La jueza del fuero especializado de la Niñez y Adolescencia Pili Rodríguez, comentó a Judiciales Net que durante la feria judicial podrán ser tramitados todos los juicios que impliquen una medida de protección para el niño, niña o adolescente.

Comentó que, toda situación de gravedad que afecte a la niñez será atendido durante el receso en el Poder Judicial, como los casos de niños que deban ser separados de su familia por una situación especial, adoptando todas las medidas de protección de carácter urgente.

Agregó que, los juicios de restitución también pueden tramitarse durante la feria judicial en los tribunales. La prestación alimentaria es otro de los juicios que puede iniciarse durante este descanso en el tribunal.

“Los juicios de prestación alimentaria pueden iniciarse durante la feria, lo que establece la acordada (1593) es no tramitarse todo el juicio, pero, si se puede dar medidas de protección para asegurar la asistencia alimentaria provisoria y ya después finalizada la feria, el juicio seguirá su curso normal”, señaló la jueza Pili Rodríguez.

Agregó que durante la feria también pueden tramitarse las medidas cautelares del régimen de relacionamiento o convivencia provisoria y que los jueces de feria de este fuero pueden emitir las órdenes de pago, precautelando el interés superior del niño.

Las venias y autorizaciones para viajar también están habilitadas para ser procesadas en esta fecha. Las medidas de hospitalización también deben ser tramitadas en la feria judicial.

Con el fin de garantizar el acceso efectivo a la justicia de los niños, la Corte Suprema de Justicia ha emitido una acordada que regula el funcionamiento de este fuero para asegurar la protección debida de los derechos de la Niñez durante el receso.

En un proceso penal abierto por violencia familiar la cámara de apelación de feria, en mayoría, resolvió revocar la prisión preventiva y ordenó el uso de la tobillera electrónica en arresto domiciliario del imputado.

Con los votos de los camaristas Alicia Orrego y Óscar Rodríguez Kennedy, se revocó la decisión de la juez inferior y se ordena el uso del dispositivo en la causa abierta a Alberto Segovia imputado por un caso de violencia familiar. Mientras que votó en disidencia el camarista Joel Melgarejo.

La cámara en mayoría admitió la apelación de la defensa del imputado y sustituyó la prisión preventiva por un arresto domiciliario. Señala parte de la resolución de alzada que la prisión preventiva es de última ratio y que en este caso en particular se ha desvirtuado el peligro de fuga y la obstrucción y que por ello debía aplicarse el arresto con el dispositivo electrónico recientemente habilitado para el uso en procesos penales de esta naturaleza.
Desde el 30 de diciembre pasado, se habilitó el uso progresivo de las tobilleras electrónicas como dispositivos de control en casos de personas con arresto domiciliario y medidas de restricción en los casos de violencia familiar.

El plan piloto contempla unas 20 tobilleras en este primer mes y dentro de la ciudad de Asunción, para luego extenderse al departamento Central y otras cabeceras departamentales a fin de contener los casos de extrema violencia hacia las mujeres.

La empresa adjudicada proveerá el servicio según solicitud, hasta 1.000 dispositivos. Cada una tiene un costo estimado entre 2.009.000 a 2.100.000 guaraníes, que deberá ser abonado por los beneficiarios con esta medida alternativa. En caso de declararse su insolvencia, el costo será absorbido por el Ministerio del Interior, adelantó el director del Sistema 911, Hernán Escobar.

La aplicación de las tobilleras correrá a criterio de cada juez penal de garantías. Ante un pedido jurisdiccional, la Policía Nacional realizará el estudio de factibilidad, donde se verifican las señales de GPRS y de radio, ambas utilizadas por los dispositivos, así como los perímetros de movimiento.

Tras los últimos horrendos casos de feminicidio, el Ejecutivo apuró el uso de las tobilleras electrónicas, que tienen como fin un control más riguroso del agresor y evitar que se acerque a la víctima, ya que, en caso de vulnerar el perímetro de prohibición, la policía debe acudir a la zona donde está el procesado y también acudir a la casa de la víctima.

