El agente fiscal de Luque, Silvio Alegre, imputó a José Gabriel Ortega González, de 28 años, por el presunto hecho punible de exposición al peligro en el tránsito terrestre y requirió la aplicación del arresto domiciliario para el indiciado al cual se hizo lugar.

El percance ocurrió el 11 de enero, alrededor de las 04:20 horas, en la intersección de las calles Rosario y Paseo Central de la ciudad de Luque. José Gabriel Ortega González conducía un automóvil de la marca Toyota, cuando perdió el control del rodado, impactando contra una protección de cemento ubicada en la entrada del paseo peatonal.

Tras el percance, agentes policiales de la Comisaría 3.ª Central de Luque acudieron al lugar y procedieron al traslado del imputado al Puesto de la Patrulla Caminera de San Lorenzo, donde fue sometido a la prueba de alcotest, que arrojó un resultado positivo de 1.004 mg/L, catalogado como falta gravísima según la Ley N.° 6842/2021. Además, se constató que el imputado no poseía licencia de conducir al momento del incidente.

El fiscal Silvio Alegre presentó evidencias como el ticket de alcotest y el acta de procedimiento policial, solicitando el arresto domiciliario del imputado para garantizar su sometimiento al proceso. Actualmente, Ortega González se encuentra cumpliendo esta medida cautelar en su domicilio desde donde afrontará su proceso.

FOTO: Luque Noticias

La agente fiscal Sonia Sanguinez, ha requerido al tribunal de sentencia presidido por el juez Fabián Weisensee, usar su poder disciplinario para sancionar al procesado y su abogado por los incidentes meramente dilatorios como las recusaciones bajo los mismos argumentos.

Para la agente fiscal, los incidentes presentados por el acusado no se ajustan a las normas procesales y tiene solo la finalidad de dilatar el juicio que debe concluir en la siguiente etapa tras ser declarados reprochables sus conductas.

Agregó que las recusaciones han sido realizadas con argumentos repetitivos para frustrar el juicio oral, por ende, corresponde aplicar sanciones al procesado y su abogado por dilatar el proceso.

“Solicito al tribunal ejercer su poder de disciplina y que apliquen las sanciones por los recursos dilatorios presentados. El abogado no cumple con el requisito de litigar de buena fe”, señaló la agente fiscal al tribunal.
Los querellantes en el caso también pidieron que se aplique la máxima multa al acusado y su abogado por litigar de mala fe.

Sin embargo, el tribunal de sentencia decidió hacer lugar a la reposición de la defensa ya que su competencia no está firme al ser recurrida la decisión de alzada ante la Corte Suprema de Justicia según mencionó Weisensee a las partes.

El juez les señaló que una vez firme la competencia del tribunal, las partes serán convocadas por la secretaría del tribunal para dar continuidad al juicio oral y público.

Walter Bower, Merardo Palacios y Osvaldo Vera, fueron hallados culpables de hechos de tortura en perjuicio de Alfredo Cáceres y Jorge Luis López. En un juicio dividido el tribunal ya los declaró reprochables y falta la otra etapa de la audiencia en la que se requerirá los años de encierro para cada acusado.

La agente fiscal Sonia Sanguinez, pidió que se declare reprochable las conductas asumidas por los acusados el 19 de mayo del 2000, luego del intento de golpe de Estado.

La fiscalía sostiene que tanto Merardo Palacios como Osvaldo Vera torturaron a las víctimas sometiéndolos a apremios físicos, coacción y todo tipo de maltratos en la Comisaría 11 y en el Comando del Ejército. Torturas que, según el relato fiscal se hizo en presencia del ministro del Interior Walter Bower quien tenía una posición de garante y pudo evitar estos actos de tortura, sin embargo, las presenció por lo que conducta también es punible y reprochable.

Para la agente fiscal Sanguinez, los elementos de prueba más relevantes son: además de la declaración de las víctimas, las documentales como el libro de novedades del Comando de Infantería donde se plasma el ingreso de Walter Bower y los demás acusados quienes supuestamente iban hasta el lugar para hacer un careo, sin embargo, era para someter a tortura a Cáceres y López para que confiesen quien estaba detrás del intento de golpe.

