El agente fiscal Deny Yoon Pak, presentó acusación contra José Insfrán por tráfico internacional de droga y otros hechos punibles por su participación en la organización criminal liderada por su hermano Miguel Insfrán alias Tío Rico.

El Ministerio Público menciona en la acusación que el hoy acusado José Insfrán, con su hermano Miguel Insfrán lideraban el esquema de tráfico internacional de cocaína a Europa.

El pastor fue acusado por los tipos penales de tráfico internacional de droga, asociación criminal y lavado de activos. Es considerado pieza clave junto con su hermano Tío Rico dentro del grupo criminal.

Insfrán, se encargó de la constitución de empresas y su Iglesia centro de avivamiento que fue utilizada para introducir dinero proveniente del tráfico de droga al sistema financiero.

Relata la acusación que, entre el año 2020 y 2021, varias organizaciones criminales se agruparon en una sola en el territorio nacional para concretar una mega estructura de tráfico internacional de cocaína y lavado de dinero.
La organización criminal estaba encabezada por el uruguayo Sebastián Marset y su socio el paraguayo Miguel Ángel Insfrán y el pastor José Insfran.

La organización criminal fue desbaratada tras el operativo A Ultranza Py, este operativo contó con la colaboración de la DEA, de la Europol y la Policía de Uruguay. Es el primer operativo de esta envergadura que dejó al descubierto los tentáculos y las ramificaciones del crimen organizado en la política, Iglesias y empresas dedicadas a lavar el dinero producto del narcotráfico.

Arrojó como resultado la incautación de bienes por un valor estimado de 100 millones de dólares consistentes en bienes inmuebles, vehículos de alta gama, dinero en efectivos y helicópteros. Así también fueron incautados documentos y aparatos celulares para la investigación. Los bienes ya son administrados por la Senabico.

Tras la acusación la justicia debe convocar a José Insfrán para su audiencia preliminar donde se decidirá si la causa será elevada para el debate público como lo pide el Ministerio Público.
Los primeros acusados en la causa ya tienen fecha de juicio oral para febrero del 2025.

La cámara de apelaciones confirmó la prisión preventiva del empresario Luis Montanaro, quien amenazó a la fiscal de su caso y la persona que lo denunció motivo por el que la jueza Alicia Pedrozo revocó su libertad para decretar de nuevo su prisión hoy ratificada por alzada.

Luis Augusto Montanaro Bedoya, recientemente volvió a ingresar al penal de Tacumbú para cumplir la orden de la jueza Clara Ruiz Díaz por la amenaza que realizó a la agente fiscal Ruth Benítez y a la denunciante en la causa Duck Sex Games y también de la jueza Alicia Pedrozo que tiene el caso principal.

Según las primeras informaciones, fue el propio Montanaro quien se acercó a una florería de donde se habrían enviado los ramos con los escritos de amenaza, las imágenes de circuito cerrado donde se observa al imputado lo comprometen aún más.

Montanaro, habría buscado con este “mensaje”, amedrentar a la agente fiscal y la denunciante de su primer caso cuyas imágenes habría publicado sin autorización.

Montanaro Bedoya, está indiciado por haber compartido, sin consentimiento de la víctima, varias imágenes y videos de carácter íntimo-sexual a través de distintas plataformas. Los archivos se habrían obtenido durante las relaciones sexuales que aparentemente tenía con la víctima.

El imputado habría comercializado sin consentimiento de los afectados, imágenes sexuales, producido y transmitido material violando la intimidad de las personas.

Según las investigaciones, Montanaro Bedoya concretaba encuentros sexuales con personas y, una vez consumados, filmaba los actos para posteriormente distribuir las imágenes y videos en distintos grupos de mensajería instantánea y páginas sexuales, sin el consentimiento de las víctimas.

Durante el procedimiento, denominado “Operación Duck Sex Games”, liderado por la Unidad Especializada en Delitos Informáticos del Ministerio Público y el Departamento de Investigación del Cibercrimen de la Policía Nacional, se levantaron varias evidencias relacionadas con el caso que ya fueron sometidos a pericia, entre ellos el teléfono celular del imputado que ofreció para la búsqueda de elementos que corroboren la sospecha que pesa sobre el empresario que sostiene su inocencia, sin embargo, hoy cuenta con otra causa por coacción contra la fiscal que lleva su caso.

Se trata de Pedro Damián González Caballero quien fue imputado por hurto por haber sustraído un total de 413 celulares de la marca Samsung de la empresa donde trabaja.

