La justicia benefició con el arresto domiciliario al exministro de Educación condenado por lesión de confianza a tres años de cárcel. Riart, se encontraba cumpliendo su condena en la Agrupación Especializada que abandonará para compurgar su condena en su domicilio.

Luis Alberto Riart Montaner, fue condenado a tres años de cárcel por lesión de confianza, por un perjuicio patrimonial al Estado de G. 14.045.123.400 por la compra por la vía de la excepción del edificio Excelsior por un monto superior al que realmente costaba.

El juez de ejecución Carlos Mendoza, hizo lugar al incidente de arresto domiciliario solicitado por la defensa del encausado y estableció además de la fijación de domicilio donde terminará de compurgar su pena, la prohibición que lo cambie sin autorización del juzgado.

Igualmente, el juzgado dispone el estricto control de la Policía Nacional de la medida decretada y del trabajador social que deberá constituirse cada mes en la casa del condenado para informar al juzgado del cumplimiento del arresto domiciliario.

El juzgado aclara que Riart, no podrá cambiar de domicilio ni salir del país el tiempo que dure su arresto domiciliario sin autorización del juez a cargo de caso, Carlos Mendoza.
Según expresa el magistrado en su resolución se han reunido todos los requisitos legales para beneficiar a Riart con el arresto domiciliario por lo que está ajustado a derecho conceder la prisión domiciliaria el condenado exministro de educación.

Se tuvo en cuenta para aplicar esta medida que Riart, es una persona de la tercera edad con 62 años que lo cumple este martes 10 de diciembre, que no es reincidente y que su pena carcelaria no supera los tres años lo que faculta al magistrado a concederla una medida más favorable.

Se aclara en la resolución que, en caso de una violación grave de una de las medidas dispuestas por el juzgado, este beneficio será revocado y deberá volver a prisión hasta cumplir la totalidad de su pena.
Riart, el tiempo en prisión aprovechó para enseñar a los demás reclusos dentro de los programas de reinserción social al cual se sumó para su readaptación social.

La sentencia en primera instancia ya se había dictado en el 2019, luego de ello además de las apelaciones, también se dieron numerosas dilaciones incluyendo una acción de inconstitucionalidad presentada contra el fallo ya firme.

El juez Raul Florentín a pedido fiscal, ordenó reabrir el proceso penal contra la auxiliar fiscal Claudia Guillen González acusada por estar al mando de una camioneta Toyota Hilux blanca robada en Brasil.

El agente fiscal Mario Antonio Amarilla presentó acusación y pidió que la causa sea elevada a la siguiente etapa de juicio oral y público respecto a Claudia Gullén, su padre Ramón Guillén y el escribano, Julio Cáceres, todos investigados por el uso de una camioneta robada en Brasil.

La funcionaria fiscal se movilizaba en la camioneta presuntamente hurtada del Brasil, su padre sería quien entregó los documentos apócrifos al momento de adquirir el vehículo en cuestión, mientras que el escribano habría facilitado la posesión de la camioneta otorgando constancias de un vehículo de origen ilícito.

La funcionaria fue acusada por el Ministerio Público por reducción y resistencia, ya que se resistió a la verificación del rodado y en mostrar los documentos. Además, estaba al mando de un rodado de dudosa procedencia.
El juez del caso también intimó a la fiscalía para que, en un plazo de tres días, presente la carpeta fiscal a fin de llevar adelante la audiencia preliminar para los acusados.

José Félix Grau uno de los imputados que obtuvo una salida procesal en la misma causa, se presentó ante el tribunal de sentencia para declarar como testigo del Ministerio Público y dijo que él fue una víctima más en la causa.

Grau, señaló que nunca fue contratista de la administración de Hugo Javier González y que hizo todos los trabajos que le fueron encomendados por la ONG, CIAP que, expidió facturas sin saber que iban a reemplazarlas por facturas falsas.

El testigo señaló que, si construyó un muro en la ciudad de San Antonio y una ciclovía en Lambaré, que los insumos utilizados en las obras lo hicieron con recursos propios.

“Yo les pasé la factura del trabajo que les hice en la forma en que ellos me pidieron en forma parcelada, lo que ellos no me dijeron es que mis facturas iban a ir para reemplazadas por facturas falsas en la rendición uno. Cómo yo iba a saber que monto iba a poder, ellos me dijeron que monto y cuándo, lo que yo sí verifiqué es que sube el monto de mi presupuesto, pero los montos ellos me pasaron para cerrar esas facturas”, señaló el testigo al tribunal de sentencia.