Además de los informes que demuestran la afectación psicológica que les produjo a las víctimas las torturas que sufrieron por parte de los acusados, que los afectó patrimonial, laboral y psicológicamente los tratos crueles e indignos a los que fueron sometidos Cáceres y López para declarar contra sí mismos o contra terceros.

El fallo que dejó un precedente negativo sobre la libertad de expresión sigue sin un pronunciamiento final de la Corte Suprema de Justicia, a un año de la sentencia.

El 12 de enero de 2024, la jueza de paz Gloria Machuca censuró al empresario Christian Chena y a su medio digital RDN, tras replicar un video que denunciaba presuntas irregularidades en el Instituto de Previsión Social (IPS). La medida, dictada al amparo de la Ley N° 5.777/16, de protección integral a la mujer, prohibió durante 365 días cualquier comentario que involucrara a Gisele Mousques, esposa del exdirector del IPS Darío Filártiga, quien fue señalada como presunta recaudadora de porcentajes en licitaciones.

El video en cuestión, hacía referencia a supuestas prácticas corruptas, lo que motivó a Mousques a denunciar a Chena y a RDN, alegando que la publicación constituía “violencia contra la mujer». Sin embargo, el contenido replicado tenía un evidente interés público, relacionado con denuncias de corrupción.

Un fallo revocado, pero con consecuencias pendientes
La jueza Gloria Machuca, en su fallo inicial, ordenó a Chena y a RDN abstenerse de realizar publicaciones sobre Mousques en redes sociales y medios digitales. Esta medida fue revocada en apelación por la jueza de Primera Instancia Rosanna Frutos Olguín, quien argumentó que la resolución de Machuca configuraba una censura previa, prohibida en un sistema democrático.

Frutos Olguín enfatizó que el material difundido por Chena y RDN estaba protegido por la libertad de expresión y que el Estado debe evitar imponer restricciones indebidas a la difusión de información de interés público. Sin embargo, Mousques promovió una acción de inconstitucionalidad contra esta resolución, que aún no fue resuelta por la Sala Constitucional, donde el ministro César Diesel es el preopinante.

La censura perdió vigencia, pero sigue latente la preocupación por la libertad de prensa
El plazo de la medida dictada por Machuca feneció el 12 de enero de este año. Aun así, la abogada de Chena, Alejandra Peralta, considera urgente que la Corte Suprema se pronuncie sobre la acción promovida por Mousques.

“Presentaremos un escrito solicitando que la acción sea declarada inoficiosa. Pero lamentamos que la Corte haya dejado pasar la oportunidad de dictar una sentencia que proteja la libertad de expresión, especialmente en denuncias de hechos de corrupción”, señaló Peralta a Judiciales.net.

La abogada también criticó el uso indebido de la Ley 5.777/16 por parte de jueces de Paz, resaltando que es necesario un pronunciamiento que aclare los límites de su aplicación para evitar casos de censura previa.

A un año del fallo de Gloria Machuca, el caso sigue siendo un mal precedente para la libertad de expresión en Paraguay.

El Estado a través del sistema de justicia, el penitenciario y la policía, inició el plan piloto de uso de las tobilleras electrónicas que tiene como finalidad principal la protección de las denunciantes de violencia intrafamiliar.

Si bien se ha aclarado que el dispositivo se utilizará primeramente en Capital para luego extenderse en otras circunscripciones del país, lo cierto es que, la primera persona que lo usa es un procesado de Central que tendrá cumplir su arresto domiciliario en Asunción.

El dispositivo de control de los procesados busca no solo descomprimir el sistema penitenciario sino la protección efectiva de las denunciantes, ya que en caso de que el procesado viole el perímetro de seguridad inmediatamente la policía debe acudir hasta donde se encuentra el indiciado y la denunciante.

El desafío para la policía radica en la rapidez de la intervención en caso de que se viole el radio de prohibición para así evitar que los denunciados cometan actos de violencia extrema.

