Elvio Ramón Quiñonez Bogado ha sido sentenciado a 28 años de prisión por el feminicidio de su expareja. El tribunal de sentencia, presidido por la jueza Librada Benítez, lo declaró culpable del asesinato y lo condenó a casi la pena máxima.

El agente fiscal Leonardo Cáceres, de la Unidad Regional de Capitán Bado, representó al Ministerio Público durante el juicio oral. Quiñónez Bogado fue hallado culpable y condenado por la comisión del delito de feminicidio, a pesar de haber tenido previamente una prohibición de acercamiento a la víctima por denuncias previas de violencia familiar.

Según los antecedentes del caso, Quiñónez atacó a su expareja en diciembre de 2020 en el distrito de Capitán Bado. Llegó a la vivienda de la mujer y le disparó varias veces, causándole heridas graves. A pesar de buscar refugio en la casa, la víctima perdió fuerzas y falleció en el suelo.

El Tribunal de Sentencia estuvo integrado por las juezas Librada Beatriz Peralta Céspedes, Marcelina Quintana de Acosta y Mirna Carolina Soto González.

El fiscal Luis Piñanez no coincide con la decisión del tribunal de sentencia que volvió a sobreseer definitivamente a exdiputado Tomás Rivas procesado en su momento por haber pagado salario a sus caseros con dinero de la cámara de diputados.

Este miércoles el tribunal de sentencia presidido por la jueza Laura Ocampo hizo lugar al incidente de la defensa y declaró la extinción de la acción y el sobreseimiento definitivo del exdiputado Tomás Rivas, bajo la premisa que el daño causado ya fue reparado al devolver el perjuicio patrimonial a las arcas del Estado.

El fiscal Luis Piñanez anunció que apelará la resolución al considerar que no puede ser tan fácil cometer un daño patrimonial y cuando quiere y porque puede la persona paga y se desliga del proceso penal.

Reiteró que el Ministerio Público al que representa no está de acuerdo con la desvinculación del proceso de Rivas y que llevará de vuelta el caso a instancias superiores para revertir la situación.

El tribunal de sentencia no llegó a juzgar los hechos en este segundo juicio oral y público ya que en la etapa incidental le dieron la razón a la defensa de Rivas y archivan el caso en su contra porque ya pagó el perjuicio con lo que para el tribunal se extinguió la acción penal.

El fiscal Silvio Corbeta acusó y pidió juicio oral y público para Joaquín Roa Burgos exministro de la secretaría de Emergencia Nacional por haber amañado licitaciones a favor de su amigo Alberto Koube Ayala de quien también recibió coimas según la acusación.

Los hechos punibles por lo que el Ministerio Público acusa a Roa Burgos son; lesión de confianza, administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo agravado. Mientras que Alberto Koube fue acusado por asociación criminal, lesión de confianza en calidad de cómplice, así como del lavado de dinero.

Para el Ministerio Público existen elementos suficientes para sostener la acusación contra, Joaquín Roa y su amigo Alberto Koube Ayala por un perjuicio patrimonial estimado de G 16 mil millones en alquiler de camiones y la provisión de chapas ya que montaron una sociedad criminal.

Relata la acusación que entre el 2018 y 2021 el entonces ministro de la SEN quien ejercía funciones desde el 2013, otorgó millonarias licitaciones y contrataciones a su amigo Alberto Koube Ayala por un monto superior a los G 16 mil millones para la obtención conjunta de beneficios económicos a costa de los fondos de Emergencia Nacional.

Estas adjudicaciones se dieron con el concurso de las empresas de Alberto Koube Ayala como el Grupo Tapyracuai SA y del esquema empresarial de terceros proveídos o vinculados a Koube, tales como: JPA Logística, Noemacol, Sofimac, Joaquin Nunez, Katerine Ayala, entre otros. En ese orden Joaquin Roa Burgos y Alberto Koube Ayala se habrían asociado a los efectos de lograr el desvío de los fondos de la SEN para la obtención de beneficios económicos indebidos a costa de los recursos públicos, entre ellos la obtención de una embarcación AZ 42 valuada en 450.000 dólares y sumas de dinero.

Según la fiscalía Alberto Koube fue beneficiado de manera sistemática con las diversas licitaciones de la SEN utilizando sus empresas y a terceras personas quienes eran firmas de sus amigos o clientes y que tendrían alguna vinculación con él, con la finalidad de desviar los recursos en beneficio de la “sociedad criminal conformada por Joaquín Roa y Alberto Kube”.

Este resultado fue producto a la trazabilidad de las compras que realizaron las empresas vinculadas a Koube durante la investigación realizada en esta causa.

El fiscal Silvio Corbeta es quien representa al Ministerio Público en este caso y solicitó que la misma sea elevada a la siguiente etapa de juicio oral y público.

Después de un proceso de cuatro años, el caso que investiga la compra irregular de agua tónica para combatir al COVID-19 ha llegado a una sentencia definitiva. Patricia Samudio, expresidenta de Petropar, acusada por lesión de confianza, ha sido condenada a una pena de cuatro años de prisión.

La fiscal de Ejecución Penal, Celia Beckelmann, ha apelado la decisión de un juez de Villarrica que ordenó el retorno de un recluso a Tacumbú, desde donde fue trasladado durante el megaoperativo que restauró el control en esta prisión.

El Ministerio Público se opone, argumentando que el individuo, condenado a 10 años por narcotráfico, desempeñaba el rol de «portero» en el pabellón de admisión en Tacumbú bajo las órdenes del Clan Rotela.

Beckelmann ha presentado un recurso de apelación contra la resolución del juzgado de Ejecución especializado en Crimen Organizado del Primer Turno, que ordenó el retorno de César Dari González Figueira desde la penitenciaría de Villarrica a Tacumbú. Este traslado se había llevado a cabo en el marco de la «Operación Veneratio».

La «Operación Veneratio», realizada el 18 de diciembre de 2023, implicó el traslado de 700 personas privadas de libertad vinculadas a grupos criminales, desarticulando así el control delictivo dentro de Tacumbú.

González Figueira, de nacionalidad uruguaya, cumplía una condena de 10 años por tráfico de drogas en Tacumbú, donde según informes del Organismo Técnico Criminológico, ejercía como portero en el pabellón de admisión, actividad respaldada por los líderes del Clan Rotela.

La defensa argumentó que el traslado se solicitaba para permitir al recluso continuar con sus actividades laborales. Esto confirma que, antes del traslado, el condenado ocupaba su tiempo como portero.

El Ministerio Público, en su apelación, pide la anulación de la resolución mencionada, sosteniendo que la seguridad de los recintos penitenciarios es responsabilidad del Ministerio de Justicia, y que las decisiones gubernamentales en la «Operación Veneratio» representaron un golpe significativo al crimen organizado.