Desde el Ministerio de Justicia se informó que, se ha iniciado la separación de personas condenadas y prevenidas en distintos establecimientos del sistema penitenciario. La separación de los reclusos era una deuda histórica de nuestro país con los derechos humanos.
La separación no solo servirá para mejorar las condiciones de reclusión de prevenidos, sino también para evitar que personas procesadas por hechos punibles menores terminen captadas por clanes criminales que operan intramuros.
Apartar a las personas condenadas y procesadas en el sistema penitenciario, además de garantizar el principio de inocencia de los imputados, servirá para tener un mejor control sobre el sistema carcelario de nuestro país que por años estuvo manejado por grupos criminales internacionales y nacionales.
La implementación efectiva de esta separación es esencial para prevenir abusos y violaciones de derechos humanos, así como para facilitar el acceso a programas de rehabilitación y tratamientos individualizados de los ya condenados.
El plan de separación se inició en la Penitenciaría Regional de Emboscada “Padre Antonio de la Vega” y en la Penitenciaría Regional de Misiones y contó con el apoyo del Programa de Transformación Integral para Personas Privadas de Libertad (PTI).
En el “Padre de la Vega” se procedió a la reubicación de más de 180 personas condenadas, exclusivamente en el pabellón E Alta, destinado para condenados.
En la Penitenciaría Regional de Misiones fueron reubicadas 153 personas condenadas en el pabellón D Alta, sector también destinado para condenados.
Adicionalmente, el pabellón A Alta Admisión se asigna a las personas privadas de libertad que ingresan por primera vez, mientras que el pabellón D Baja también recibe a personas procesadas, en espera de su situación judicial.
Esta separación tiene como propósito facilitar el manejo y supervisión de las PPL, según su situación jurídica y parámetros de la condena.
El Programa Transformación Integral brinda su respaldo y cooperación a esta iniciativa con miras a expandir este plan a todas las cárceles del país, de manera a lograr un sistema penitenciario más organizado, seguro y de conformidad con los principios de derechos humanos y la legislación vigente.
