La cámara de apelaciones confirmó la prisión preventiva decretada por el juez Rolando Duarte, respecto a Elian Fernando Tomas López Torres, imputado por lesión grave por haber arrojado un vaso de vidrio a la joven a Dahiana Monserrat Benítez Ramos en el local nocturno Kingfish.

La defensa recurrió la medida en alzada, buscando modificar la prisión del joven, sin embargo, la cámara la ratificó, con ello el procesado seguirá en prisión preventiva.

El Ministerio Público, señala a López Torres como el responsable de haber arrojado el vaso que hizo perder el ojo derecho a la joven víctima de esta agresión.

El imputado, cumple la medida decretada en un establecimiento penitenciario adecuado para cumplir la decisión del juez Rolando Duarte para quien existe el peligro de fuga y la posible obstrucción por lo que decretó la prisión a pedido del Ministerio Público.

El Ministerio Público inició las primeras diligencias como declaración de testigos, la constitución al Hospital donde está internada la joven que perdió el ojo tras ser acertada con un vaso de vidrio durante una gresca en un local nocturno.

La agente fiscal que lleva adelante el caso es Diana Laterza, informó que varias diligencias ya fueron practicadas con el fin de esclarecer las circunstancias del hecho que hizo perder un ojo a Dahiana Monserrat Benítez Ramos.

Por el momento, el Ministerio Público, tomó la declaración al hermano de la víctima quien estuvo presente en el lugar de hecho. Se realizó una constitución fiscal en el Hospital del Trauma a fin de constatar el estado de salud de la víctima, y recabar los informes médicos oficiales.

Además, se han tramitado oficios para la administración de la discoteca, de manera a que se puedan levantar imágenes del circuito cerrado para someter a pericia y sean incluidas como evidencia en el caso.
Igualmente, se realizaron otros oficios de pedidos de informes a otras entidades públicas y privadas, de modo a recabar otras informaciones relativas a esta investigación.

El hecho se registró en la madrugada del domingo siendo las 05:00 AM en la discoteca Kingfish, ubicada sobre Senador Long y España de Asunción. La víctima tuvo que ser intervenida de urgencia en el Hospital del Trauma donde se confirmó que perdió el ojo derecho a raíz del impacto del vaso de vidrio que le arrojaron.

La joven acudió al local nocturno para distenderse con sus hermanos, sin embargo, fue víctima de un impacto de vaso que le produjo un corte profundo que ocasionó la pérdida del ojo derecho lastimosamente.

La senadora Lilian Samaniego presentó un pedido para modificar la ley 5.876/17, que establece el procedimiento para el comiso de bienes que fueron obtenidos con fondos ilícitos, entre ellos vehículos de alta gama que van a parar en manos de altos funcionarios inescrupulosos.

La iniciativa surge luego de varias denuncias del mal uso que permite la Senabico de los vehículos incautados de esquemas criminales, que terminan siendo usados por particulares que nada tienen que ver con la lucha contra el narcotráfico.

La legisladora señaló que, es necesario que estos bienes incautados vayan a servir a sectores de la población en situación de carencia y no termine en manos de legisladores que de hecho tienen su flota vehicular y no tienen ninguna necesidad de usar estos móviles que son administrados por Senabico.

“El proyecto que presente es para que estos vehículos sean utilizados donde realmente se necesiten, que son por ejemplo emergencias, en salud pública en instituciones que le van a dar el uso requerido a este tipo de vehículos. No en otros lugares, acá el senado tiene su staff de vehículos, cada senador debería comprar su propio vehículo en todo caso, también hablo de otras instituciones que no sean donde realmente se necesiten”, acotó la proyectista.

Agregó que, solicitará que su propuesta sea derivada a la comisión de asuntos constitucionales del senado para darle un mayor sustento legal a lo requerido para evitar que estos bienes sigan siendo mal utilizados por personas que no necesitan.

Reiteró que institucionales como la Corte, Petropar, IPS y el Senado no necesita estos móviles porque son instituciones que no tienen carencias como si ocurre con salud, ya que estos vehículos en el interior del país podrían salvar vidas.

Dijo que la situación se ha vuelto insostenible y requiere de cierta objetivad el manejo y uso de estos objetos incautados de narcotraficantes.