Bruno Joel Jorgge, concejal de Natalicio Talavera, Departamento del Guairá, fue detenido en el marco de una investigación relacionada a tráfico internacional de drogas.

Los operativos incluyeron cuatro allanamientos simultáneos en Guairá, Coronel Oviedo y el Departamento Central, dirigidos por el agente fiscal de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, Alejandro Cardozo, con la colaboración de los fiscales Cristhian Ortiz, Elva Cáceres y Guillermo Sanabria.

Durante los procedimientos, también fue detenido en la ciudad de Fernando de la Mora, Rolando Zarza González, considerado el «brazo derecho» del concejal. Según la investigación, el edil municipal sería la «cabeza visible» de la organización, que operaba en conjunto con otro integrante actualmente privado de libertad.

Durante los distintos procedimientos, se logró la incautación elementos relevantes para la investigación, además de una camioneta presuntamente utilizada para la logística y transporte de drogas.

De acuerdo con la investigación fiscal, la organización enviaba cocaína al exterior utilizando a compatriotas como «mulas», quienes transportaban la droga en maletas con doble fondo.

El caso se originó tras la detención, en junio pasado, de Christian Martín Sánchez Servín en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, mientras intentaba transportar 11 kilogramos de cocaína a Europa. Este hecho permitió identificar y desarticular la estructura criminal encabezada por el concejal detenido.

Este miércoles debía reanudarse el juicio oral y público para el exministro del Interior Walter Bower y otros declarados culpables por tortura por el tribunal de sentencia, pero, el condenado Bower recusó de nuevo al tribunal que lleva su juicio.

Es la recusación número diez la presentada dentro del juicio oral y público ya que desde que fueron declarados reprochables las conductas desplegadas por los sentenciados los mismos han recusado al tribunal tanto por parcialidad manifiesta tras la viralización de unos audios entre los miembros del tribunal y uno de los querellantes y por el trascurso de los diez días de suspensión del juicio.

Walter Bower y otros acusados por hechos de tortura, pero, el exministro de Interior Walter Bower recusó al pleno del tribunal que lo declaró culpable por actos de tortura en perjuicio de dos efectivos policiales.

“La justicia me ha sometido a una perversa actuación. Pido que se cumpla la ley y se respete mis derechos, solicito que este tribunal haga lo que deba hacer, este juicio no puede continuar en este momento, no existe tribunal en este momento al estar recusados. Por las razones que se argumentan en el escrito pido que se aparten las juezas Laura Ocampo y Cándida Fleitas se aparten de mi caso. Que, la doctora Ocampo deje de recibir instrucciones de la querella o de Galeano Perrone sobre mi caso”, señaló el sentenciado al presentar la recusación.

Hasta tanto alzada se pronuncie sobre la recusación planteada contra el tribunal que juzga el caso, el juicio no podrá reiniciarse para concluir con la última parte del juicio oral con el pedido de años de cárcel por parte del Ministerio Público respecto a Walter Bower, Merardo Palacios y Osvaldo Vera.

Los mismos fueron hallados culpables de hechos de tortura en perjuicio de Alfredo Cáceres y Jorge Luis López. En un juicio dividido el tribunal ya los declaró culpables y falta la otra etapa de la audiencia en la que se requerirá los años de encierro para cada acusado.

La agente fiscal Sonia Sanguinez, pidió que se declare reprochable las conductas asumidas por los acusados el 19 de mayo del 2000, luego del intento de golpe de Estado.

La fiscalía sostiene que tanto Merardo Palacios como Osvaldo Vera torturaron a las víctimas sometiéndolos a apremios físicos, coacción y todo tipo de maltratos en la Comisaría 11 y en el Comando del Ejército. Torturas que, según el relato fiscal se hizo en presencia del ministro del Interior Walter Bower quien tenía una posición de garante y pudo evitar estos actos de tortura, sin embargo, las presenció por lo que conducta también es punible y reprochable.

