El juez José Agustín Delmás, fijó para el próximo 25 de noviembre la audiencia preliminar para la actuaria Juliana Romero acusada por el Ministerio Público de haber camuflado el expediente del usurero Ramón González Daher.

El Ministerio Público formuló acusación y pidió juicio oral y público para la actuaria Juliana Romero, por presuntamente haber camuflado uno de los expedientes de Ramón González Daher con su propio usuario. El juez de la causa la citó para su audiencia donde se decidirá el pedido de la fiscalía.

La agente fiscal Ruth Benítez, acusó a la funcionaria judicial por sabotaje a sistemas informáticos, simulación de un hecho punible, frustración de la persecución y ejecución penal y realización del hecho por funcionarios.

El Ministerio Público sostiene que, tiene numerosos elementos de prueba para sostener una acusación contra Juliana Romero en un eventual juicio oral y público por lo que requiere que la causa sea elevada a esa etapa.

Según la fiscal de la causa, la funcionaria uso su usuario y contraseña para modificar el expediente de Ramón González Daher, e incluso, siempre según el relato fiscal ella pidió quedarse con el expediente del usurero luqueño.

Entre las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público está la declaración como testigo del juez Darío Báez, en cuyo juzgado se encontraba el expediente con miras al juicio oral y público, así como otros funcionarios de este juzgado, cuyos relatos la fiscalía lo tiene como ciertos, los mismos de forma unánime señalaron que Romero nunca permitía que su computadora sea utilizada por sus compañeros con lo que para el Ministerio Público fue ella con su usuario Ju_Romero la que accedió camuflar el expediente del usurero luqueño.

La cámara de apelaciones anuló la resolución del juez Yoan Paul López quien elevó a juicio oral y público el proceso por prevaricato contra la exjueza en lo civil y comercial Tanía Irún.

La exmagistrada fue acusada por la fiscalía adjunta ya que la fiscal inferior Verónica Valdez había solicitado su sobreseimiento definitivo. La fiscal Natalia Fúster, defendió en la audiencia preliminar, tras esta diligencia el juez elevó el caso para el debate público.

Según la cámara el juez López, so pretexto del impedimento de valorar las pruebas en esta etapa del proceso, no realizó el control vital de la acusación del Ministerio Público causando un agravio irreparable a la defensa de la acusada.

Con la decisión de alzada, la causa se retrotrae a la etapa de audiencia preliminar y deberá otro magistrado desarrollar nuevamente la misma diligencia y realizar el control de la acusación fiscal que según la cámara López, no realizó.

El juez de garantías Yoan Paul López, elevó a juicio oral el caso contra la exjueza en lo civil Tania Irún por supuesto prevaricato. Esto, luego de que la fiscala adjunta María Soledad Machuca haya modificado el pedido de sobreseimiento y acusado a la exjueza.

En la preliminar, la defensa pidió el sobreseimiento definitivo de la jueza con el argumento de que no hubo hecho punible, pero esto fue rechazado por el juzgado, con lo que elevó el caso a juicio oral.

El proceso fue abierto contra Irún por supuestamente no haber aplicado la ley, al admitir una demanda para transferir tierras a firmas extranjeras en la zona de seguridad fronteriza.

El 23 de noviembre del 2018 la magistrada firmó una sentencia para transferir 310.000 hectáreas de tierra en el Chaco. La enorme parcela transferida era de la Asociación Espíritu Santo y fue cedida a cuatro empresas extrajeras, por un crédito que, según la denuncia nunca existió.

A raíz de este proceso, Tania Irún fue destituida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados JEM por mal desempeño en sus funciones.

En esta segunda audiencia preliminar se sabrá finalmente si la exjueza queda desvinculada del caso como se había solicitado inicialmente o, si se eleva de vuelta a juicio para el debate público.

El Ministerio Público formuló acusación y pidió juicio oral y público para la actuaria Juliana Romero, por presuntamente haber camuflado uno de los expedientes de Ramón González Daher con su propio usuario. El juez de la causa debe citarla para su audiencia preliminar.

La agente fiscal Ruth Benítez, acusó a la funcionaria judicial por sabotaje a sistemas informáticos, simulación de un hecho punible, frustración de la persecución y ejecución penal y realización del hecho por funcionarios.

El Ministerio Público sostiene que, tiene numerosos elementos de prueba para sostener una acusación contra Juliana Romero en un eventual juicio oral y público por lo que requiere que la causa sea elevada a esa etapa.

Según la fiscal de la causa, la funcionaria uso su usuario y contraseña para modificar el expediente de Ramón González Daher, e incluso, siempre según el relato fiscal ella pidió quedarse con el expediente del usurero luqueño.

