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Patronal tiene tiempo hasta el 30 de diciembre para abonar el aguilando

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El presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas del Paraguay AALP Eduardo Pérez Avid, recordó que los todos los trabajadores que están en relación de dependencia deben percibir el décimo tercer salario y los patrones tienen tiempo de hacerlo hasta el 30 de diciembre para no violar la ley laboral.

El laboralista mencionó que, la remuneración anual complementaria es la suma de todas las remuneraciones devengadas durante el año, salarios, horas extras, comisiones u otros ingresos, divididos en 12.

Agregó que, el aguinaldo no puede ser embargado, por lo tanto, debe ser percibido íntegramente por el trabajador. Esta remuneración extraordinaria debe ser percibida antes del 31 de diciembre y si la relación laboral termina antes, debe abonarse de manera proporcional.

El aguinaldo debe percibir todos los trabajadores independientemente al tipo de contrato que tengan con la empresa.

Un hombre encubrió el feminicidio de su pareja fue imputado y ya está preso

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El fiscal Luis Trinidad Colmán imputó a Edgar René Dávalos Martínez por el presunto feminicidio de su pareja, hecho ocurrido el 4 de diciembre de 2024 en el kilómetro 9 Monday, asentamiento 8 de diciembre, de Ciudad del Este.

Según los datos preliminares, el hombre habría intentado encubrir el crimen simulando un suicidio. Actualmente, el sospechoso se encuentra recluido en una dependencia de la Dirección de Policía de Alto Paraná a disposición del juzgado.

De acuerdo con la versión inicial proporcionada por el imputado, alrededor de las 03:30 del 4 de diciembre, encontró a su pareja colgada del cuello con una sábana atada a una viga de madera en el techo de la casa. Luego, con la ayuda de vecinos, trasladó a la mujer en un vehículo particular al Pabellón de Emergencias Médicas del Hospital Regional de Ciudad del Este, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

No obstante, el relato generó sospechas tras el examen preliminar realizado por la médica forense, Dra. Ramona García, quien identificó indicios de una muerte dudosa. Por lo tanto, el fiscal Luis Trinidad resolvió la remisión del cuerpo a Medicina Forense de la fiscalía general del Estado en Asunción para una autopsia exhaustiva.

Según el informe del médico forense Erwin Escobar, el examen externo del cadáver reveló hematomas en el muslo izquierdo, escoriaciones en la región cervical y hemorragias internas en los músculos del cuello y el páncreas. Además, no se observaron surcos de compresión típicos de un ahorcamiento, lo que descartó la hipótesis de suicidio y apuntó a una muerte violenta de causa externa.

El fiscal Trinidad Colmán planteó la hipótesis de que el imputado preparó la escena del crimen utilizando una sábana para simular un suicidio, atándola al techo con el fin de eludir su responsabilidad penal.

Esta versión se refuerza con las declaraciones de la madre de la víctima, quien denunció ante la comisaría primera de Caazapá el 6 de diciembre que su hija sufría constantes maltratos por parte de Dávalos. En su testimonio, descartó que la mujer se hubiera quitado la vida, acusando directamente al hombre de haberla asesinado.

Asimismo, la autopsia confirmó lesiones de alta probabilidad de violencia externa, incluyendo equimosis múltiples en las caras internas de los muslos, hemorragias severas en órganos internos y marcas de rasguños en el cuello. Estas evidencias llevaron al Ministerio Público a concluir preliminarmente que la víctima sufrió una asfixia mecánica de origen violento.

El 6 de diciembre, Edgar René Dávalos Martínez se presentó en la Unidad Penal 4 de Ciudad del Este acompañado de su abogado para prestar declaración indagatoria. Estando en sede del Ministerio Público y basándose en las pruebas recabadas, el fiscal ordenó su detención preventiva y lo imputó por el tipo penal de feminicidio.

