En un juicio de asistencia alimentaria la jueza de la Niñez y Adolescencia de Lambaré Carolina Noguera, deja en claro cómo se ejerce la violencia económica hacía una madre que cría sola a su hija y el desgaste emocional que ello implica.

La demanda fue presentada luego que el padre de la niña haya suspendido la asistencia económica tras el reclamo de la madre quien le requirió que la crianza sea compartida y que la ayude con la responsabilidad para la sana crianza de la niña.

El periodo en el que el padre no aportó un solo guaraní para la niña, la madre tuvo que endeudarse para poder alimentar a su niña ya que no tiene ningún familiar cercano o una red de apoyo con quien dejar a su hija y tampoco tiene recursos para contratar una niñera.

Ante toda esta situación, la madre planteó la demanda de asistencia alimentaria contra el padre debido a que el dinero que le pasaba para cubrir los gastos de las necesidades de su hija era insuficiente.

En el momento de la audiencia el padre afirmó que suspendió por algunos meses el cumplimiento de esta asistencia y fue ahí que la madre contó que en ese tiempo tuvo que buscar estrategias económicas para hacerse cargo de todos los gastos. Esto la llevo a endeudarse, generando un perjuicio para la misma y para su hija.

Por otra parte, también se visualiza el impacto emocional de esta violencia, el estrés al que fue sometida (sentimientos de ira, rabia, impotencia) donde se vio afectada su salud ya que sola está criando a su hija con todas las responsabilidades que ello implica ya sea de cuidado o alimentación.

“Mi juzgado quiere que se visualice en todos los casos parecidos para que se pueda notar que esta resolución no solo determina el monto de la asistencia alimentaria, sino que también deja al descubierto todas las situaciones que traen aparejadas la violencia económica y el trabajo no remunerado de la madre de la niña”, acotó la jueza Carolina Noguera que sienta un precedente importante para tantas madres que crían solas a sus hijos.

La jueza Carolina Noguera destacó también la carga emocional que sufre una madre que asume la crianza de su hija en solitario, ya que debe lidiar con la angustia de la inestabilidad económica y emocional. Al tener el cuidado exclusivo, la madre carga con una responsabilidad constante por querer asegurar el bienestar físico y emocional de su hija, sin apoyo.

Un hombre recibió la ejemplar sanción de 28 años tras probarse en el juicio oral que abusó sexualmente de su hijastra por 7 años. Las agresiones empezaron cuando la niña tenía solo 5 años y siguió hasta que quedó embarazada.

La fiscal Mónica Cardozo, en un juicio oral y público, obtuvo una condena de 28 años de cárcel para el acusado de abuso sexual en niños en forma sistemática.

Los antecedentes del caso señalan que el ahora condenado tenía una relación de convivencia por cerca de 10 años con la madre de la víctima. Según la niña los abusos eran constantes y fueron realizados en horas de la mañana antes de que sea llevada a la escuela. Todo ocurrió en la vivienda familiar.

La pequeña, soportó siete años de vulneración por miedo a su padrastro quien la amenazaba que le haría daño a su madre si le contaba a alguien lo que estaba ocurriendo.

La fiscalía logró probar que la pequeña fue abusada por años hasta quedar incluso embarazada. El tribunal de sentencia presidido por la magistrada Natalia Muñoz e integrado por las juezas Rilsy Ortiz y Victoria Ortiz luego de analizar las pruebas presentadas en el juicio oral por el Ministerio Público resolvió condenar al procesado a 28 años de prisión.

Es preocupante la cantidad de casos de abuso sexual en niños en su mayoría los responsables de estas agresiones son familiares o personas cercanas al núcleo familiar.

La abogada Liliana Zayas experta en el abordaje de la violencia hacia la mujer, señaló que es urgente contar con juzgados y tribunales especializados para atender y sancionas un fenómeno complejo como la violencia hacía la mujer.

Agregó que, la violencia hacia la mujer debe ser abordado de manera integral y especializada por personas capacitadas y aptas para asistir a las mujeres víctimas de distintos tipos de violencia.

Dijo que, hasta el momento el acceso a la justicia para las mujeres víctimas, sigue siendo revictimizarte e injusto, por lo que no se puede hablar de una justicia rápida y eficaz.

“Es necesario contar con procedimientos especiales para el tratamiento de estos hechos con las particularidades de la violencia de género que son muy distintas a otros hechos punibles y las necesidades de sus víctimas son muy específicas sin descuidar los derechos de las personas procesadas. Si centralizamos los procesos judiciales, con tribunales especializados evitaríamos órdenes contradictorias mejorando así, la seguridad jurídica de las sobrevivientes de la violencia y de sus hijos. Es urgente la creación de la justicia especializada para la tramitación oportuna y eficiente de hechos que constituyan violencia contra las mujeres”, acotó Liliana Zayas.