Agregó que en toda su carrera como contratista nunca tuvo un antecedente hasta que lo imputaron en esta causa sin indagatoria previa lo que le hizo perder muchos trabajos en el sector de la construcción.

Hugo Javier soporta cargos por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, por formar parte de un esquema para defraudar al Estado por poco más de 5.000 millones de guaraníes.

Además de Hugo Javier están acusados en esta causa: Javier Rojas, Luis Allende, Lourdes Lezcano, Modesta Valiente y Miguel Ángel Torres.

La fiscalía sostiene que cuenta con numerosos documentos para probar que se hizo un desembolso de 5.100 millones guaraníes y que no fue destinada a obra alguna, sino que meses después se trató de adecuar para justificar y tiene como demostrar el detalle del desembolso quien recibió y cuánto.

Una vez iniciada las pesquisas, se adecuaron las obras y las facturas clonadas y o adulteradas fueron reemplazadas para justificar los millonarios desembolsos de la Gobernación a la ONG, fundación Centro Integral de Apoyo Profesional CIAP.

El tribunal de sentencia está integrado por los jueces Karina Cáceres, Ana Rodríguez y Yolanda Morel.

El juez de garantías Miguel Palacios fue recusado por una de las acusadas en el caso. Se trata de Yisela Ramírez, quien con la recusación al magistrado logró que nuevamente no pueda iniciar la audiencia preliminar respecto a todos los acusados.

El juzgado había convocado a las partes para este lunes bajo apercibimiento. En esta causa está acusado como líder del esquema de tráfico de droga y lavado Reinaldo Javier “Cucho Cabaña”. También está acusado el exdiputado colorado Ulises Quintana y los demás acusados, la recusación frustró nuevamente la realización de la diligencia.

Han transcurrido más de cinco años y hasta ahora no se ha superado la etapa de garantías en la causa debido a incidentes y recusaciones a los distintos jueces que han intervenido en el caso. Sumado a que el Ministerio Público, presentó la acusación, pero se dio por no presentada porque no fueron acompañadas las evidencias. La Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, confirmó que la acusación se presentó tarde y remitió el expediente a la fiscalía general para su acusación, desde entonces el proceso tropieza con numerosas dilaciones que impiden que el caso pueda ser debatido en juicio oral.

“Cucho” Cabaña fue acusado por la fiscalía de asociación criminal, tráfico y comercialización de estupefacientes, mientras que el diputado Ulises Quintana fue acusado de lavado de dinero y asociación criminal.

El operativo Berilo se llevó a cabo en distintos puntos de Alto Paraná en forma conjunta entre el Ministerio Público y la Senad en septiembre de 2018. En su momento, se detuvieron a más de 30 personas, pero posteriormente se descartó la participación de algunos, quedando un total de 24 personas involucradas en el proceso penal que deben enfrentar la audiencia preliminar.

En ese entonces, se realizaron diversas diligencias investigativas, incluyendo aproximadamente 20 allanamientos, en los cuales se incautaron 23 vehículos de lujo, 21 kilogramos de cocaína y dinero en efectivo por parte de los intervinientes.

El experto en criminología Juan Martens, dijo que se envía un mensaje desde el gobierno de protección al crimen organizado que, puede esto no sea así, pero, es la lectura que se le da al cancelar la cooperación con un organismo internacional como la DEA en las condiciones que se hizo.

Dijo que, esa es una primera lectura que se puede hacer por la manera en que se hizo la comunicación, que no fue tras un debate amplio y que tampoco fue socializado con todos los sectores para enriquecer el debate sobre la intención de frenar esta ayuda internacional.

Que, no se comunicó que se iba a adoptar esta determinación tras una evaluación de los resultados de la cooperación realizada con la Agencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, encargado de combatir el narcotráfico, contrabando y lavado de activos, Administración de Control de Drogas, DEA.

“Lo que más preocupa es el mensaje comunicacional que se está dando de qué es una forma de dar mayor poder de actuación a empresarios del crimen organizado, eso repercute en la imagen país, en las inversiones que se puedan captar y va contramano con el discurso institucional y va de contramano con el esfuerzo que realiza la Corte Suprema de Justicia de fortalecer la jurisdicción especializada para ampliar la captación de grandes empresarios del crimen y no solamente pequeños delincuentes”, acotó Juan Martens.

Mencionó que no se puede renunciar a cooperaciones internacionales que han permitido desbaratar empresas criminales importantes como A Ultranza, DAKOVO, Operativo North, entre otros.

Remarcó que, Paraguay no está en condiciones de renunciar a cooperaciones por la fragilidad institucional y la falta de recursos para combatir a las grandes estructuras criminales.