En mayoría, la cámara de apelaciones confirmó la condena de 30 años de cárcel para Eusebio Torres Romero excomisario de la dictadura de Alfredo Stroessner condenado por actos de tortura en perjuicio de Teresa de Jesús Aguilera y los hermanos Carlos y Luis Alberto Casco.

En su momento, el tribunal de sentencia argumentó que quedó probado mediante testimonio, documentos y otros medios de prueba que Torres Romero formaba parte de la Policía de la Capital que sometió a torturas al señor Carlos Casco y su esposa Teresa de Jesús Aguilera, quien en ese entonces se encontraba embarazada. También a su hermano Luis Casco donde fue declarado como coautor de la tortura.

Para la justicia el bien jurídico afectado en este caso es la dignidad humana, que fue vulnerada por el condenado, para quien el Ministerio Público requirió 15 años de cárcel, pero el tribunal le aplicó la máxima pena.

La sentencia según los propios magistrados que integraron el tribunal de sentencia busca ser una sentencia que sirva de ejemplo para todas aquellas personas que cometen hechos de lesa humanidad.

Se destacó además que el condenado Eusebio Torres, no mostró arrepentimiento y formaba parte de las filas policiales en teoría, debía proteger a la ciudadanía y no someterlos a tortura.

Este hecho de tortura ocurrió en abril del año 1976 a partir de la detención de los hermanos Casco y la esposa de uno de ellos a quienes se los acuso de estar en contra del régimen de Alfredo Stroessner.

Las víctimas de este hecho reconocieron a su victimario y contaron los detalles al tribunal de sentencia de todos los episodios de tortura que sufrieron por parte del condenado cuya sentencia hoy queda firme.

El tribunal de sentencia presidido por el juez Fabián Weisensee e integrado por las juezas Cándida Fleitas y Laura Ocampos, informará este viernes a la cámara de apelaciones sobre la recusación planteada por el Walter Bower contra el pleno del tribunal.

Bower, firmó la recusación contra el colegiado por derecho propio y bajo patrocinio de otros abogados que no ejercen su defensa en este juicio que son los abogados Gilvi Quiñonez y René Fernández.

Este viernes debía seguir el juicio oral y público para Walter Bower y otros acusados por hechos de tortura, pero, el exministro de Interior Walter Bower recusó al pleno del tribunal que lo declaró culpable por actos de tortura en perjuicio de dos efectivos policiales.

Hasta tanto alzada se pronuncie respecto a la recusación planteada contra el tribunal que juzga el caso, el juicio no podrá reiniciarse para concluir con la última parte del juicio oral con el pedido de años de cárcel por parte del Ministerio Público respecto a Walter Bower, Merardo Palacios y Osvaldo Vera.

Los mismos fueron hallados culpables de hechos de tortura en perjuicio de Alfredo Cáceres y Jorge Luis López. En un juicio dividido el tribunal ya los declaró culpables y falta la otra etapa de la audiencia en la que se requerirá los años de encierro para cada acusado.

La agente fiscal Sonia Sanguinez, pidió que se declare reprochable las conductas asumidas por los acusados el 19 de mayo del 2000, luego del intento de golpe de Estado.

La fiscalía sostiene que tanto Merardo Palacios como Osvaldo Vera torturaron a las víctimas sometiéndolos a apremios físicos, coacción y todo tipo de maltratos en la Comisaría 11 y en el Comando del Ejército. Torturas que, según el relato fiscal se hizo en presencia del ministro del Interior Walter Bower quien tenía una posición de garante y pudo evitar estos actos de tortura, sin embargo, las presenció por lo que conducta también es punible y reprochable.

Para la agente fiscal Sanguinez, los elementos de prueba más relevantes son: además de la declaración de las víctimas, las documentales como el libro de novedades del Comando de Infantería donde se plasma el ingreso de Walter Bower y los demás acusados quienes supuestamente iban hasta el lugar para hacer un careo, sin embargo, era para someter a tortura a Cáceres y López para que confiesen quien estaba detrás del intento de golpe.

Además de los informes que demuestran la afectación psicológica que les produjo a las víctimas las torturas que sufrieron por parte de los acusados, que los afectó patrimonial, laboral y psicológicamente los tratos crueles e indignos a los que fueron sometidos Cáceres y López para declarar contra sí mismos o contra terceros.

