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Narco detenido en la operación “Squid” tenía en su poder documentos sensibles relacionados a la investigación

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La jueza Rosarito Montanía instó al Ministerio Público indagar quienes son los funcionarios corruptos que entregaron documentación relacionada a la investigación al presunto narco Diego Rojas García cuya prisión fue decretada este domingo por la jueza especializada.

Una de las razones por las cuales se ordena su prisión preventiva del procesado, es precisamente por su capacidad de obstruir o frustras la investigación ya que tenía nada más y nada menos que copias de la pesquisa de este caso.

La magistrada resalta en la resolución que decreta la prisión de Rojas en el penal de Coronel Oviedo, que la fiscalía está obligada a indagar este hecho ya evidencia la complicidad de funcionarios públicos que deben estar la servicio de la justicia, sin embargo brindan colaboración a grupos criminales.

“En dicho presupuesto se debe valorar la posibilidad razonable y fundada de una evasión por parte del justiciable, para frustrar un posible resultado desfavorable a sus intereses en el proceso, o inclusive la sospecha concreta de obstaculización que el mismo puede cometer para evitar una eventual condena. Respecto a esto último, resulta sumamente relevante mencionar, que, al momento de su aprehensión, fueron incautados de su poder, documentaciones sensibles y reservados respecto a la presente investigación, que aún no fueron expuestas a las partes, por lo que podemos presumir, con alto grado de probabilidad, que el imputado cuenta con la ayuda de funcionarios desleales y corruptos, que el Ministerio Público debe también investigar, lo que hace presumir objetivamente, que Diego Rojas, cuenta con la capacidad de frustrar u obstruir el correcto desarrollo de la investigación#, señala parte de la decisión de la jueza Rosarito Montanía sobre la complicidad de altos funcionarios con el crimen organizado.

Diego Andrés Rojas García, fue señalado por el Ministerio Público como un miembro activo dentro de la organización criminal, con un rol de mando medio en la toma de decisiones, que traficó más de 429 kilos de cocaína, además de ser el supuesto nexo con los lideres y demás integrantes del grupo criminal, siendo el encargado de la logística para la recepción, acopio y trasporte de la droga por vía terrestre, para su posterior remisión a países extranjeros.

Igualmente, se encargaba de acondicionar las pistas de aterrizajes, ubicada en inmediaciones de los departamentos de Presidente Hayes, Alto Paraguay y Concepción, además del abastecimiento de combustible para las aeronaves, según el relato del Ministerio Público.

Alarmante: Paraguay registra oficialmente 10.731 padres en mora con la alimentación de sus hijos

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La estadística del Registros de Deudores Alimentarios Morosos registra un total de 10.731 padres en mora en el cumplimiento del deber legal alimentario con sus hijos.

Solo este año el Poder Judicial ingresó a 1.345 padres al registro de morosos con su obligación de alimentante de las cuales 1.328 son varones y 17 son mujeres.

Los números no dejan de ser preocupantes ya que la cantidad de padres en mora debe ser multiplica por dos y hasta por tres hijos en algunos casos que no están recibiendo la vital asistencia para su normal crecimiento.

El incumplimiento del deber legal alimentario es uno de los hechos punibles más cometidos en nuestro país y que afecta directamente a niños, niñas y adolescentes cuyos padres no cumplen con esta obligación legal.

REDAM es un registro actualizado de los padres que caen en mora con el importe obligatorio para asistir en alimento a sus hijos. La inclusión o exclusión en este registro es dinámico y permanente, los números que compartimos que fueron dados a conocer oficialmente por la ministra encargada del fuero de la Niñez y Adolescencia.

El REDAM encuentra disponible las 24 horas y los 7 días de la semana. Para acceder solo se requieren los datos de la Cédula de Identidad paraguaya. En caso de tratarse de un usuario extranjero, con número de cédula a partir de 7 millones y números de cédulas alfanuméricos, el mismo debe acudir a las oficinas de Antecedentes Judiciales, ubicadas en todas las sedes judiciales del país.

La Oficina de Informaciones Judiciales de la Dirección de Estadística Judicial, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, presentó el informe estadístico que detalla la cantidad de personas que figuran en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) que al cierre de este 2024 llega a 10.731 personas registradas.

El juzgador no puede dejar a la Inteligencia Artificial aspectos como la sana crítica, según connotado magistrado

El juez especializado Matías Garcete fue abordado por nuestro medio sobre la Inteligencia Artificial y su uso en la tramitación de casos. Para Garcete es improbable que el magistrado deje a cargo de la tecnología aspectos inherentes como la sana crítica y el sentido de logicidad.