Para la agente fiscal Sanguinez, los elementos de prueba más relevantes son: además de la declaración de las víctimas, las documentales como el libro de novedades del Comando de Infantería donde se plasma el ingreso de Walter Bower y los demás acusados quienes supuestamente iban hasta el lugar para hacer un careo, sin embargo, era para someter a tortura a Cáceres y López para que confiesen quien estaba detrás del intento de golpe.

Además de los informes que demuestran la afectación psicológica que les produjo a las víctimas las torturas que sufrieron por parte de los acusados, que los afectó patrimonial, laboral y psicológicamente los tratos crueles e indignos a los que fueron sometidos Cáceres y López para declarar contra sí mismos o contra terceros.
Los querellantes han solicitado al tribunal que se revoque las medidas que pesan sobre el acusado Walter Bower y se decrete su prisión preventiva por cometer actos dilatorios constantes demostrando ser renuente a los mandatos de la justicia, según dijeron.

La oficina de resolución alternativa de conflictos del Poder Judicial estará abierta durante todo el mes de enero. Es decir, durante toda la feria judicial que va hasta el 31 de enero.

La Dirección de Mediación de la Corte Suprema de Justicia informa a los usuarios de Capital y de las circunscripciones judiciales del interior del país, que el horario de atención durante la feria judicial 2025, la cual inició el jueves 2 de enero y se extiende durante todo el mes, es de 07:00 a 13:00 horas.

El servicio que ofrece la mencionada dependencia es totalmente gratuito, y cualquier información se puede solicitar al (021) 480860, interno 3486 en Asunción, o acercándose a la oficina de Mediación de cualquier sede judicial en las diferentes circunscripciones del país.

Cabe mencionar que la mediación determina de forma inmediata una mejora del funcionamiento del sistema de resolución de conflictos, reduciendo la carga de trabajo de la administración de justicia con el ahorro de los costos y tiempo.

Esta dependencia ha logrado que miles de casos no sean judicializados y otras ya judicializadas sean dirimidas en forma amigable, rápida y eficaz con el acuerdo entre las partes afectadas.

Los jueces de feria Alicia Pedrozo y Rolando Duarte, ratificaron la prisión preventiva de Luis Augusto Montanaro Bedoya imputado por el hecho punible de lesión del derecho a la comunicación y a la imagen y amenaza.

El hombre, buscó ser nuevamente beneficiado con un arresto domiciliario, pero, los jueces consideran que no existen hechos nuevos para modificar la medida de prisión preventiva decretada luego de la amenaza que supuestamente perpetró el imputado contra la agente fiscal que lleva su caso.

El imputado soporta dos procesos penales en la actualidad. Uno por divulgar imágenes íntimas de terceros y el otro proceso es por la amenaza a la agente fiscal Ruth Benítez y la victima de su caso.

Según los primeros datos, Montanaro Bedoya habría compartido, sin consentimiento de la víctima, varias imágenes y videos de carácter íntimo-sexual a través de distintas plataformas. Los archivos se habrían obtenido durante las relaciones sexuales que aparentemente tenía con la víctima.

El imputado habría comercializado sin consentimiento de los afectados, imágenes sexuales, producido y transmitido material violando la intimidad de las personas.

En su momento, Ministerio Público encabezó un operativo conjunto con la policía en la que allanó un edificio en Asunción y detuvo a Montanaro Bedoya en el marco de una investigación por acceso indebido a sistemas informáticos.

Según las investigaciones, Montanaro Bedoya concretaba encuentros sexuales con personas y, una vez consumados, filmaba los actos para posteriormente distribuir las imágenes y videos en distintos grupos de mensajería instantánea y páginas sexuales, sin el consentimiento de las víctimas.

Durante el procedimiento, denominado “Operación Duck Sex Games”, liderado por la Unidad Especializada en Delitos Informáticos del Ministerio Público y el Departamento de Investigación del Cibercrimen de la Policía Nacional, se levantaron varias evidencias relacionadas con el caso.

El exgobernador del Departamento Central Hugo Javier González Alegre, condenado a 10 años de cárcel por lesión de confianza por un desvío millonario, fue admitido este lunes al penal de Tacumbú para iniciar el compurgamiento de su condena.

