La Cámara de Apelación Penal anuló el fallo que condenó a dos años de pena privativa de libertad a la odontóloga Lilia Graciela Espinoza y la bioquímica Sandra Hermosa, por el hecho punible de homicidio culposo por el fallecimiento por intoxicación con Flúor de la joven Sol Chávez.

Para alzada existe una falta de fundamentación de la sentencia, además de contener contradicciones por lo que el remedio ineludible por estos vicios es la anulación de la sentencia de primera instancia y la realización de un nuevo juicio oral y público por otro tribunal.

Los camaristas Bibiana Benítez, Delio Vera Navarro y José Agustín Fernández, anularon la sentencia dictada en su momento por los jueces: Laura Ocampo, Cándida Fleitas y Fabián Weisensee.

Con esta decisión, tanto la odontóloga Lilia Graciela Espinoza como la bioquímica enfrentarán un nuevo juicio oral y público. El Ministerio Público y la querella habían recurrido el fallo por la irrisoria condena aplicada por el tribunal de sentencia.

La odontóloga Lilia Espinoza es señala por la fiscalía como la principal responsable del fallecimiento de la víctima quien ingirió un medicamento que ella le recetó. La odontóloga confirmó el gramaje y la forma de consumo a la paciente.

Por otra parte, Sandra Hermosa es la persona que autorizó la elaboración en dosis de 500 mg en cada cápsula. La acusada obvió la estricta observancia de los protocolos, para la elaboración de preparados magistrales sobre dosis que pueden resultar letales para su consumo directo, en especial, cuando esta puede poner en peligro la vida de la paciente, señaló el Ministerio Público.

La víctima era paciente de Espinoza, quien le recetó 2 gramos de Flúor en comprimidos. El 9 de abril del 2021 a las 15:00 h aproximadamente, la misma ingirió el primer comprimido y minutos después empezó a sentirse mal gradualmente. A las 17:00, tuvo que ser internada de urgencia en un Sanatorio privado donde le realizaron un lavado gástrico. La joven tuvo un paro cardiorrespiratorio por intoxicación con Flúor y falleció a las 22:00Hs de ese mismo día.

Por medios telemáticos y desde su lugar de reclusión el pastor José Insfrán considerado un elemento clave dentro del esquema liderado por su hermano Miguel Ángel Insfrán alias Tío Rico, soporta su primer día de audiencia preliminar.

El agente fiscal Deny Yoon Pak, ratificó la acusación del Ministerio Público en el primer día de audiencia que se desarrolla ante la jueza especializada Rosarito Montanía.

En su momento el agente fiscal Deny Yoon Pak, presentó acusación contra José Insfrán por tráfico internacional de droga y otros hechos punibles por su participación en la organización criminal liderada por su hermano Miguel Insfrán alias Tío Rico.

El Ministerio Público menciona en la acusación que el hoy acusado José Insfrán, con su hermano Miguel Insfrán lideraban el esquema de tráfico internacional de cocaína a Europa.

El pastor fue acusado por los tipos penales de tráfico internacional de droga, asociación criminal y lavado de activos. Es considerado pieza clave junto con su hermano Tío Rico dentro del grupo criminal.

Insfrán, se encargó de la constitución de empresas y su Iglesia centro de avivamiento que fue utilizada para introducir dinero proveniente del tráfico de droga al sistema financiero.

Relata la acusación que, entre el año 2020 y 2021, varias organizaciones criminales se agruparon en una sola en el territorio nacional para concretar una mega estructura de tráfico internacional de cocaína y lavado de dinero.
La organización criminal estaba encabezada por el uruguayo Sebastián Marset y su socio el paraguayo Miguel Ángel Insfrán y el pastor José Insfran.

La organización criminal fue desbaratada tras el operativo A Ultranza Py, este operativo contó con la colaboración de la DEA, de la Europol y la Policía de Uruguay. Es el primer operativo de esta envergadura que dejó al descubierto los tentáculos y las ramificaciones del crimen organizado en la política, Iglesias y empresas dedicadas a lavar el dinero producto del narcotráfico.

Arrojó como resultado la incautación de bienes por un valor estimado de 100 millones de dólares consistentes en bienes inmuebles, vehículos de alta gama, dinero en efectivos y helicópteros. Así también fueron incautados documentos y aparatos celulares para la investigación. Los bienes ya son administrados por la Senabico.
Los primeros acusados en la causa ya tienen fecha de juicio oral para febrero del 2025.

Según el último reporte del Ministerio Público, en el país se registraron un total de 29 casos de feminicidios en lo que va del 2024 y con ello ha dejado a 61 niños, niñas y adolescentes huérfanos.

Dentro del Programa de Datos Abiertos del Ministerio Público, en el capítulo de Violencia contra la Mujer, hasta la fecha se registra 29 víctimas de f
eminicidio en Paraguay y un total de 28 causas abiertas.