La Corte ha aclarado a los jueces de todo el país que este mecanismo de control será implementado por ahora solo en Capital y luego será extendido paulatinamente en otras zonas del país.

El plan piloto contempla unas 20 tobilleras en esta primera etapa y dentro de la ciudad de Asunción, para luego extenderse al departamento Central y otras cabeceras departamentales a fin de contener los casos de extrema violencia hacia las mujeres.

La empresa adjudicada proveerá el servicio según solicitud, hasta 1.000 dispositivos. Cada una tiene un costo estimado entre 2.009.000 a 2.100.000 guaraníes, que deberá ser abonado por los beneficiarios con esta medida alternativa. En caso de declararse su insolvencia, el costo será absorbido por el Ministerio del Interior, adelantó el director del Sistema 911, Hernán Escobar.

La aplicación de las tobilleras correrá a criterio de cada juez penal de garantías. Ante un pedido jurisdiccional, la Policía Nacional realizará el estudio de factibilidad, donde se verifican las señales de GPRS y de radio, ambas utilizadas por los dispositivos, así como los perímetros de movimiento.

La cámara de apelaciones de feria volvió a confirmar al tribunal de sentencia presidido por el juez Fabián Weisensee e integrado con las juezas Cándida Fleitas y Laura Ocampo, recusación presentada por los acusados Walter Bower y Merardo Palacios.

Para alzada, los argumentos alegados por los sentenciados no son válidos para apartar a los integrantes del colegiado, quienes están nuevamente habilitados a convocar a las partes para continuar con el juicio oral y público.
Los acusados ya fueron hallados culpables de hechos de tortura en perjuicio de Alfredo Cáceres y Jorge Luis López. En un juicio dividido el tribunal ya los declaró culpables y falta la otra etapa de la audiencia en la que se requerirá los años de encierro para cada acusado.

La agente fiscal Sonia Sanguinez, pidió que se declare reprochable las conductas asumidas por los acusados el 19 de mayo del 2000, luego del intento de golpe de Estado.

La fiscalía sostiene que tanto Merardo Palacios como Osvaldo Vera torturaron a las víctimas sometiéndolos a apremios físicos, coacción y todo tipo de maltratos en la Comisaría 11 y en el Comando del Ejército. Torturas que, según el relato fiscal se hizo en presencia del ministro del Interior Walter Bower quien tenía una posición de garante y pudo evitar estos actos de tortura, sin embargo, las presenció por lo que conducta también es punible y reprochable.

Para la agente fiscal Sanguinez, los elementos de prueba más relevantes son: además de la declaración de las víctimas, las documentales como el libro de novedades del Comando de Infantería donde se plasma el ingreso de Walter Bower y los demás acusados quienes supuestamente iban hasta el lugar para hacer un careo, sin embargo, era para someter a tortura a Cáceres y López para que confiesen quien estaba detrás del intento de golpe.

Además de los informes que demuestran la afectación psicológica que les produjo a las víctimas las torturas que sufrieron por parte de los acusados, que los afectó patrimonial, laboral y psicológicamente los tratos crueles e indignos a los que fueron sometidos Cáceres y López para declarar contra sí mismos o contra terceros.

La Corte Suprema de Justicia, emitió un comunicado dirigido a jueces penales de todo el país en la se les aclara que los dispositivos de control para personas procesadas por violencia familiar serán utilizados por el momento solo en Capital.

Se agrega que aún falta emitir ciertos instructivos para los jueces y que el uso de las tobilleras será utilizada solo en Capital y luego se podrá expandir en otras circunscripciones como Central.

La máxima instancia señala que los dispositivos electrónicos de control, conocidos como «tobilleras electrónicas», se encuentra en su etapa inicial y requiere la aprobación de protocolos instructivos reglamentarios para su correcta aplicación.

En cumplimiento de las Leyes N.° 5863/24 y N.° 7820/24, estas herramientas están destinadas a fortalecer la supervisión judicial, priorizando la protección de las víctimas y garantizando el respeto a los derechos de los procesados.