Entre las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público está la declaración como testigo del juez Darío Báez, en cuyo juzgado se encontraba el expediente con miras al juicio oral y público, así como otros funcionarios de este juzgado, cuyos relatos la fiscalía lo tiene como ciertos, los mismos de forma unánime señalaron que Romero nunca permitía que su computadora sea utilizada por sus compañeros con lo que para el Ministerio Público fue ella con su usuario Ju_Romero la que accedió camuflar el expediente del usurero luqueño.

El juez del caso José Agustín Delmás debe citar a la actuaria para su audiencia preliminar diligencia en la que se sabrá si la misma irá a juicio oral y público.

La profesional abogada Noelia Núñez, quien litiga en numerosos casos de abuso sexual en niños recomendó un cambio radical y cultural en la estructura forense porque la forma de trabajo ha permitido confundir a las víctimas de abuso sexual, mencionó.

Dijo que la confusión en muchos casos lleva a que la niña, niño o adolescente víctima se retracte en Cámara Gesell y su relato no se compadezca con el informe médico que habla de la existencia de daño físico.

Comentó que, es necesario estandarizar un sistema de control sobre la tarea de los peritos que se creen Dioses por no existir un control sobre la labor que desempeñan estos especialistas cuyos dictámenes sirven de base para que jueces lleguen a una resolución.

Por otro lado, alegó que se debe ver un mecanismo eficaz para minimizar los tiempos del proceso y así evitar que las niñas, niños y adolescentes víctimas de este hecho punible sufran revictimización dentro del propio sistema de justicia.

“La revictimización es una palabra que todos utilizamos, pero, en la práctica no todos lo respetamos. Tenemos niños que van a la Cámara Gesell, a la evaluación psicológica, a la de contención para que en presencia de otras personas pueda volver a relatar lo ocurrido, a esto se suma que esas mismas víctimas de un abuso en el entorno familiar, están participando de juicios en el fuero de la Niñez para un régimen de relacionamiento para volver a relacionarlo en el ámbito donde fueron abusados, ellos pasan un suplicio interno terrible”, acotó la abogada Noelia Núñez.

Noelia Núñez, agregó que se debe estudiar los índices de abuso sexual en niños, qué hizo disparar este flagelo que tanto afecta a la población más vulnerable de la sociedad para poder encontrar un sistema adecuado de prevención para no tener que reaccionar a lo ya ocurrido.

Dijo que, las estadísticas que recientemente fueron dadas a conocer por el Ministerio Público, no se compadece de los números de casos en los que hubo condena.

Concluyó que, se debe analizar a profundidad cómo es posible que el Ministerio Público reciba 1.300 denuncias por año aproximadamente y que el Poder Judicial tenga solo 18 condenas por año, qué pasó de las otras denuncias, cómo terminaron esas denuncias, cuántas causas tuvieron una salida alternativa a juicio oral, son los datos que el sistema de justicia y el grupo interdisciplinario debe conocer para un mejor manejo de los casos de abuso sexual en niños.

Alcides Brizuela de 44 años, fue imputado por el Ministerio Público por el tipo penal de apropiación. Está indiciado de quedarse con 147.000 dólares americanos que le pertenecen a su señor padre.

El fiscal Julio César Paredes imputó a Alcides Brizuela Vázquez, sindicado de apropiarse de 147.000 dólares americanos pertenecientes a su padre, dinero producto de la venta de una propiedad de 25 hectáreas en la zona de Minga Guazú.

El sospechoso está identificado como Alcides Brizuela Vázquez, quien enfrenta cargos por apropiación y se encuentra prófugo de la Justicia. El Ministerio Público solicitó su declaración de rebeldía y prisión preventiva una vez que sea capturado.

La investigación revela que el 19 de abril de 2022, en una escribanía de la ciudad de Minga Guazú, Alcides Brizuela recibió un cheque de 147.000 dólares a cargo del Banco Regional de manos de su padre, Marcelino Brizuela Vera, con la condición de administrarlo conforme a las instrucciones del progenitor.

El dinero fue depositado en dos cuentas de la sucursal del Banco Nacional de Fomento (BNF) de San Juan Nepomuceno, en dólares y guaraníes, a nombre del imputado. Sin embargo, meses después, Marcelino Brizuela descubrió que las cuentas estaban vacías, y hasta la fecha su hijo se niega a devolver los fondos, manteniéndose oculto desde entonces.

La Fiscalía tomó conocimiento de los hechos el 12 de septiembre de 2024, mediante la denuncia presentada por el padre del sospechoso ante el Departamento de Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional, Regional Alto Paraná.

Tras la denuncia, el fiscal Julio Paredes ordenó la detención preventiva de Alcides Brizuela y comenzó las diligencias investigativas, que incluyen declaraciones de testigos y el análisis de extractos bancarios.
La imputación se fundamenta en la existencia de indicios suficientes para considerar a Alcides Brizuela como responsable del delito de apropiación, por quedarse con la plata de su papá.

