La fiscal Analía Rodríguez imputó a un hombre por los delitos de coacción grave y violación de la patria potestad luego de que amenazara con arrojarse al río junto a los tres hijos menores de su pareja. El hombre, 56 años, se encuentra actualmente privado de libertad.

Según la investigación, el 19 de noviembre de 2024, a las 20:00 horas aproximadamente, el imputado llegó en su motocicleta hasta la vivienda de su concubina, situada en el km 9 Acaray, a unos 6.000 metros de la ruta PY02, fracción Cielo Azul, de Ciudad del Este. Al no encontrar a la mujer en el lugar, decidió llevarse a los tres niños de 2, 4 y 6 años.

Previamente, se comunicó por teléfono con la madre de los niños, a quien le dijo en guaraní: «ndeiko ejuta» (¿vendrás?), y al recibir una negativa por parte de ella, quien explicó que no había cobrado aún su sueldo, el sindicado reaccionó con una amenaza: «bueno, ya que no me respetas, vas a saber… aguérata la mitâ kuera ha ajepoita ype hendive kuera» (voy a llevar a los niños y me tiraré al río con ellos).

Tras cortar la llamada, la madre intentó nuevamente comunicarse con él, pero fue atendida por una persona desconocida, quien le indicó que solo había prestado su celular al hombre. La mujer recibió un mensaje a través de WhatsApp de su hijastro, quien le informó que el sospechoso se encontraba a bordo de su motocicleta con los tres niños y que les había reiterado que se lanzaría al río.

No obstante, al día siguiente, el 20 de noviembre, el hoy procesado fue localizado y detenido por agentes policiales en la vía pública del km 10 Monday, de la capital del Alto Paraná. Los niños fueron rescatados y se encontraban en buen estado de salud. Fueron revisadas por un médico forense y asistidas por una profesional del Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público para la contención psicológica.

La fiscal Analía Rodríguez solicitó al Juzgado de Garantías convertir en prisión la detención del encausado, considerando la gravedad de sus actos.

La abogada Noelia Núñez confirmó la nueva detención en Posadas de Néstor Barczuk uno de los secuestradores de Cristhian Schaerer y del intento de secuestro de su cliente Juan Pablo Schaerer. La abogada mencionó que están muy esperanzados en que esta vez sí se haga justicia.

La profesional comentó que solicitarán una reunión con el fiscal general del Estado Emiliano Rolón para lograr la designación de fiscales comprometidos en esclarecer los numerosos casos de secuestros de las cuales se le sindica a Barczuk.

El hombre está sospechado de haber perpetrado los secuestros de María Angela Martínez, María Mercedes Elizeche y el intento de secuestro del señor Juan Pedro Schaerer.

“Hace un par de horas se le capturó en Posadas Argentina a esta persona sindicada como uno de los secuestradores de Cristian Schaerer, ya está al tanto el fiscal federal argentino. Vamos a tratar de contactar con el fiscal general para ver si podría poner personas idóneas en la causa para que esta vez no pierdan la posibilidad de extraditarlo, someterlo a proceso y que se haga justicia”, acotó la abogada.

Néstor Horacio Barczuk, fue extraditado de Argentina a nuestro país el 7 de marzo de este año y el Ministerio Público dejó que cumpla seis meses en prisión preventiva, para luego pedir su sobreseimiento provisional y libertad, sin haber realizado ninguna diligencia.

La fiscalía a cargo de la fiscal María Irene Álvarez nunca lo citó a una indagatoria en la etapa investigativa. Ahora cuenta con un sobreseimiento provisional y un nuevo pedido de captura que fue ejecutada en la fecha.
Varios casos de secuestro perpetrados por esta empresa criminal liderada por Barczuk podrían quedar impunes por manos del propio Ministerio Público que no ha realizado su labor dentro de estas causas que fueron acumuladas y pese ello, no se acusó en debida forma en ninguna de ellas.

El doctor Ricardo Merlo brindó una charla informativa para las comisiones vecinales y alumnos de la cátedra de derecho ambiental de la UNIDA en la que se expuso la grave situación que afrontan los vecinos de Tablada con la operatividad de los frigoríficos y curtiembres de Tablada.

Merlo, recordó el grave daño al medio ambiente y a la salud de los pobladores que residen en la zona afectada por el funcionamiento de estas empresas, que solicitan sean trasladadas a otra zona del país fuera de la zona urbana en la que operan hasta la fecha.

La iniciativa tiene la finalidad de difundir a otros sectores de la población las condiciones de vida a la que son sometidos los vecinos de esta zona. Los jóvenes estudiantes se comprometieron incluso ir hasta la zona afectada para observar donde terminan los desechos y la forma irregular en la que son procesadas las menudencias.

Además, se adelantó que todos los sectores que suman la voz entre ellos los alumnos de la UNIDA, contra los frigoríficos y curtiembres emitirán una declaración sobre esta preocupación.

