La jueza Alicia Pedrozo, ordenó la extracción de datos de los aparatos celulares y otros dispositivos incautados en el marco de la investigación por amaños en disputas deportivas en las que se direccionaba los resultados para obtener las ventajas en las apuestas.

A pedido del agente fiscal que investiga el caso, Federico Delfino se ordena la extracción de información para avanzar en el proceso investigativo respecto a los imputados de pertenecer al esquema de fraude en el deporte.
En su momento la jueza Alicia Pedrozo, había decretado la prisión preventiva de Milciades Cañete Grance, Víctor Valiente Piris, Dahiana Recalde Coronel, Yamile Caballero Peralta, Jonatan Martínez Jara y Romina Rodríguez Alvarenga, son seis de los siete imputados de integrar una asociación criminal para direccionar resultados de disputas deportivas a cambio de sobornos.

El Ministerio Público, afirma tener suficientes elementos de convicción que hacen sospechar de la existencia de los hechos punibles como la coacción, estafa y asociación criminal por ello, imputó a Luis Esteban Cañete Torres, Milciades Senen Cañete Grance, Victor Pantaleón Valiente Piris, Dahiana Katherine Recalde Coronel, Yamile Belén Caballero Peralta, Jonathan Darío Martínez Jara y Romina Fabiola Rodríguez Alvarenga. Requirió prisión preventiva como medida cautelar para todos los investigados.

Según el relato de hechos, el 8 de mayo de 2024, el Departamento de Antisecuestros informó al Ministerio Público sobre la presunta creación de un grupo criminal liderado por Luis Esteban Cañete Torres, destinado a amañar partidos de fútbol organizados por la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) con fines de apuestas deportivas.

Cañete Torres contó con el apoyo de Milciades Senen Cañete Grance, encargado de los pagos a jugadores, y Víctor Pantaleón Valiente Piris, quien reclutaba jugadores para influir en los resultados.

Se estima que, Cañete Torres y su equipo contactaron en varias ocasiones con futbolistas profesionales como Dahiana Katherine Recalde Coronel (Club 2 de Mayo), Yamile Belén Caballero Peralta (Club Sol de América) y Jonatan Darío Martínez Jara (Atlántida de Barrio Obrero), quienes a su vez contactaron a otros jugadores para “ir a menos” durante los partidos oficiales de la APF. Este esquema se sustentaba en el pago de incentivos económicos, siendo una de las jugadoras involucradas Romina Fabiola Rodríguez Alvarenga (Sol de América), quien habría aceptado sobornos y reducido su rendimiento en partidos, afectando al club.

Además, se menciona que Cañete Torres contactó a jugadores del Club Gral. Caballero de Juan León Mallorquín, a quienes ofreció sumas en dólares y guaraníes para disminuir su rendimiento y favorecer a sus rivales en apuestas deportivas. Cuando algunos jugadores no cumplieron con lo pactado, Cañete Torres exigió la devolución del dinero e impuso amenazas contra ellos y sus familias.

El 28 de octubre de 2024 se realizaron allanamientos, incautándose celulares, agendas y cuadernos que documentan pagos y ganancias, evidenciando las actividades de la organización criminal que ahora serán sometidas a pericia.

El juez Osmar Legal ratificó el arresto domiciliario del acusado Alexandre Reichardt de Souza, acusado de formar parte del esquema de lavado de activos montado en Paraguay por el narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão.

La defensa del acusado requirió la libertad ambulatoria por compurgamiento de la pena mínima, según lo alegado por su abogada Celina Rodríguez, pero, el juez decidió mantener el arresto domiciliario para el procesado.
El Ministerio Público acusó a Alexandre Reichardt de Souza y otros 23 integrantes de la estructura de lavado de activos en nuestro país, esquema montado por el narco brasileño Jarvis Chimenes Pavão.

Los agentes fiscales Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres, señalan en la acusación que cuentan con suficientes elementos de prueba para sostener una acusación en un eventual juicio oral y público contra las 24 personas cómplices de Pavão.