Agregó que, el proyecto de ley en estudio en el Congreso introduce nuevos tipos penales que no han sido abordados por el derecho penal o que son minimizados por falta de perspectiva de género por lo que es imperativo reformular algunos tipos penales como el acoso sexual ya existente para adecuarlo a la ley 5777 como lo exigen además los tratados internaciones de derechos humanos ratificados por nuestro país y que forma parte de la norma jurídica de nuestro país.

Subrayó que, la falta de tipicidad de los hechos de violencia hacia la mujer no pueden seguir siendo invisibles y terminar en la impunidad.

Comentó que la justicia para las mujeres trabaja en compartimentos estancos, por un lado, la justicia de Paz con la violencia doméstica, por otro lado, la civil con los procesos de divorcio, luego, el fuero de la niñez para el régimen de relacionamiento y el Ministerio Público en los casos de violencia familiar o incumplimiento del deber legal alimentario, etc.

Remarcó que, todos los integrantes de estos juzgados y tribunales especializados deben recibir capacitación permanente para estar a la altura del abordaje y sanción de los distintos hechos de violencia hacia la mujer.
Recientemente, distintas autoridades profundizaron el análisis del proyecto de ley que crea Juzgados y Tribunales Especializados en materia de Violencia contra la Mujer, el cual ya cuenta con media sanción en Senadores.

El proyecto pretende ser una herramienta de utilidad para los operadores del sistema para agilizar los procesos y también descartar aquellas denuncias que son falsas. El proyecto fue trabajado con los tres poderes del Estado y debe ser tratado en Diputados.

Este viernes debía iniciarse el juicio oral al excandidato presidencial Paraguayo Cubas procesado por los disturbios tras las elecciones generales, pero, recusó al juez Darío Báez a quien calificó de bandido y de tener amigos narcotraficantes.

Darío Báez, preside el tribunal de sentencia que debe juzgar la conducta de Cubas en este juicio. El acusado no se guardó ningún calificativo hacia el juez a quien amenazó que de encontrarlo en la calle lo va a cintarear.

“Algún día te voy a encontrar en la calle y te voy a encajar un par de garrotazos y cintarazos, ahora porque tenés guardia no se cintareo, pero donde te encuentre nde delincuente te voy a garrotear. Bandido, caradura, te pasaste robando en este país pelotudo, idiota, delincuente corrupto, lavador de dinero, amigo de narcotraficantes”, señaló Paraguayo Cubas cuando le dieron la oportunidad de ampliar la recusación presentada con anterioridad por su abogada Gessy Ruiz Díaz.

En su momento, los fiscales Jorge Arce, Alma Zayas, Francisco Cabrera y Diego Arzamendia, acusaron a Payo por los tipos penales de perturbación de la paz pública, resistencia, amenaza de hecho punible, tentativa de impedimento de las elecciones y tentativa de coacción a órganos constitucionales.

La acusación de 41 páginas relata que, el acusado en uno de sus videos específicamente la del 1 de mayo de este año refirió que hubo irregularidades en el conteo de votos, “no van a jurar, sobre mi cadáver va a jurar el tal “Chanti mba´embo”.

Son varios los videos de Paraguayo Cubas que son presentados por el Ministerio Público como prueba, además, de lo que escribió el acusado en su perfil de Facebook. Con la decisión de la Sala Penal queda confirmada la elevación de la causa a la siguiente etapa donde se debatirá los elementos de cargo y descargo sobre la conducta del procesado.

Una vez que se revuelva la recusación la diligencia podría iniciarse. Además de Darío Báez, integran el tribunal de sentencia la jueza Cándida Fleitas y Christian González.

Emiliano Rolón emitió un comunicado pidiendo que se evite realizar aseveraciones concluyentes sobre el informe que descarta que el diputado muerto en un allanamiento haya disparado como lo afirman los intervinientes.

La cabeza máxima del Ministerio Público señala en el pronunciamiento que, dicho resultado será cotejado con testigos y otros elementos de prueba cuyos resultados siguen pendientes.

“Las evidencias deben ser evaluadas de forma conjunta y armónica. Por ello serán determinantes los informes médicos, pericias, testimonios y otras diligencias, es prematuro intentar conclusiones definitivas que solo enervan el normal progreso de la investigación”, reza parte del comunicado de Emiliano Rolón Fernández fiscal general del Estado.

Agrega que, que el Ministerio Público basará sus actos de investigación en la objetividad respetando el debido proceso que lo harán respetar en todo el proceso.

