El juez especializado Rodrigo Estigarribia elevó a juicio oral y público el proceso penal por lesión de confianza y otros contra abierto contra exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Joaquín Roa Burgos y su amigo Alberto Koube Ayala, ambos están acusados por la fiscalía por montar un esquema criminal en la SEN para amañar licitaciones.
Tras la audiencia preliminar el juez resolvió elevar la causa para el debate público tal como lo requirió la fiscalía al momento de ratificar los términos de la acusación contra ambas personas.
Los hechos punibles por los que el Ministerio Público acusa a Roa Burgos son; lesión de confianza, administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo agravado. Mientras que Alberto Koube fue acusado por asociación criminal, lesión de confianza en calidad de cómplice, así como del lavado de dinero.
Para el Ministerio Público existen elementos suficientes para sostener la acusación en un eventual juicio oral contra, Joaquín Roa y su amigo Alberto Koube Ayala por un perjuicio patrimonial estimado de G 16 mil millones en alquiler de camiones y la provisión de chapas.
Relata la acusación que entre el 2018 y 2021 el entonces ministro de la SEN quien ejercía funciones desde el 2013, otorgó millonarias licitaciones y contrataciones a su amigo Alberto Koube Ayala por un monto superior a los G 16 mil millones para la obtención conjunta de beneficios económicos a costa de los fondos de Emergencia Nacional y para ello montaron una asociación criminal.
Estas adjudicaciones se dieron con el concurso de las empresas de Alberto Koube Ayala como el Grupo Tapyracuai SA y del esquema empresarial de terceros proveídos o vinculados a Koube, tales como: JPA Logística, Noemacol, Sofimac, Joaquin Nunez, Katerine Ayala, entre otros. En ese orden Joaquin Roa Burgos y Alberto Koube Ayala se habrían asociado a los efectos de lograr el desvío de los fondos de la SEN para la obtención de beneficios económicos indebidos a costa de los recursos públicos, entre ellos la obtención de una embarcación AZ 42 valuada en 450.000 dólares y sumas de dinero.
Según la fiscalía Alberto Koube fue beneficiado de manera sistemática con las diversas licitaciones de la SEN utilizando sus empresas y a terceras personas quienes eran firmas de sus amigos o clientes y que tendrían alguna vinculación con él, con la finalidad de desviar los recursos en beneficio de la “sociedad criminal conformada por Joaquín Roa y Alberto Kube”.
Este resultado fue producto de la trazabilidad de las compras que realizaron las empresas vinculadas a Koube durante la investigación realizada en esta causa. El fiscal Silvio Corbeta es quien representa al Ministerio Público.
