La jurista argentina, magistrada y experta humanitaria, Susana Medina, habló de la vida detrás de los niños o adolescentes que caen en conflicto con la ley penal. Fue tajante al señalar que, en sus lugares de encierro por las noches, no hay delincuentes, sino niños sufriendo y llorando.
Agregó que estos niños, en muchos casos, están excluidos del sistema educativo y de salud, que ni siquiera tienen identidad y que tal vez no conozcan una caricia de sus padres, y solo les enseñaron a robar.
La magistrada recordó que, si se desea bajar los años para la imputabilidad de un niño o adolescente, es necesario saber si el Estado está en condiciones de brindar al niño la contención para que en el futuro tenga la misma oportunidad para ser un profesional y tener una carrera, como la tienen otros niños que crecen en una familia bien constituida.
“Cuando me hablan de bajar la edad para la imputabilidad de menores de edad, les digo: ¿han visitado alguna vez algún hogar de menores? Porque de noche no hay delincuentes, hay niños que lloran, que nunca tuvieron una caricia de sus padres, seguramente fueron castigados, los padres les enseñaron a robar, no fueron a la escuela, están excluidos del sistema, no tienen identidad, ni recibieron vacunas, no saben leer o escribir, apenas balbucean para decir su nombre o apodo. En el hogar de menores hay niños que lloran, que sufren.”
“¿Dónde los van a poner? Hay lugares especializados, hay una política de Estado para que esos niños, el día de mañana, sean médicos, enfermeros, profesores, que tengan una carrera como hemos tenido la suerte nosotros y de llegar a los puestos de decisión. ¿Está preparado el Estado para brindar esa contención? Esas son las dudas que tengo cuando surgen propuestas como esta, que creen que todo se soluciona bajando la edad para la imputabilidad de la ley penal,” dijo la magistrada Susana Medina.
Subrayó que hay que tener en cuenta que son niños los que están en conflicto con la ley penal, que se debe establecer una edad mínima a partir de la cual puede ser imputable, reconociendo todos los derechos propios del sistema acusatorio, como la irretroactividad de la ley penal, la presunción de inocencia, el ser informado de los hechos que se le acusa, que deberá ser probado, el derecho a la defensa y el derecho a la doble instancia.
Por último, Medina recordó el precedente importante para los operadores judiciales que dejó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una opinión consultiva del 2022, que los niños poseen derechos especiales en su condición, por ende, los operadores deben asegurar que niños y adolescentes gocen efectivamente de esos derechos.