Comentó que la utilización de IA en el sistema de justicia debe seguir siendo analizada como otras tantas teorías que han permitido avanzar en los procesos permitiendo la modernización del sistema penal y entender en qué aspectos y procesos podría ser de utilidad la tecnología sin despojar al juez de sus inherentes funciones de juzgador.

Dijo que otro de los aspectos a tener en cuenta son las disposiciones legales de nuestro país que permitan el uso de la Inteligencia Artificial en el sistema justicia.

Agregó que es necesario tener parámetros bien claros sobre la indiscutible introducción de la Inteligencia Artificial en el presente y futuro de la justicia.

“Mi criterio siempre ha sido que, el sentido de la sana crítica de un juzgador no va a poder ser reemplazado por una Inteligencia Artificial, es improbable, eso siempre lo he dicho. Hemos escuchado a varios teóricos expertos del ámbito internacional que, han analizado el contexto hay algunas legislaciones que están incorporando algunos criterios básicos que puede analizar el IA. El juzgador no puede dejar a la Inteligencia Artificial aspectos como el sentido de logicidad, sana crítica sobre la base de la experiencia y demás sola y únicamente el juez es el que tiene que hacerlo”, comentó el magistrado Matías Garcete.

Sostuvo que se debe seguir analizando este aspecto ya que el derecho de por sí es dinámico y se debe ver cómo puede beneficiar a los procesos que es lo que se debe precautelar.

Se viene realizando numerosos congresos a nivel mundial sobre la introducción de la IA en la administración de justicia y cómo su uso podría beneficiar para imprimir agilidad a los casos y disminuir las burocracias innecesarias para tramitación de los procesos.

La mora judicial es una de las grandes deudas que tiene el Poder Judicial con la ciudadanía. En procesos penales, civiles, de la niñez e incluso en los casos de regulación de honorarios se tiene una alta mora, la tecnología podría significar un aliado estratégico para combatir la lentitud en la tramitación de los expedientes.

Mecánico se quedó con el auto de su cliente y fue imputado

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La fiscal Thais García imputó al propietario de un taller mecánico, identificado como Eulalio Pereira Escobar, por presunta apropiación de un automóvil BMW que le fue entregado por un cliente para su reparación.

La víctima denunció que dejó su BMW modelo X3, en el local de Pereira, quien recibió además la suma de 25 millones de guaraníes para cubrir los gastos de repuestos y el pago de su mano de obra.

Según la investigación, en el mes de julio de 2023, el mecánico recibió el automotor, que presentaba un problema en el motor, en su taller ubicado en el barrio San Damián de Presidente Franco. La víctima le entregó el rodado y el dinero en efectivo, pero luego de varios meses sin noticias sobre el progreso de la reparación, comenzó a inquietarse.

Al contactar con Pereira, este le informó que el vehículo había sido enviado a una chapería, pero no precisó el lugar. Al continuar con sus averiguaciones, el afectado encontró la carcasa de su automóvil en una chapería ubicada en el kilómetro 9 de la Avenida Monday. El propietario de dicha chapería, Sergio López, confirmó que Pereira le había llevado el vehículo en ese estado, sin el motor, para que le realizara un trabajo de pintura.

Tras reunir diversos elementos incriminatorios, la fiscal Thais García decidió imputar a Eulalio Pereira Escobar por el delito de apropiación.

A raíz de la complejidad de la investigación y la necesidad de obtener informes de diversas instituciones públicas, la fiscalía solicitó un plazo de seis meses para concluir la causa.

Otro exgobernador de Presidente Hayes beneficiado con arresto domiciliario

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El tribunal de sentencia presidido por la jueza Elsa García, resolvió conceder también el arresto domiciliario al exgobernador de Presidente Hayes Emigdio Benítez, condenado a 7 años 6 meses de cárcel en el mismo juicio que Óscar “Ñoño Núñez”.

El tribunal consideró el tiempo en prisión preventiva del condenado, que está presó desde diciembre del año pasado superando ampliamente los seis meses de pena mínima.

El mismo argumento benefició al condenado exadministrador de la gobernación, Edulfo Verón, condenado a 6 años de cárcel, quien también fue beneficiado con el arresto domiciliario hasta tanto la condena quede firme.