Igualmente, el Ministerio Público requirió el comiso de 60 bienes, entre las cuales se encuentran las estancias; Cielo de Dios, Villa Loma, Cristo Rey, Confinamiento, Salmo 23, María Cristina, Jandira, Ramonita Pavao, Iglesinha, Pindura y Negla Poty, que ya están administradas por la Senabico. El operativo Pavo Real, desmanteló un esquema de lavado de activos producto del tráfico de droga, montado en Paraguay por el narcotraficante Jarvis Chimenes Pavao, esquema que viene operando desde hace 30 años, es decir, toda la vida delictiva de Pavao.

Actualmente se ha identificado a 41 integrantes del esquema, entre ellos parientes cercanos de Pavao, así como abogados, contadores entre otros. De los cuales 24 fueron acusados por el Ministerio Público.

Se estima que este grupo criminal llegó a lavar más de 150 millones de dólares en bienes en nuestro país. Esto con el objetivo introducir activos provenientes del tráfico de drogas al sistema financiero. A partir de ello, en virtud de informes proveídos por instituciones públicas y privadas, se pudo determinar que una gran cantidad de personas de nacionalidad paraguaya y brasileña se encontraban realizando actividades tendientes al ocultamiento de bienes (testaferros) y el encubrimiento de capitales de origen ilícito a través de operaciones comerciales aparentemente legales en Paraguay.

En ese sentido, se pudo identificar que las personas que se encontraban operando para lavar capital ilícito pertenecían al núcleo de la organización criminal liderada por Pavao, conformada especialmente por sus familiares y hombres de confianza.

Entre los 24 acusados están: Adrián Rolando Brizuela Olmedo; Daniel Montenegro Meneses, Carlos Oleñik Memmel, Gabriela González Jacquet, Alfredo Duarte Montiel, Jorge Fernando Mora Galeano, Renán Gilberto Mora Benítez, Rolando Serrati Duarte.

Además de; Evaldo Andrade Dos Santos, Víctor Hugo Paniagua Fretes, Gustavo Aníbal Medina Carneiro, María Cristina González Ibarra, Amilcar Battaglin, Nancy Del Carmen Alfonso Prieto, Raquel Amaro Fernández, Marcos Raúl Aveiro, Pedro Seall Melgarejo, Lilia Haydee Ayala de Silva, Zunilda Ferreira Escobar, Sonia Lorena Arce Cáceres, Alberto Barboza Beraud, Ricardo Sanabria Ferreira y Alexandre Reichardt De Souza.

Un tribunal de sentencia condenó a 25 años de cárcel a un hombre abusó sexualmente a su hija biológica y hasta la embarazó. La abuela de la víctima también fue sentenciada a 15 años de cárcel por complicidad según el tribunal.

La agente fiscal Mercedes Caniza, representó al Ministerio Público en este caso y logró la condena de un hombre, a 25 años de pena privativa de libertad, tras ser hallado culpable de abuso sexual en niños y violencia familiar, mientras que su madre (abuela de la víctima) fue sentenciada a 15 años de cárcel por abuso sexual en niños, en calidad de cómplice y violencia familiar. El hombre vulneró a su hija biológica desde los 8 años hasta los 15, convirtiéndola en madre a raíz de los abusos.

La representación fiscal logró demostrar la culpabilidad del hombre y su madre, mediante los elementos probatorios expuestos ante tribunal de sentencia de Luque, quedando probado los hechos por los cuales fueron acusados ambos integrantes de esta familia.

Los antecedentes de la causa refieren que, el último episodio se registró en abril del 2020, debido a los constantes maltratos físicos y psicológicos al que era sometida tanto por su padre como de su abuela. En fecha 5 de julio en horas de la noche, la menor salió de su casa e intentó acabar con su vida, lanzándose frente a un ómnibus, siendo auxiliada por un vecino de la zona y posteriormente resguardada por una tía paterna.