Por último, reiteró la urgente necesidad de modificar este aspecto de la ley para rectificar el uso a discreción que se está dando a estos móviles lujosos.

El juez Rodrigo Estigarribia rechazó un amparo de pronto despacho presentado por la defensa Miguel Insfrán alias Tío Rico. El recurso fue formulado contra el Ministerio de Justicia a cuyo cargo está las condiciones de encierro del procesado.

El acusado busca cambiar su lugar de reclusión, actualmente cumple prisión preventiva en el penal de máxima seguridad de Minga Guazú, donde fue trasladado por orden de la jueza Rosarito Montanía tras su audiencia preliminar.

Según la acusación fiscal, Miguel Ángel Insfrán Galeano lideraba uno de los núcleos del narcotráfico conformado por integrantes de su familia y gente de su confianza, por otro lado, estaba el núcleo liderado por el uruguayo Sebastián Marset y por último se encuentra la facción criminal extranjera, específicamente de Bolivia, la cual se encargó de proveer a las agrupaciones ilícitas unidas en Paraguay, la sustancia estupefaciente consistente en clorhidrato de cocaína.

“Para las remesas de cargas de cocaína, Sebastián Marset y Miguel Insfran contaron con la participación de varias personas físicas, también de distintas empresas con perfiles adecuados que no despierten la sospecha de riesgo por parte de la administración de Aduanas, dedicadas precisamente al comercio internacional, cuyos encargados, igualmente integrantes de la organización criminal”, relata la acusación del agente fiscal Deny Yoon Pak.

Durante los allanamientos realizados como parte de la operación «A Ultranza Py», se descubrió una amplia variedad de vehículos, incluyendo aeronaves, automóviles de lujo y camiones de gran porte, todos ellos equipados con dobles fondos para el transporte de la mercancía ilícita. Además, se encontraron depósitos de gran tamaño ubicados estratégicamente en el departamento Central, cerca de puertos para facilitar la carga y posterior salida del país de la droga.

Este operativo contó con la colaboración de la DEA, de la policía de Uruguay, de la Europol y la SENAD con lo que el Ministerio Público pudo cerrar el caso.

El tribunal de sentencia presidido por el juez Juan Carlos Zárate, rechazó un pedido de aclaratoria presentado por la abogada Raquel Talavera quien solicitó al tribunal aclare si su cliente Ramón González Daher fue condenado o absuelto como instigador del tipo penal de quebrantamiento de depósito.

La defensa pidió al tribunal suplir la omisión en la sentencia, al no incluir en la parte resolutiva del veredicto de condena o absolución por el hecho punible de instigación al hecho punible de quebrantamiento de depósito.

“Nuestro defendido fue acusado por supuestamente instigar a una persona cercana al juzgado a la sustracción de 471 cheques. Referente a esa porción fáctica fue acusado y elevado a juicio oral y público, fue debatido durante la sustanciación, pero, no hay absolución ni condena, sobre este punto, teniendo derecho todo ciudadano a una respuesta. La calificación de condena se realiza por una segunda porción fáctica quedando entonces sin respuesta del juzgado los hechos que acuso el Ministerio Publico”, señaló la abogada Raquel Talavera.

El pedido de la defensa fue rechazado por el tribunal de sentencia que juzgó y condenó en la causa a RGD.

En esta causa, Ramón González Daher fue sentenciado a cumplir seis años de cárcel por reducción y quebrantamiento de depósito por el robo de 471 cheques del juzgado de Humberto Otazú.

Para el tribunal de sentencia se probó los extremos acusados por el Ministerio Público que requirió 12 años de encierro para el usurero, pero, para el tribunal la condena justa es la de seis años de penitenciaría.

El tribunal de sentencia integrado por los jueces Juan Carlos Zárate, Héctor Capurro y la jueza María Fernanda García de Zúñiga, condenó a Ramón González Daher por haber robado parte de las evidencias en la causa donde fue condenado a 15 años de cárcel.

El condenado participó por medios telemáticos desde la cárcel de su juicio oral donde una vez más le imponen una condena por su reiterada conducta delictual.