El representante de la ciudadanía solicitó un plazo de cuatro meses para reunir todas las pruebas necesarias que permitan formalizar la acusación o presentar otras conclusiones del caso, según resalta el escrito de imputación presentada ante el Juzgado de Garantías.

La cámara de apelaciones confirmó la elevación de la causa a juicio oral y público para Miguel Insfrán alias Tío Rico, acusado por la fiscalía de liderar una estructura criminal de tráfico internacional de droga.

Alzada, incluyó los testigos que no fueron aceptados por la jueza del caso Rosarito Montanía, para quien no era pertinente los testimonios para aclarar los hechos, sin embargo, para el voto en mayoría de alzada si resulta pertinente la inclusión de los testigos que ofrece la defensa y los incluyó para el juicio.

Los testigos de Tío Rico admitidos para el juicio oral son: Manuel Doldán fiscal adjunto, José María Sosa Duarte secretario general del Ministerio de Justicia, Marta García Belloso secretaria del Ministerio del Trabajo y Josué Samudio un asistente fiscal.

Según la acusación fiscal, Miguel Ángel Insfrán Galeano lideraba uno de los núcleos del narcotráfico conformado por integrantes de su familia y gente de su confianza, por otro lado, estaba el núcleo liderado por el uruguayo Sebastián Marset y por último se encuentra la facción criminal extranjera, específicamente de Bolivia, la cual se encargó de proveer a las agrupaciones ilícitas unidas en Paraguay, la sustancia estupefaciente consistente en clorhidrato de cocaína.

“Para las remesas de cargas de cocaína, Sebastián Marset y Miguel Insfran contaron con la participación de varias personas físicas, también de distintas empresas con perfiles adecuados que no despierten la sospecha de riesgo por parte de la administración de Aduanas, dedicadas precisamente al comercio internacional, cuyos encargados, igualmente integrantes de la organización criminal”, relata la acusación del agente fiscal Deny Yoon Pak.

Durante los allanamientos realizados como parte de la operación «A Ultranza Py», se descubrió una amplia variedad de vehículos, incluyendo aeronaves, automóviles de lujo y camiones de gran porte, todos ellos equipados con dobles fondos para el transporte de la mercancía ilícita. Además, se encontraron depósitos de gran tamaño ubicados estratégicamente en el departamento Central, cerca de puertos para facilitar la carga y posterior salida del país de la droga.

Este operativo contó con la colaboración de la DEA, de la policía de Uruguay de la Europol, la SENAD con lo que el Ministerio Público puso cerrar el caso.

Actualmente Miguel Insfrán se encuentra cumpliendo prisión preventiva en el penal de máxima seguridad de Minga Guazú.

Este viernes si inició finalmente la audiencia preliminar Hugo Volpe y Armando Cantero, ante el juez Humberto Otazú ambos exfuncionarios fiscales enfrentan cargos por soborno por haber recibido polígrafos caros del narco “Minotauro” para favorecerlo.

Ambos exfiscales, fueron acusados de recibir un bolígrafo de G 5.000.000 que presuntamente les regaló el narco Sergio de Arruda Quintiliano Neto alias Minotauro, quien fue beneficiado con el archivo de su causa según el Ministerio Público.

Los tipos penales acusados son: cohecho pasivo agravado, soborno agravado, frustración de la persecución y ejecución penal por haber aceptado el “regalo” a cambio de favorecer al narcotraficante Minotauro, archivando su caso.

El relato del Ministerio Público señala que, fue el entonces fiscal Armando Cantero, quien intermedió con su colega Hugo Volpe en una de las causas de Minotauro y este en agradecimiento les regaló el bolígrafo de alto valor.

Cuando saltó el escándalo de los bolígrafos en el 2020, Hugo Volpe se desempeñaba como viceministro de política criminal del Ministerio de Justicia y fue obligado a dimitir por esta situación.

Igualmente, fueron acusados el abogado de Minotauro Edison Francisco Sánchez, quien tomó la defensa de Minotauro para lograr el archivo de su causa con el fiscal Hugo Volpe según los fiscales, este procesado ya tuvo una salida alternativa al juicio oral.

La fiscalía basa su acusación en los elementos obtenidos en el marco de la investigación, entre ellos se encuentra la información que proporcionó del Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia de la República Federativa del Brasil, cuyo resultado permitió sumar elementos de sospecha respecto a la ocurrencia de hechos que serían punibles, y respecto a la participación de Hugo Carlos Volpe Mazo, Edison Francisco Sánchez Benítez, María Alciris Cabral Jara y Armando Martín Cantero Fassino en los hechos indagados.