Así también, en una de las causas también se investiga el caso de una joven que murió al intentar defender a su madre. En otra de las causas, además, se investiga un hecho de tentativa de feminicidio, atendiendo a que el supuesto autor quiso matar a su expareja y disparó contra la madre, quién falleció. En un caso a determinar, caratulado Homicidio/Feminicidio.

Otra información es el tipo de arma utilizada. En 7 fueron utilizadas armas de fuego, en 11 casos arma blanca, mientras que 6 muertes fueron por traumatismo (golpes), en uno de ellos la víctima sufrió un shock Séptico, y 5 casos por asfixia. En un caso la víctima fue abusada sexualmente antes del hecho de Feminicidio.

Se registra un promedio de 6 casos con ensañamiento, en un caso la víctima recibió más de 40 puñaladas y otra víctima registrada con más de 26 heridas, y dos fracturas.

Igualmente, la fiscalía informa que existe un total de 48 carpetas fiscales por tentativa de feminicidio.
Otro dato preocupante, es la cantidad de hijos que quedaron huérfanos. En tal sentido, 61 hijos quedaron huérfanos, 25 víctimas eran madres. Del total de víctimas, 25 eran paraguayas y 2 de nacionalidad brasilera.
Los niños que quedan sin sus padres en la mayoría de los caso terminan siendo víctimas de numerosas situaciones a lo largo de su niñez o adolescencia ya que no todos terminan creciendo con un familiar cercano luego de perder a ambos padres.

La cámara de apelaciones confirmó la competencia del juez Miguel Palacios en la causa abierta contra Reinaldo Javier “Cucho Cabaña” y el exdiputado Ulises Quintana por narcotráfico y lavado de dinero.

El juez de garantías Miguel Palacios fue recusado por una de la acusada en el caso, Yisela Ramírez, quien con la recusación al magistrado logró frustrar la última convocatoria a audiencia preliminar que se hizo bajo apercibimiento a las partes.

En esta causa está acusado como líder del esquema de tráfico de droga y lavado Reinaldo Javier “Cucho Cabaña”. También está acusado el exdiputado colorado Ulises Quintana y los demás acusados, la recusación frustró nuevamente la realización de la diligencia.

Han transcurrido más de cinco años y hasta ahora no se ha superado la etapa de garantías en la causa debido a incidentes y recusaciones a los distintos jueces que han intervenido en el caso. Sumado a que el Ministerio Público, presentó la acusación, pero se dio por no presentada porque no fueron acompañadas las evidencias. La Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, confirmó que la acusación se presentó tarde y remitió el expediente a la fiscalía general para su acusación, desde entonces el proceso tropieza con numerosas dilaciones que impiden que el caso pueda ser debatido en juicio oral.

“Cucho” Cabaña fue acusado por la fiscalía de asociación criminal, tráfico y comercialización de estupefacientes, mientras que el diputado Ulises Quintana fue acusado de lavado de dinero y asociación criminal.

El operativo Berilo se llevó a cabo en distintos puntos de Alto Paraná en forma conjunta entre el Ministerio Público y la Senad en septiembre de 2018. En su momento, se detuvieron a más de 30 personas, pero posteriormente se descartó la participación de algunos, quedando un total de 24 personas involucradas en el proceso penal que deben enfrentar la audiencia preliminar.

En ese entonces, se realizaron diversas diligencias investigativas, incluyendo aproximadamente 20 allanamientos, en los cuales se incautaron 23 vehículos de lujo, 21 kilogramos de cocaína y dinero en efectivo por parte de los intervinientes.

La jueza especializada, Lici Sánchez, rechazó el pedido de abandonar su arresto domiciliario para trabajar solicitado por el militar en situación de retiro, Arturo Javier González Ocampo, procesado por tráfico de influencias y asociación criminal, por su presunta participación en el mayor tráfico de armas en la región.

La defensa pidió que el procesado acuda hasta una escuela de vuelo de 6 de la mañana a 18 horas de lunes a viernes. La jueza entiende que este tipo de permisos no está contemplado en la ley por lo que ratifica el cumplimiento del arresto domiciliario en las condiciones ya establecidas inicialmente.

En estas condiciones la magistrada, ratificó el arresto domiciliario para el militar en situación de retiro imputado por su vínculo con una red criminal.

En su momento, los fiscales Diego Arzamendia, Francisco Cabrera y Fabiola Molas presentaron imputación contra varios efectivos militares, entre ellos González Ocampo.

Este caso fue descubierto luego de una investigación conjunta entre Paraguay, Brasil y Estados Unidos y se logró dar con un mega esquema de tráfico de armas que operaba desde nuestro país a través de la firma Internacional Auto Supply, propiedad de Diego Dirisio y Julieta Nardi, quienes son indiciados de ser los cabecillas de esta red de tráfico de armas en complicidad con efectivos militares.

La operación también reveló el uso de identidad y borrado de series de las armas importadas para evitar que sean rastreadas. La firma IAS importa armas desde el 2012, la empresa ha importado 25.000 armas al país, supuestamente eran vendidas al mercado local, pero lo cierto es que fueron a parar en manos de organizaciones criminales de Brasil.

