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Denuncian que fiscales del medio ambiente extorsionan a productores

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Suman las denuncias contra la unidad de medio ambientes del Ministerio Público, a la inacción en la causa de contaminación en Tablada, las irrisorias condenas por polución sonora, ahora se suma la grave denuncia realizada por el productor y presidente de la Unión del Gremio de la Producción UGP, Héctor Cristaldo quien ha mencionado que los fiscales se pasan extorsionando a los productores.

En el programa El Péndulo, Cristaldo denunció que sus colegas son víctimas de fiscales extorsionadores quienes los imputan sin fundamento por supuesto daño ambiental con la sola finalidad de quitarles dinero.

“Vos hablás con un productor del interior y te va a decir, ese es un apretador se pasan extorsionando a la gente (fiscales del medio ambiente). Se pasan haciendo allanamientos por supuesta violación de la ley ambiental porque vos supuestamente no tenés la declaración de impacto ambiental. La declaración de impacto ambiental, es meramente un trámite administrativo que si no lo tenés estás obligado a pagar una multa en el MADES, ellos por suponer que no tenés, ya te imputan y te allanan la finca como si fueras el mayor narcotraficante y es un productor que está trabajando y que a lo mejor ahí no tiene en su chacra el papel pero tiene en su casa y tiene que ir a la fiscalía a hacer un trámite para que quede aclarado el tema, pero, mientras tanto es, plata va, plata viene. Hasta llegaron a allanar un Centro Experimental de los japones”, aseguró Cristaldo.

Agregó que esta situación quiso denunciar ante al fiscal general Emiliano Rolón como gremio, pero, que no han tenido retorno de la cabeza máxima del Ministerio Público.

Inacción en Tablada:

Otra de las denuncias contra la fiscalía del medio ambiente es la relacionada a la denuncia contra frigoríficos y curtiembres de Tablada Nueva, que, pese a los indicios a la fecha no se tiene ni una sola imputación en la causa.
Los vecinos del lugar requieren una investigación diligente a la fiscal Lorena Ledesma quien lleva adelante la pesquisa, tras la denuncia que formularon los afectados por la operatividad de frigoríficos y curtiembres en la zona.

Tres comisiones se reunieron en asamblea para emitir un fuerte comunicado con el fin de exigir una solución a los problemas de contaminación que afectan su calidad de vida, como consecuencia de los olores nauseabundos que inundan sus hogares y los somete a una vida indigna o con la idea de mudarse de ellas permanentemente.

Reclaman una acción eficiente e inmediata de las autoridades que tienen intervención en el cumplimiento de la ley ambiental, alegan que, el Ministerio Público, tiene conocimiento acabado que desde hace más de dos décadas sufren sin tener una solución y que la fiscal Lorena Ledesma ni siquiera se dignó en visitar los barrios afectados.

El abogado de los vecinos de Tablada Ricardo Merlo, también criticó duramente a la fiscalía del medio ambiente, “Inacción en Tablada, penas irrisorias para ruidos molestos y ahora aprietes a productores. Cartón lleno Ministerio Público” cuestionó.

Otra denuncia contra la fiscalía:

Igualmente, los vecinos del barrio Las Mercedes también manifestaron su descontento con el actuar del Ministerio Público ambiental en los casos de polución sonora.

Los afectados reclaman la tibia acción de la fiscalía contra los Bares que operan en la zona y que afecta la vida de los pobladores, que en algunos casos han decidido mudarse del barrio.

Miguel Ángel Robles supuesto líder del desvío de fondos de Central, pide anular su condena

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El doctor Guillermo Duarte Cacavelos, defensor de Miguel Ángel Robles Ibarra condenado como el que supuestamente lideró un esquema criminal para desviar más de un millón de dólares de Central apeló la condena de diez años de cárcel impuesto a su cliente y afirma que el fallo tiene “contradicciones insostenibles”.

El defensor señaló que, el fallo recurrido en apelación especial contiene numerosas contradicciones para sostener la teoría del Ministerio Público y su mala praxis, incluso traza una línea de tiempo fuera del plazo investigativo por lo que la defensa busca la nulidad de la sentencia condenatoria de Robles Ibarra quien tras su condena fue remitido a la cárcel al igual que Hugo Javier González.

