El juez Rolando Duarte decretó la prisión preventiva en Tacumbú de Elian Fernando Tomas López Torres, imputado por lesión grave por haber arrojado un vaso de vidrio a la joven a Dahiana Monserrat Benítez Ramos en el local nocturno Kingfish.

El Ministerio Público, señala a López Torres como el responsable de haber arrojado el vaso que hizo perder el ojo derecho a la joven víctima de esta agresión.

El imputado, será trasladado al penal de Tacumbú o en otros establecimiento penitenciario adecuado para cumplir la decisión del juez Rolando Duarte para quien existe el peligro de fuga y la posible obstrucción por lo que decretó la prisión preventiva.

El Ministerio Público inició las primeras diligencias como declaración de testigos, la constitución al Hospital donde está internada la joven que perdió el ojo tras ser acertada con un vaso de vidrio durante una gresca en un local nocturno.

La agente fiscal que lleva adelante el caso es Diana Laterza, informó que varias diligencias ya fueron practicadas con el fin de esclarecer las circunstancias del hecho que hizo perder un ojo a Dahiana Monserrat Benítez Ramos.

Por el momento, el Ministerio Público, tomó la declaración al hermano de la víctima quien estuvo presente en el lugar de hecho. Se realizó una constitución fiscal en el Hospital del Trauma a fin de constatar el estado de salud de la víctima, y recabar los informes médicos oficiales.

Además, se han tramitado oficios para la administración de la discoteca, de manera a que se puedan levantar imágenes del circuito cerrado para someter a pericia y sean incluidas como evidencia en el caso.

Igualmente, se realizaron otros oficios de pedidos de informes a otras entidades públicas y privadas, de modo a recabar otras informaciones relativas a esta investigación.

El hecho se registró en la madrugada del domingo siendo las 05:00 AM en la discoteca Kingfish, ubicada sobre Senador Long y España de Asunción. La víctima tuvo que ser intervenida de urgencia en el Hospital del Trauma donde se confirmó que perdió el ojo derecho a raíz del impacto del vaso de vidrio que le arrojaron.

La joven acudió al local nocturno para distenderse con sus hermanos, sin embargo, fue víctima de un impacto de vaso que le produjo un corte profundo que ocasionó la perdida del ojo derecho lastimosamente.

El tribunal de sentencia que juzgará al senador Erico Galeano por sus presuntos vínculos con el crimen organizado quedó integrado con los jueces: Inés Galarza, Juan Dávalos y Pablino Barreto.

Una vez que quede firme la competencia del tribunal, se deberá señalar la fecha para iniciar el juzgamiento público del legislador Erico Galeano quien sigue cumpliendo funciones en el senado con normalidad.

El senador colorado Erico Galeano, está a puertas de su juicio oral y público por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, por haber prestado colaboración y estar al servicio de la organización criminal liderada por Miguel Insfrán alias Tío Rico y Sebastián Marset, según la acusación fiscal.

El Ministerio Público está representado en esta causa por el fiscal Silvio Corbeta. En el debate oral se expondrán las pruebas ofrecidas por la fiscalía en contra del senador acusado de colaborar con el crimen organizado.

El senador colorado Erico Galeano fue acusado por asociación criminal y lavado de dinero por haber supuestamente prestado su avión a Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán alias Tío Rico y recibía dinero a cambio de esta actividad, además simuló la venta de su casa en Aqua Village por 1 millón de dólares a Tío Rico, dice la fiscalía.

La acusación afirma que Erico Galeano no solo prestó su avioneta a los líderes de la organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína, sino que estaba al servicio de la organización criminal y que no es casualidad que Marset y Tío Rico usaran su aeronave en reiteradas ocasiones.

“Erico Galeano Segovia no solamente estuvo vinculado con la referida organización criminal por el acto de compraventa del inmueble en Aqua Village, sino también les brindó a los principales líderes, además de Miguel Ángel Insfrán Galeano, a Sebastián Enrique Marset Cabrera, entre otros, el medio de transporte de su propiedad, para que los citados puedan trasladarse dentro del territorio nacional”, relata la acusación que debe ser debatida en la audiencia oral.

Esta causa es un desprendimiento del operativo A Ultraza PY, que fue el mayor operativo contra el crimen organizado en nuestro país que contó con la colaboración de la DEA, la EUROPOL, la Policía uruguaya y la Senad.