Hasta la aprobación de los lineamientos correspondientes, se ha solicitado a los magistrados aguardar dichas directivas, de conformidad a lo establecido en las leyes mencionadas, para garantizar su correcta aplicación.
La puesta en marcha comenzará con un plan piloto en la Circunscripción Judicial de la Capital, que será ampliado de forma gradual. Además, incluirá un sistema de alerta voluntario para víctimas, diseñado para reforzar su seguridad y garantizar el respeto a su privacidad.

“La Corte Suprema reafirma su compromiso con la modernización del sistema judicial, la transparencia y el respeto a los derechos humanos. Instamos a todos los actores del sistema a adherirse estrictamente a los protocolos establecidos para garantizar que esta herramienta tecnológica cumpla con su objetivo de servir a la justicia y proteger a la sociedad”, reza parte de comunicado de la Corte Suprema de Justicia.

El plan piloto contempla unas 20 tobilleras en este primer mes y dentro de la ciudad de Asunción, para luego extenderse al departamento Central y otras cabeceras departamentales a fin de contener los casos de extrema violencia hacia las mujeres.

La empresa adjudicada proveerá el servicio según solicitud, hasta 1.000 dispositivos. Cada una tiene un costo estimado entre 2.009.000 a 2.100.000 guaraníes, que deberá ser abonado por los beneficiarios con esta medida alternativa. En caso de declararse su insolvencia, el costo será absorbido por el Ministerio del Interior, adelantó el director del Sistema 911, Hernán Escobar.

La aplicación de las tobilleras correrá a criterio de cada juez penal de garantías. Ante un pedido jurisdiccional, la Policía Nacional realizará el estudio de factibilidad, donde se verifican las señales de GPRS y de radio, ambas utilizadas por los dispositivos, así como los perímetros de movimiento.

Tras los últimos horrendos casos de feminicidio, el Ejecutivo apuró el uso de las tobilleras electrónicas, que tienen como fin un control más riguroso del agresor y evitar que se acerque a la víctima, ya que, en caso de vulnerar el radio de prohibición, la policía debe acudir a la zona donde está el procesado y también acudir a la casa de la víctima.

Esta situación es la que pone en alerta a la sociedad, ya que estará a cargo de la Policía Nacional realizar esa rápida presencia para que el uso de estos dispositivos tenga la finalidad eficaz que se busca. El control del uso del dispositivo estará a cargo del Sistema de Monitoreo por Dispositivos Electrónicos de Control, dependiente del Ministerio del Interior, y tendrá a su cargo la instalación de la tobillera al imputado y el control permanente de su uso.

El juez Osmar Legal admitió la imputación contra Bruno Jorgge Arriola, concejal de Natalicio Talavera, Departamento del Guairá, está procesado por tráfico internacional de drogas y es considerado cabecilla del esquema criminal, según la fiscalía.

Igualmente, se decretó la prisión preventiva de Rolando Zarza, otro de los detenidos en el mismo operativo desplegado para desbaratar el esquema de tráfico internacional de droga. Los mismos comparecieron ante el juez este jueves para la audiencia de imposición de medidas donde se decretó la prisión de ambos.

En la causa, el Ministerio Público desplegó cuatro allanamientos simultáneos en Guairá, Coronel Oviedo y el Departamento Central, dirigidos por el agente fiscal de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, Alejandro Cardozo, con la colaboración de los fiscales Cristhian Ortiz, Elva Cáceres y Guillermo Sanabria.

Durante los procedimientos, también fue detenido en la ciudad de Fernando de la Mora, Rolando Zarza González, considerado el «brazo derecho» del concejal. Según la investigación, el edil municipal sería la «cabeza visible» de la organización, que operaba en conjunto con otro integrante actualmente privado de libertad.

Durante los distintos procedimientos, se logró la incautación elementos relevantes para la investigación, además de una camioneta presuntamente utilizada para la logística y transporte de drogas.

De acuerdo con la investigación fiscal, la organización enviaba cocaína al exterior utilizando a compatriotas como «mulas», quienes transportaban la droga en maletas con doble fondo.