Posteriormente, fue inspeccionada por la doctora María Teresa Ibarra médico forense del Ministerio Público, quien constató las lesiones y daños sufridos por la víctima, los cuales fueron detallados en su informe. La misma era severamente castigada para que guardara silencio sobre lo acontecido. Los episodios se registraron desde que era una niña; e incluso a la edad de 13 años, fue obligada a beber infusiones debido a un retraso.

El Tribunal Colegiado que aplicó la sanción ejemplar, estuvo presidido por la magistrada Liz Ramírez, y como miembros las juezas Magdalena Do Santos e Isabel Meza.

La jueza especializada Lici Sánchez, solicitó vía exhorto la extradición de familiares de Carmen Villalba quienes huyeron a Venezuela tras perder el estatus de refugiado político en Argentina.

Se trata de Marian de Jesús Ayala, Mirian Villalba, María Villalba, Claudia Oviedo V, Tania Villalba y Viviana Caballero. Los mismos son sindicados de formar parte del brazo logístico del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo EPP.

A pedido del agente fiscal Federico Delfino, la jueza Sánchez remitió el pedido de extradición de los seis familiares de Carmen Villalba acusados por asociación terrorista.

“Se solicita por la vía del exhorto la captura internacional y extradición de las personas procesadas a las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, invocando las reglas de reciprocidad para casos análogos”, señala parte del considerando del pedido de extradición de los seis acusados requeridos por Paraguay.

La cámara de apelaciones confirmó la ejemplar condena aplicada por el tribunal de sentencia presidido por la jueza Nancy Adorno e integrado por las magistradas Isabel Meza y Magdalena Dos Santos que, condenó a 29 años de cárcel más 5 años de medida de seguridad a Lizandro Andrés Sánchez Barrios quien asesinó a su expareja embarazada.

La agente fiscal Laura Guillén, es quien defendió la acusación en representación del Ministerio Público en el juicio donde Sánchez Barrios, resultó condenado a un total de 34 años de encierro.

El hecho ocurrió el 20 de setiembre del año 2019, cuando el hombre ingresó al interior del motel donde trabajaba la víctima, haciéndose pasar como cliente. Estando dentro de la habitación, llamó a la recepción, donde le atendió la mujer, quien se encontraba sola en el lugar.

El hoy condenado pidió que le acercara a la habitación dos cervezas y los controles de la televisión, por lo que la misma acudió desconociendo la identidad de la persona que se encontraba adentro. Allí, Sánchez la estaba esperando con un arma blanca en mano, y una vez que la mujer tocó la puerta para hacer la entrega del pedido, fue tomada por el hombre quien le propino varias heridas cortantes.

La víctima logró escapar del atacante y pudo correr del lugar a fin de solicitar ayuda, llegando a cruzar la avenida para luego caer al pavimento, a unos metros del motel, donde recibió ayuda de vecinos, siendo trasladada hasta el Hospital Distrital de Ñemby, donde se produjo su deceso.

El autor de las heridas se dio a la fuga y permaneció prófugo hasta el 2021, cuando fue localizado durante un allanamiento encabezado por Guillén, en la localidad de Escobar, departamento de Paraguarí.

En el juicio oral y público quedó probado que la víctima fatal estaba embarazada y el hoy condenado tenía conocimiento de esto. El tribunal de sentencia de Luque estuvo presidido por la jueza Nancy Adorno y fueron como miembros las magistradas Isabel Meza y Magdalena Dos Santos, quienes aplicaros la ejemplar condena al hombre tras analizar las pruebas que fueron determinantes.

Para el abogado Secundino Méndez defensor del comisario Osvaldo Vera, el juicio oral que se le sigue a su representado y otros acusados debe empezar de cero y con otro tribunal, ya que este tribunal por ética no debe seguir en el caso porque ya emitieron un fallo condenatorio en el caso al declararlos reprochables.

