El juez Mirko Valinotti no hizo lugar al pedido de revisión de la prisión preventiva decretada contra Carlos Miguel Stehlik Maciel y ratificó su permanencia en el penal de Tacumbú donde permanecerá hasta una nueva disposición del juzgado.

Carlos Miguel Stehlik Maciel está imputado en el marco de una investigación por los hechos punibles de sextorsión y extorsión, supuestamente el hombre en complicidad con una funcionaria judicial extorsionaba a terceros a través de redes sociales.

El procesado contaba con al menos tres perfiles en la red social Instagram, medio que utilizaba para captar y ganar la confianza con sus potenciales víctimas, con las que comenzaba a interactuar hasta ganarse la confianza, momento en que iniciaba el intercambio de fotografías y videos con los que luego los extorsionaba. Las víctimas eran personas que, por su poder económico o situación social, podrían ser objeto de exposición mediática. A una de sus víctimas habrían exigido 50 millones de guaraníes.

En el marco de la misma causa, fue detenida la funcionaria del Poder Judicial, identificada como Tania Giselle Galeano Llanes de solo 25 años, cuyo rol era saber de antemano qué antecedentes y poder económico podría tener la potencial víctima, ya que accedía con facilidad a todos los sistemas de registro de la justicia y la policía.
El hombre ya habría sido detenido por hechos similares en una entrega vigilada, pero fue beneficiado con medidas alternativas a la prisión y hoy nuevamente está sospechado de cometer el mismo hecho punible.

Lo grave del hecho es la detención de la funcionaria judicial quien tendría implicancias en este esquema de sextorsión agravada, ambos detenidos actuaron premeditadamente estudiando las condiciones económicas de sus víctimas y luego iniciaban los contactos la posterior sextorsión.

El Ministerio Público obtuvo un plazo extraordinario de investigación que va hasta el 13 de mayo del 2025, fecha tope para presentar acto conclusivo contra Wilfrido Cáceres hombre de confianza del intendente de Asunción Óscar Rodríguez.

Los fiscales del caso, Silvio Corbeta y Luis Piñanez solicitaron la prórroga extraordinaria que fue concedida por la cámara de apelación penal con lo que los investigadores tienen seis meses más juntar los elementos de prueba contra los imputados en esta causa.

En su momento el Ministerio Público allanó la lujosa vivienda que pertenece al funcionario municipal Wilfrido Cáceres, hombre de confianza del intendente de Asunción Oscar Rodríguez quien se desempeñó como director de administración y finanzas durante la pandemia del Covid-19.

Cáceres, fue imputado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito tras detectarse que no existe correspondencia entre sus ingresos y los bienes adquiridos.

También fueron imputados por lavado de dinero su esposa, Ruth Da Silva y la secretaria de esta Camila Ramírez. Estas tres habrían simulado la compraventa del inmueble investigado, lo realizaron de común acuerdo para ocultar a los verdaderos propietarios. Es decir, que el matrimonio utilizó a una joven de 19 años como prestanombre para ocultar sus bienes que no podían justificar con sus salarios.

Según el fiscal Silvio Corbeta, el origen del dinero ilícito de Wilfrido Cáceres sería fondos de la Municipalidad de Asunción porque prestaba servicios en ese lugar, hipótesis que debe ser confirmada durante este periodo de prórroga investigativa.

Según los antecedentes del hecho, la esposa de Wilfrido Cáceres, Ruth Da Silva compró 2 terrenos en la zona de Costa Guasu San Lorenzo por el valor de 100 millones de guaraníes. De inmediato comenzó la construcción y poco antes de culminar las obras, vendió el inmueble a su secretaria Camila Ramírez por la misma suma de 100 millones. Si bien la lujosa casa está a nombre de Ramírez, el matrimonio reside en el lugar con todas las comodidades ostentosas.

Según el relato fiscal, Wilfrido Adrián Cáceres Flores, casado bajo el régimen de comunidad de bienes con Ruth Jazmín Da Silva Almirón, presentó tres declaraciones juradas ante la Contraloría General de la República, correspondiente al periodo 2019 (22/03/2019) y 2021 (04/08/2021 y 24/11/2021), y según lo determinado por la C.G.R. existe una inconsistencia patrimonial entre lo declarado y los datos obtenidos por la auditoría realizada, extremos que fueran conducentes para la realización de análisis de correspondencia por parte del ente contralor, entidad que concluyó que no existe la correspondencia de todos los bienes declarados y los ingresos obtenidos tanto por el señor Wilfrido Adrián Cáceres Flores y su esposa Ruth Jazmín Da Silva Almirón, teniendo en cuenta el análisis patrimonial realizado por la CGR a partir de las declaraciones juradas del mismo cruzadas con las informaciones obtenidas de entes públicos y privados, cuyo resultado fue comunicado al Ministerio Público como reporte de indicios de hechos punibles.