Para el tribunal de sentencia quedó probado en juicio un perjuicio patrimonial perpetrado por G 42.000 millones a la Gobernación durante la gestión de Óscar Venancio Núñez, el desvío de fondos se realizó a través de cheques girados al portador. Parte de este dinero público, se usó para pagar carrera de caballo por G 100.000.000, deudas privadas y deudas de campaña, explicó el tribunal sentencia y que el exgobernador Núñez, seguía recibiendo sumas de dinero incluso cuando ya dejó el cargo, subrayó la presidenta del tribunal.

Respecto a Emigdio Benítez el tribunal explicó que se dio el mismo esquema de expedición de cheques de fondos pertenecientes a la Gobernación y que fueron cobrados por el condenado o personas cercanas.

Óscar Venancio Núñez y Emigdio Benítez desviaron millones de guaraníes de la Gobernación de Presidente Hayes en el periodo 2008-2012 y que con ello incurrieron en la lesión de confianza agravada, según tribunal en su momento.

Se identificó varios cheques emitidos sin una contraprestación de servicios, esos fondos fueron a parar para el pago de gastos personales, según se demostró en el juicio, reiteró el tribunal.

El tribunal de sentencia integrado por las juezas Elsa García, Cándida Fleitas y Ana Ramírez, hizo lugar al pedido de revisión y sustitución de la prisión de los condenados por una medida menos gravosa al no confirmarse el fallo que emitieron hace más de un año.

En el fuero de la Niñez ingresaron 51.468 expedientes nuevos este año, Informó Llanes

La ministra Carolina Llanes encargada de la Oficina de Apoyo al fuero de la Niñez y Adolescencia OTANA, informó sobre el trabajo de los jueces y tribunales de este fuero que han arrojado números satisfactorios en lo que respecta al trabajo del Poder Judicial.

Llanes hizo recuento de todas actuaciones de los tribunales, desde los expedientes ingresados este año, así como las resoluciones emitidas, las notificaciones realizadas y las sentencias definitivas dictadas a nivel país.

Entre el periodo comprendido del 1 de enero al 27 de noviembre de 2024, se manejan las siguientes cifras: 45.296 autos interlocutorios, 33.119 sentencias definitivas y 372.362 cédulas de notificación, abarcando todos los juzgados de las circunscripciones judiciales del país.

La ministra resaltó el significativo crecimiento en la producción de los jueces de la Niñez y la Adolescencia a nivel nacional en este año, superando ampliamente los números del 2022 y 2023. Se iniciaron 51.468 expedientes en este 2024, se dictaron 45.302 autos interlocutorios, lo que representa un aumento del 66% en comparación con el año 2023.


Además, se registró un incremento del 5% en las sentencias definitivas y se emitieron 372.296 cédulas de notificación, lo que equivale a un crecimiento del 19% respecto al año anterior.

Si bien los números de producción de este año, resulta sumamente alentadores, aún resta insistir en la necesidad de imprimir celeridad en todos los expedientes relacionados a nuños y principalmente en aquellos donde se solicita la prestación alimentaria ya que en niño, niña y adolescente requiere de esa vital asistencia para su crecimiento.


Estos datos reflejan un avance considerable en el funcionamiento del sistema judicial, particularmente en el ámbito de la Niñez y Adolescencia, un área crítica para el desarrollo social y la protección de los derechos de los niños y niñas.


Recordemos que los servicios de justicia en este fueron son gratuitos y se tramitan los casos relacionados a filiación, suspensión o pérdida de la patria potestad sobre los hijos, la designación o remoción de los tutores de las reclamaciones de ayuda prenatal y protección a la maternidad, los pedidos de fijación de cuota alimentaria, los casos de guarda, abrigo y convivencia familiar, las demandas por incumplimiento de las disposiciones relativas a salud, educación y trabajo de niños y adolescentes.

Así como los juicios de los casos derivados por la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENI); los casos de maltrato de niños o adolescentes que no constituyan hechos punibles, las venias judiciales, la adopción de niños o adolescentes, las medidas para hacer efectivo el cumplimiento de los derechos del niño o adolescente y las demás medidas establecidas por este Código.

Paraguay eleva la pena a 30 años de cárcel para agresores sexuales

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El presidente de la República Santiago Peña, promulgó la ley que modifica los artículos 128 y 135 del Código Penal y que recrudece la pena carcelaria por abuso sexual en niños cuya máxima llega a 30 años de prisión.

Con la promulgación, los casos de abuso sexual en niños y adolescentes, tendrán una pena mínima de 15 a 20 años de cárcel, que puede extenderse hasta 30 años, según la gravedad del hecho.