Afirmó que, expiró el plazo de ley de diez días de suspensión del juicio a Walter Bower, Merardo Palacios y Osvaldo Vera porque transcurrieron 40 días del último día de juicio oral.

Para el defensor pasaron 40 días del último día de desarrollo del juicio oral para los acusados, por ende, mal puede el tribunal seguir realizando el juicio oral luego de haber expirado el plazo legal.

“El juicio debe realizarse desde un inicio. Lo claro y concretó es que el último día de juicio oral fue el 19 de octubre. Pasaron cuatro veces más del tiempo determinado por la ley. Exhortamos al tribunal a reiniciar el juicio oral, pido que se declare la interrupción del juicio y se ordene el reinicio del juicio y se excuse el tribunal de entender en este juicio por causales de recusación y remitir la causa a la oficina de coordinación para designar un nuevo tribunal de sentencia”, señaló el doctor Secundino Méndez.

Las otras defensas también plantearon el mismo incidente.

El tribunal de sentencia integrado por: Laura Ocampos, Fabián Weisensee y Cándida Fleitas, ya había declarado culpables a los acusados Walter Bower, Merardo Palacios y Osvaldo Vera por hechos de tortura y la causa debe concluir con los años de pena ya que se trata de un juicio dividido.

La defensa del joven imputado Elian Fernando Tomas López Torres pidió la revisión de la prisión preventiva y que sea otorgada una medida menos gravosa como el arresto domiciliario que fue otorgado por la jueza Diana Carvallo.

Con esta decisión el joven abandonará la cárcel de Tacumbú y afrontará su proceso desde su casa por disposición de la jueza que sustituyó su prisión preventiva por el arresto.

Recientemente la cámara de apelaciones confirmó la prisión preventiva decretada por el juez Rolando Duarte, respecto al imputado por lesión grave por haber arrojado un vaso de vidrio a la joven a Dahiana Monserrat Benítez Ramos en el local nocturno Kingfish.

El Ministerio Público, señala a López Torres como el responsable de haber arrojado el vaso que hizo perder el ojo derecho a la joven víctima de esta agresión.

El imputado, cumple la medida decretada en un establecimiento penitenciario adecuado para cumplir la decisión del juez Rolando Duarte para quien existe el peligro de fuga y la posible obstrucción por lo que decretó la prisión a pedido del Ministerio Público.

El Ministerio Público inició las primeras diligencias como declaración de testigos, la constitución al Hospital donde está internada la joven que perdió el ojo tras ser acertada con un vaso de vidrio durante una gresca en un local nocturno.

La agente fiscal que lleva adelante el caso es Diana Laterza, informó que varias diligencias ya fueron practicadas con el fin de esclarecer las circunstancias del hecho que hizo perder un ojo a Dahiana Monserrat Benítez Ramos.

Por el momento, el Ministerio Público, tomó la declaración al hermano de la víctima quien estuvo presente en el lugar de hecho. Se realizó una constitución fiscal en el Hospital del Trauma a fin de constatar el estado de salud de la víctima, y recabar los informes médicos oficiales.

Además, se han tramitado oficios para la administración de la discoteca, de manera a que se puedan levantar imágenes del circuito cerrado para someter a pericia y sean incluidas como evidencia en el caso.
Igualmente, se realizaron otros oficios de pedidos de informes a otras entidades públicas y privadas, de modo a recabar otras informaciones relativas a esta investigación.

El hecho se registró en la madrugada del domingo siendo las 05:00 AM en la discoteca Kingfish, ubicada sobre Senador Long y España de Asunción. La víctima tuvo que ser intervenida de urgencia en el Hospital del Trauma donde se confirmó que perdió el ojo derecho a raíz del impacto del vaso de vidrio que le arrojaron.

La joven acudió al local nocturno para distenderse con sus hermanos, sin embargo, fue víctima de un impacto de vaso que le produjo un corte profundo que ocasionó la pérdida del ojo derecho lastimosamente.