La estructura de tráfico de armas también utilizaba a cambistas para parcelar y ocultar los flujos financieros y no levantar sospechas.

La jueza Alicia Pedrozo decretó el arresto domiciliario para Luis Esteban Cañete, sospechado de ser líder de un esquema criminal para direccionar resultados en disputas deportivas para beneficio con apuestas.

Tras la revisión de la prisión preventiva que pesaba sobre Cañete, la jueza hizo lugar al pedido de la defensa y otorgó una medida menos gravosa para el imputado a quien se le impuso una fianza real de más de G 1.000 millones.

En su momento tras el operativo BET, el Ministerio Público, afirmó tener suficientes elementos de convicción que hacen sospechar la existencia de los hechos punibles como la coacción, estafa y asociación criminal por ello, imputó a Luis Esteban Cañete Torres, Milciades Senen Cañete Grance, Victor Pantaleón Valiente Piris, Dahiana Katherine Recalde Coronel, Yamile Belén Caballero Peralta, Jonathan Darío Martínez Jara y Romina Fabiola Rodríguez Alvarenga. Requirió prisión preventiva como medida cautelar para todos los investigados.

Según el relato de hechos, el 8 de mayo de 2024, el Departamento de Antisecuestros informó al Ministerio Público sobre la presunta creación de un grupo criminal liderado por Luis Esteban Cañete Torres, destinado a amañar partidos de fútbol organizados por la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) con fines de apuestas deportivas.

Cañete Torres contó con el apoyo de Milciades Senen Cañete Grance, encargado de los pagos a jugadores, y Víctor Pantaleón Valiente Piris, quien reclutaba jugadores para influir en los resultados.

Se estima que, Cañete Torres y su equipo contactaron en varias ocasiones con futbolistas profesionales como Dahiana Katherine Recalde Coronel (Club 2 de Mayo), Yamile Belén Caballero Peralta (Club Sol de América) y Jonatan Darío Martínez Jara (Atlántida de Barrio Obrero), quienes a su vez contactaron a otros jugadores para “ir a menos” durante los partidos oficiales de la APF. Este esquema se sustentaba en el pago de incentivos económicos, siendo una de las jugadoras involucradas Romina Fabiola Rodríguez Alvarenga (Sol de América), quien habría aceptado sobornos y reducido su rendimiento en partidos, afectando al club.

Además, se menciona que Cañete Torres contactó a jugadores del Club Gral. Caballero de Juan León Mallorquín, a quienes ofreció sumas en dólares y guaraníes para disminuir su rendimiento y favorecer a sus rivales en apuestas deportivas. Cuando algunos jugadores no cumplieron con lo pactado, Cañete Torres exigió la devolución del dinero e impuso amenazas contra ellos y sus familias.

El 28 de octubre de 2024 se realizaron allanamientos, incautándose celulares, agendas y cuadernos que documentan pagos y ganancias, evidenciando las actividades de la organización criminal.

El juez Osmar legal decretó la prisión preventiva de la abogada Ángela María Kunrath, procesa como integrante del esquema de lavado de capitales del narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão.

Legal dejo sin efecto el estado de rebeldía que pesaba contra la mujer y decretó su prisión preventiva en el Buen Pastor. Esta medida será ejecutada una vez que la mujer tenga el alta médica en el Hospital San Lucas de PJC donde tuvo una intervención quirúrgica estética.

El magistrado ordenó la custodia permanente de agentes policiales del Departamento Contra el Crimen Organizado para evitar la fuga de la indiciada. Igualmente, se dispuso que una vez recluida el sistema penitenciario se encargue de arbitrar todos los medios necesarios para precautelar la salud de la imputada.

La procesada, se encontraba prófuga de la justicia desde el año pasado en que se llevó adelante numerosos allanamientos en busca de los integrantes del esquema de lavado de activos que montó en Paraguay el narco Jarvis Chimenes Pavão.

La letrada es considerada testaferro de Pavão, a partir de su detención en la clínica donde fue intervenida podrá afrontar los cargos que la justicia le atribuye.

Actualmente se ha identificado a 41 integrantes del esquema, entre ellos parientes cercanos de Pavao, así como abogados, contadores entre otros. De los cuales 24 fueron acusados por el Ministerio Público.

Se estima que este grupo criminal llegó a lavar más de 150 millones de dólares en bienes en nuestro país. Esto con el objetivo introducir activos provenientes del tráfico de drogas al sistema financiero. A partir de ello, en virtud de informes proveídos por instituciones públicas y privadas, se pudo determinar que una gran cantidad de personas de nacionalidad paraguaya y brasileña se encontraban realizando actividades tendientes al ocultamiento de bienes (testaferros) y el encubrimiento de capitales de origen ilícito a través de operaciones comerciales aparentemente legales en Paraguay.

En ese sentido, se pudo identificar que las personas que se encontraban operando para lavar capital ilícito pertenecían al núcleo de la organización criminal liderada por Pavao, conformada especialmente por sus familiares y hombres de confianza.