El tribunal de sentencia integrado por los jueces Hugo Segovia, Lilian Flores y Carmen Román, condenó a solo dos años con suspensión de la ejecución de la condena a Julián Pereira, quien ya había incumplido este mismo beneficio por lo que a juicio oral y cuenta con otro antecedente por el mismo hecho hacia otra víctima.

La agente fiscal de la causa Sandra Fariña, lamentó que el tribunal haya aplicado una condena tan benigna al acusado sin tener en cuenta sus antecedentes y tras probarse en audiencia oral la violencia a la que sometió a su esposa de manera sistemática y quien ahora teme por su vida.

Fariña, dijo que el fallo es contrario a todos los compromisos asumidos por el Poder Judicial y el Estado paraguayo para hacer prevalecer los derechos de las mujeres víctimas de violencia y que sentía mucha impotencia al no poder responder a la altura del temor de la víctima quien suplicó por su vida al tribunal de sentencia para que no dejen impune su caso.

“Esta sentencia es vergonzosa y preocupante, en septiembre se realizó en nuestro país el Congreso de Magistradas en CDE donde la ministra Carolina Llanes nos exhortó a todos los operadores del sistema a aplicar el control de convencionalidad para impartir justicia y específicamente aplicar correctamente la ley de protección integral de las mujeres contra todo tipo de violencia y en base a nuestra normativa penal es que el Ministerio Público actuó para proteger a Ángela Candia en esta denuncia”, enfatizó la fiscal Sandra Fariña.

Agregó que, la víctima hizo todo lo que el Estado le dijo que hiciera, presentó la denuncia, buscó ayuda, estando inmersa en un ciclo de violencia, incluso creyó en la promesa de su agresor y lo volvió a aceptar para recuperar su familia, sin embargo, fue más agresivo hacia ella y esto fue probado en el juicio oral que concluyó este miércoles con una sentencia de solo dos años con suspensión, pese a que le Ministerio Público pidió que la sanción sea de seis años de encierro.

La fiscal dijo que la sentencia deja un nefasto precedente en los casos de violencia familiar, ya que las mujeres tendrán temor en denunciar si saben que al final su caso tendrá una condena irrisoria y quedarán de vuelta expuestas a que su agresor que está en libertad.

El tribunal de sentencia además de aplicar la sentencia de dos años con suspensión prohibió al agresor acercarse a la víctima, pero de todas formas la denunciante teme por su vida.

El joven de 16 años está indiciado de haber llevado a una niña de 13 años al interior del país donde abusó de ella según el relato del Ministerio Público. La víctima fue llevada del colegio afirman testigos.

La agente fiscal Alicia Fernández quien investiga el delicado caso, imputó al adolescente de 16 años por el supuesto hecho punible de abuso sexual en niños y violación de la patria potestad, siendo víctima una niña de 13 años.

El Ministerio Público junto con la Policía Nacional, localizó a la víctima de 13 años, quien se encontraba desaparecida desde el 25 de octubre del 2024, fecha en que su madre hizo la denuncia en la Comisaría zonal de Limpio, manifestando que la misma fue al colegio, pero nunca entró a clases, y que la vieron abordar una motocicleta en compañía de una persona de sexo masculino.

Después de una serie de diligencias realizadas por el Ministerio Público, la menor fue localizada el 1 de noviembre a las 21:45, en una granja en la zona de Santa Rosa, de la ciudad de Tobatí, acompañada del hoy imputado, que al cotejar sus datos se constató que también era un menor de 16 años.

El fiscal Luis Said imputó por tenencia y comercialización de sustancias estupefacientes a Fernando José Garcete González, alias “Chuky”, quien está sindicado de dedicarse a la supuesta distribución de cocaína y marihuana especialmente en horas de la noche, específicamente en locales nocturnos y gimnasios de nuestra capital.

Garcete González, conocido por los agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) como el “Señor de la Noche”, por su facilidad para escabullirse de los investigadores, fue detenido durante un procedimiento en una vivienda ubicada en el barrio Trinidad, procedimiento del cual tuvieron participación los fiscales Said y María Irene Álvarez.