Ricardo Merlo subrayó que las comisiones vecinales que se han animado a denunciar pese a los amedrentamientos lo han hecho por que están cansados de las condiciones de vida que llevan al soportar los olores nauseabundos.

El Ministerio Público hasta el momento no ha formulado imputación en la causa y recientemente los vecinos tuvieron que ratificar la denuncia contra las empresas para que el caso no quede una vez más impune.

FOTO: RDN

El tribunal de sentencia integrado por los jueces: Inés Galarza, Juan Dávalos y Pablino Barreto, fijó fecha de juicio oral y público para el senador Erico Galeano sospechado de tener de tener vínculos con el crimen organizado.

El colegiado estableció como fecha de inicio del juicio desde el 17 junio al 11 de julio del 2025, donde Galeano será juzgado por haber prestado colaboración al esquema de Sebastián Marset y Miguel Insfrán alias Tío Rico.

El senador colorado Erico Galeano, está acusado por la fiscalía por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, por haber prestado colaboración y estar al servicio de la organización criminal liderada por Miguel Insfrán alias Tío Rico y Sebastián Marset, según la acusación fiscal.

El Ministerio Público está representado en esta causa por el fiscal Silvio Corbeta. En el debate oral se expondrán las pruebas ofrecidas por la fiscalía en contra del senador acusado de colaborar con el crimen organizado.

El senador colorado Erico Galeano fue acusado por asociación criminal y lavado de dinero por haber supuestamente prestado su avión a Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán alias Tío Rico y recibía dinero a cambio de esta actividad, además simuló la venta de su casa en Aqua Village por 1 millón de dólares a Tío Rico, dice la fiscalía.

La acusación afirma que Erico Galeano no solo prestó su avioneta a los líderes de la organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína, sino que estaba al servicio de la organización criminal y que no es casualidad que Marset y Tío Rico usaran su aeronave en reiteradas ocasiones.

“Erico Galeano Segovia no solamente estuvo vinculado con la referida organización criminal por el acto de compraventa del inmueble en Aqua Village, sino también les brindó a los principales líderes, además de Miguel Ángel Insfrán Galeano, a Sebastián Enrique Marset Cabrera, entre otros, el medio de transporte de su propiedad, para que los citados puedan trasladarse dentro del territorio nacional”, relata parte la acusación que debe ser debatida en la audiencia oral.

Esta causa es un desprendimiento del operativo A Ultraza PY, que fue el mayor operativo contra el crimen organizado en nuestro país que contó con la colaboración de la DEA, la EUROPOL, la Policía uruguaya y la Senad.

Es una de las mayores intervenciones realizadas en el país contra una estructura dedicada al tráfico de droga y lavado de activos, se llegó a incautar más 150 millones de dólares en bienes inmuebles que actualmente están siendo administradas por la Senabico.

A pedido del Ministerio Público, el juez Rodrigo Estigarribia concedió la suspensión condicional del procedimiento al joven que por meses no fue a trabajar a la cámara de Diputados donde fue contratado como asesor de su madre.

La fiscalía planteó la salida de suspensión condicional del procedimiento para evitar un juicio oral y público ya que el procesado ofreció la reparación del daño causado donando G 50 millones como reparación social, más G 50 millones de devolución a las arcas del Estado al que defraudó.

El hijo de la diputada Roya Torres fue contratado como asesor de su madre en la cámara baja con un salario de G 9.500.000. El joven siendo solo bachiller ganaba dicha suma y no se presentó a su lugar de trabajo según las primeras diligencias practicadas por el Ministerio Público, incluso el GPS lo llegó a ubicar en otros lugares en horario laboral.

Para esta salida procesal se exige el reconocimiento del hecho para acceder a este beneficio y según el fiscal es una oportunidad para el joven procesado y sindicado como uno de los nepobabys del Congreso.

El joven exfuncionario fue imputado en calidad de autor del cobro indebido de honorarios mientras que su madre soporta el mismo cargo, pero como cómplice.

Para el Ministerio Público existe un perjuicio patrimonial al Estado ya que no existió una contraprestación de servicio por parte del imputado y además de no requerir la calidad asesor, figura utilizada para ser contratado.

El escándalo de nepotismo en el Congreso se denunció desde el año pasado situación que ha puesto al descubierto el brutal manejo del dinero público en las cámaras del Congreso donde hijos, parejas y personas cercanas a los legisladores son contratados en calidad de asesores bajo la figura del “cargo de confianza”, sin que los mismos tengan la especialización para el cargo.

Elías Godoy Torres, hijo de la diputada Roya Torres se presentó en tribunales para su audiencia preliminar tras su acusación por cobro indebido de honorarios.

La fiscalía planteó la salida de suspensión condicional del procedimiento para evitar un juicio oral y público ya que el procesado ofreció la reparación del daño causado.