El caso se originó tras la detención, en junio pasado, de Christian Martín Sánchez Servín en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, mientras intentaba transportar 11 kilogramos de cocaína a Europa. Este hecho permitió identificar y desarticular la estructura criminal encabezada por el concejal detenido.

El doctor Fausto Portillo uno de los abogados defensores del exgobernador de Central Hugo Javier González, confirmó a nuestro medio que no presentaron ni presentarán la revisión de la prisión preventiva que soporta su cliente desde el pasado sábado que se dictó su condena de diez años de cárcel ya que dedicarán toda su energía en la apelación del fallo.

Hugo Javier fue admitido en el penal de Tacumbú desde el lunes donde cumple la elevada condena que le impuso el tribunal tras ser hallado culpable de lesión de confianza por el desvío de fondos que debían ser destinados para la reactivación económica.

El tribunal de sentencia presidido por la jueza Karina Cáceres, entregará mañana viernes la sentencia íntegra a las partes. Desde entonces, le correrá a las partes los diez días para recurrir la sentencia condenatoria en alzada.

Para el tribunal de sentencia presidido por la magistrada Karina Cáceres, fueron probados todos los extremos alegados por el Ministerio Público de que se creó una asociación criminal para desviar fondos de la gobernación de Central que debían ser destinados para la reactivación económica tras la pandemia del Covid-19.

Los acusados usaron facturas falsas de contribuyentes de otras zonas del país y de los propios funcionarios quienes fueron obligados a emitir facturas a nombre de la Ong CIAP, quienes lo hicieron para cobrar sus salarios.

Por tanto, el tribunal condenó a 10 años de cárcel al exgobernador Hugo Javier González Alegre por lesión de confianza y uso de documentos no auténticos en calidad de autor directo.

Jugaron con la plata del pueblo paraguayo, desembolsaron un millón de dólares sin tener ningún legajo de las supuestas obras. Ni siquiera se presentó el convenio de cómo se iban a realizar las 14 obras que ya existían antes, afirmó la jueza Karina Cáceres.

Según el tribunal, desde el 2020 al 2021 Miguel Ángel Robles Ibarra exasesor de la gobernación de Central, creo y lideró el esquema integrado con funcionarios, constructores y la fundación Centro Integral de Apoyo Profesional CIAP, para lograr el desembolso de fondos de la gobernación y fue quien se quedó con la plata de la gobernación.

“Concretan y realizan varias resoluciones, el 28 de diciembre del 2020 se recibió la transferencia de la emergencia sanitaria 5.105 millones, es así que el 20 de diciembre un día después de recibir los fondos por parte de hacienda, Hugo Javier González y la secretaria de la gobernación emitieron dos resoluciones a favor de la fundación CIAP usando los fondos COVID para construcción y mantenimiento de espacios público de Central.

Se firmaron las órdenes de pago sin ningún documento respaldatorio. Hugo Javier González en su carácter de gobernador presentó documentos ante la contraloría que no se corresponden con el uso del dinero público, usó facturas falsas y facturas de contratistas que ya habían realizado trabajos a la gobernación, usaron un correo falso para la primera rendición de cuentas. Tienen que tener la absoluta tranquilidad y garantías que, este tribunal se tomó la molestia de revisar papelito por papelito cómo se perpetró los hechos y que fueron probados en juicio para el tribunal. Las obras no fueron hechas con los fondos Covid”, señaló Karina Cáceres presidenta del tribunal de sentencia.

Además de Hugo Javier fueron condenados: Javier Rojas a 2 años, Luis Allende a 2 años con suspensión, Lourdes Lezcano a 2 años con suspensión, Modesta Valiente Escobar a 2 años con suspensión y Miguel Ángel Robles a 10 años de pena privativa de libertad.

La fiscalía pudo probar con documentos, pericias y la declaración de testigos el desembolso irregular de 5.105 millones guaraníes, dinero que no fue destinada a obra alguna, sino que meses después se trató de maquillar las mismas para justificar los desembolsos según el tribunal de sentencia.

El tribunal de sentencia está integrado por las juezas Karina Cáceres, Ana Rodríguez y Yolanda Morel.