La justicia paraguaya oficializa un nuevo pedido de extradición de Néstor Barczuk esta vez es requerido por el intento de secuestro de Juan Schaerer, causa que, por poco quedó impune por negligencia del Ministerio Público que al tener extraditado al hombre no realizó ninguna diligencia, ni lo citó a declarar lo que permitió su sobreseimiento provisional y libertad.

Con este nuevo pedido al vecino país, se espera que nuevamente Barczuk sea entregado a Paraguay para afrontar cargos por el intento de secuestro de Juan Schaerer.

El juzgado ya firmó la ampliación del exhorto de extradición del considerado líder de una empresa criminal que perpetró varios secuestros en nuestro país y Argentina.

El documento ya obra el poder de la cancillería que debe remitir nuevamente los antecedentes a su par de Argentina para iniciar nuevamente el proceso de extradición de Barczuk, quien quedó liberado a pedido del Ministerio Público local.

La abogada Noelia Núñez confirmó que, la documentación se encuentra tramitada y que avanza un nuevo requerimiento para que el procesado afronte cargos por el secuestro de su cliente Juan Schaerer.

La semana pasada, Néstor Barczuk fue detenido en Posadas es considerado uno de los secuestradores de Cristhian Schaerer y del intento de secuestro de su cliente Juan Pablo Schaerer. La abogada mencionó que estaban muy esperanzados en que esta vez sí se haga justicia.

La profesional remarcó que solicitarán una reunión con el fiscal general del Estado Emiliano Rolón para lograr la designación de fiscales comprometidos en esclarecer los numerosos casos de secuestros de las cuales se le sindica a Barczuk.

Néstor Horacio Barczuk, fue extraditado de Argentina a nuestro país el 7 de marzo de este año y el Ministerio Público dejó que cumpla seis meses en prisión preventiva, para luego pedir su sobreseimiento provisional y libertad, sin haber realizado ninguna diligencia.

La fiscalía a cargo de la fiscal María Irene Álvarez nunca lo citó a una indagatoria en la etapa investigativa. Ahora cuenta con un sobreseimiento provisional y un nuevo pedido de captura que fue ejecutada.

El juez de Garantías Miguel Palacios convocó para el 9 de diciembre, a las 8, la audiencia preliminar para Reinaldo Javier «Cucho» Cabaña, el exdiputado colorado Ulises Quintana y los demás acusados por el caso Berilo.

La citación a las partes se realiza bajo esta modalidad ya que la audiencia preliminar no ha podido avanzar hace años desde esta etapa. Los acusados ya llevan años en prisión preventiva. Algunos ya recuperaron su libertad por compurgamiento de la pena mínima por crimen.

Han transcurrido más de cinco años y hasta ahora no se ha superado la etapa de garantías en la causa debido a incidentes y recusaciones a los distintos jueces que han intervenido en el caso. Sumado a que el Ministerio Público, presentó la acusación, pero se dio por no presentada porque no fueron acompañadas las evidencias. La Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, confirmó que la acusación se presentó tarde y remitió el expediente a la fiscalía general para su acusación.

«Cucho» Cabaña fue acusado por la fiscalía de asociación criminal, tráfico y comercialización de estupefacientes, mientras que el diputado Ulises Quintana fue acusado de lavado de dinero y asociación criminal.

El operativo Berilo se llevó a cabo en distintos puntos de Alto Paraná en forma conjunta entre el Ministerio Público y la Senad en septiembre de 2018. En su momento, se detuvieron a más de 30 personas, pero posteriormente se descartó la participación de algunos, quedando un total de 24 personas involucradas en el proceso penal que deben enfrentar la audiencia preliminar.

En ese entonces, se realizaron diversas diligencias investigativas, incluyendo aproximadamente 20 allanamientos, en los cuales se incautaron 23 vehículos de lujo, 21 kilogramos de cocaína y dinero en efectivo por parte de los intervinientes.

Ante la jueza Mesalina Fernández, se inició este miércoles el juicio oral y público para Santiago Javier Aguade Duarte, conocido como el «Vecino Rompe Autos».

El hombre fue querellado por Diego Octavio Sánchez, residente del barrio Las Lomas, quien ha interpuesto una querella de acción penal privada por daño contra Santiago Javier Aguade Duarte, conocido como el «Vecino Rompe Autos». Sánchez busca la reparación por el perjuicio causado a su vehículo de la marca Porsche y evitar futuras víctimas de este individuo.

Los hechos, relatados en la querella presentada, ocurrieron el 16 de junio de 2023, alrededor de las 20:30 horas aproximadamente. Según se menciona, el querellado salió a la calle con un objeto contundente y procedió a dañar severamente el parabrisas trasero, faros traseros, valijera trasera, alerón trasero y pintura del automóvil propiedad de Sánchez. Un vecino fue testigo de la situación y alertó a Sánchez, quien acudió de inmediato. En ese momento, el querellado ingresó a su domicilio profiriendo insultos y amenazas, incluso de muerte, desde detrás de su portón.

