El hijo de Lalo Gomes, Alexandre Gomes quien ya soporta cargos por lavado de dinero, fue imputado también por tráfico internacional de droga ya que sería líder de una estructura criminal dedicada al tráfico de droga según el Ministerio Público.

Alexandre Gomes, organizaba, compraba y negociaba los cargamentos de la mercancía ilícita, relata parte de la imputación del Ministerio Público, organización criminal integrada por paraguayos, brasileños y bolivianos y que operaría principalmente en el territorio paraguayo específicamente en Amambay.

Las actividades ilícitas incluirían todas las etapas del tráfico de sustancia ilícitas, desde la negociación, coordinación y adquisición de productos como, cocaína, pasta base y marihuana procedente de zonas de producción, hasta las etapas finales de distribución y colocación de la mercancía ilícita en mercados de consumo, relata la imputación.

Según la información entregada al Ministerio Público, revela que, Alexandre vía mensajería SKY ECC, usaba esta vía de comunicación para negociar las entregas de los cargamentos de droga. Estos mensajes se dieron desde el 27 de noviembre del 2019 al hasta el 16 de agosto del 2020 fecha en que fue interceptada la comunicación.

Según los indicios del Ministerio Público el esquema operó en todo este periodo de manera sostenida e ininterrumpida, hasta la fecha que la comunicación cifrada fue descubierta por las autoridades, pero, no se descarta que el grupo haya migrado a otras plataformas de mensajerías para seguir operando.

“Los análisis del caso señalan que, el modus operandi de la organización criminal a la cual pertenecería Alexandre Gomes, habría consistido en el envío sistemático de sustancias estupefacientes al Brasil, previamente adquiridas de Bolivia. De los datos analizados permite presumir que, Alexandre Gomes habría participado de manera activa dentro del esquema criminal y ocupaba un rango de jerarquía, no solo participó de las actividades ilícitas, llegó a financiar estas actividades lo que lo posiciona como un líder”, dice parte del extenso relato del Ministerio Público que ha ampliado la imputación contra Gomes.

Agrega la imputación que este grupo criminal, habría creado un grupo exclusivo de sus miembros en la plataforma SKY ECC, para coordinar las actividades relacionadas al tráfico de drogas.

En estos grupos se habrían discutido y organizado aspectos operativos de carácter colectivo, tales como la asignación de pistas clandestinas de aterrizaje, la provisión de combustible para las aeronaves, la designación de frecuencia aeronáutica y coordinación del descenso de las aeronaves mediante códigos preestablecidos, conocido como, “santo y seña”, que eran acordados entre el piloto y el encargado de la pista.

Alexandre Gomes, hoy suma una nueva imputación y con ello, se complica aún más su situación procesal ya que no solo lavó dinero del narcotráfico como se menciona en la primera imputación, sino que lideraba el esquema de tráfico de droga.

La Sala penal de la Corte Suprema de Justicia dejó firme el fallo que condenó al empleado infiel Edgar Andrés Insfrán Domínguez por estafa y apropiación. Con el rechazo del recurso de casación pretendido por la defensa la condena de cuatro años de prisión debe ser ejecutada.

Señalan los ministros que los recurrentes no han expuesto de manera clara sus agravios porque no realizaron una explicación del reclamo de la manera en que exponen.

Agrega que los recurrentes se limitaron simplemente a argumentar su desacuerdo contra la resolución del tribunal de sentencia y la cámara de apelaciones que, solo mencionan el reclamo sin demostrar la incorreción de los juzgadores, que cause un menoscabo a su representado.

La ministra Carolina Llanes fue la preopinante en este caso y se adhieren a su voto sus colegas Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candi, para declarar inadmisible el recurso de casación presentado por los abogados del condenado que debe cumplir la sentencia que ordena cuatro de encierro al encausado.

Insfrán Domínguez, era un vendedor externo de la firma Pix Productos Industriales S.A.C.I.S dedicado al rubro de resinas termoplásticas, el 24 de febrero del 2021 realizó una operación comercial con un cliente asiduo de la empresa, llamado Dionisio Ferreira ofertándole mercaderías por un valor distinto al establecido por la firma, el hoy condenado no solo vendió el producto por un monto indebido, sino que recibió dinero en efectivo, operación no permitida por la empresa.

