El juez Osmar legal decretó la prisión preventiva de la abogada Ángela María Kunrath, procesa como integrante del esquema de lavado de capitales del narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão.

Legal dejo sin efecto el estado de rebeldía que pesaba contra la mujer y decretó su prisión preventiva en el Buen Pastor. Esta medida será ejecutada una vez que la mujer tenga el alta médica en el Hospital San Lucas de PJC donde tuvo una intervención quirúrgica estética.

El magistrado ordenó la custodia permanente de agentes policiales del Departamento Contra el Crimen Organizado para evitar la fuga de la indiciada. Igualmente, se dispuso que una vez recluida el sistema penitenciario se encargue de arbitrar todos los medios necesarios para precautelar la salud de la imputada.

La procesada, se encontraba prófuga de la justicia desde el año pasado en que se llevó adelante numerosos allanamientos en busca de los integrantes del esquema de lavado de activos que montó en Paraguay el narco Jarvis Chimenes Pavão.

La letrada es considerada testaferro de Pavão, a partir de su detención en la clínica donde fue intervenida podrá afrontar los cargos que la justicia le atribuye.

Actualmente se ha identificado a 41 integrantes del esquema, entre ellos parientes cercanos de Pavao, así como abogados, contadores entre otros. De los cuales 24 fueron acusados por el Ministerio Público.

Se estima que este grupo criminal llegó a lavar más de 150 millones de dólares en bienes en nuestro país. Esto con el objetivo introducir activos provenientes del tráfico de drogas al sistema financiero. A partir de ello, en virtud de informes proveídos por instituciones públicas y privadas, se pudo determinar que una gran cantidad de personas de nacionalidad paraguaya y brasileña se encontraban realizando actividades tendientes al ocultamiento de bienes (testaferros) y el encubrimiento de capitales de origen ilícito a través de operaciones comerciales aparentemente legales en Paraguay.

En ese sentido, se pudo identificar que las personas que se encontraban operando para lavar capital ilícito pertenecían al núcleo de la organización criminal liderada por Pavao, conformada especialmente por sus familiares y hombres de confianza.

El juez Humberto Otazú volvió a establecer una nueva fecha para el inicio de la audiencia preliminar, esta vez, citó a las partes para el 4,5 y 6 de febrero del año que viene. En la causa está acusado exministro de Obras Públicas y Comunicaciones Ramón Jiménez Gaona, acusado por lesión de confianza por al fallido Metrobús.

El Ministerio Público había formulado acusación por un perjuicio patrimonial millonario al Estado y solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público. Además de Jiménez Gaona, fueron acusados, Marta Regina Benítez Morínigo y Guillermo Alcides Alcaraz exfuncionarios del MOPC.

La agente fiscal María Estefanía González, menciona que existen suficientes elementos de convicción para presentar la acusación contra los procesados por el hecho punible de lesión de confianza. Esta investigación se inició tras la denuncia formulada por Ricardo Pankow el 28 de mayo del 2018 contra los hoy acusados.

El 19 de febrero del 2016 la empresa Mota-Engil Ingeniería fue adjudicada para la ejecución de las obras, sin embargo, el ministro de Obras entonces Jiménez Gaona, teniendo la obligación de coordinar, supervisar y controlar las actividades de las obras no habría cumplido con las exigencias requeridas de manera previa y durante la ejecución de las obras que impidieron la viabilidad de la culminación de los trabajos emprendidos.

Se menciona que durante la gestión de Jiménez Gaona del 2016 al 2018, fecha en que ya cesaron las obras no se contaba con los permisos de los municipios afectados como la de San Lorenzo y la de Asunción. Que incluso se iniciaron la sobras sin contar con el diseño final de las obras.

Que tampoco se contó con un estudio hidrológico aprobado con la validación del fiscalizador, lo que posiblemente vulneró lo establecido en el contrato con la firma adjudicada para la realizar la obra.

Consecuentemente se habría pagado 29 certificaciones por un valor de 29 millones de dólares por obras que no cumplirían las especificaciones técnicas y que no servirían para la finalidad del Programa de Modernización del Transporte Público Metropolitano y Oficinas de Gobierno, Metrobús, dice el relato del Ministerio Público.

La jueza especializada Lici Sánchez, elevó a juicio oral y público el proceso penal abierto por narcotráfico respecto a Víctor Sanabria Oporto, acusado de liderar un esquema narco.

En su momento, una comitiva fiscal policial allanó la vivienda del exintendente de Belén, Víctor Sanabria Oporto, procesado por la supuesta comisión del hecho punible de tráfico de 653 kilos de cocaína a Uruguay, ocasión en que se logró la detención del imputado, quien estaba prófugo de la justicia.

