El abogado René Fernández defensor del sentenciado Walter Bower, señaló que los audios que se han filtrado generan desconfianza hacia la justicia que debe dictar los años de cárcel contra su representado porque supuestamente se escucha a miembros del tribunal conversando sobre el caso con el abogado querellante.
Dijo que nadie va a confiar en la justicia si el juez que debe dictar sentencia en su caso se reúne con la contraparte como aparentemente ha ocurrido en este caso. Señala que los jueces no pueden reunirse a analizar aspectos del juicio con una de las partes.
Este martes se filtraron conversaciones presumiblemente entre dos miembros del tribunal de sentencia y el abogado querellante en la causa lo que genera preocupación en la defensa de los acusados.
El juicio oral y público quedó paralizado debido a la recusación formulada primeramente por Walter Bower, a quien se sumó Merardo Palacios y Osvaldo Vera.
Igualmente, los miembros del tribunal de apelación fueron recusados por los acusados y el expediente se encuentra en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que debe resolver la recusación contra alzada para habilitarlo a estudiar la recusación contra el tribunal de sentencia que juzga el caso.
Los diez días de receso apremia a la justicia ya que, si en ese lapso no se resuelve las incidencias pendientes, el juicio oral debe volver a reiniciarse por superar el tiempo límite establecido.
Hasta tanto alzada se pronuncie respecto a la recusación planteada contra el tribunal que juzga el caso, el juicio no podrá reiniciarse para concluir con la última parte del juicio oral con el pedido de años de cárcel por parte del Ministerio Público respecto a Walter Bower, Merardo Palacios y Osvaldo Vera.
Los mismos fueron hallados culpables de hechos de tortura en perjuicio de Alfredo Cáceres y Jorge Luis López. En un juicio dividido el tribunal ya los declaró culpables y falta la otra etapa de la audiencia en la que se requerirá los años de encierro para cada acusado.
La agente fiscal Sonia Sanguinez, pidió que se declare reprochable las conductas asumidas por los acusados el 19 de mayo del 2000, luego del intento de golpe de Estado.
La fiscalía sostiene que tanto Merardo Palacios como Osvaldo Vera torturaron a las víctimas sometiéndolos a apremios físicos, coacción y todo tipo de maltratos en la Comisaría 11 y en el Comando del Ejército. Torturas que, según el relato fiscal se hizo en presencia del ministro del Interior Walter Bower quien tenía una posición de garante y pudo evitar estos actos de tortura, sin embargo, las presenció por lo que conducta también es punible y reprochable.
Para la agente fiscal Sanguinez, los elementos de prueba más relevantes son: la declaración de las víctimas, las documentales como el libro de novedades del Comando de Infantería donde se plasma el ingreso de Walter Bower y los demás acusados quienes supuestamente iban hasta el lugar para hacer un careo, sin embargo, era para someter a tortura a Cáceres y López para que confiesen quien estaba detrás del intento de golpe.
Además de los informes que demuestran la afectación psicológica que les produjo a las víctimas las torturas que sufrieron por parte de los acusados, que los afectó patrimonial, laboral y psicológicamente los tratos crueles e indignos a los que fueron sometidos Cáceres y López para declarar contra sí mismos o contra terceros.
