Los cuatro agentes policiales imputados por acceso indebido a sistemas informáticos y frustración de la persecución penal fueron sobreseídos provisoriamente del caso. Las fiscalas Ruth Benítez e Irma Llano solicitaron el sobreseimiento provisional ante diligencias pendientes, incluyendo informes técnicos y periciales.

El juzgado penal de garantías a cargo de Humberto Otazú sobreseyó provisionalmente a los cuatro policiales de Interpol quienes habían sido investigados por levantar código rojo de Gianina García, esposa del presunto Narcotraficante uruguayo prófugo de la justicia Sebastián Marset involucrado en el caso A Ultranza.

Las fiscalas Benítez y Llano habían solicitado la desvinculación provisoria de los uniformados Kevin Eduardo Montiel, Hugo Javier Vallejos, Gabriela Vasso Mosqueira y Clara Elizabeth Ruiz Díaz, imputados por acceso indebido a sistemas informáticos y frustración de la persecución.

No se puede llegar a una conclusión clara sobre cómo ocurrieron los hechos ni sobre la responsabilidad de los procesados en los delitos investigados es el argumento de la fiscalía aceptado por el juzgado.

”El pedido se funda, en el impedimento de poder alcanzar la conclusión sobre la forma en que ocurrieron los hechos y, de la responsabilidad ante la supuesta comisión de los hechos punibles investigados de los procesados Kevin Eduardo Montiel, Sanabria, Hugo Javier Vallejos Rivas, Gabriela Vasso Mosqueira Y Clara Elizabeth Ruiz Díaz Gómez, y del mismo modo particularizar la forma en que ocurrieron los mismos y de la responsabilidad ante la supuesta comisión de los hechos punibles mencionados en el acta de imputación, de los procesados citados precedentemente, y existiendo actualmente, una serie de elementos contradictorios en la presente investigación fiscal que deben ser esclarecidos con la realización de mayores diligencias, no se posee la certeza suficiente de cuál sería la responsabilidad y de la situación procesal en la que se encuentran todos los procesados”, menciona parte del decisorio.

Los agentes habían sido detenidos en noviembre del 2023 tras un allanamiento en la sede de Interpol.

La doctora Josefina Aghemo una de las abogadas del exgobernador de Presidente Hayes Óscar Núñez, recientemente beneficiado con el arresto domiciliario explicó a nuestro medio que su cliente se encuentra privado de su libertad por más de 1 año y 6 días superando ampliamente la pena mínima de 6 meses, por ende, en respeto a sus garantías constitucionales pidieron una medida menos gravosa para su cliente.

Comentó que, el tribunal sustituyó la medida de prisión preventiva tras escuchar los argumentos de la defensa que no solo pidió la revisión de la prisión por compurgamiento de la pena, sino ofreció una garantía real superior al supuesto perjuicio patrimonial perpetrado.

La profesional señaló que, ofrecieron 18 inmuebles como garantía cuyo valor oscila los G 54.872 millones superando ampliamente el presunto perjuicio patrimonial alegado en la sentencia de G 42.500 millones.

Agregó que todos los tipos penales por las cuales su cliente fue condenado tienen una pena mínima de seis meses que fue superado por Ñoño Núñez quien se encontraba en prisión desde el 14 de diciembre del 2023.

“Los tres hechos punibles por los cuales Óscar Núñez fue condenado, tienen una pena mínima de 6 meses, motivo por el cual, corresponde el cese de la prisión preventiva pues ella ya es dispensable. La prisión preventiva puede ser constitucional si no sobrepasa la pena mínima, pero, se convierte en inconstitucional si la sobrepasa, como en este caso, con las características de una pena anticipada, que afecta al estado de inocencia”, son parte de los argumentos y alegaciones de la defensa del exgobernador quien abandonó la prisión militar de Viñas Cue donde cumplía su condena de 11 años.

La defensa también alegó que no existe el peligro de obstrucción de la investigación ya que la misma ha concluido, tampoco existe el peligro de fuga y no cuenta con otros antecedentes penales por ende, correspondía que el hombre sea beneficiado con la sustitución de la prisión al no estar firme aún la condena que se le impuso.