Este martes debía realizarse la audiencia preliminar para los exagentes fiscales acusados de recibir beneficios del narcotraficante “Minotauro”, se trata de Hugo Volpe y Armando Cantero. La fiscalía pidió reagendar la diligencia que queda postergada para el próximo 30 y 31 de octubre.

Ambos exfiscales, fueron acusados de recibir un bolígrafo de G 5.000.000 que presuntamente les regaló el narco Sergio de Arruda Quintiliano Neto alias Minotauro, quien fue beneficiado con el archivo de su causa según el Ministerio Público.

Los tipos penales acusados son: cohecho pasivo agravado, soborno agravado, frustración de la persecución y ejecución penal por haber aceptado el “regalo” a cambio de favorecer al narcotraficante Minotauro, archivando su caso.

El relato del Ministerio Público señala que fue el entonces fiscal Armando Cantero, quien intermedió con su colega Hugo Volpe en una de las causas de Minotauro y este en agradecimiento les regaló el bolígrafo de alto valor.

Cuando saltó el escándalo de los bolígrafos en el 2020, Hugo Volpe se desempeñaba como viceministro de política criminal del Ministerio de Justicia y fue obligado a dimitir por esta situación.

Igualmente, fueron acusados el abogado de Minotauro Edison Francisco Sánchez, quien tomó la defensa de Minotauro para lograr el archivo de su causa con el fiscal Hugo Volpe según los fiscales, este procesado ya tuvo una salida alternativa al juicio oral.

La fiscalía basa su acusación en los elementos obtenidos en el marco de la investigación, entre ellos se encuentra la información que proporcionó del Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia de la República Federativa del Brasil, cuyo resultado permitió sumar elementos de sospecha respecto a la ocurrencia de hechos que serían punibles, y respecto a la participación de Hugo Carlos Volpe Mazo, Edison Francisco Sánchez Benítez, María Alciris Cabral Jara y Armando Martín Cantero Fassino en los hechos indagados.
El juez Humberto Otazú es el magistrado que debe decidir la elevación de la causa a juicio oral y público.

En el día del funcionario judicial que se celebra cada 22 de octubre, el presidente de la Corte Suprema de Justicia Luis María Benítez Riera reconoció el valor trascendental de los funcionarios en el sistema de justicia y prometió insistir hasta lograr la postergada reivindicación salarial.

Benítez Riera señaló que, siguen insistiendo ante los órganos competentes para lograr la merecida mejora salarial para los judiciales que lleva años estancado y que sin su contribución diaria no sería posible brindar un servicio de justicia eficiente.

“Hoy es una ocasión especial para reconocer y valorar el importante trabajo que cada uno de ustedes realiza. Ustedes son pilares esenciales del Poder Judicial, y su esfuerzo sostiene cada proceso y cada paso hacia la transparencia, contribuyendo directamente al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2021-2025. La Corte Suprema de Justicia reafirma su compromiso de abogar por las legítimas reivindicaciones que han sido postergadas durante tanto tiempo. Seguiremos insistiendo ante los organismos oficiales para que las voces de los funcionarios judiciales sean escuchadas y sus derechos plenamente reconocidos”, afirmó el presidente de la Corte.

Por último, instó a los funcionarios a seguir superándose, tanto en lo profesional como en lo personal, para seguir trabajando por una justicia más accesible, equitativa y humana.

El tribunal de sentencia de Cordillera presidido por la jueza Liliana Ruiz Diaz, condenó a 25 años de prisión a Pablo Antonio Bogarín Ortega por homicidio doloso y transgresión a la ley de armas.

Los jueces Liliana Ruiz Diaz, Cristel Muller y Angela Carolina Jara, dictaron la ejemplar pena para el acusado de matar a un conocido sin razón aparente el 1 de enero de este 2024, en pleno año nuevo.

Los antecedentes refieren que, el hoy condenado se le acercó a la víctima para solicitar ayuda para acoplar un vehículo y sin mediar palabras desenfundó un arma de fuego y le disparó en el rostro herida que le cegó la vida de manera instantánea, luego de ello el acusado se dio a la fuga.

Si bien se desconoce la motivación real del crimen, la razón sería una deuda existente de la víctima con el condenado, aparentemente la deuda sería por un arma de fuego.

Una vez detenido, se encontró en su poder dos armas de fuego, uno tipo revólver y una escopeta. Según las pruebas introducidas, el acusado produjo el disparo mortal con una de las armas de fuego incautado de su poder.

El fiscal Bernardo Elizaur representó al Ministerio Público en este juicio y demostró fehacientemente en juicio que el acusado cometió el grave hecho punible por el que soportará 25 años de encierro.

Es destacable la labor de este tribunal de sentencia de Cordillera que en menos de un año de proceso ya emitieron el fallo en primera instancia. Este es uno de los pocos tribunales que no sufre la saturación de juicios como en Capital y algunas ciudades de Central.

Particularmente este tribunal de sentencia lleva adelante los juicios orales sin retraso y se encuentran al día con las causas que llegan para estudio, sin la mora que afecta a casi todos los tribunales del país con juicios marcados hasta el 2026.

