus procesos penales.

Mediante un trabajo interinstitucional integrantes del sistema de justicia buscan priorizar a las mujeres privadas de libertad, que, según Barchini el 72% de las recluidas en el Buen Pastor, son personas que tienen su proceso tramitado en la circunscripción en Central.

Buscan imprimir agilidad en los procesos que afectan a mujeres, no solo para descomprimir el sistema penitenciario sino el sistema penal que también colapsa en la etapa de juicios orales.

La iniciativa implica la realización de audiencias telemáticas ya sea para la preliminar como para juicio orales y la constitución de los magistrados al penal para realizar las audiencias tendientes a brindar celeridad a los procesos que afrontan las mujeres privadas de libertad.

Si el plan logra funcionar con el apoyo del Ministerio de la Defensa Pública, se espera replicar este mismo diseño de trabajo para otros penales del país para que más personas puedan recuperar su libertad e incluso concluir sus causas.

El ministro proponente Jiménez Rolón es el superintendente de la circunscripción de Central y parte de él la iniciativa de priorizar a las jefas de hogar quienes se encuentran recluidas por delitos o considerados de bajo reproche. El ministro pidió la colaboración de la Oficina Técnica Penal a fin avanzar en un registro de causas inicialmente y luego movilizar a los defensores, fiscalía y jueces para ejecutar el trabajo.

Por su parte, la ministra Carolina Llanes señaló que las mujeres privadas de libertad son un segmento reducido de la población penitencia no voluminosa que puede ser sometida a un calendario de audiencias preliminares acordado con antelación con el Ministerio Público y la Defensa Pública para ver una salida alternativa a estos casos. La idea no solo es buscar la libertad de las mujeres sino finiquitar sus procesos.