Las modificaciones introducidas también amplían la protección a las víctimas de estos hechos punibles, tipificando nuevas formas de violencia y agravando las sanciones en determinados casos.

“Hoy damos un paso muy importante en la protección de nuestros niños y niñas. Hemos promulgado una reforma legislativa trascendental que convierte a Paraguay en el país de la región con penas más severas para abusadores. Este avance no solo endurece las sanciones, sino que redefine nuestro Código Penal, enviando un mensaje claro: en Paraguay, la violencia contra nuestros niños no será tolerada bajo ninguna circunstancia”, señaló el presidente Pena al dar a conocer la noticia que endurece la pena por este crimen.

Los casos de abuso sexual en niños según el reporte del Ministerio Público, durante el 2024 fueron atendidos hasta 8 víctimas por día. Los hechos punibles de abuso son varios como; estupro, la pornografía infantil, actos homosexuales en personas menores, abuso por medios tecnológicos, entre otros.

Recordemos que más de 75% de los casos ocurren en el entrono familiar, lo que hace aún más preocupante las estadísticas del Ministerio Público por lo que han creído pertinente elevar los años de cárcel para los agresores sexuales de niños.

Según la estadística de la fiscalía, el 71% son niñas y adolescentes mujeres y el 29% niños y adolescentes varones. El 7% tiene entre 0-4 años de edad, el 17% entre 5 a 9 años de edad, el 32% entre 10 a 13 años de edad y el 44% entre 14 a 17 años de edad. Las zonas con más denuncias de abuso sexual en niños son Asunción, Central, Alto Paraná, Itapúa, Caaguazú, Cordillera.

Con la elevación de la pena se busca disminuir los hechos punibles de esta naturaleza, aunque está probado que los casos pese a que ya ha elevado la pena en una primera oportunidad los casos siguieron trepando. Hoy con la pena que es equiparada con el homicidio se estima que el índice baje ante la elevada expectativa de pena.

Ratificada la prisión de presuntos estafadores de colonos de San Pedro

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El tribunal multifuero de San Pedro confirmó la prisión preventiva de William Bogarín funcionario del Congreso y de la abogada Ilsa Paredes, salpicados de pertenecer a un esquema criminal de estafa a colonos de Río Verde San Pedro.

En su momento el juez Vicente Coronel decretó la prisión preventiva de William Bogarín funcionario del Congreso y de la abogada Ilsa Paredes, imputados por los tipos penales de estafa, asociación criminal y producción de documentos de contenido falso, medida hoy ratificada.

Los imputados se encuentran guardando prisión en una dependencia policial por un periodo de diez días luego de lo cual deberán ser trasladados a un penal para seguir cumpliendo su prisión preventiva.
Los mismos están sospechados de pertenecer a una estructura criminal para defraudar a colonos menonitas quienes entregaron alrededor de $ 1.600.000 para la compra de tierras en el Chaco.

Según la denuncia, las víctimas refirieron que fueron engañadas en la compra de 8.000 hectáreas de tierras en la zona del Chaco paraguayo, presuntamente pertenecientes al INDERT y que podrían ser adquiridas debido a las influencias políticas que tiene uno de los involucrados. Las supuestas negociaciones empezaron ya en el año 2017 y la entrega de sumas de dinero se seguían dando hasta este año.

Entre otras diligencias se realizaron la trazabilidad de los documentos asentados en el INDERT y detectaron que las tierras no son de su propiedad. Los sospechosos habrían facilitado coordenadas de la ubicación de las tierras y supuestas fotografías de ellas.

Bogarín fue detenido en el departamento Central en uno de los allanamientos realizados por el Ministerio Público. Ilse Paredes fue detenida en el allanamiento a su vivienda. Del lugar también fueron incautados documentos y su teléfono celular que será sometido a peritaje.

Mientras que Ljubetic fue detenido frente a la sede zonal del Ministerio Público y posteriormente, llevado a su vivienda, donde funciona su oficina que estaba allanada en busca de documentos que pudieran conectar a los involucrados en el caso investigado.

CEDEP preparara importante diplomado en derecho Civil y Comercial

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Bajo la dirección del doctor José Moreno, el Centro de Centro de Estudios de Derecho, Economía y Política DECEP organiza un diplomado en derecho Civil y Comercial dirigido a profesionales que deseen elevar sus conocimientos en esta rama del derecho.

El diplomado contará con una carga horaria de 100 horas. Tres meses corridos de puro derecho Civil con destacados docentes locales como el doctor Francisco Segura, Roberto Ruiz Diaz Labrano, José Moreno y invitados especiales del ámbito internacional.