Asimismo, debido a la gravedad del caso y la alta expectativa de pena que, puede llegar hasta 30 años, el representante público solicitó al juzgado penal de garantías a cargo del magistrado Amílcar Antonio Marecos, la prisión preventiva del imputado.

Un fiscal ambiental no debe ser un fiscal de oficina, dice especialista en medio ambiente

El doctor Ricardo Merlo dijo que, el fiscal del medio ambiente debe estar capacitado permanentemente para entender la complejidad que conlleva los delitos ambientales ya que es un fiscal de campo y no de escritorio.

Comentó que, en un área como esta con mucho tecnicismo es necesario contar con fiscales altamente formados en la materia para dar respuestas adecuadas a las denuncias por daño al medio ambiente y a su impacto en la población.

“Para estar como fiscal ambiental se necesita una buena preparación, se necesita capacitación permanente, la legislación ambiental está dispersa hay numerosas instituciones que intervienen y tiene componentes técnicos muy específicos, pericias que hay hacer y esto requiere de personas capacitadas y preparadas y que entiendan la función de un fiscal ambiental que debe ser muy activo no es un fiscal de oficina que recibe los informes y a partir de eso construye su caso como sí se pueden darse en otras áreas”, señaló el doctor Ricardo Merlo.

Reiteró que el fiscal ambiental es un agente que debe trabajar en el terreno, por ende, debe ser una persona que se prepare en temas ambientales y que comprenda la dimensión y complejidades que conlleva la pesquisa en esta área.

Agregó que, toda industria que quiera trabajar debe hacerlo respetando el derecho de la población a un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado. Las institucionales no pueden convertirse en mero tramitador de papeles.

El doctor Merlo lleva adelante una denuncia por daño ambiental en representación de vecinos de cuatro barrios de Tablada quienes buscan impedir que una vez mas quede impune la denuncia contra propietarios de Frigoríficos y Curtiembres en la zona que, los somete a una vida insana soportando olores fuertes producto de la manipulación de menudencias en forma inadecuada.

Por último, señaló que la misma Constitución Nacional en su artículo 8 establece que el delito ecológico será definido por ley que no fue un antojo de los legisladores, sino que fue un mandato constitucional. Remarcó que el derecho a un ambiente saludable es un derecho fundamental.

La Corte toma una nueva medida respecto a funcionarios de juzgados de Paz salpicados por esquema criminal con pagarés

El Consejo de la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia dispuso el traslado de los ujieres notificadores y el sece de nombramientos de interinos en los juzgados de Paz de Capital.

La máxima instancia ha resuelto la reubicación de ujieres notificadores a otras áreas jurisdiccionales que requieran personal, esto ante las graves denuncias que pesan sobre ujieres notificadores de los juzgados de Paz de Capital.

Las decisiones se fundamentan en lo dispuesto en el Artículo 23, inciso b), de la Ley N° 609/1995 «Que Organiza la Excelentísima Corte Suprema de Justicia», que otorga al Consejo de Superintendencia la responsabilidad de organizar y fiscalizar la Dirección de Auxiliares de Justicia, la Dirección General de Recursos Humanos, la Dirección Financiera y demás reparticiones del Poder Judicial.

Ante otro posible esquema criminal montado en juzgados de Paz con pagarés, la Corte también indaga a jueces y remitió toda la nómina de magistrados de Paz de Capital a la Contraloría para verificar la correspondencia de sus bienes.

La nómina de jueces auditados por la Corte y remitido a la CGR es la siguiente: Gustavo Villalba Báez, Nathalia Guadalupe Garcete, Carmen Analia Cibils, Liliana González de Bristot, Víctor Nilo Rodríguez, Elvira Margarita Franco, Gloria Machuca Cardozo, Alejandro Alcides Peña y Lourdes Yumi Piñeiro.

Ante la grave denuncia que salpica a ujieres y jueces de los juzgados de Paz de Capital, La Corte Suprema de Justicia ha resuelto iniciar una auditoria de reacción inmediata a los juzgados afectados y la remisión de la nómina de los jueces y funcionarios a la Contraloría para el dictamen de correspondencia de sus bienes patrimoniales.