El Ministerio de Justicia informó que Tacumbú será la cárcel donde González Alegre cumplirá la condena que le impuso la justicia por un perjuicio patrimonial de G 5.105 millones.

Para el tribunal de sentencia presidido por la magistrada Karina Cáceres, fueron probados todos los extremos alegados por el Ministerio Público que se creó una asociación criminal para desviar fondos de la gobernación de Central que debían ser destinados para la reactivación económica tras la pandemia.

Los acusados usaron facturas falsas de contribuyentes de otras zonas del país y de los propios funcionarios quienes fueron obligados a emitir facturas a nombre de la Ong CIAP, quienes lo hicieron para cobrar sus salarios.

Por tanto, el tribunal condenó a 10 años de cárcel al exgobernador Hugo Javier González Alegre por lesión de confianza y uso de documentos no auténticos en calidad de autor directo.

Jugaron con la plata del pueblo paraguayo, desembolsaron un millón de dólares sin tener ningún legajo de las supuestas obras. Ni siquiera se presentó el convenio de cómo se iban a realizar las 14 obras que ya existían antes, afirmó la jueza Karina Cáceres presidenta del tribunal.

Según el tribunal, desde el 2020 al 2021 Miguel Ángel Robles Ibarra exasesor de la gobernación de Central, creo y lideró el esquema integrado con funcionarios, constructores y la fundación Centro Integral de Apoyo Profesional CIAP, para lograr el desembolso de fondos de la gobernación y fue quien se quedó con la plata de la gobernación.

Además de Hugo Javier fueron condenados: Javier Rojas a 2 años, Luis Allende a 2 años con suspensión, Lourdes Lezcano a 2 años con suspensión, Modesta Valiente Escobar a 2 años con suspensión y Miguel Ángel Robles a 10 años de pena privativa de libertad.

Las inscripciones para los profesionales abogados que deseen elevar sus conocimientos en materia de Derecho Civil y Comercial ya están abiertas. El Centro de Centro de Estudios de Derecho, Economía y Política CEDEP abre las inscripciones para los interesados en participar de su diplomado.

La actividad académica se centrará en tres módulos específicos como: Contratos, Arbitraje y Procesos, las personas que deseen concursar ante el Consejo de la Magistratura tendrán recibirán una puntuación al participar de este diplomado.

El diplomado será dictado por juristas de renombre del ámbito local y del extranjero, quienes impartirán las clases en modo virtual y presencial para que la mayor cantidad de alumnos puedan participar del evento con altísimo nivel académico.

Bajo la dirección del doctor José Moreno, el Centro de Centro de Estudios de Derecho, Economía y Política CEDEP organiza un diplomado en derecho Civil y Comercial dirigido a profesionales que deseen mejorar sus conocimientos en esta rama del derecho.

El diplomado contará con una carga horaria de 100 horas. Tres meses corridos de puro derecho Civil con destacados docentes locales como el doctor Francisco Segura, Roberto Ruiz Diaz Labrano, José Moreno e invitados especiales del ámbito internacional.

Las sesiones serán 80 % virtuales para que los profesionales del derecho a nivel país tengan la posibilidad de acceder a este curso con profesionales de talla internacional, mientras que solo el 20% serán presenciales.

El programa académico contempla incluso que el equipo de CEDEP se traslade con los docentes al interior del país para que los alumnos presencien las ponencias y realicen sus consultas a los juristas con quienes compartirán esas fechas.

El Diplomado organizado por el CEDEP busca llegar a los líderes jurídicos, públicos y privados que, se encuentren en sitiales de relevancia con un programa de alta calidad jurídica, con sesiones prácticas para los interesados, con materiales de utilidad para los abogados, con el sello de calidad de CEDEP.

El Centro de Centro de Estudios de Derecho, Economía y Política CEDEP, firmó un convenio con la Escuela Judicial para llevar adelante este diplomado de alta relevancia intelectual.

!La actividad académica arrancará en febrero próximo, no te lo pierdas!