La Corte Suprema de Justicia, emitió un comunicado dirigido a jueces penales de todo el país en la se les aclara que los dispositivos de control para personas procesadas por violencia familiar serán utilizados por el momento solo en Capital.
Se agrega que aún falta emitir ciertos instructivos para los jueces y que el uso de las tobilleras será utilizada solo en Capital y luego se podrá expandir en otras circunscripciones como Central.
La máxima instancia señala que los dispositivos electrónicos de control, conocidos como «tobilleras electrónicas», se encuentra en su etapa inicial y requiere la aprobación de protocolos instructivos reglamentarios para su correcta aplicación.
En cumplimiento de las Leyes N.° 5863/24 y N.° 7820/24, estas herramientas están destinadas a fortalecer la supervisión judicial, priorizando la protección de las víctimas y garantizando el respeto a los derechos de los procesados.
Hasta la aprobación de los lineamientos correspondientes, se ha solicitado a los magistrados aguardar dichas directivas, de conformidad a lo establecido en las leyes mencionadas, para garantizar su correcta aplicación.
La puesta en marcha comenzará con un plan piloto en la Circunscripción Judicial de la Capital, que será ampliado de forma gradual. Además, incluirá un sistema de alerta voluntario para víctimas, diseñado para reforzar su seguridad y garantizar el respeto a su privacidad.
“La Corte Suprema reafirma su compromiso con la modernización del sistema judicial, la transparencia y el respeto a los derechos humanos. Instamos a todos los actores del sistema a adherirse estrictamente a los protocolos establecidos para garantizar que esta herramienta tecnológica cumpla con su objetivo de servir a la justicia y proteger a la sociedad”, reza parte de comunicado de la Corte Suprema de Justicia.
El plan piloto contempla unas 20 tobilleras en este primer mes y dentro de la ciudad de Asunción, para luego extenderse al departamento Central y otras cabeceras departamentales a fin de contener los casos de extrema violencia hacia las mujeres.
La empresa adjudicada proveerá el servicio según solicitud, hasta 1.000 dispositivos. Cada una tiene un costo estimado entre 2.009.000 a 2.100.000 guaraníes, que deberá ser abonado por los beneficiarios con esta medida alternativa. En caso de declararse su insolvencia, el costo será absorbido por el Ministerio del Interior, adelantó el director del Sistema 911, Hernán Escobar.
La aplicación de las tobilleras correrá a criterio de cada juez penal de garantías. Ante un pedido jurisdiccional, la Policía Nacional realizará el estudio de factibilidad, donde se verifican las señales de GPRS y de radio, ambas utilizadas por los dispositivos, así como los perímetros de movimiento.
Tras los últimos horrendos casos de feminicidio, el Ejecutivo apuró el uso de las tobilleras electrónicas, que tienen como fin un control más riguroso del agresor y evitar que se acerque a la víctima, ya que, en caso de vulnerar el radio de prohibición, la policía debe acudir a la zona donde está el procesado y también acudir a la casa de la víctima.
Esta situación es la que pone en alerta a la sociedad, ya que estará a cargo de la Policía Nacional realizar esa rápida presencia para que el uso de estos dispositivos tenga la finalidad eficaz que se busca. El control del uso del dispositivo estará a cargo del Sistema de Monitoreo por Dispositivos Electrónicos de Control, dependiente del Ministerio del Interior, y tendrá a su cargo la instalación de la tobillera al imputado y el control permanente de su uso.