Los fiscales Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres, presentaron imputación contra el diputado colorado Eulalio Gomes, Alexandre Rodrígues Gomes, Oscar Daniel Cabreira, Luis María Zubizarreta Zaputovich y John Gerald Matías Gaona por lavado de dinero procedente del tráfico internacional de droga y asociación criminal.

Tanto el diputado Eulalio Gomes como su hijo Alexandre, estarían vinculados con la organización criminal liderada por Jarvis Chimenes Pavão, conforme a la información compartida por las autoridades de la República Federativa de Brasil a Paraguay, colectada durante la investigación de la causa Pavo Real, existe una secuencia de correos entre amos y los hijos de Javis donde se plasma transacciones de compa venta de inmuebles existentes en territorio paraguayo, patrimonio que formaría parte del esquema criminal y habrían sido adquiridas de manera irregular por el finado diputado y su hijo.

Ambos, según la fiscalía utilizaron su injerencia en el sector de la ganadería para mover dinero dentro del sistema financiero local, dinero proveniente del narcotráfico y otras actividades delictivas.

Según el relato del Ministerio Público los imputados actuaban como testaferros de Jarvis Chimenes Pavão, luego de colectar varios elementos investigativos la fiscalía pudo cerrar el caso respecto a los citados y formuló imputación.

La fiscalía menciona que recibió colaboración de sus pares de Brasil ya que el esquema fue montado en ambos países lo que sirvió para que las autoridades colaboren entre sí y hayan podido cerrar el círculo.

“Se identifico un importante esquema criminal integrado por familiares cercanos de Jarvis Chimenes Pavão y otros operadores de confianza en Paraguay. Este grupo se dedicaba al blanqueo de capitales provenientes del tráfico internacional de droga”, señala parte del acta de imputación.

La causa nace luego de la ostentosa vida que llevaban los familiares del narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão sin que estos tengan un trabajo o ingreso justificado, con lo que se abrió una investigación y se confirmó que seguían recibiendo fondos del esquema montado en nuestro país para lavar dinero. Luego, se allanó la celda de Jarvis donde se pudo encontrar numerosos documentos que daban cuenta de inmuebles en Paraguay y Brasil que tenían a encargados (testaferros) cuyos datos estaban en código y nombres en clave.

La jueza especializada Rosarito Montanía, elevó a juicio oral y público el proceso abierto contra Luis Estigarribia Alderete acusado como uno de los integrantes principales del Clan Insfrán.

El acusado fungía de administrador de proyectos inmobiliarios del clan Insfrán y además era pastor de la Iglesia manejada por los Insfrán que servía para lavar dinero de la organización criminal dedicada al tráfico internacional de droga, relata el Ministerio Público.

Este miércoles concluyó la audiencia preliminar del acusado y la jueza elevó la causa para el debate público y admitió las pruebas ofrecidas por el agente Deny Yoon Pak, mientras que los informes del Grupo Garden y del Banco Continental no fueron admitidas porque no fueron puestas a disposición del juzgado ni de la defensa, pero, se aclara que el Ministerio Público puede pedir su inclusión en la siguiente etapa.

El acusado tenía a su nombre 30 vehículos que van desde camionetas a tractocamiones, así como inmuebles que, para el Ministerio Público constituye evidencias que habrían sido utilizadas para la concreción del tráfico internacional de drogas y otras para el lavado de activos, mediante la inyección de dinero ilícito proveniente de actividades ilícitas al sistema financiero.

Por este motivo la jueza Montanía, ratificó las medidas cautelares inhibición general de enajenar y gravar bienes, como así también el congelamiento preventivo o bloqueo de cuentas corrientes o cajas de ahorro depositados en bancos, financieras o cooperativas a nombre del acusado.

Montanía, antes de elevar el caso para el debate público rechazó el pedido de cambio de calificación solicitado por la defensa del acusado y rechazó el pedido de procedimiento abreviado planteado por la defensa de Luis Iván Estigarribia Alderete.

A Ultranza es uno de los operativos más grandes realizados en nuestro país contra el crimen organizado. Fue desbaratada una estructura criminal que se dedicaba a enviar droga a varios países entre mercaderías legales.
La causa tuvo colaboración de la DEA, la Europol y la policía de Uruguay, con esta colaboración internacional se pudo cerrar el caso respecto a los involucrados.

El Ministerio Público imputó a 27 personas vinculadas con el grupo criminal dedicado al tráfico internacional de cocaína desde Paraguay a Europa y África. De los 27 imputados unos diez siguen en prisión preventiva, algunos ya fueron condenados y a la fecha recuperaron su libertad.

El considerado líder del esquema en Paraguay Miguel Ángel Insfrán alias “Tío Rico”, se encuentra a la espera de su juicio oral, mientras que otros acusados ya tienen fecha de juicio oral para el año que viene.