El juez Humberto Otazú, una vez concluida la audiencia debe decidir la elevación o no de la causa a juicio oral y público.

La abogada Noelia Núñez quien representa los intereses del señor Juan Pedro Schearer, lamentó que luego de la extradición de Néstor Horacio Barczuk a Paraguay no haya sido indagado y no se haya hecho ninguna diligencia lo que permitió su liberación.

El hombre está sospechado de haber perpetrado numerosos secuestros en nuestro país entre ellos; el de María Angela Martínez, María Mercedes Elizeche y el intento de secuestro del señor Juan Pedro Schearer.

Nuñez, dijo que hasta el momento no tienen una salida legal para tratar de reencausar la grave negligencia del Ministerio Publico a cargo de la fiscal María Irene Álvarez, quien no solo no llamó a indagatoria al procesado, sino no que no realizó ninguna diligencia tendiente a acumular pruebas sobre su posible participación en los casos de secuestro donde está sospechado.

Néstor Horacio Barczuk, fue extraditado de Argentina a nuestro país el 7 de marzo de este año y el Ministerio Público dejó que cumpla seis meses en prisión preventiva, para luego pedir su sobreseimiento provisional y libertad, sin haber realizado ninguna diligencia.

“Este señor Barczuk, no fue citado a una indagatoria en la etapa investigativa. Ahora cuenta con un sobreseimiento provisional que, si bien se solicitó la reapertura, estamos expectantes de cómo los operadores del sistema van a subsanar esto o si definitivamente, debemos de observar como la impunidad va a ser el resultado. Lo alarmante en este caso, son hechos que son de suma gravedad, recordemos que hay personas en Paraguay que aún están en cautiverio. En las manos de las autoridades están nuestras vidas, nuestra libertad y nuestros intereses, cómo confiar en las personas que tuvieron la posibilidad de representarnos y hacer su labor y lo hicieron tan mal que hoy día 20 años después se refleja esta inoperancia y negligencia”, señaló la abogada Noelia Núñez.
Agregó que, ante la inexplicable negligencia de la fiscal Álvarez fue recusada y apartada del caso a pedido de Núñez y fue reemplazada por el fiscal Lorenzo Lezcano.

Por último, la profesional destacó la impecable intervención en el caso de la jueza especializada Lici Sánchez, quien no solo alertó de las graves negligencias del Ministerio Público, sino que obró como corresponde dentro del papel que le corresponde dentro de la justicia.

Varios casos de secuestro perpetrados por esta empresa criminal podría quedar impune por manos del propio Ministerio Público que no ha realizado su labor dentro de estas causas que fueron acumuladas y pese ello, no se acusó en debida forma en ninguna de ellas.

Desde el Ministerio de Justicia se informó que, se ha iniciado la separación de personas condenadas y prevenidas en distintos establecimientos del sistema penitenciario. La separación de los reclusos era una deuda histórica de nuestro país con los derechos humanos.

La separación no solo servirá para mejorar las condiciones de reclusión de prevenidos, sino también para evitar que personas procesadas por hechos punibles menores terminen captadas por clanes criminales que operan intramuros.

Apartar a las personas condenadas y procesadas en el sistema penitenciario, además de garantizar el principio de inocencia de los imputados, servirá para tener un mejor control sobre el sistema carcelario de nuestro país que por años estuvo manejado por grupos criminales internacionales y nacionales.
La implementación efectiva de esta separación es esencial para prevenir abusos y violaciones de derechos humanos, así como para facilitar el acceso a programas de rehabilitación y tratamientos individualizados de los ya condenados.

El plan de separación se inició en la Penitenciaría Regional de Emboscada “Padre Antonio de la Vega” y en la Penitenciaría Regional de Misiones y contó con el apoyo del Programa de Transformación Integral para Personas Privadas de Libertad (PTI).

En el “Padre de la Vega” se procedió a la reubicación de más de 180 personas condenadas, exclusivamente en el pabellón E Alta, destinado para condenados.

En la Penitenciaría Regional de Misiones fueron reubicadas 153 personas condenadas en el pabellón D Alta, sector también destinado para condenados.

Adicionalmente, el pabellón A Alta Admisión se asigna a las personas privadas de libertad que ingresan por primera vez, mientras que el pabellón D Baja también recibe a personas procesadas, en espera de su situación judicial.

Esta separación tiene como propósito facilitar el manejo y supervisión de las PPL, según su situación jurídica y parámetros de la condena.

El Programa Transformación Integral brinda su respaldo y cooperación a esta iniciativa con miras a expandir este plan a todas las cárceles del país, de manera a lograr un sistema penitenciario más organizado, seguro y de conformidad con los principios de derechos humanos y la legislación vigente.