La jueza Rossana Elizabeth Frutos Olguín revocó la decisión de su colega que prohibió a Christian Chena luego realizar un retuit, referirse a Gissele Mousques, quien fue aludida junto con su esposo en un artículo por supuestos hechos de corrupción.

La jueza Frutos Olguín hace un pormenorizado relato de como en este caso en particular, la jueza Sonia Machuca no debió aplicar la Ley 5.777 herramienta utilizada para prohibir al propietario del medio digital RDN a realizar cualquier publicación relacionada a Gissele Mousques.

Agrega la jueza en su fallo que, la jueza Machuca no hizo un análisis adecuado de la situación traída a su juicio y censuró al empresario con la medida de protección aplicada a favor de Mousques.

Dejó en claro que, los funcionarios públicos si pueden estar bajo el escrutinio público por su condición de servidor público, por ende, mal se puede prohibir hacer referencia a los mismos.

“Así, aunque la autoridad judicial competente se pronuncie por la inaplicabilidad de la sanción, ya se habría producido el efecto amedrentador ya que se inhibe el debate y la transmisión de información, lo que a su vez constituye una afectación directa a la libertad de expresión, mucho más aún si el resultado de la actividad jurisdiccional es pronunciarse a favor de una sanción o como en el presente caso, la adopción de censura previa bajo la modalidad de medida de protección. Con respecto a la calificación de violencia digital, telemática y contra la dignidad que en el presente caso se alegan conculcadas, es menester señalar que, si bien existe una innegable importancia de proteger a la mujer contra toda forma de violencia en todas las esferas de la sociedad, tanto en su vida pública como en la vida privada también es importante diferenciar los casos en los cuales las medidas de protección no se aplican”, dice el fallo de la jueza Rossana Frutos Olguín.

La magistrada trajo a colación las decisiones de la Corte Interamericana, que han creado jurisprudencia respecto al interés público y se entiende de aquellas opiniones o informaciones sobre asuntos en los cuales la sociedad tiene un legítimo interés de mantenerse informada, de conocer lo que incide sobre el funcionamiento del Estado o afecta derechos o intereses generales o le acarrea consecuencias importantes.

“Al respecto, las opiniones, manifestaciones, ideas e información relativas a estos hechos deben ser consideradas asuntos de interés público en lo que respecta a la protección de la libertad de expresión debido a que, el respeto y garantía de los derechos humanos no puede rescindirse de la protección de la transparencia en el manejo de la cosa pública”, dice otra parte del fallo.

La justicia hizo lugar al amparo constitucional presentado por la abogada Alejandra Peralta contra la senadora Norma Aquino alias Yaminal, quien la bloqueó en la red social X. El juez Rubén Darío López señala entre otras cosas que el bloqueo no tiene justificación y es ilegítimo y ordena desbloquear a la abogada.

El magistrado hace una explicación clara extensa y específica de lo que reza en la Constitucional y cuáles son los derechos ciudadanos que precautela como la libertad de expresión, el acceso a información pública y la no discriminación.

Menciona en su argumento que un funcionario público con la mala administración de su red social puede lesionar derechos de los ciudadanos, que incluso en el escrito de contestación Norma Aquino señala que precisamente usa la red social X para “explayarse mejor”.

Agrega el juez que Yaminal es una integrante del Congreso Nacional uno de los mayores foros de debate y que su red social está abierto al debate público por ende no debe existir discriminación de ningún tipo.

“Este Juzgado considera que la decisión adoptada por la demandada de bloquear a la amparista en la red social X, sin justificación razonable alguna, constituye un acto ilegítimo que vulnera el derecho subjetivo consagrado en el artículo 46 de la Constitución que reza “De la igualdad de las personas. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios sino igualitarios”, igualmente el artículo 26 del mismo cuerpo legal dispone “De la libertad de expresión y de prensa. Se garantizan la libre expresión y la libertad de prensa, así como la difusión del pensamiento y de la opinión, sin censura alguna, sin más limitaciones que las dispuestas en esta Constitución; en consecuencia, no se dictará ninguna ley que las imposibilite o las restrinja”.

“La mala gestión por parte de una autoridad pública de una red social, se lo realiza con fines también públicos, salvo, claro está, que sea patente que su uso responde a un interés exclusivamente personal. En caso de no demostrarse este extremo deberá interpretarse que el uso de la red social se lo realiza como un foro de debate abierto a todo público y, siendo abierto al público no se admiten discriminaciones bajo ningún sentido. Además, considerándoselo como un foro de debate público, también la comunicación debe guiarse simplemente por las reglas generales de convivencia en sociedad como el respeto, la tolerancia, la libertad, honestidad, etc”, dice en su fallo que sienta postura sobre la libertad de expresión y acceso a la información pública.

Por último, el magistrado recalca que el cometario de la abogada Alejandra Peralta que originó el bloqueo, no fue un comentario irrespetuoso o de acoso por lo que el bloqueo no puede considerarse como legítimo.

La defensora general Lorena Segovia habló de lo que dejó el Seminario Internacional “Construyendo Igualdad” desarrollado en nuestro país con mujeres juristas locales y de la región para debatir sobre la desigualdad y el acceso a la justicia de mujeres niñas.

