Un hombre de 63 años fue sentenciado a cumplir 20 años de cárcel por abuso sexual en niños. Según lo probado en juicio, el condenado se desempeñaba como pastor evangélico y aprovechaba esta condición para abusar de un niño de solo cinco años.

El agente fiscal Irán Suárez Galeano representó al Ministerio Público en el juicio oral, donde se dictó la condena a 20 años de pena carcelaria para un ciudadano de 63 años. El ahora condenado se desempeñaba como pastor de una entidad evangélica en el Bajo Chaco.

Los hechos se remontan al 11 de diciembre de 2022 cuando el niño de 5 años fue a jugar en el patio del vecino, ocasión que fue aprovechada por el sujeto quien lo introdujo al baño de la casa, ubicado en el fondo del hogar, donde tras taparle la boca y los ojos lo sometió al coito. Tras el hecho, el niño fue a su casa y le pidió al padre que lo limpie donde se percataron con la madre de lo ocurrido e inmediatamente lo llevaron hasta el Hospital de Villa Hayes.

La unidad fiscal interviniente, a cargo del agente fiscal Irán Suárez, procedió de inmediato a trasladar al niño hasta el departamento de Clínica Forense y hasta el Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público, donde se constató a través del médico forense de turno la existencia de tres lesiones.

En la causa se realizaron varias diligencias como ser: la contención psicológica, la evaluación psicológica, Cámara Gesell, pericias planimétricas del lugar del hecho, estudios laboratoriales, testimonios y otros elementos de prueba con los cuales el Ministerio Público ha demostrado claramente tanto la existencia del hecho, así como la autoría del sospechoso, quien finalmente fue condenado a la pena de 20 años de penitenciaría, ante los numerosos elementos de prueba colectados por el Ministerio Público.

La Fiscalía solicitó una pena de cuatro años de cárcel para la ex titular de Petropar, Patricia Samudio, acusada de lesión de confianza en el caso conocido como «agua tónica».

Mientras tanto, para su esposo, José Costa Perdomo, acusado como cómplice, se pide una pena de tres años y nueve meses. Por su parte, Samudio se ratificó en que convocó a una licitación para la compra de agua tónica durante la pandemia para combatir el Covid-19, basándose en un dictamen médico.

La ex titular de Petropar, Patricia Samudio Torras, y su esposo, José Costa Perdomo, enfrentan un proceso por lesión de confianza por la compra presuntamente irregular de insumos innecesarios durante la pandemia del Covid-19 para beneficio personal. Según la Fiscalía, el perjuicio causado al ente estatal supera los 300 millones de guaraníes.

Durante los alegatos finales, el Ministerio Público, representado por los fiscales Silvio Corbeta, Francisco Cabrera y Luz Guerrero, sostuvo que todo el proceso de compras fue simulado. No solo se detectó la adquisición irregular del lote de agua tónica, sino también de otros insumos como palets, bidones y tanques de agua. La empresa adjudicada fue Solumedic, como la única oferente. En todo el llamado a licitación no se pudo justificar como una urgencia impostergable.

Patricia Samudio autorizó el pago de G 350 millones en el marco de la licitación por vía de la excepción, pero solo se recibió por valor de 13 millones de guaraníes.

Existió una ausencia de contraprestación por parte de esta firma, ya que las compras no existieron. Se agrega además que, posteriormente, se compraron las facturas donde se simularon las operaciones de compraventa. Ante todos estos argumentos, la Fiscalía solicitó la pena de cuatro años de cárcel para Patricia Samudio y tres años y nueve meses para su esposo, José Costa Perdomo.

Durante su declaración ante el tribunal de sentencia, Patricia Samudio negó que haya existido irregularidad y dijo que los insumos eran de urgencia. Respecto al agua tónica, se ratificó en que se basó en una opinión médica.

“Respecto al dolo, ella misma conocía su rol como presidenta, conocía sus deberes y atribuciones. Sabía que este llamado a licitación era fraguado. Que se estaban llevando a cabo conversaciones entre su esposo y la firma Solumedic, beneficiada con el pago. Ella anhelaba este resultado y que beneficiaría a su pareja para saldar una deuda. Es un dolo de primer grado”, explicó el fiscal Francisco Cabrera.»

El tribunal de sentencia está integrado por los jueces Gloria Hermosa, Diarios Báez y Alba González.

La Corte Suprema de Justicia a través de la Dirección de Derechos Humanos realizó un conversatorio en la ciudad de Pilar para tratar la problemática del abuso de la prisión preventiva por parte de los jueces penales.

