Los fiscales Natalia Cacavelos y José Morínigo, formularon acusación contra Blas Velázquez Fernández exsíndico del Banco Paraguayo Oriental, por tres hechos punibles.
El Ministerio Público lo acusa por los hechos punibles de lesión de confianza, producción y uso inmediata de documentos públicos de contenido falso.
Según los antecedentes, entre agosto del 2017 y junio del 2019, el ahora acusado en su carácter de agente síndico de quiebras del Banco Paraguayo Oriental, habría incurrido en los hechos punibles, protagonizando la doble venta de un inmueble ubicado en Mariano Roque Alonso, con una superficie de 2456 metros cuadrados.
El proceso de la propuesta de venta encabezado por el ahora acusado se dio por valor de G. 31.000.000, a Edgar Larramendia, siendo valuada en U$S 2.25 el metro cuadrado, muy por debajo de su valor real.
A raíz de ello la masa concursal no percibió un pago justo por la transacción del inmueble, produciendo un perjuicio por la acción del síndico de quiebras.
Además, Velázquez presuntamente promovió la venta del inmueble a sabiendas de que la finca ya estaba vendida, debido a que, en el 2009, ya había sido tramitada en el mismo proceso de quiebra, por G 71.000.000.
Ante ello, y teniendo en cuenta que el monto de la primera venta ya fue abonado en su totalidad, el síndico dispuso el desembolso del monto abonado en la primera transacción, devolviendo los G 71.000.000, a la familia del primer comprador, aunque los herederos aún no dispusieron de dicho dinero.
Posteriormente, tras dos meses de perfeccionada la segunda venta, Larramendia volvió a vender la propiedad por G 150.000.000 a un comprador identificado como Pablo García.
Pablo García, a su vez procedió a la venta del inmueble por G 1.000.000.000.
Ante tales situaciones se concluye en que la finca fue vendida por Velázquez a un monto inferior a su valor real.
En conclusión, las conductas referidas habrían generado un perjuicio a la masa del Banco Paraguayo Oriental, declarado en quiebra, por valor de G. 519.340.480, lo cual habría sido directamente causado por la acción del síndico. El monto se concluye tras un análisis de diferencia plasmable en el avalúo del metro cuadrado de tierra, considerando el momento de la segunda venta judicial y el valor de comercialización de inmuebles similares por venta privada entre particulares.
Además, para lograr la venta, Velázquez Fernández habría suscrito un dictamen emitido por la entonces jueza Julia Alonso, en el cual formuló afirmaciones falsas con el fin de lograr la aprobación del órgano jurisdiccional. Ante estos fundamentos, los agentes fiscales formularon la acusación y solicitan la elevación de la causa a juicio oral y público.