El fiscal Luis Piñanez, pidió que el encausado sea condenado a 12 años de prisión en base a las pruebas arrimadas ante el tribunal que juzgó el caso, pero, el tribunal le aplicó el 50 % de lo solicitado.

La fiscalía probó que González Daher sustrajo en total 471 cheques que se encontraban en el juzgado de Humberto Otazú, como evidencia y las usó para seguir extorsionando a sus víctimas.

La jueza especializada Rosarito Montanía, convocó para el próximo 5 de diciembre a las 9:00 al Pastor José Insfrán para enfrentar su audiencia preliminar donde será analizada la reciente acusación formulada por el Ministerio Público.

El agente fiscal Deny Yoon Pak, presentó acusación contra José Insfrán por tráfico internacional de droga y otros hechos punibles por su participación en la organización criminal liderada por su hermano Miguel Insfrán alias Tío Rico.

El Ministerio Público menciona en la acusación que el hoy acusado José Insfrán, con su hermano Miguel Insfrán lideraban el esquema de tráfico internacional de cocaína a Europa.

El pastor fue acusado por los tipos penales de tráfico internacional de droga, asociación criminal y lavado de activos. Es considerado pieza clave junto con su hermano Tío Rico dentro del grupo criminal.

Insfrán, se encargó de la constitución de empresas y su Iglesia centro de avivamiento que fue utilizada para introducir dinero proveniente del tráfico de droga al sistema financiero.

Relata la acusación que, entre el año 2020 y 2021, varias organizaciones criminales se agruparon en una sola en el territorio nacional para concretar una mega estructura de tráfico internacional de cocaína y lavado de dinero.

La organización criminal estaba encabezada por el uruguayo Sebastián Marset y su socio el paraguayo Miguel Ángel Insfrán y el pastor José Insfran.

La organización criminal fue desbaratada tras el operativo A Ultranza Py, este operativo contó con la colaboración de la DEA, de la Europol y la Policía de Uruguay. Es el primer operativo de esta envergadura que dejó al descubierto los tentáculos y las ramificaciones del crimen organizado en la política, Iglesias y empresas dedicadas a lavar el dinero producto del narcotráfico.

Arrojó como resultado la incautación de bienes por un valor estimado de 100 millones de dólares consistentes en bienes inmuebles, vehículos de alta gama, dinero en efectivos y helicópteros. Así también fueron incautados documentos y aparatos celulares para la investigación. Los bienes ya son administrados por la Senabico.

Los primeros acusados en la causa ya tienen fecha de juicio oral para febrero del 2025.

El Tribunal de sentencia presidido por la jueza Adriana Planás, a pedido del Ministerio Público postergó para 3 de marzo del 2025 el inicio del juicio oral y público para Arnaldo Giuzzio acusado de tener vínculos con un narco.

Giuzzio, también designó un nuevo abogado defensor por lo que la diligencia que debía iniciarse este lunes quedó pospuesta para marzo del año que viene.

Según la fiscalía Giuzzio, tiene vínculos con el narcotraficante brasileño Marcus Vinicius detenido en su país, quien pretendía ser proveedor de insumos tácticos para la Policía Nacional por ello le prestó a Giuzzio una camioneta para vacacionar.

La fiscalía asegura tener certeza plena de la conducta punible desplegada por el exministro del Interior, señala que el acusado Arnaldo Giuzzio estuvo en territorio brasileño utilizando la camioneta prestada por Marcus Vinicius Espínola, desde el 26 de diciembre de 2021 al 7 de enero de 2022.

“Teniendo en cuenta todo el material probatorio recopilado, es posible afirmar que Arnaldo Giuzzio tenía pleno conocimiento de las intenciones de Marcus Vinicius de contratar con el Estado Paraguayo y, en particular, con la cartera que él representaba”, sostiene parte del escrito de acusación contra Giuzzio que debe ser debatida en audiencia oral.

Sin embargo, la defensa de Giuzzio, viene sosteniendo desde el inicio del proceso que no existe hecho punible alguno, ya que Vinicius nunca contrató con el Ministerio del Interior y que Giuzzio nunca recibió ningún beneficio, ya que el supuesto préstamo de vehículo fue negado por el propio Marcus Vinicius.