El procedimiento llevado a cabo en Ciudad del Este con el acompañamiento de SIU de la Policía Nacional fue en el marco de la causa abierta a Sanabria Oporto, Adelio Fretes García y Cándido Javier Fretes, quienes fueron imputados luego de que cayera una carga de cocaína que iba dentro de un container de carne y cuyo destino final sería Rusia.

El juzgado penal de garantías Especializado contra el Crimen Organizado, primer turno de la capital había dictado la rebeldía y blindó los bienes de los sospechosos ya en su momento.
Tras la audiencia preliminar la magistrada elevó el caso a la siguiente etapa de juicio oral, para debatir públicamente las pruebas ofrecidas por la fiscalía en contra de los acusados.

Además, el juzgado ordenó la inhibición general de enajenar y gravar bienes de los acusados por los hechos punibles de tráfico internacional, tenencia sin autorización, asociación criminal y comercialización de sustancias estupefacientes.

Según la investigación del fiscal antidrogas Osmar Segovia el traslado del contenedor desde el frigorífico estuvo a cargo de la empresa transportadora «LC Las Camelias Group Logística», propiedad de Sanabria Oporto, quien conjuntamente con García y Fretes, serían los responsables de la contaminación del contenedor, que habría ocurrido el 29 de setiembre del 2022, en un depósito ubicado en Emboscada.

El Ministerio Justicia trabaja en el nuevo modelo penitenciario, esta vez, enfocado a mujeres privadas de su libertad. La institución busca humanizar las condiciones de privación y que la misma sea por corto tiempo en especial de aquellas que están recluidas por delitos menores.

El Ministerio de Justicia, informó que existe un total de 1.024 mujeres dentro del sistema penitenciario, de las cuales, 30 % están procesadas por trasgresión de la Ley 1340.

Justicia, sigue encaminando su tarea a fin de proponer acciones definitivas a favor de las MPL, que, en un porcentaje muy importante están presas por delitos menores y muchas de ellas han sido víctimas de circunstancias socioeconómicas lo que las llevó a formar parte de estructuras que las convierte finalmente en víctimas.

Ese 30% de mujeres recluidas están ligadas a los procesos judiciales de microtráfico de estupefacientes ya fueron usadas como mulas por los autores directos de estos hechos. El desafío principal del nuevo modelo penitenciario para las recluidas es darle una respuesta integral dentro de las cárceles del país.

“Es hora de replantearnos una política criminal y considerar enfoques más efectivos, más humanos y menos costosos que la prisión. El Ministerio de Justicia inició concretamente las primeras acciones relacionadas al nuevo modelo penitenciario femenino, buscando movilizar recursos, identificar, gestionar y asegurar los insumos financieros, humanos, materiales o técnicos para implementar este objetivo, exclusivamente para las mujeres”, remarcó el ministro Rodrigo Nicora.

Mediante un trabajo interinstitucional entre Justicia, Ministerio Público, Poder Judicial, Defensa Pública y la cooperación internacional, buscan priorizar a las mujeres privadas de libertad.

Imprimir celeridad en los procesos que afectan a mujeres, no solo servirá para descomprimir el sistema carcelario sino el sistema penal que también colapsa en la etapa de juicios orales.

El Ministerio Público publicó una serie de objetos recuperados que fueron hurtados en los últimos días y solicita a las víctimas de robos en estas semanas se presenten en la sede sobre Nuestra Señora entre Humaitá y Haedo a reconocer sus pertenencias.

La agente fiscal Yeimy Adle coordinó un allanamiento realizado a una vivienda ubicada en el barrio Itá Enramada de Lambaré, ocasión en el que se logró encontrar varios objetos cuyo origen no supo justificar el propietario de la casa, identificado como Isaías García, alias “Cara Cortada”, quien está sindicado de cometer varios ilícitos en Asunción y sus alrededores.

El Ministerio Público solicita a las personas víctimas de robo en los últimos días que se acerquen hasta la Sede 1 ubicada en la calle Nuestra Señora de la Asunción entre Haedo y Humaitá, sexto piso, específicamente en la Unidad Penal n.° 10, a fin de reconocer los objetos que les fueron sustraídos.

Las víctimas pueden presentarse en la unidad fiscal m3ncionada de lunes a viernes de 7:00 a 13:00 horas, con la denuncia realizada ante los organismos pertinentes, en tanto, las investigaciones prosiguen su curso normal.