La defensa realizó una dura crítica al fallo del tribunal de sentencia que condenó a su representado a la pena de diez años de encierro. “La sentencia tiene contradicciones lógicas insospechadas e insostenibles, pero fue la única forma de condonar el pésimo trabajo del Ministerio Público. Para sostener su teoría el Tribunal de Sentencia traza una línea temporal de lo ocurrido fuera de las reglas del tiempo”, sostiene el abogado defensor para quien el fallo debe ser anulado por los defectos que posee.

Recordemos que, según el tribunal, desde el 2020 al 2021 Miguel Ángel Robles Ibarra exasesor de la gobernación de Central, creo y lideró el esquema integrado con funcionarios, constructores y la fundación Centro Integral de Apoyo Profesional CIAP, para lograr el desembolso de fondos de la gobernación y fue quien se quedó con la plata de la gobernación.

“Concretan y realizan varias resoluciones, el 28 de diciembre del 2020 se recibió la transferencia de la emergencia sanitaria 5.105 millones, es así que el 20 de diciembre un día después de recibir los fondos por parte de hacienda, Hugo Javier González y la secretaria de la gobernación emitieron dos resoluciones a favor de la fundación CIAP usando los fondos COVID para construcción y mantenimiento de espacios público de Central.

Para el tribunal de sentencia presidido por la magistrada Karina Cáceres, fueron probados todos los extremos alegados por el Ministerio Público que se creó una asociación criminal para desviar fondos de la gobernación de Central que debían ser destinados para la reactivación económica tras la pandemia.

Los acusados usaron facturas falsas de contribuyentes de otras zonas del país y de los propios funcionarios quienes fueron obligados a emitir facturas a nombre de la Ong CIAP, quienes lo hicieron para cobrar sus salarios.

Por tanto, el tribunal condenó a diez años de cárcel al exgobernador Hugo Javier González Alegre por lesión de confianza y uso de documentos no auténticos en calidad de autor directo. Igualmente, se condenó a la misma pena a Robles Ibarra y se revocó las medidas respecto a ambos y se ordenó la remisión al penal de Tacumbú donde cumplen su pena.

Desde la OTANA recuerdan la gratuidad del trámite para viajar de niños, niñas y adolescentes

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Desde la Oficina Técnica de Apoyo a la Niñez y Adolescencia (OTANA), recuerdan a la ciudadanía en general que los trámites de autorización para viajar de los menores de edad no tienen ningún costo para el usuario.

El coordinador de la Oficina Técnica de Apoyo a la Niñez y Adolescencia (OTANA) el juez Guillermo Trovato, junto con la magistrada Gloria Benítez, recordaron la gratuidad en la tramitación de autorizaciones para que niños, niñas y adolescentes puedan viajar al exterior.

Ambos magistrados explicaron los pasos a seguir para obtener este permiso, e instaron a realizar el trámite con antelación. La doctora Benítez mencionó el Artículo 100 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que regula las autorizaciones para viajes al exterior. Explicó que, si no existen controversias, ambos padres deben comparecer ante un juez de Paz de la jurisdicción correspondiente a su domicilio. Además, aclaró que términos como “venia” o “permiso del menor” ya no se utilizan, en línea con las normativas actuales.

Por su parte, el doctor Trovato recordó que el trámite es gratuito en todas las circunscripciones judiciales del país. Indicó que, en caso de existir desacuerdos entre los padres, el asunto debe ser resuelto por un juez de primera instancia, conforme al Artículo 101 del mismo código, con la asistencia de un abogado.

Ambos magistrados enfatizaron que el trámite debe realizarse de manera personal y que está disponible en todas las circunscripciones judiciales del país, no solo en Asunción. Asimismo, en el caso que uno de los padres o el único que ha reconocido al niño, niña o adolescente no se encuentre físicamente presente, deberá autorizar el viaje de los mismos al exterior por instrumento público legalizado, o compareciendo ante el Juez de Paz competente en audiencia realizada por medios telemáticos.

Se recuerde desde la Corte que los requisitos necesarios para este documento son los siguientes:

1. Acudir al Juzgado de Paz correspondiente al domicilio del niño, niña o adolescente con los siguientes documentos:

    • Certificado de nacimiento (original y fotocopia).

    • Cédula de identidad civil del niño y de ambos padres (original y fotocopia).

    2. Completar el formulario denominado “Autorización para viaje al exterior”, que debe ser firmado por ambos padres, el acompañante (si aplica) y el juez. Esto está regulado por la Acordada N.º 1049/2016.