El hijo de la diputada Roya Torres fue contratado como asesor de su madre en la cámara baja con un salario de G 9.500.000. El joven siendo solo bachiller ganaba dicha suma y no se presentó a su lugar de trabajo según las primeras diligencias practicadas por el Ministerio Público, incluso el GPS lo llegó a ubicar en otros lugares en horario laboral.

El joven exfuncionario fue imputado en calidad de autor del cobro indebido de honorarios mientras que su madre soporta el mismo cargo, pero como cómplice.

Para el Ministerio Público existe un perjuicio patrimonial al Estado ya que no existió una contraprestación de servicio por parte del imputado y además de no requerir la calidad asesor, figura utilizada para ser contratado.

El escándalo de nepotismo en el Congreso se denunció desde el año pasado situación que ha puesto al descubierto el brutal manejo del dinero público en las cámaras del Congreso donde hijos, parejas y personas cercanas a los legisladores son contratados en calidad de asesores bajo la figura del “cargo de confianza”, sin que los mismos tengan la especialización para el cargo.

La defensa del joven plantea la devolución de 50 millones de guaraníes. Para la salida procesal, el acusado debe reconocer el hecho.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia Luis María Benítez Riera, volvió a exhortar a los jueces que impriman celeridad a los juicios de asistencia alimentaria y los juicio de cobro de honorarios de los profesionales abogados.

El ministro Luis María Benítez Riera, ya el año pasado en esta misma fecha había instado a los magistrados de todos los fueros e instancias a que impriman celeridad a los juicios de cobro de honorarios profesionales de abogados y la de la asistencia alimentaria.

Se aproxima fin de año y los profesionales del derecho merecen cobrar por el litigio que vienen realizando durante el año y hacer efectivo su derecho de percibir sus regulaciones y los magistrados están obligados a emitir las resoluciones para que los letrados puedan recibir sus merecidas remuneraciones.

Benítez Riera, recordó a los jueces que den prioridad a las regulaciones de honorarios profesionales y la de los juicios de prestación alimentaria para que los niños, niñas y adolescentes reciban la vital asistencia de sus padres.

Se requiere a los magistrados a nivel país ordenar la regulación profesional de los litigantes que solo perciben honorarios producto de sus litigios, por ende, dependen directamente de la decisión del juez de su caso para poder cobrar sus honorarios profesionales.

Los derechos de los niños también deben ser priorizados por los magistrados ya que la alimentación es vital para que los niños crezcan sanamente.

Un tribunal de sentencia aplicó la ejemplar condena de 22 años y de 13 años de cárcel por proxenetismo y abuso sexual en niños, la víctima en este caso es un niño en situación de calle.

Un niño de solo 12 años en situación de vulnerabilidad es la víctima de tres personas adultas quienes aprovecharon la situación de calle a la que estaba expuesto el pequeño para exponerlo a situaciones de alta vulneración.

La agente fiscal María Isabel Arnold sostuvo la acusación en representación del Ministerio Público y obtuvo una alta condena contra 3 personas acusadas por proxenetismo y abuso sexual en niños.
La condena es de suma relevancia, pues sienta un precedente importante en casos de abuso sexual y explotación contra niños en situación de calle, afectando gravemente la vulnerabilidad de la víctima.

Fueron condenados: Jorge Manuel Simberli por el hecho punible de abuso sexual en niños, condenado a 22 años de pena privativa de libertad, la señora Ninfa Ramona Servín Valdez por los hechos punibles de: Abuso sexual en niños y el hecho punible de proxenetismo, condenada a 13 años de pena privativa de libertad y C. A. S. V. (Madre de la víctima) por violación del deber de cuidado o educación, madre del niño, condenada a 3 años de pena privativa de libertad según el marco normativo vigente.

La víctima, es un niño de 12 años, que vendía golosinas en la calle, manifestó que la hoy condenada Ninfa Servín abusaba sexualmente de él, al tomarle imágenes de contenido pornográfico, además, ofrecía a los choferes de larga distancia para mantener relaciones sexuales, tanto Ninfa como el menor de edad eran ofrecidos, para actos de todo tipo.

Esta situación de vulnerabilidad se comunicó a la Fiscalía y desde ese momento se tomó intervención, y se constató que realmente el niño estaba en situación de calle y era explotado tanto por la mujer de nombre Ninfa identificada por la Fiscalía como también por Jorge Simberli.
El niño manifestó incluso que, Jorge Simberli en una ocasión llevó hasta la plaza Uruguaya, donde abusó sexualmente de él y a la vez 4 personas adultas observaron el abuso del niño, estos hechos de abuso fueron filmados por el procesado Jorge Simberli.

Con la investigación y la inspección física medica del niño se constató los hechos relatados.

La madre del niño también fue condenada, puesto que sabía de esta situación, pero no hizo nada para denunciar, ni para protegerlo. Para el tribunal de sentencia las pruebas arrimadas por el Ministerio Público fueron contundentes por lo que aplicó la pena más alta en este tipo de hechos al principal implicado.