La jueza especializada, Lici Sánchez, rechazó el pedido de abandonar su arresto domiciliario para trabajar solicitado por el militar en situación de retiro, Arturo Javier González Ocampo, procesado por tráfico de influencias y asociación criminal, por su presunta participación en el mayor tráfico de armas en la región.
La defensa pidió que el procesado acuda hasta una escuela de vuelo de 6 de la mañana a 18 horas de lunes a viernes. La jueza entiende que este tipo de permisos no está contemplado en la ley por lo que ratifica el cumplimiento del arresto domiciliario en las condiciones ya establecidas inicialmente.
En estas condiciones la magistrada, ratificó el arresto domiciliario para el militar en situación de retiro imputado por su vínculo con una red criminal.
En su momento, los fiscales Diego Arzamendia, Francisco Cabrera y Fabiola Molas presentaron imputación contra varios efectivos militares, entre ellos González Ocampo.
Este caso fue descubierto luego de una investigación conjunta entre Paraguay, Brasil y Estados Unidos y se logró dar con un mega esquema de tráfico de armas que operaba desde nuestro país a través de la firma Internacional Auto Supply, propiedad de Diego Dirisio y Julieta Nardi, quienes son indiciados de ser los cabecillas de esta red de tráfico de armas en complicidad con efectivos militares.
La operación también reveló el uso de identidad y borrado de series de las armas importadas para evitar que sean rastreadas. La firma IAS importa armas desde el 2012, la empresa ha importado 25.000 armas al país, supuestamente eran vendidas al mercado local, pero lo cierto es que fueron a parar en manos de organizaciones criminales de Brasil.
La estructura de tráfico de armas también utilizaba a cambistas para parcelar y ocultar los flujos financieros y no levantar sospechas.