La denuncia refiere que existe un esquema criminal montado en los juzgados de Paz, para despojar a las personas de sus haberes de forma irregular. La denuncia también menciona la ostentosa vida que llevan los ujieres que trabajan en estos juzgados de Paz.

Archivan denuncia contra fiscales por chats filtrados

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A pedido del fiscal anticorrupción Néstor Coronel, el juez Humberto Otazú archivó la denuncia presentada por el expresidente Mario Abdo Benítez y sus exministros contra los agentes fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti tras filtrarse conversaciones.

Coronel, concluyó que no constituye ningún hecho punible las conversaciones filtradas entre Cantero y el abogado de Horacio Cartes Pedro Ovelar, por lo que el juez Otazú luego de dar trámite de oposición y tras la ratificación del dictamen por la fiscal adjunta Soledad Machuca, envía la causa al archivo.

Esta causa se inició luego de que se filtraron supuestos chats entre Cantero y el abogado Pedro Ovelar. El agente fiscal a cargo de la investigación se constituyó incluso en la oficina de sus colegas como primer acto investigativo, para requerir después la desestimación de la denuncia.

Tanto Cantero como Grisetti, fueron denunciados por prevaricato y persecución de inocentes. El expresidente Mario Abdo Benítez y sus exministros, presentaron denuncia penal contra los fiscales Cantero y Grisetti, por tener la sospecha que actuaron bajo estrictas instrucciones de Pedro Ovelar abogado de Horacio Cartes.

Relata la denuncia hoy enviada al archivo lo siguiente, “El contenido de los mensajes entre el denunciante y el fiscal Aldo Cantero, permiten sospechar que, el agente fiscal a cargo de la investigación pudo haber recibido y ejecutado instrucciones precisas del abogado del denunciante con relación al curso de la investigación, modo de intervención absolutamente desprovisto de cobertura legal. Se ha anticipado la realización de diligencias antes de ser formalizadas, a efectos de tener aprobación, reportando las actuaciones que el abogado requería. Orientando su perspectiva investigativa únicamente a lo que el abogado denunciante quería, dejando de lado la objetividad”, señala parte del escrito presentado en el Ministerio Público pidiendo se abra una carpeta investigativa contra ambos fiscales.

Agrega el escrito que incluso el fiscal Aldo Cantero se reportaba a tal punto con Ovelar como si fuera su superior jerárquico, mientras que omitía colectar elementos de descargo respecto a los imputados. Con lo que los denunciantes estiman que fue perpetrado el tipo penal de prevaricato por parte de ambos fiscales que, para el Ministerio Público no existe.

Además de Mario Abdo Benítez, firmaron en su momento la denuncia contra Cantero y Grisetti, los imputados; Mauricio Espínola, René Fernández, Carlos Arregui y Arnaldo Giuzzio.

La contaminación que generan los frigoríficos de Tablada impide el progreso de Asunción, afirman

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El daño ambiental y el impacto en la calidad de vida de los pobladores de Tablada no solo afecta a los vecinos del lugar según especialista sino a toda la población que tiene una Costanera que no podrá ser explotada comercialmente por los olores que despide el funcionamiento de los frigoríficos y curtiembres en Tablada.

El exfiscal y especialista en medio ambiente Ricardo Merlo, fue tajante al señalar que Asunción no puede aspirar convertirse en una ciudad moderna como ocurre en otros países que transformaron su Costanera en espacios comerciales y turísticos que generan un movimiento económico muy importante.

Dijo que, en las condiciones actuales ningún inversionista extranjero vendría a instalar un local comercial en un lugar donde la gente debe taparse la nariz para comer por lo olores nauseabundos constantes en el lugar por el procesamiento inadecuado de las menudencias.