El pasado viernes de forma unánime el tribunal de sentencia integrado por las juezas, Elsa García, Cándida Fleitas y Ana Ramírez, hizo lugar a la revisión de la prisión preventiva requerida por la defensa y sustituyó la prisión del condenado por un arresto domiciliario.

El tribunal de sentencia presidido por la jueza Elsa García, concedió el arresto domiciliario bajo una fianza millonaria al exgobernador de Presidente Hayes Óscar Venancio Núñez condena a 11 años de cárcel por lesión de confianza.

Para el tribunal se dan las condiciones para conceder al condenado una medida menos gravosa por el compuragamiento de la pena mínima del total de condena que soporta.

El tribunal estableció una fianza de G de más de 53.800 millones para hacer lugar a la revisión solicita por la defensa y que el acusado abandone la cárcel militar de Viñas Cue donde cumplía su condena.

En su momento, el tribunal de sentencia presidido por la misma jueza Elsa García, condenó por unanimidad al exgobernador de Presidente Hayes Óscar Venancio Núñez a 11 años de cárcel.

Para el tribunal de sentencia quedó probado un perjuicio patrimonial perpetrado por G 42.000 millones a la Gobernación durante la gestión de Óscar Venancio Núñez, el desvío de fondos se realizó a través de cheques girados al portador. Parte de este dinero público, se usó para pagar carrera de caballo por G 100.000.000, deudas privadas y deudas de campaña, explicó el tribunal sentencia y que el exgobernador Núñez, seguía recibiendo sumas de dinero incluso cuando ya dejó el cargo, subrayó la presidenta del tribunal.

“Este caso constituye un hecho sumamente grave, porque ese dinero estaba destinado a personas vulnerables como la comunidad indígena, escolares y el sector campesino”, destacó ese día Elsa García presidenta del colegiado.

Óscar Venancio Núñez y Emigdio Benítez desviaron millones de guaraníes de la Gobernación de Presidente Hayes en el periodo 2008-2012 y que con ello incurrieron en la lesión de confianza agravada, según tribunal.

Se identificó varios cheques emitidos sin una contraprestación de servicios, esos fondos fueron a parar para el pago de gastos personales, según se demostró en el juicio, reiteró el tribunal.

También fueron sentenciados, Nancy Genoveva Núñez a 7 años de cárcel, Edulfo Verón a 6 años, y Raul Delgado Torres 3 años como cómplice, todos están inhabilitados a ejercer cargos públicos por cinco años.

El juez Vicente Coronel decretó la prisión preventiva de William Bogarín funcionario del Congreso y de la abogada Ilse Paredes, imputados por los tipos penales de estafa, asociación criminal y producción de documentos de contenido falso.

El magistrado ordenó que los mismo permanezcan en una dependencia policial por un periodo de diez días luego de lo cual deberán ser trasladados a un penal para cumplir la medida decretada.
Los mismos están sospechados de pertenecer a una estructura criminal para defraudar a colonos menonitas quienes entregaron alrededor de $ 1.600.000 para la compra de tierras en el Chaco.

Según la denuncia, las víctimas refirieron que fueron engañadas en la compra de 8.000 hectáreas de tierras en la zona del Chaco paraguayo, presuntamente pertenecientes al INDERT y que podrían ser adquiridas debido a las influencias políticas que tiene uno de los involucrados. Las supuestas negociaciones empezaron ya en el año 2017 y la entrega de sumas de dinero se seguían dando hasta este año.

Entre otras diligencias se realizaron la trazabilidad de los documentos asentados en el INDERT y detectaron que las tierras no son de su propiedad. Los sospechosos habrían facilitado coordenadas de la ubicación de las tierras y supuestas fotografías de ellas.

Bogarín fue detenido en el departamento Central en uno de los allanamientos realizados por el Ministerio Público. Ilse Paredes fue detenida en el allanamiento a su vivienda. Del lugar también fueron incautados documentos y su teléfono celular que será sometido a peritaje.