El objetivo de la actividad fue el de socializar la Acordada N° 1511 y realizar un análisis sobre su aplicación efectiva en el marco de estrategias encaradas por la Corte Suprema de Justicia para asegurar la excepcionalidad de la prisión preventiva y aspectos prácticos de su aplicación y que la prisión preventiva deje de ser la regla.

El panel estuvo conformado por importantes oradores como: Nury Montiel, directora de DD.HH de la Corte Suprema de Justicia, doctora Claudia Sanabria, presidenta de turno del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), el doctor Renzo Cristaldo por la Comisión Nacional del MNP, doctor César Cañete por el Ministerio de la Defensa Pública.

Así como los agentes fiscales, Jorge Encina y Federico Solano, por el INECIP Paraguay Diego Molinas y Jennifer Ramos, y Rodolfo Gutiérrez en representación de los abogados Pasilleros de Neembucú. Así también disertó de manera virtual el doctor Rodrigo Estigarribia, juez Penal de Garantías especializado en Delitos Económicos de la Capital.

La actividad, fue dirigida a magistrados, jueces penales, defensores públicos y agentes fiscales, promovió un importante intercambio de ideas y reflexiones sobre el tema.

Cabe destacar que el evento fue organizado por la Corte Suprema de Justicia y la Circunscripción Judicial de Neembucú, siendo una oportunidad para abordar una cuestión crucial en nuestro sistema penal.

Luego de ser imputado y tras permanecer en prisión por un hecho bagatelario un joven indígena pudo recuperar su libertad con la intervención del Ministerio de la Defensa Pública.

El joven fue procesado y se dispuso su prisión preventiva, pese a que se trataba de un hecho bagatelario y que no existió denuncia del propietario. Con el acompañamiento de Defensa Pública recuperó su libertad con medidas sustitutivas a la prisión.

El hecho habría ocurrido el 29 de marzo en un local comercial. El mismo fue inicialmente representando por la Defensora Liz Paola Mongelos, quien plateó la aplicación de salidas previstas ante hechos de poca significancia, sin embargo, igualmente fue imputado y se dispuso su prisión preventiva.

Posteriormente, la defensa fue asumida por el defensor José Fernández quien solicitó la revisión de la prisión preventiva el 3 de abril, con asistencia técnica de un perito experto en cultura indígena. Como resultado, el juez resolvió hacer lugar a la solicitud de la defensa y otorgar la libertad, con medidas alternativas a la prisión.

Por su parte la defensora general Lorena Segovia señaló que el uso irracional del sistema penal es un riesgo para la seguridad.

“No es argumento válido para la excusación o apartamiento”, advierte la Cámara de Apelación Penal de Ciudad del Este, que confirmó a los tres jueces que se apartaron de un grave caso de abuso sexual en niños por denuncias de la querella en medios de comunicación y redes sociales.

Los camaristas señalan que los jueces, al apartarse con argumentos no válidos, también vulneraron lo dispuesto en la acordada de la Corte Suprema de Justicia que habla del reinicio de los juicios orales con el mismo tribunal de sentencia.

Dice el fallo de alzada que los argumentos sin base legal que utilizaron los jueces Serafín González, Fabio Aguilar y Vitalia Duarte, quienes se apartaron de un caso de abuso sexual en niños debido a las críticas de la querella en redes sociales, no son argumento para separarse.

Que, “Los ataques con ropaje de denuncia no podrán ser motivo de excusación; de ser así, sería muy fácil la separación de los jueces para entender en un determinado juicio, por lo que se les exhorta a los jueces a observar siempre el principio del juez natural. De ninguna manera pueden perder la fortaleza o la templanza en sus labores durante la administración de justicia. La simple mención no puede considerarse argumento válido según el principio natural del juez”, señala el tribunal que vuelve a encauzar el proceso confirmando a los magistrados que usaron de excusa que fueron mencionados por la querella en medios masivos y redes sociales.

Los mismos deberán retomar la diligencia oral que quedó interrumpida luego de una recusación de la defensa y la propia excusación del tribunal, lo que también dilató la continuidad del juicio oral donde se juzga la conducta de un hombre que fue acusado por el Ministerio Público y la querella por abusar de su nieta.

La abogada Noelia Núñez denunció la semana pasada a través de Judiciales Net la insólita situación en la que un tribunal de sentencia de CDE, luego de juzgar el caso por cuatro meses, se aparta de un caso por menciones de la querella en medios de comunicación. “Contundente y oportuna resolución de la Cámara de Apelación Penal de CDE. Actos de justicia que nos devuelven la fe”, señaló la abogada al recibir el fallo que encamina de vuelta la causa.