La cámara de apelaciones confirmó la decisión de la jueza Alicia Pedrozo, la defensa del imputado Luis Augusto Montanaro Bedoya había cuestionado la orden de la magistrada alegando que no se delimitó los puntos de pericia ya que las informaciones debían servir netamente para aclarar el hecho investigado.

Para la cámara queda claro que una vez extraída la información de los dispositivos en cuestión la magistrada es quien debe incluir al proceso las pruebas conducentes al juicio para evitar vulnerar derechos de terceros o del procesado.

Con esta decisión de allana el camino para la realización de la pericia que es una de las pruebas que puede traer claridad al proceso penal abierto contra el empresario Montanaro Bedoya quien recientemente recupero su libertad.

Según la investigación, Montanaro Bedoya habría compartido, sin consentimiento de la víctima, varias imágenes y videos de carácter íntimo-sexual a través de distintas plataformas. Los archivos se habrían obtenido durante las relaciones sexuales que aparentemente tenía con la víctima.

El imputado habría comercializado sin consentimiento de los afectados, imágenes sexuales, producido y transmitido material violando la intimidad de las personas.

El Ministerio Público encabezó un operativo conjunto con la policía en la que allanó un edificio en Asunción y detuvo a Montanaro Bedoya, en su momento y permaneció varios días privado de su libertad en el marco de esta investigación por acceso indebido a sistemas informáticos.

Según la fiscalía, Montanaro Bedoya concretaba encuentros sexuales con personas y, una vez consumados, filmaba los actos para posteriormente distribuir las imágenes y videos en distintos grupos de mensajería instantánea y páginas sexuales, sin el consentimiento de las víctimas.

El abogado Miguel Mendieta presentó un escrito pidiendo que todos los estudios realizados a Miguel Insfrán alias Tío Rico sean remitidos en físico y detallado incluso las imágenes producto de los estudios realizados al acusado quien fue dado de alta y devuelto al penal tras un episodio de salud.

La defensa busca acceder a los resultados en detalle ya que según refieren el informe médico no muestra detalles de los estudios practicados a Tío Rico cuando estuvo internado en el Hospital y desean acceder a estos informes a profundidad ya que no fueron entregadas a la familia y tampoco a sus abogados.

Para la defensa de Tío Rico si bien actualmente el procesado se encuentra estable, él no ha sido diagnosticado por lo que su vida sigue en riesgo y solicitan sea sometido a estudios más profundos para descartar o confirmar la sospecha de la defensa y que estas actuaciones sean todas realizadas bajo reserva.

Agrega el escrito que, el procesado se encuentra bajo un régimen muy riguroso de prisión preventiva coartando incluso la comunicación con sus abogados defensores por lo que solicitan a la jueza del caso libre oficio al Ministerio de Justicia recordando su libre comunicación.

Según la acusación fiscal, Miguel Ángel Insfrán Galeano lideraba uno de los núcleos del narcotráfico conformado por integrantes de su familia y gente de su confianza, por otro lado, estaba el núcleo liderado por el uruguayo Sebastián Marset y por último se encuentra la facción criminal extranjera, específicamente de Bolivia, la cual se encargó de proveer a las agrupaciones ilícitas unidas en Paraguay, la sustancia estupefaciente consistente en clorhidrato de cocaína.

“Para las remesas de cargas de cocaína, Sebastián Marset y Miguel Insfran contaron con la participación de varias personas físicas, también de distintas empresas con perfiles adecuados que no despierten la sospecha de riesgo por parte de la administración de Aduanas, dedicadas precisamente al comercio internacional, cuyos encargados, igualmente integrantes de la organización criminal”, relata la acusación del agente fiscal Deny Yoon Pak.
Durante los allanamientos realizados como parte de la operación «A Ultranza Py», se descubrió una amplia variedad de vehículos, incluyendo aeronaves, automóviles de lujo y camiones de gran porte, todos ellos equipados con dobles fondos para el transporte de mercancía ilícita. Además, se encontraron depósitos de gran tamaño ubicados estratégicamente en el departamento Central, cerca de puertos.

La causa respecto a diez personas ya fue elevada a juicio oral incluyendo a Tío Rico, la fecha de juicio oral respecto a nueve acusados fue fijada para el 24 de febrero del 2025.