Segovia, señaló que las ponencias han evidenciado que aún hay mucho camino por recorrer para la lograr la igual real entre hombres y mujeres. Que el sistema de justicia es clave para permitir que los derechos en accesos a la justicia de niñas y mujeres sea efectivo y que ello solo será posible con la especialización permanente de los operadores del sistema.

Agregó que la desigualdad latente solo puede ser combatido con un cambio cultural, que la educación en igualdad es una de las fuentes principales para reducir el nivel de desigualdad histórica.

“Fue un seminario con magníficas ponencias de personas con mucha experiencia y su coherencia de vida, ser panelista en un espacio donde se habla de la desigualdad existente y que podemos hacer para superar esto desde el sistema de justicia. Pudimos conjugar conocimiento experiencia y credibilidad y qué podemos hacer para procurar por la defensa de las mujeres, hoy sabemos que la igualdad real todavía tiene pendientes. El sistema de justicia en general tiene un rol fundamental en lo que hace a la protección de la mujer víctima y también que los casos no queden impunes porque en la medida que seamos conscientes de la existencia de esos casos y que la justicia no tomó una decisión eso hace que aumente y prolifere que si hay violencia no va a pasar nada y eso no puede seguir existiendo”, reflexionó la doctora Lorena Segovia.

Subrayó que la capacitación permanente de todos los integrantes del sistema de justicia en general es el eje principal para responder no solo adecuadamente a los problemas que afectan a mujeres y niñas, porque es lo único que va a permitir desprenderse de los estereotipos con los que fuimos criados.

Por último, comentó que es necesario avanzar en el trabajo interinstitucional para brindar agilidad, practicidad y evitar la revictimización de las mujeres y niñas que acuden a buscar justicia para que se reestablezca sus derechos.

Autoridades de la Corte Suprema de Justicia e integrantes de USAID mantuvieron una reunión para ultimar detalles para que entre a operar este año un software que busca agilizar admisibilidad en la Sala Constitucional y recusaciones en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Esta iniciativa, que se lleva a cabo en conjunto con técnicos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y técnicos de la institución, permitirá reducir el tiempo de resolución de los casos, disminuir los costos y mejorar la transparencia del proceso.

La herramienta está en su fase final de desarrollo y se espera que entre en funcionamiento en la Sala Constitucional este año. Posteriormente, se implementará en la Sala Penal.

«Estamos seguros de que este nuevo software será una herramienta fundamental para fortalecer la justicia paraguaya y beneficiar a todos los ciudadanos», señaló el presidente de la CSJ, doctor Luis María Benítez Riera.

Por su parte, la ministra Carolina Llanes, señaló a Judiciales Net que el proyecto forma parte de un plan piloto y viene a digitalizar la praxis ya implementada por la Sala Penal y se mostró confiada que la herramienta permitirá imprimir celeridad en los procesos tramitados en ambas Salas.

En el marco de su compromiso con la modernización y eficiencia del sistema judicial paraguayo, autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) participaron este jueves, de una reunión de trabajo con los representantes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

La finalidad fue discutir y avanzar en el plan de implementación de un innovador software diseñado para agilizar los procesos relacionados con casos de recusación e inhibición en el sistema judicial. Estuvieron presentes el titular del máximo tribunal de la República, doctor Luis María Benítez Riera; el vicepresidente segundo, doctor Alberto Martínez Simón; y los ministros, doctora Carolina Llanes y doctor Manuel Ramírez Candia. Participaron además la titular de la Dirección General de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (DGTIC) de la máxima instancia judicial, licenciada Rosaliz Chamorro, y su equipo técnico.

La ministra del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Misiones, Argentina, Cristina Leiva, enfatizó la importancia de la capacitación obligatoria para todos los operadores de justicia como un paso fundamental hacia el acceso real a la justicia de mujeres y niñas.

Destacó que el Poder Judicial puede ser una herramienta de cambio para acercar la justicia a las mujeres y garantizar que acceder a ella sea una realidad sin que deban enfrentar múltiples obstáculos que las revictimicen en el proceso.

Leiva subrayó que la capacitación transforma a los operadores de justicia y facilita el acceso a la justicia para las mujeres. En la provincia de Misiones, se implementó un convenio con el Ministerio de Salud para llevar camiones sanitarios a los poderes judiciales, ofreciendo servicios como análisis de glucemia, PAP y mamografías.

Esta iniciativa se llevó a cabo con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de la salud y también para comprender las barreras que enfrentan las mujeres para acceder a los servicios médicos debido a responsabilidades familiares no reconocidas.

La ministra remarcó la necesidad de poner a hombres y mujeres en igualdad de condiciones, reconociendo las responsabilidades y roles que desempeñan las mujeres en la sociedad. Señaló que las mujeres no pueden estar en igualdad de condiciones cuando deben cumplir con tareas como amamantar a un bebé, cuidar el hogar o dedicar tiempo al cuidado de la familia sin que esto se reconozca adecuadamente.

Estas reflexiones fueron expresadas por la ministra Leiva durante su participación en el Seminario Internacional «Construyendo Igualdad», organizado por el Centro de Estudios Judiciales y el Ministerio de la Defensa Pública. En este evento, se discutieron estrategias para promover la igualdad de género y mejorar el acceso de las mujeres a la justicia.