Solo el dueño, el ciudadano, Mohamad Chamseddine Fakih era quien podía autorizar el cambio de los precios de las mercaderías, la operación que realizó Edgar Insfrán Domínguez, el 24 de febrero del 2021 ocasionó un perjuicio patrimonial a la firma, ya que recibió G 374.000.000. pero rindió a la empresa solo G 100.000.000, ocasionando un perjuicio de G 274.000.000.

El Ministerio Público estuvo representado en este caso por la agente fiscal Genovena Figueredo y la querella adhesiva por los abogados, Aldo Bacchetta Matteucci y Adriana Cabrera Velázquez.

Finalmente, quedó confirmado Yoan Paul López como juez para responder al auxilio judicial requerido por la familia del asesinado agente fiscal Marcelo Pecci que busca acceder a la información del Ministerio Público sobre el autor o los autores intelectuales del crimen.

Ante la negativa del Ministerio Público de entregar información a la familia, se han visto en la necesidad de recurrir al órgano jurisdiccional para que se les permita tener información sobre el crimen de su familiar que hasta la fecha les fue negada, bajo la premisa de reserva de actuaciones.

La fiscalía sostiene que entregar información a la familia del agente fiscal podría perjudicar el proceso de pesquisa en la causa, por ello no han permitido hasta hoy que accedan a los resultados de la investigación.
En su momento, el abogado de la familia Enrique Kronawetter, señaló que con la negativa de la fiscalía general del Estado y de los fiscales de entregar información, se niega a la familia conocer el grado de avance de la investigación.

La familia busca acceder a información de lo actuado por el Ministerio Público de Paraguay respecto a los autores intelectuales del crimen del agente fiscal. Datos que hasta hoy son desconocidos para la familia del asesinado fiscal y la propia viuda, quien también fue víctima directa de este atentado.

De momento los familiares siguen sin poder acceder a información referente a cuáles son los cursos de acción adoptados con miras a la dilucidación del caso, cuáles son los obstáculos si los hubiera y que medidas se han adoptando para superar las dificultades en la investigación, pero, los pedidos de la familia cayeron en saco roto, hasta ahora.

El fiscal Marcelo Pecci fue asesinado durante su luna de miel en Barú Colombia el 10 de mayo del 2022 en presencia de su esposa Claudia Aguilera.

La abogada Noelia Núñez denunció que la agente fiscal Rosa Noguera Genes, desde febrero usa un certificado médico que ni está visado para participar de una preliminar por medios telemáticos y el juzgado le concedió.

La fiscal ha solicitado cuatro veces que la diligencia se practique por esta vía con el mismo certificado según la denuncia. La abogada presentó una reposición con apelación en subsidio contra la decisión del juez de garantías que concede a la fiscal participar de una preliminar a distancia.

Para la abogada genera sospecha el documento entregado al juzgado para pedir que una diligencia se desarrolle a distancia tratándose de una causa sumamente compleja donde se debe decidir si la causa es elevada a la siguiente etapa o se concede una salida procesal diferente o la desvinculación definitiva del procesado.

Núñez, señaló que pese a haber solicitó que sea designado un coadyuvante esto no ocurrió y que el juzgado con la sola presentación de la agente fiscal le concedió la posibilidad de participar de la audiencia por vía telemática, cuestionó la profesional.

“En consecuencia, resolver otorgar intervención telemática a la agente fiscal, habiendo esta parte diligentemente utilizado los recursos que le habilita la Ley, y actuando con total buena fe a fin de evidenciar cuestiones obvias, como solicitar coadyuvante o sustituto a la agente fiscal, siendo estos métodos idóneos, legales y habituales en procesos complejos que ameritan audiencias presenciales a fin de garantizar todos los principios señalados en el Art. 1, 6, 9, 16 y concordantes, resulta arbitrario a estas alturas sustanciar una audiencia por medios telemáticos, con la simple presentación de un certificado médico, que por sobre todas las cosas, no reúne las condiciones establecidas por la CSJ, y que dicha presentación la haga la agente fiscal, no la exime de cumplir con los recaudos legales”, señala parte del escrito de reposición presentado por la abogada Noelia Núñez.