La querella ha sido presentada con el objetivo de sentar un precedente y poner fin a los actos perjudiciales del «Vecino Rompe Autos» hacia sus vecinos. Se denuncia que este individuo, simplemente por estacionar en la calle frente a su vereda, comete actos que trascienden la prepotencia y afectan el patrimonio de terceros.

Según Secundino Méndez, abogado querellante, esta acción judicial busca que la justicia actúe y detenga las conductas abusivas del querellado hacia sus vecinos, quienes han sido afectados por sus acciones. El «Vecino Rompe Autos» ha sido mencionado frecuentemente en los medios de comunicación por diversos incidentes, siendo el daño a los vehículos de sus vecinos su principal conducta negativa. Su fama en las redes sociales ha llevado a que sea conocido como el «Vecino Rompe Autos».

La querella solicita que se admitan todas las pruebas presentadas en la causa y que se imponga la máxima pena por el delito querellado, así como el pago de una composición y las costas correspondientes. Se espera que esta acción legal marque un precedente y ayude a proteger a los vecinos de las acciones destructivas del «Vecino Rompe Autos».

La justicia deberá evaluar las pruebas presentadas y tomar las medidas necesarias para garantizar que los daños sufridos por Diego Octavio Sánchez sean reparados debidamente y se eviten futuras víctimas del «Vecino Rompe Autos».

Ante la jueza Cynthia Lovera se desarrolla la audiencia preliminar para el cantante Pablo Benegas acusados de haber drogado y abusado de dos hermanitas, una niña de 11 y una adolescente 16.

En esta audiencia se decidirá si el cantante va a juicio oral y público como lo requiere el Ministerio Público que sostiene tener elementos de prueba suficientes para debatir el caso en audiencia oral.

El Ministerio Público acusó a Pablo Benegas por abuso sexual en niños, pornografía relativa a niños, proxenetismo, coacción sexual y violación.

Resultaron víctimas dos niñas en estado de vulnerabilidad. La fiscal Alejandra Savorgnan formuló la acusación y pidió que la causa sea elevada a juicio oral y público.

El Ministerio Público sostiene que durante el periodo investigativo se pudo colectar numerosas evidencias entre ellas las declaraciones de las víctimas en Cámara Gesell, pericias informáticas, declaración de testigos y otros medios de prueba que confirman que Pablo Benegas drogó y abuso de ambas víctimas.

Durante el desarrollo de la Cámara Gesell, las víctimas realizaron un detallado relato de lo ocurrido en la casa del acusado el 9 y 10 de noviembre del 2023. Este caso tuvo una gran trascendencia el año pasado, luego de que las niñas llegaran hasta un Hospital público con un cuadro de aparente intoxicación y rasgos de haber sido abusadas y señalaron como responsable al músico hoy acusado.

Según el relato de la fiscalía, el 9 de noviembre del 2023 Pablo Benegas habría llevado a su vivienda a las dos hermanitas una niña de 11 y una adolescente de 16, ambas en condiciones de vulnerabilidad. El hombre, bajo engaño les dio de comer y tomar gaseosa, ambos contenían cocaína y Benzodiacepina, le dio G 500.000 a la de 16 años y se aprovechó de la condición de las víctimas y las agredió sexualmente.

Ambas niñas consumieron la comida y la gaseosa y a la más pequeña afectó gravemente, por lo que fue asistida horas después en el Hospital de Barrio Obrero, donde ambas permanecieron por diez días hasta que se les dio su alta médica.

El acusado no solo dopó a las niñas y abusó de ellas, también las filmó y le hizo ver a la adolescente videos de tinte sexual en la que el acusado mantenía relaciones sexuales con otras mujeres con el mismo atuendo que le hizo vestir a las niñas, según pudo probar el Ministerio Público durante su investigación por lo que solicita que la causa sea elevada a juicio oral y público.

Desde su imputación Pablo Benegas guarda prisión preventiva en Emboscada, desde donde participa por medios telemáticos de su preliminar.

La fiscal Liliana Denice Duarte imputó y solicitó la prisión preventiva de un hombre sindicado de maltratar física y verbalmente a su madre de 60 años, además de mantenerla atemorizada con constantes amenazas de muerte.

El presunto agresor, identificado como Alfredo Ramón Galeno de 33 años, se encuentra actualmente privado de libertad luego de ser procesado por la justicia por violencia hacia su madre.

De acuerdo con la investigación, la agresión ocurrió el sábado 9 de noviembre de 2024, alrededor de las 17:00 horas, en el kilómetro 6,5 Monday, Fracción Villa Guaraní, de Ciudad del Este. En ese momento, la víctima estaba sentada frente a su casa y le pidió a su hijo que se apartara de las drogas y mejorara su conducta, señalando que le hacía pasar vergüenza en el vecindario.