Es una de las mayores intervenciones realizadas en el país contra una estructura dedicada al tráfico de droga y lavado de activos, se llegó a incautar más 150 millones de dólares en bienes inmuebles que actualmente están siendo administradas por la Senabico.

La jueza de garantías de Cordillera Silvia Carolina Cáceres, admitió la imputación contra Eugenio Sanabria Vierci, conductor que presumiblemente estando alcoholizado ocasionó el trágico accidente que se cobró la vida de cuatro personas.

Sanabria Vierci, fue imputado por homicidio culposo y el Ministerio Público requirió la aplicación de la prisión preventiva atendiendo a la gravedad del hecho.

La agente fiscal de Caacupé, Zulma Benítez imputó a Eugenio María Sanabria Vierci por la supuesta comisión de los hechos punibles de homicidio culposo y exposición a peligro en el tránsito terrestre. La representante del Ministerio Público solicitó la prisión preventiva del imputado, quien es sindicado como autor de la muerte de cuatro personas.

El hecho ocurrió en fecha 10 de noviembre, siendo las 12:25 horas aproximadamente, en la vía pública, sobre la denominada Eco-vía que une las ciudades de San Bernardino y Luque. El vehículo guiado por Sanabria Vierci, en una curva, habría ingresado al carril contrario, colisionando de manera frontal y violenta contra el automóvil Kia Picanto, de color rojo, en el que iba una familia. Tres de los cuatro ocupantes del rodado fallecieron, en tanto una niña resultó con lesiones.

Así también estuvo involucrado en el percance un automóvil de la marca Hyundai, HB20, de color gris, en el que iban 3 personas. Una de ellas falleció y los demás fueron derivados a centros asistenciales.

Los fallecidos fueron identificados como: Osvaldo Darío Jaquet Valdez, de 39 años de edad, su esposa Kristin María Blumerother, de nacionalidad alemana, y el hijo pequeño de ambos, en tanto la hija que también iba a bordo resultó con lesiones y se encuentra internada en el Hospital del Trauma de Asunción. La otra víctima fatal es Nancy Angeluz Chena Vallejos, de 57 años.

Se procedió a realizar la prueba de Alcotest a los conductores. El que guiaba el automóvil Hyundai HB20, arrojó resultado 0,000mg/l., sin embargo, la prueba de Eugenio Sanabria Vierci, resultó positiva con 622 mg/l, de alcohol en sangre. Intervino en el lugar la médica forense de turno, Araceli Ojeda, quién determinó como causa de muerte de las tres personas fallecidas que iban en el automóvil Picanto, sufrieron traumatismo de cráneo severo.

Luis Augusto Montanaro Bedoya, volvió a ingresar al penal de Tacumbú para cumplir la reciente orden de la jueza Clara Ruiz Díaz por la amenaza que realizó a la agente fiscal Ruth Benítez y a la denunciante en la causa Duck Sex Games.

Según las primeras informaciones, fue el propio Montanaro quien se acercó a una florería de donde se habrían enviado los ramos con los escritos de amenaza, las imágenes de circuito cerrado donde se observa al imputado lo comprometen aún más.

Montanaro, habría buscado con este “mensaje” amedrentar a la agente fiscal y la denunciante de su primer caso cuyas imágenes habría publicado sin autorización.

Montanaro Bedoya, está indiciado por haber compartido, sin consentimiento de la víctima, varias imágenes y videos de carácter íntimo-sexual a través de distintas plataformas. Los archivos se habrían obtenido durante las relaciones sexuales que aparentemente tenía con la víctima.

El imputado habría comercializado sin consentimiento de los afectados, imágenes sexuales, producido y transmitido material violando la intimidad de las personas.

Según las investigaciones, Montanaro Bedoya concretaba encuentros sexuales con personas y, una vez consumados, filmaba los actos para posteriormente distribuir las imágenes y videos en distintos grupos de mensajería instantánea y páginas sexuales, sin el consentimiento de las víctimas.

Durante el procedimiento, denominado “Operación Duck Sex Games”, liderado por la Unidad Especializada en Delitos Informáticos del Ministerio Público y el Departamento de Investigación del Cibercrimen de la Policía Nacional, se levantaron varias evidencias relacionadas con el caso que ya fueron sometidos a pericia, entre ellos el teléfono celular del imputado que ofreció para la búsqueda de elementos que corroboren la sospecha que pesa sobre el empresario que sostiene su inocencia, sin embargo, hoy cuenta con otra causa por coacción contra la fiscal que lleva su caso.