Nuñez, reiteró que, si bien los jueces están habilitados a llevar adelante las audiencias telemáticas en casos puntuales, su representación ha solicitado que la audiencia preliminar se desarrolle con la presencia de las partes considerando la complejidad de la causa que discute una presunta estafa en la que intentarían forzar a una mujer a pagar una suma que no corresponde.

Remarcó que es necesario que las partes estén presentes para analizar adecuadamente los hechos denunciados, las pruebas que serán ofrecidas y por, sobre todo, ante el derecho de su representada de ser oída, conforme lo dispone la ley, lo cual será de vital importancia para el esclarecimiento de los hechos.

El juez José Agustín Delmás, volvió a suspender la audiencia preliminar prevista para este martes a la acusada actuaria Juliana Romero. La defensa presentó un certificado médico con lo que la diligencia quedó nuevamente suspendida.

Juliana Romero, fue acusada por el Ministerio Público por haber camuflado el expediente del usurero Ramón González Daher. Según la fiscalía la funcionaria usó su usuario y contraseña para camuflar uno de los expedientes del usurero luqueño Ramón González Daher.

La agente fiscal Ruth Benítez, acusó a la funcionaria judicial por sabotaje a sistemas informáticos, simulación de un hecho punible, frustración de la persecución y ejecución penal y realización del hecho por funcionarios.

El Ministerio Público asegura que, tiene numerosos elementos de prueba para sostener una acusación contra Juliana Romero en un eventual juicio oral y público por lo que requiere que la causa sea elevada a esa etapa.

Según la fiscal de la causa, la funcionaria uso su usuario y contraseña para modificar el expediente de Ramón González Daher, e incluso, siempre según el relato fiscal ella pidió quedarse con el expediente del usurero luqueño.

Entre las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público está la declaración como testigo del juez Darío Báez, en cuyo juzgado se encontraba el expediente con miras al juicio oral y público, así como otros funcionarios de este juzgado, cuyos relatos la fiscalía lo tiene como ciertos, los mismos de forma unánime señalaron que Romero nunca permitía que su computadora sea utilizada por sus compañeros con lo que para el Ministerio Público fue ella con su usuario Ju_Romero la que accedió camuflar el expediente del usurero Ramón González Daher.

El excomandante de la Policía Nacional Francisco Alvarenga, se presentó para cumplir los seis años de condena que le aplicó la justicia por enriquecimiento ilícito por no poder justificar en su patrimonio más de G 1.183 millones.

Alvarenga, se encuentra en la Agrupación Especializada purgando la condena por enriquecerse ilícitamente estando en funciones. Su condena la tendrá por compurgada el 2 de noviembre del 2026, según el cómputo realizado por el juez de ejecución Carlos Luis Mendoza.

Igualmente, el magistrado menciona que el acusado ya está en condiciones de solicitar su libertad condicional por compurgamiento de más del 50% de su condena, pero, tendrá que pasar primero por una observación y tratamiento psicológico para tener el beneficio de reinserción social.

Alvarenga, deberá someterse a los programas de reinserción social para luego tener la posibilidad de la libertad transitoria y luego la condicional. Primero se debe asegurar que el encausado comprenda el daño patrimonial causado y una vez superado las etapas de evaluación volver a la sociedad como un agente de cambio.

En esta causa contra Alvarenga la justicia concluyó que los bienes del encausado sobrepasan sus legítimas posibilidades económicas, del 2005 al 2015, no se explica el incremento de su patrimonio, se le atribuye la titularidad de bienes inmuebles fuera de sus posibilidades económicas, hubo dolo en su actuar como funcionario público según las pruebas presentadas en juicio que fueron irrefutables para el tribunal.

En su momento la presidenta del tribunal de sentencia Yolanda Portillo, había señalado que la conducta de Alvarenga constituía un mal ejemplo para aquellos funcionarios que cumplen funciones con rectitud.

El Tribunal lo sentenció a cumplir la condena de seis años de cárcel, la prohibición de ocupar cargos públicos por cinco años y ordenó el comiso especial valor de un inmueble hasta cubrir la suma de G 1.000 millones.
Además de Yolanda Portillo integran el Tribunal las magistradas, Elsa García y Yolanda Morel.