Estas palabras fueron mal recibidas por el hombre, quien reaccionó violentamente y propinó un puntapié en la pierna derecha a su madre, ocasionándole lesiones. Para evitar continuar siendo agredida, la mujer ingresó a su vivienda y se encerró en una habitación.

Posteriormente, la víctima denunció el hecho ante las autoridades, declarando que su hijo presuntamente la maltrataba de manera constante, además de insultarla repetidamente y amenazarla de muerte. La sexagenaria expresó temor por su vida, ya que el hombre suele portar arma blanca (cuchillo).

Basándose en las pruebas reunidas, la fiscal Liliana Duarte ordenó la detención preventiva del presunto agresor, medida que se cumplió el 24 de noviembre de 2024. Finalmente, el hombre fue imputado y se solicitó su prisión preventiva.

El juez José Agustín Delmás, pospuso para el próximo 3 de diciembre a 8 la audiencia preliminar para la actuaria Juliana Romero acusada por el Ministerio Público de haber camuflado el expediente del usurero Ramón González Daher.

La diligencia quedó pospuesta ya que la acusada fue sometida a un procedimiento médico. Con anuencia fiscal, la audiencia fue reagendada para diciembre por el juez que lleva el caso.

El Ministerio Público formuló acusación y pidió juicio oral y público para la actuaria Juliana Romero, por presuntamente haber camuflado uno de los expedientes de Ramón González Daher con su propio usuario.

La agente fiscal Ruth Benítez, acusó a la funcionaria judicial por sabotaje a sistemas informáticos, simulación de un hecho punible, frustración de la persecución y ejecución penal y realización del hecho por funcionarios.

El Ministerio Público asegura que, tiene numerosos elementos de prueba para sostener una acusación contra Juliana Romero en un eventual juicio oral y público por lo que requiere que la causa sea elevada a esa etapa.

Según la fiscal de la causa, la funcionaria uso su usuario y contraseña para modificar el expediente de Ramón González Daher, e incluso, siempre según el relato fiscal ella pidió quedarse con el expediente del usurero luqueño.

Entre las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público está la declaración como testigo del juez Darío Báez, en cuyo juzgado se encontraba el expediente con miras al juicio oral y público, así como otros funcionarios de este juzgado, cuyos relatos la fiscalía lo tiene como ciertos, los mismos de forma unánime señalaron que Romero nunca permitía que su computadora sea utilizada por sus compañeros con lo que para el Ministerio Público fue ella con su usuario Ju_Romero la que accedió camuflar el expediente del usurero Ramón González Daher.

La abogada de Ramón González Daher, Raquel Talavera, apeló la sentencia que condenó a su cliente a seis años de prisión por el hurto de 471 cheques del juzgado del juez Humberto Otazú.

La defensa presentó un recurso de apelación especial contra el fallo que sentencia a RGD a cumplir seis años de prisión por el robo de cheques que formaban parte de las evidencias que el Ministerio Público presentó en su contra en la causa donde fue condenado a 15 años de encierro.

Para la defensa, existe una omisión y falta de fundamentación en la sentencia del tribunal respecto al tipo penal de quebrantamiento de depósito y hurto agravado lo que vician de nulidad absoluta la sentencia que hoy recurren en alzada.

“Durante toda la sustanciación del juicio oral y público como surge de la misma resolución recurrida y de las actas del juicio oral y público, que solicitamos sea agregado como prueba, se debatió, y esta parte sostuvo que referente a la acusación de esta porción fáctica debería darse la absolución, porque no se encuentra individualizado el autor, autor material de la sustracción, al que la defensa denominó “x” “NN” “fantasma” y en estas condiciones no encontrándose “el otro” no se podría aplicar el artículo 30 del Código Penal. Asimismo, que la instigación es una conducta que debe probarse antes de los hechos y no posterior de los hechos.

En las condiciones más arriba descriptas, en la sentencia recurrida no se ha resuelto sobre esta primera parte de los hechos, no se ha determinado en la parte dispositiva la absolución o la condena, y lógicamente no se ha fundamentado para dar respuesta al justiciable de la acusación por el que la causa fue elevada a juicio oral y público y de lo que fue objeto del juicio. Como se puede corroborar de la parte resolutiva de la sentencia”, dice parte de la apelación presentada por la abogada Raquel Talavera que busca la anulación del fallo contra su cliente.

En su momento, el tribunal de sentencia presidido por el juez Juan Carlos Zárate, condenó a seis años de cárcel a Ramón González Daher por reducción y quebrantamiento de depósito por el robo de 471 cheques del juzgado de Humberto Otazú.

Para el tribunal de sentencia se probó los extremos acusados por el Ministerio Público que requirió 12 años de encierro para el usurero, pero, para el tribunal la condena justa es la de seis años de penitenciaría.

El tribunal de sentencia integrado por los jueces Juan Carlos Zárate, Héctor Capurro y la jueza María Fernanda García de Zúñiga, condenó a Ramón González Daher por haber robado parte de las evidencias en la causa donde fue condenado a 15 años de cárcel.