La jueza Diana Carvallo será quien lleve adelante la segunda audiencia preliminar respecto a la exjueza Tanía Irún, tras la anulación de la elevación de la causa a juicio oral.

Recientemente, la cámara de apelaciones anuló la resolución del juez Yoan Paul López quien elevó a juicio oral y público el proceso por prevaricato contra la exjueza en lo civil y comercial Tanía Irún.

La exmagistrada fue acusada por la fiscalía adjunta ya que la fiscal inferior Verónica Valdez había solicitado su sobreseimiento definitivo. La fiscal Natalia Fúster fue quien defendió la acusación en la audiencia preliminar, tras esta diligencia el juez elevó el caso para el debate público.

Según la cámara el juez López, so pretexto del impedimento de valorar las pruebas en esta etapa del proceso, no realizó el control vital de la acusación del Ministerio Público causando un agravio irreparable a la defensa de la acusada.

Con la decisión de alzada, la causa se retrotrajo el proceso a la etapa de audiencia preliminar y será Carvallo la que desarrolle nuevamente la misma diligencia para realizar el control de la acusación fiscal que según la cámara, López no realizó.

El juez de garantías Yoan Paul López, elevó a juicio oral el caso contra la exjueza en lo civil Tania Irún por supuesto prevaricato. Esto, luego de que la fiscala adjunta María Soledad Machuca haya modificado el pedido de sobreseimiento y acusado a la exjueza.

En la preliminar, la defensa pidió el sobreseimiento definitivo de la jueza con el argumento de que no hubo hecho punible, pero esto fue rechazado por el juzgado.

El proceso fue abierto contra Irún por supuestamente no haber aplicado la ley, al admitir una demanda para transferir tierras a firmas extranjeras en la zona de seguridad fronteriza.

El 23 de noviembre del 2018 la magistrada firmó una sentencia para transferir 310.000 hectáreas de tierra en el Chaco. La enorme parcela transferida era de la Asociación Espíritu Santo y fue cedida a cuatro empresas extrajeras, por un crédito que, según la denuncia nunca existió.

A raíz de este proceso, Tania Irún fue destituida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados JEM por mal desempeño en sus funciones.

En esta segunda audiencia preliminar se sabrá finalmente si la exjueza queda desvinculada del caso como se había solicitado inicialmente o, si se eleva de vuelta a juicio para el debate público.

Este lunes el Ministerio Público presentó documentos en soporte magnético que prueban que las obras realizadas no cuentan con respaldo documental, tampoco tenían fecha de inicio o conclusión de las mismas ni el monto a pagar por las obras.

Igualmente, la fiscalía destacó que los certificados de obra no estaban firmados por personal idóneo en obras. Las obras que supuestamente se ejecutaron no coinciden ni en la ciudad ni en la fecha que debían ser realizadas según relato.

Las obras por las que la Gobernación realizó desembolsos fueron para hermosear parques, señalización, mantenimiento de espacios públicos, baños sexados entre otros.

“No se puede saber con exactitud si las obras fueron realizadas en el periodo de tiempo estipulado ante la falta de documentos. El certificado de obra es un documento que necesariamente debe estar firmado por el responsable de la obra”, señaló el fiscal Néstor Coronel al leer el dictamen de un equipo auditor.

La fiscalía en su acusación sostiene que, cuenta con numerosos elementos para probar que se hizo un desembolso de 5.100 millones guaraníes y que no fue destinada a obra alguna, sino que meses después se trató de adecuar para justificar y que tiene como demostrar el detalle del desembolso quien recibió y cuánto.

Una vez iniciada las pesquisas, se adecuaron las obras y las facturas clonadas y o adulteradas fueron reemplazadas para justificar los millonarios desembolsos de la Gobernación a la ONG, fundación Centro Integral de Apoyo Profesional CIAP.

Los elementos que ofrece el Ministerio Público son muy sólidos y acusa por varios hechos punibles al exgobernador de Central Hugo Javier.

Hugo Javier soporta cargos por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, por formar parte de un esquema para defraudar al Estado por poco más de 5.000 millones de guaraníes.

Además de Hugo Javier están acusados en esta causa: Javier Rojas, Luis Allende, Lourdes Lezcano, Modesta Valiente y Miguel Ángel Torres.

El tribunal de sentencia está integrado por los jueces Karina Cáceres, Ana Rodríguez y Yolanda Morel. Mientras que la fiscalía está representada por el fiscal Néstor Coronel.La diligencia continúa en la producción de la etapa documental.