El tribunal de sentencia que juzga la conducta de Patricia Ferreira y otros dos acusados. Fijó la continuidad del juicio oral para el 31 de octubre para las últimas manifestaciones y luego ya dictaría sentencia en el juicio.

Este lunes siguió el juicio oral con los alegatos finales de las defensas de los acusados quienes pidieron la absolución de sus clientes. En su momento el Ministerio Público solicitó siete de encierro para Patricia Ferreira por la importación de medicamentos oncológicos con facturas falsas.

Igualmente, los fiscales requirieron seis años de condena para Nidia Godoy y tres años para el despachante de aduana Néstor Domínguez Ramírez.

Los enjuiciados soportan cargos por: asociación criminal, producción de documentos no auténticos, omisión de evitar un resultado y comercialización de medicamentos no autorizados.

Los fiscales Néstor Coronel y Luz Guerrero, concluyeron que la firma Imedic, formó una organización criminal para cometer hechos sucesivos y quedó probada tras la investigación, que adulteraron facturas de la firma Eurofarma Laboratorios para el ingreso irregular de medicamentos a nuestro país.

Lo más grave del caso, según mencionan es que no se pudo determinar la trazabilidad de los medicamentos que ingresaron al país de manera irregular, teniendo en cuenta que en las facturas falsas presentadas para la gestión de importación ante el organismo correspondiente, no se describieron los lotes de los medicamentos adquiridos por la empresa Insumos Médicos, este obstáculo impidió al Ministerio de Salud como al Ministerio Público individualizar los lotes de medicamentos ingresados irregularmente al país.

El tribunal de sentencia que juzga el caso está integrado por los jueces; Laura Ocampo, Cándida Fleitas y Fabián Weisensee.

El Ministerio Público acusó y pidió juicio oral y público para la religiosa Olga Bogado Cubas de 33 años quien según la fiscalía mantuvo en régimen de servidumbre y trabajo forzado a una menor de edad.

La agente fiscal Vivian Coronel formuló acusación contra la religiosa que presuntamente mantuvo por varios meses a una adolescente de 16 años en régimen de servidumbre y sometida a trabajo forzado, además de maltratos físicos y psicológicos.

En esta causa además de Bogado, también está procesada Rufina Salinas Acuña, quien tiene fecha de acusación diferente por haber estado prófuga de la justicia.

Según los antecedentes, Olga Cubas acogió a la adolescente el 27 de marzo de 2023 en un lugar denominado “Casa de la Reina de la Paz”, ubicado entre las calles Florida y Laureles, en el barrio Molino de Luque. Esto ocurrió después de que la adolescente fuera captada, bajo engaño, por Rufina Salinas Acuña para una supuesta formación como novicia religiosa en un local conocido como “Nuestra Señora de Caacupé”, en el kilómetro 14 de la ciudad de Minga Guazú.

Desde su llegada a Luque, la víctima fue sometida a un régimen de servidumbre y trabajo forzado durante aproximadamente siete meses. Allí, Olga Bogado la habría sometido a todo tipo de maltratos, llegando a abofetearla y golpearla en la nuca constantemente. Además, la obligaba a besar el suelo hasta cien veces cuando no le gustaba su trabajo, según relata la acusación.

Asimismo, cuando la joven no cumplía adecuadamente con sus tareas, Bogado la castigaba poniéndole basura en la cabeza o arrojándole trapos de cocina que debía lavar, a veces hasta altas horas de la madrugada, dejándole los dedos irritados de tanto fregar. Además, la castigaba con un cable de acero y una espátula, agrega el escrito fiscal.

Durante ese tiempo, la víctima era obligada a dormir tarde y levantarse a las 04:00 horas de la mañana para realizar todas las tareas del lugar: limpiar, cocinar a leña y salir a vender tortas y a pedir limosnas, todo bajo órdenes directas de Bogado, quien le había despojado de sus documentos y prohibido cualquier contacto con su madre.

Posteriormente, el 20 de septiembre, Olga Bogado trasladó nuevamente a la víctima a la zona de Minga Guazú y la dejó a cargo de Rufina Salinas. Esta última finalmente abandonó a la menor frente a su vivienda y le dio instrucciones, amenazándola, para que mintiera a su madre sobre las condiciones en las que había vivido en Luque.

Sin embargo, la joven confesó todas las penurias que sufrió, y sus familiares presentaron la denuncia ante las autoridades. Posteriormente, la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes inició la investigación, brindando asistencia médica y psicológica a la víctima.

Finalmente, el 17 de abril de 2024, Olga Bogado fue detenida durante un procedimiento realizado en la ciudad de Luque. Mientras tanto, Rufina Salinas permaneció prófuga de la justicia durante unos días, hasta que también fue capturada y en los próximos días deberá ser acusada por el Ministerio Público.

El requerimiento conclusivo contra Bogado, con pedido de elevación de la causa a juicio oral, fue presentado en el Juzgado Penal de Garantías , a cargo del magistrado Amílcar Marecos quien deberá fijar fecha de audiencia preliminar para la acusada.