“La Municipalidad apunta como en todos los países que tienen Costanera, convertirla en una zona de desarrollo inmobiliario, una zona turística de inversión gastronómica que va traer mucho trabajo para la población. Hoy, sin embargo, estamos reduciendo todas esas posibilidades. No son solamente los barrios los afectados por la contaminación, sino que toda la ciudadanía está afectada porque tenemos condiciones de calidad de vida realmente paupérrimas para las personas que viven cerca de estas industrias que, a su vez, impiden el desarrollo de una zona geográfica importante”, acotó el entrevistado.

Comentó que existe una ordenanza que tardo año y medio elaborar por los concejales de Asunción Javier Pintos y Augusto Wagner que establece que en el plazo de un año se hará el traslado gradual de los frigoríficos.
Merlo, lleva adelante una denuncia en representación de los vecinos que residen en cuatro barrios de Asunción afectados por la operatividad de los frigoríficos y curtiembres.

Pablo Benegas será juzgado por abuso sexual en niños y proxenetismo

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La jueza Cynthia Lovera tras concluir la audiencia preliminar, elevó a juicio oral y público el proceso penal abierto al cantante Pablo Benegas por presumiblemente drogar y abusar sexualmente de una niña y una adolescente en situación de vulnerabilidad.

La magistrada entiende que, el caso debe dirimirse en la siguiente etapa donde se debatirá los elementos de prueba que ha ofrecido el Ministerio Público a cargo de la fiscal Claudia Aguilera.

El Ministerio Público acusó a Pablo Benegas por los hechos punibles de abuso sexual en niños, pornografía relativa a niños, proxenetismo, coacción sexual y violación.

Resultaron víctimas dos niñas en estado de vulnerabilidad. La fiscal Alejandra Savorgnan fue quien formuló la acusación en su momento y pidió que la causa sea elevada a juicio oral y público.

El Ministerio Público sostiene que durante el periodo investigativo se pudo colectar numerosas evidencias entre ellas las declaraciones de las víctimas en Cámara Gesell, pericias informáticas, declaración de testigos y otros medios de prueba que confirman que Pablo Benegas drogó y abuso de ambas víctimas.

Durante el desarrollo de la Cámara Gesell, las víctimas realizaron un detallado relato de lo ocurrido en la casa del acusado el 9 y 10 de noviembre del 2023. Este caso tuvo una gran trascendencia el año pasado, luego de que las niñas llegaran hasta un Hospital público con un cuadro de aparente intoxicación y rasgos de haber sido abusadas y señalaron como responsable al músico hoy acusado.

Según el relato de la fiscalía, el 9 de noviembre del 2023 Pablo Benegas habría llevado a su vivienda a las dos hermanitas una niña de 11 y una adolescente de 16, ambas en condiciones de vulnerabilidad. El hombre, bajo engaño les dio de comer y tomar gaseosa, ambos contenían cocaína y Benzodiacepina, le dio G 500.000 a la de 16 años y se aprovechó de la condición de las víctimas y las agredió sexualmente.

Ambas niñas consumieron la comida y la gaseosa y a la más pequeña afectó gravemente, por lo que fue asistida horas después en el Hospital de Barrio Obrero, donde ambas permanecieron por diez días hasta que se les dio su alta médica.

El acusado no solo dopó a las niñas y abusó de ellas, también las filmó y le hizo ver a la adolescente videos de tinte sexual en la que el acusado mantenía relaciones sexuales con otras mujeres con el mismo atuendo que le hizo vestir a las niñas, según pudo probar el Ministerio Público durante su investigación por lo que solicita que la causa sea elevada a juicio oral y público.

Desde su imputación Pablo Benegas guarda prisión preventiva en Emboscada.

Rige nuevo protocolo para el ingreso de niños a los penales

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Tras una grave denuncia por abuso sexual en niños ocurrido en uno de los penales del país, el Ministerio de Justicia ha elaborado un nuevo mecanismo de control para resguardar la integridad de los niños que visitan a sus padres recluidos.