El imputado está sindicado de movilizarse en horas de la noche y la madrugada por Asunción a bordo de un automóvil de la marca Toyota Runx, para distribuir las sustancias prohibidas.

Durante el allanamiento se logró la incautación de varios frascos de sustancias herbáceas, marihuana con alto concentrado, además de cocaína y 2 armas de fuego, tipo revólver.

Ángela Candia víctima de una violencia sistemática por parte de su exesposo teme que la causa por violencia familiar abierta contra su exesposo Julián Pereira quede impune por las actitudes llamativas del tribunal de sentencia.

La mujer denunció que incluso el tribunal descartó como prueba las fotos que le fueron tomadas luego de la brutal agresión que sufrió por parte de Pereira.

Comentó además que el tribunal aceptó la constitución del tribunal como una medida de mejor proveer en el domicilio de la víctima a pedido de la defensa.

“Estoy en manos de un tribunal que no demuestra que me va a defender y mi vida depende de ellos, temo por vida. Mi vida está en manos de Hugo Segovia, Lilian Flores y Carmen Román, el tribunal actúa de forma llamativa es muy benevolente con la defensa y ahora van a venir a mi casa para ver si tengo plata, no sé, me parece totalmente inconducente”, lamentó Ángela Candia.

Agregó que su agresor llegó al extremo de amenazarla con un arma de fuego y teme que perpetre la amenaza. Reiteró que hace años padece todo tipo de violencia, actos que fueron perpetrados ante familiares y delante del hijo del matrimonio.

La víctima, rogó por su vida a los jueces de sentencia que llevan su caso y que hagan justicia respecto a todo lo que sufrió para que no pase a formar parte de la lista negra de feminicidios de nuestro país.

La causa se encuentra en etapa final y próximo a la exposición de alegatos finales de las partes.

La denunciante no solo afronta el temor de que su caso quede impune sino está siendo revictimizada por el sistema que debería tener mejores mecanismos de abordaje ante los innumerables casos de violencia familiar denunciados en nuestro país.

El abogado Secundino Méndez, defensor del excomisario Osvaldo Vera, presentó una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) contra los jueces Laura Ocampos, Fabián Weisensee y Cándida Fleitas, miembros del tribunal de sentencia encargado de juzgar a su cliente en un caso de presunta tortura.

En este proceso también están implicados el exministro del Interior Walter Bower y Merardo Palacios.

Osvaldo Vera declarado culpable en el juicio oral que se le sigue por presuntos hechos de tortura, bajo patrocinio de su abogado Secundino Méndez, presentó denuncia formal contra los miembros del del tribunal de sentencia ante el JEM y los recusó.

Uno de los fundamentos de la denuncia es un audio de 54 minutos que, según el acusado y su defensa, contiene intercambios comprometedores entre la jueza Ocampos y uno de los abogados querellantes. A su juicio, el contenido de estos audios revela lo que considera “terrorismo judicial» así como la comisión del hecho punible de prevaricato.

Secundino Méndez, sostiene que los audios exponen declaraciones fuertes que resultan vergonzosas de escuchar entre los miembros del tribunal y el abogado querellante Rolando Alum y hacen referencia a personas y los años de pena privativa de libertad que serían aplicados a los tres declarados culpables por hechos de tortura en perjuicio de Alfredo Cáceres y López, lo cual apunta a un supuesto acuerdo ilícito entre las partes.

Secundino Méndez, calificó la situación como grave y expresó que este episodio plantea serias dudas sobre la imparcialidad del tribunal y la continuidad del juicio a cargo de este mismo colegiado que les genera una profunda desconfianza.

Agrega además el escrito de recusación y denuncia que, el presidente del tribunal Fabián Weisensee no tiene la capacidad para llevar adelante el juicio ya que cedió en todo momento la dirección de la audiencia a su colega Laura Ocampo quien lo ha interrumpido en diferentes oportunidades.

