La Fiscalía solicitó una pena de cuatro años de cárcel para la ex titular de Petropar, Patricia Samudio, acusada de lesión de confianza en el caso conocido como «agua tónica».
Mientras tanto, para su esposo, José Costa Perdomo, acusado como cómplice, se pide una pena de tres años y nueve meses. Por su parte, Samudio se ratificó en que convocó a una licitación para la compra de agua tónica durante la pandemia para combatir el Covid-19, basándose en un dictamen médico.
La ex titular de Petropar, Patricia Samudio Torras, y su esposo, José Costa Perdomo, enfrentan un proceso por lesión de confianza por la compra presuntamente irregular de insumos innecesarios durante la pandemia del Covid-19 para beneficio personal. Según la Fiscalía, el perjuicio causado al ente estatal supera los 300 millones de guaraníes.
Durante los alegatos finales, el Ministerio Público, representado por los fiscales Silvio Corbeta, Francisco Cabrera y Luz Guerrero, sostuvo que todo el proceso de compras fue simulado. No solo se detectó la adquisición irregular del lote de agua tónica, sino también de otros insumos como palets, bidones y tanques de agua. La empresa adjudicada fue Solumedic, como la única oferente. En todo el llamado a licitación no se pudo justificar como una urgencia impostergable.
Patricia Samudio autorizó el pago de G 350 millones en el marco de la licitación por vía de la excepción, pero solo se recibió por valor de 13 millones de guaraníes.
Existió una ausencia de contraprestación por parte de esta firma, ya que las compras no existieron. Se agrega además que, posteriormente, se compraron las facturas donde se simularon las operaciones de compraventa. Ante todos estos argumentos, la Fiscalía solicitó la pena de cuatro años de cárcel para Patricia Samudio y tres años y nueve meses para su esposo, José Costa Perdomo.
Durante su declaración ante el tribunal de sentencia, Patricia Samudio negó que haya existido irregularidad y dijo que los insumos eran de urgencia. Respecto al agua tónica, se ratificó en que se basó en una opinión médica.
“Respecto al dolo, ella misma conocía su rol como presidenta, conocía sus deberes y atribuciones. Sabía que este llamado a licitación era fraguado. Que se estaban llevando a cabo conversaciones entre su esposo y la firma Solumedic, beneficiada con el pago. Ella anhelaba este resultado y que beneficiaría a su pareja para saldar una deuda. Es un dolo de primer grado”, explicó el fiscal Francisco Cabrera.»
El tribunal de sentencia está integrado por los jueces Gloria Hermosa, Diarios Báez y Alba González.