La nueva formalidad contempla no solo el tiempo límite de permanencia en los penales de los niños y adolescentes, sino un día único de visita que será establecido por los directores de cada centro penitenciario.

Además, los menores deberán estar acompañados de un familiar responsable, sea la madre, el padre, hermano mayor de edad o un adulto que tenga la guarda judicial.

“Queda totalmente prohibido el ingreso de niñas, niños y adolescentes al sector de los pabellones, celdas, sector de privadas, o cualquier otro sector que no sea el área social establecida para el efecto”, reza parte del protocolo de acceso de los menores de edad a las cárceles del país.

Tanto el familiar o adulto responsable, como así también el niño/a y adolescente, deberán presentar los respectivos documentos de identidad (cédula de identidad, certificado de nacimiento, libreta de familia, etc.). Del mismo modo, se deberá certificar con documento el relacionamiento que existe con la persona privada de libertad (PPL). La permanencia de los niños y adolescentes en los penales no superará el horario de cierre de los pabellones.

Todo ingreso de niñas, niños y adolescentes, familiar/adulto responsable, deberá ser asentado en los libros exclusivos para el efecto, consignando los siguientes datos: día, fecha, nombre y apellido, número de cédula de identidad/certificado de nacimiento, vínculo con la persona privada de libertad, hora de entrada y hora de salida, y un apartado de observaciones, donde el personal penitenciario podrá dejar asentada alguna situación particular.

Las visitas de niñas, niños y adolescentes se realizarán en un espacio abierto o espacio común de recepción de visitas sociales, a la vista de todos, de ser posible se limitará el espacio con cinta perimetral del cual no se podrá salir durante la misma. El director del penal asignará personal necesario para resguardar la protección de niñas, niños y adolescentes durante su permanencia en el centro penitenciario, dentro del espacio establecido para el efecto.

Queda totalmente prohibido el pernocte (dormir de noche) de niñas, niños y adolescentes en los centros penitenciarios.

Las niñas, niños y adolescentes no pueden quedar sin supervisión del familiar responsable en ningún momento, los agentes penitenciarios deberán advertir dicha situación al familiar o adulto responsable.

Si alguna persona privada de libertad o familiar manifestase la falta de documentación de identidad de niñas, niños y adolescentes, la Dirección del Centro Penitenciario informará a la Dirección de Atención a Grupos Vulnerables, por escrito, y con los datos consignados en el libro de visitas, al día siguiente de la visita, a fin de coordinar acciones con las instituciones encargadas de la identidad (Registro del Estado Civil y Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional), a fin de facilitar el acceso a los documentos de identidad en el Centro Penitenciario.

Independientemente a los controles del ámbito penitenciario, el Ministerio de la Niñez y Adolescencia (MINNA), a través de sus diversas dependencias, podrá monitorear aleatoriamente.

En caso de detectarse una posible situación de vulneración de derechos, será comunicada al Ministerio de la Defensa Pública para la verificación de las condiciones y la articulación de acciones de protección necesarias. El interés superior del niño, niña y adolescente será la consideración primordial en la determinación de si las visitas son apropiadas.

Se prohíbe, en general, el registro corporal de niñas, niños y adolescentes, salvo casos de sospechas fundadas. Ante dicha situación, la revisión o el registro de las/os mismos, deberá realizarse con autorización y en presencia del familiar o adulto responsable que lo acompañe.

Llamativa lentitud en la investigación contra frigoríficos de Tablada

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El abogado Ricardo Merlo experto en derecho ambiental, mencionó que a más de un año de la denuncia que han formulado en representación de cuatro barrios afectados por la operatividad de frigoríficos y curtiembres en Tablada, la actuación fiscal no deja de llamar la atención por la lentitud con la que investiga el caso.

Señaló que, en este tiempo solo se han diligenciado 17 pedidos de informes a la Municipalidad de Asunción y que no existe imputación y ni una sola constitución de la fiscal en la zona para verificar las condiciones en las que operan estos frigoríficos de Tablada Nueva.