El doctor Jorge Melgarejo explicó que, el diplomado está enfocado para potenciar el conocimiento de los profesionales del derecho en esta materia y aquellos que concursen ante el Consejo de la Magistratura por un cargo tendrán un puntaje por este diplomado.

La actividad académica se centrará en tres módulos específicos como: Contratos, Arbitraje y Proceso Civil.


Las sesiones serán 80 % virtuales para que los profesionales del derecho a nivel país tengan la posibilidad de acceder a este curso con profesionales de talla internacional, mientras que solo el 20% presenciales.


El programa académico contempla incluso que el equipo de CEDEP se traslade con los docentes al interior del país para que los alumnos presencien las ponencias y realicen sus consultas a los juristas con quienes compartirán esas fechas.

El Diplomado organizado por el CEDEP busca llegar a los líderes jurídicos, públicos o privados que, se encuentren en sitiales de relevancia con un programa de alta calidad jurídica, con sesiones prácticas para los interesados, con materiales de utilidad para los abogados, con el sello de calidad de CEDEP.

El Centro de Centro de Estudios de Derecho, Economía y Política DECEP, firmó un convenio con la Escuela Judicial para llevar adelante este diplomado de alta relevancia intelectual.

La actividad académica arranca en febrero, no te lo pierdas.

Certificación académica avalada por instituciones de prestigio.
Si estás interesado, registrate en el siguiente enlace:

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Camarista realiza un interesante análisis sobre el bloqueo en redes por parte autoridades públicas

En el marco del Amparo Constitucional promovido por la abogada Alejandra Peralta Merlo quien fue bloqueada por la senadora Norma Aquino alias Yamy Nal, la cámara resolvió revocar la sentencia que ordenaba a la legisladora desbloquear a la abogada en X, pero, el voto en disidencia de una de las camaristas no tiene desperdicios.

La camarista Stella Maris Zárate una de las integrantes de alzada, hizo un profundo análisis sobre el derecho a la información y la intimidad, derechos considerados de máximo rango que tanto la demandante como la demandada piden sean respetados.

En ese sentido Zárate trae a colación no solo fallos de la Corte Suprema de Justicia, citas de juristas locales y doctrinas para hacer notar la prevalencia de uno de los derechos sobre el otro, por qué el derecho a la información se sobrepone sobre el derecho a la intimidad como en este caso en particular.

Menciona que, no se debe perder de vista que el derecho del acceso a informarse tiene estrecha conexión con el derecho constitucional a la libertad de expresión dispuesto en el artículo 26 de nuestra Constitución. La norma de este artículo, es bidimensional, en tanto resguarda no solo un fin individual sino también social, lo cual impone reconocerlo no sólo como derecho a expresarse libremente, sino también como derecho a recibir información ecuánime y veraz para hacer operativo ese derecho.

“En efecto, de acuerdo a la regla de interpretación desarrollada por Atienza, debe apuntarse que por el cargo ostentado por la demandada senadora Nacional y las demás funciones descritas en su perfil, las expresiones escritas, digitales, impresas, audiovisuales, sonoras y de toda índole que son divulgadas en su cuenta de red social X, en definitiva, provienen de una personalidad pública que desempeña un cargo o profesión de interés público de modo tal que lo allí expresado adquiere contornos de relevancia pública. Distinto hubiese
sido, si la misma personalizaba su cuenta por ejemplo como: “hija, madre, esposa, amiga, colaboradora para la construcción de un país mejor”, etc. entre varios ejemplos de cuentas privadas de personas que quizás cumplen una función pública o no, pero sus cuentas son totalmente privadas, no vinculadas de ninguna forma a funciones públicas.

En suma, el carácter de la información compartida por la senadora Nacional Norma Beatriz Aquino Luraghi en su cuenta de Red Social X puede develar hechos concernientes a la esfera de su intimidad, no obstante, su divulgación o no, se halla sujeta en todo momento a su elección voluntaria. Por el contrario, dado el interés público relativo a sus actividades integrales como legisladora de nuestra República, es que su privacidad e intimidad encuentran un límite y ceden al derecho de toda persona a obtener información veraz, responsable y ecuánime respecto sus actividades, pues, en definitiva, su labor se involucra con la conducción legislativa que rige la administración general del Estado Paraguayo”, señala parte del voto de la jueza.

El voto es sumamente relevante al dejar sentado lo límites que tiene una autoridad pública en sus redes sociales cuando afecta derechos fundamentales de terceros, como en este caso.

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