La fiscal Laura Giacummo, lo imputó y pidió la prisión preventiva de González Caballero, quien, según el relato del Ministerio Público, entre los meses de junio a noviembre de 2024 González Caballero, se desempeñaba como ayudante de logística en la firma GAFI S.A., en el depósito ubicado en la calle Tte. Fariña 1052 de Asunción, tiempo que aprovechó para sacar los teléfonos de distintos modelos.

Supuestamente el imputado habría quitado 413 celulares que estaban siendo utilizados para exhibición, que se encontraban guardados en el lugar. Los celulares que estaban dentro de seis cajas fueron supuestamente sustraídos luego de que las mismas hayan sido forzadas.

González Caballero fue detenido por la Policía Nacional y se sospecha que el perjuicio total que habría sufrido la empresa ronda los G. 700 millones. Los investigadores lograron recuperar 27 celulares que estaban guardados en la casa de un vecino del imputado.

El juicio oral y público que se le sigue al considerado fusilero del EPP Lorenzo González, quien participó activamente del secuestro y crimen de Cecilia Cubas corre el riesgo de reiniciarse por la interrupción de la audiencia por más de diez días.

La diligencia debía continuar este jueves, pero, Fabián Weisensee quien se encuentra con problemas de salud no pudo conectarse vía telemática para continuar con el juicio oral y público para el acusado.

La presidenta del tribunal de sentencia Laura Ocampo, citó a las partes para el próximo sábado dar continuidad al debate oral que ha iniciado el 8 julio pasado y meses después corre el riesgo de reiniciar por estar suspendido por más de diez días.

Lorenzo González Martínez, estuvo presente en la captura de la joven Cecilia Cubas, hija del expresidente de la república Raúl Cubas. También participó de la reunión donde se decidió su muerte, según la acusación del Ministerio Público.

El acusado fue extraditado de Brasil en el 2022. Tras un largo proceso fue entregado a Paraguay para afrontar cargos por secuestro, homicidio doloso, asociación criminal y otros hechos punibles por su participación activa en el secuestro de Cecilia Cubas.

González Martínez habría participado de la toma de la víctima Cecilia Cubas el 21 de septiembre del 2004, en inmediaciones de su domicilio. El hombre además sería el fusilero del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, según las pruebas del Ministerio Público.

El fiscal que representa al Ministerio Público en este juicio es Lorenzo Lezcano.

Se trata de la jueza de ejecución penal María Lidia Wyder Mendieta, según la denuncia la mora judicial de este juzgado es insostenible y que pagan con esa mora los justiciables que como su cliente que ya compurgó más de la mitad de la condena, pero, la jueza le niega el beneficio de la libertad transitoria.

Alfredo Delgado defensor de Ignacio María Denis condenado a diez años de cárcel por el operativo Austral, denunció que su cliente está privado de su libertad desde el día del operativo el 2 noviembre del 2018, a la fecha, ya ha cumplido con más de la mitad de su condena, y que se halla transitando satisfactoriamente por las etapas previstas en el Código Penal de Ejecución, actualmente se encuentra en el periodo de prueba en la penitenciaría industrial La Esperanza en el pabellón de semilibertad.

Agrega el abogado que, ante esta situación presentó un pedido de salidas transitorias a favor de su cliente, lo que llevó meses ser tramitada para luego ser rechazada por la magistrada que también fue recusada por el abogado por las irregularidades en la tramitación del expediente y por desconocimiento de la ley, según explicó.

“La jueza María Lidia Wyder Mendieta, siempre se ha caracterizado por una muy alta mora judicial, en tal contexto tanto las providencias, como los oficios ordenados tardan semanas, hasta meses en expedirse, por tal motivo recién se fijó audiencia de sustanciación para el día 14 de octubre de 2024. En dicha fecha culminó la audiencia y el juzgado al finalizar en el acta manifestó que resolvería en el plazo de ley (3 días), pero, resolvió en 10 días no respetando el plazo de ley”, refiere el abogado Alfredo Delgado.

Agrega que la magistrada hoy recusada, casi no asiste a su sitio de trabajo en la ciudad de Fernando de la Mora, con suerte va a su juzgado los lunes y los jueves, todo so pretexto de que es interina y que tiene a su cargo otro juzgado en Asunción, de esta situación son testigos todos los jueces, actuarios y funcionarios de los juzgado de Fernando de la Mora, ante dicha situación no sería lo más lógico, que la hoy recusada comunique la Corte Suprema de Justicia, que no tiene la capacidad para tener su juzgado al día y pedir que cese el interinazgo, a efectos de que venga otro juez que si tenga ganas de trabajar.

La denuncia se realiza ante la cámara de apelaciones a la que se detalla las irregularidades en la que incurre la magistrada que fue recusada por el abogado con expresión de causa.