El acusado recusó al tribunal y solicitó al JEM una revisión exhaustiva del caso y de la actuación de los jueces involucrados.

También se denuncia y recusa a la integrante del tribunal Cándida Fleitas por haber brindado entrevistas a medios de comunicación sin que la causa esté concluida.

Bajo estos argumentos se presentó una nueva recusación contra el tribunal de sentencia ante la presentación realizada al JEM por presunto mal desempeño de funciones contra los magistrados.

El tribunal ya había declarado culpables a los acusados Walter Bower, Merardo Palacios y Osvaldo Vera por hechos de tortura y la causa debe concluir con los años de pena ya que se trata de un juicio dividido.

Te dejamos parte del escrito del Jurado:

El tribunal de sentencia presidido por el juez Juan Carlos Zárate, condenó a seis años de cárcel a Ramón González Daher por reducción y quebrantamiento de depósito por el robo de 471 cheques del juzgado de Humberto Otazú.

Para el tribunal de sentencia se probó los extremos acusados por el Ministerio Público que requirió 12 años de encierro para el usurero, pero, para el tribunal la condena justa es la de seis años de penitenciaría.

El tribunal de sentencia integrado por los jueces Juan Carlos Zárate, Héctor Capurro y la jueza María Fernanda García de Zúñiga, condenó a Ramón González Daher por haber robado parte de las evidencias en la causa donde fue condenado a 15 años de cárcel.

El condenado participó por medios telemáticos desde la cárcel de su juicio oral donde una vez más le imponen una condena por su reiterada conducta delictual.

El fiscal Luis Piñanez, pidió que el encausado sea condenado a 12 años de prisión en base a las pruebas arrimadas ante el tribunal que juzgó el caso, pero, el tribunal le aplicó el 50 % de lo solicitado.

La fiscalía probó que González Daher sustrajo en total 471 cheques que se encontraban en el juzgado de Humberto Otazú, como evidencia y las usó para seguir extorsionando a sus víctimas.

Este lunes se realizó una reunión entre las principales autoridades de la Corte Suprema de Justicia, integrantes de la Sala Penal y de la Oficina Técnica Penal OTP con el Ministerio de Justicia, a fin coordinar acciones para la depuración de causas y descongestionar las cárceles.

La iniciativa tuvo como ejes centrales seguir depurando los procesos penales de personas recluidas y con ello, bajar el nivel de hacinamiento de las penitenciarías del país, agilizando los procesos penales de personas procesadas y que se encuentran a puertas del juicio oral o bien en etapa de ejecución de sentencias.

La encargada de la Oficina Técnica Penal, la camarista Silvana Luraghi comentó a Judiciales Net que, la reunión tuvo como finalidad coordinar acciones para el último tramo del año.

“Buscamos ajustar el plan de depuración y descongestión de los centros penitenciarios a fin de lograr la libertad de personas vulnerables, tercera edad y enfermos graves”, comentó la doctora.

Agregó que, buscan impulsar aquellas causas que se encuentran en etapa de juicio oral o ya en etapa de ejecución penal. Para ello, esperan acelerar la realización de audiencias preliminares, de revisión de medidas cautelares ya sean presenciales o telemáticas a fin de descongestionar las distintas prisiones.

Se pretende realizar un debido control de las causas de personas privadas de libertad ya que algunos siguen figurando como prófugos o rebeldes en sus procesos, pero, están recluidos.

Durante el encuentro entre las autoridades, también se trataron otros temas relacionados a condenados que se encuentran en condiciones de recibir beneficios penitenciarios.

Igualmente, se elaborará un listado de internos que ya estarían en condiciones para la revisión de su prisión preventiva y que estas sean reemplazadas por medidas menos gravosas que oportunamente serán entregados a la Oficina Técnica Penal de la Corte para su verificación y análisis.

De la importante reunión participaron el presidente de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala penal Luis María Benítez Riera, Alberto Martínez Simón, Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia, Silvana Luraghi y el ministro de Justicia Rodrigo Nicora quien estuvo acompañado de su equipo técnico.