Dijo que lastimosamente se va cerrando el año sin ningún imputado en la causa, pese a las evidencias del daño ambiental que genera el trabajo de los frigoríficos y curtiembres con serias afectaciones al medio ambiente y a salud de la población aledaña.

Recordó que, ya en octubre del año pasado habían formulado la denuncia en representación de los vecinos de los cuatro barrios afectados por la operatividad de estos negocios ante el Ministerio Público que a la fecha solo ha remitido 17 pedidos de informe en la causa.

“Vemos una actividad fiscal llamativa, muy lenta, en el tema ambiental es importante contar con fiscales con un perfil activo. La fiscalía está obligada a intervenir y a investigar, puede que tras la investigación se concluya que no existe hecho punible, puede que se trate de una cuestión administrativa, pero, no obstante, se tiene que indagar, el fiscal del área de medio ambiente se ha destacado siempre por tener fiscales activos que han ido hasta el lugar, en este caso, suficiente con ir hasta la zona para verificar que el olor es insoportable. Hace más de un año de la denuncia y no tenemos imputación, tampoco una constitución en esos lugares pese a que hemos descripto punto por punto las zonas afectadas, estamos en una tramitación de papeles que no da solución ni respuesta a los afectados”, remarcó Ricardo Merlo.

Reiteró que la calidad de vida de los pobladores es pésima desde hace años y soportan olores nauseabundos permanentemente y merecen una pronta respuesta a sus reclamos y una fiscalía más diligente.

Los frigoríficos y curtiembres general no solo olores repugnantes, sino, que expiden sus desechos en la vía pública que terminan en los causes hídricos de la zona lo que impacta en la calidad de vida de los pobladores.
Hasta el momento los vecinos del lugar siguen sufriendo de las consecuencias del funcionamiento de estos frigoríficos que, no toman en cuenta el daño que producen al ambiente al operar en una zona urbana y en las condiciones que lo hacen.

Ministro Ríos pide mirar con importancia la salud mental

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Tras un informe de los jueces de Paz de Misiones que, han detectado una importante cantidad de personas que requieren de cuidado de su salud mental, el ministro Víctor Ríos pide darle mayor importancia debido a las numerosas denuncias de violencia intrafamiliar o de violencia hacia la mujer en esta zona.

Ríos pidió a las instituciones del Estado mirar con mayor preponderancia el cuidado de la salud mental de la ciudadanía, esto, ante el informe de jueces de Paz de la circunscripción judicial de Misiones, que han detectado en sus días de gobierno esta situación.

Los magistrados de Paz refieren que los que más trabajo tienen son los especialistas psicólogos psicólogas que los acompañan en los días de gobierno que denominan, “Teko Joja Oguahe Nde Rogape”.

“Me decían los jueces que increíblemente, quienes más trabajaron los días de visita fueron los psicólogos, hay mucho requerimiento de la salud mental que es un aspecto que nosotros no les prestamos la debida atención. Hay mucho requerimiento de la salud mental, esto puede ser un fenómeno mundial que se ha agudizado desde la pandemia y sería interesante que se mire con otra perspectiva”, señaló el ministro.

Agregó que los jueces llevan adelante estas visitas que, a hoy día, los propios vecinos piden que los magistrados acudan a su comunidad. Estas visitas se propiciaron debido a la inmensa cantidad de casos de violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer en esa circunscripción que hasta la fecha no tiene ni un caso de feminicidio.

Los magistrados visitan asentamientos y compañías lejanas de Misiones a fin de acercar al juez a la comunidad y estos puedan ser escuchados. El tema de la salud mental es un aspecto que preocupa a los jueces y a su vez al ministro superintendente de la zona por lo que pide que esto sirva de punta pie para darle la debida importancia a estos casos que por lo general detonan en violencia.

Ríos, dijo que desde el Poder Judicial están trabajando para seguir manteniendo a Misiones fuera de los casos de feminicidio.

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