Mientras que Ljubetic fue detenido frente a la sede zonal del Ministerio Público y posteriormente, llevado a su vivienda, donde funciona su oficina que estaba allanada en busca de documentos que pudieran conectar a los involucrados en el caso investigado.

Los imputados comparecieron este viernes a su audiencia de imposición de medidas ante el juez que decretó la prisión de los involucrados en una estafa millonaria a los colonos de San Pedro.

El juez José Agustín Delmás elevó a juicio oral y público el proceso penal abierto a la actuaria judicial Juliana Romero acusada por el Ministerio Púbico de haber ocultado el expediente del usurero luqueño Ramón González Daher.

Tras la audiencia preliminar, el magistrado resolvió admitir en su totalidad las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público y la defensa y elevó el caso a la siguiente etapa para el debate público.

La agente fiscal Ruth Benítez ratificó que la actuaria judicial Juliana Benítez Maciel, en fecha 16 de agosto de 2023, a las 09:16:17, modificó los datos del sistema de gestión jurisdiccional JUDISOFT, correspondiente al expediente de Ramón González Daher sobre testimonio falso que fie reemplazado por otro expediente.

“Dicha modificación en el sistema, fue realizada a través del usuario individualizado como User_FuncPJ)_3663, perteneciente a la actuaria judicial Juliana Romero Maciel, quien se aprovechó sin contar con autorización alguna de las atribuciones que le fueran conferidas a través de su usuario y lograr con ello el cambio cuestionado”, ratificó la agente fiscal del caso durante la audiencia preliminar.

Agrega la fiscalía que la actuaria logró con la modificación de carátula y año extraviar digitalmente el expediente de Ramón Gonzáles Daher para que ningún usuario habilitado del juzgado pueda encontrarlo.

El magistrado no hizo lugar al pedido de exclusión de las pericias de imágenes solicitado por la defensa. Las pericias no fueron realizadas a espaldas de la defensa argumentó el Ministerio Público, las cuales fueron admitidas en tu totalidad para el juicio oral.

Con esta decisión el caso para a juicio oral donde serán sometidas a juzgamiento público las pruebas ofrecidas por las partes para que un tribunal de sentencia determine la conducta de la funcionaria judicial.

Los tipos penales acusados por el Ministerio Público son el de sabotaje a sistemas informáticos, simulación de un hecho punible, frustración de la persecución y ejecución penal y realización del hecho por funcionario por haber supuestamente sido ella la que modificó e hizo desaparecer el expediente del usurero González Daher.

El agente fiscal José Godoy imputó a William Bogarín exdirector del Congreso, a la abogada Ilse Paredes y José Ljubetic Arellaga por los tipos penales de estafa, asociación criminal y producción de documentos de contenido falso.

Los mismos están sospechados de pertenecer a una estructura criminal para defraudar a colonos menonitas quienes entregaron alrededor de $ 1.600.000 para la compra de tierras en el Chaco.

Según la denuncia, las víctimas refirieron que fueron engañadas en la compra de 8.000 hectáreas de tierras en la zona del Chaco paraguayo, presuntamente pertenecientes al INDERT y que podrían ser adquiridas debido a las influencias políticas que tiene uno de los involucrados. Las supuestas negociaciones empezaron ya en el año 2017 y la entrega de sumas de dinero se seguían dando hasta este año.

Entre otras diligencias se realizaron la trazabilidad de los documentos asentados en el INDERT y detectaron que las tierras no son de su propiedad. Los sospechosos habrían facilitado coordenadas de la ubicación de las tierras y supuestas fotografías de ellas.

Bogarín fue detenido ayer en el departamento Central en uno de los allanamientos realizados por el Ministerio Público. Ilse Paredes fue detenida en el allanamiento a su vivienda. Del lugar también fueron incautados documentos y su teléfono celular que será sometido a peritaje.

Mientras que Ljubetic fue detenido frente a la sede zonal del Ministerio Público y posteriormente, llevado a su vivienda, donde funciona su oficina que estaba allanada en busca de documentos que pudieran conectar a los involucrados en el caso investigado.