    3. Realizar la certificación en la Oficina de Legalizaciones de la Corte Suprema de Justicia (Palacio de Justicia de Asunción) en horario de atención al público (07:00 a 13:00). El trámite se entrega el mismo día.

   4. En el interior del país, la legalización será realizada por el Secretario del Consejo de Administración o, en su defecto, por un secretario de los Tribunales de Apelación, según lo establecido en la Acordada N.º 387.

    5. Una vez completado el trámite judicial, el documento debe ser presentado en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Poder Judicial realizó donativos para Centros Educativos

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Los jueces de ejecución de Capital compartieron con jóvenes en infracción con la ley penal de los Centros Educativos de Itauguá y La Esperanza, a quienes entregaron elementos de aseo personal y de limpieza para estas instituciones.

Los insumos donados fueron obtenidos mediante causas penales relacionadas con libertad condicional y otras salidas procesales, e incluyeron una desmalezadora, una computadora, una impresora, insumos de aseo personal para los adolescentes.

Las magistradas que participaron de esta iniciativa fueron Rosanna Bogarín, Cynthia Sostoa, Lidia Wyder y Sandra Kirchhofer, quienes destacaron la importancia de estas contribuciones como parte de su compromiso con la reinserción social y el apoyo a los adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Recordemos que, en el sistema penal juvenil, independientemente del delito cometido, la máxima condena que debe ser impuesta a un adolescente es de ocho años de encierro. Esta medida busca asegurar un tratamiento especial para aquellos que no poseen la madurez cognitiva de un adulto, a diferencia de estos últimos que pueden ser sentenciados hasta 30 años por el delito más grave, el homicidio doloso.

Además, es importante tener en cuenta que los adolescentes no declaran ante el fiscal encargado de la investigación, sino que se presentan ante un juez de garantías que entiende su caso y solo pueden ser detenidos si son encontrados en flagrancia.

La ley establece medidas socioeducativas para el adolescente, no busca castigarlo sino reencausarlo. La ley busca la recuperación y devolución a la sociedad del adolescente en infracción con la ley penal.

Fiscalía investiga otro posible caso de feminicidio

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La agente fiscal Dora Nohl tomó intervención en un presunto caso de feminicidio registrado en la madrugada de este miércoles, en el barrio Anahí de Reducto, en San Lorenzo.

Según datos preliminares, un hombre de 42 años habría asesinado a su pareja, una mujer de 36 años, dejando a tres hijos menores de edad que se encontraban en una habitación contigua durante el hecho. Posteriormente, el presunto autor se entregó a las autoridades.

La fiscal Nohl informó que, convocó a trabajadores sociales del Centro de Atención a Víctimas para brindar contención psicológica a los hijos de la víctima, así como a representantes de la Defensa Pública para garantizar la protección de los menores. En tanto, el médico forense Dr. Christian Alegretti, del departamento Central, fue asignado al caso para realizar las pericias correspondientes.

En la escena del crimen también trabajaron agentes policiales de la comisaría jurisdiccional y personal del Departamento de Criminalística, quienes realizaron el levantamiento de evidencias. Asimismo, se confirmó que el presunto autor cuenta con antecedentes por violencia, con dos denuncias previas.

Los juzgados de garantía de Capital desarrollaron más de 3.400 preliminares el 2024

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Según la auditoría practicada en los juzgados de garantías de Capital, refleja que los jueces de este fuero diligenciaron un total de 3.413 audiencia preliminares durante el año pasado.

La Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, dependiente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), presentó su informe de seguimiento de audiencias preliminares correspondiente al año 2024. Los datos provienen de los juzgados penales de garantías, de delitos económicos, así como de la adolescencia y los especializados en crimen organizado, todos de la Capital.

De acuerdo con el informe se detalla que se diligenciaron 3.413 audiencias programadas realizadas, en tanto que 2.803 fueron suspendidas durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2024.

De las 2.803  audiencias preliminares suspendidas, 1.493 fueron por pedido de suspensión,  946 por incomparecencia, 27 por falta de traslado de penitenciaría, 32 por renuncia de mandato, 122 por interposición de recurso, 30 por falta de comunicación, 82 por falta de un abogado defensor, 11 por falta de documento de identidad, 29 por falta de notificación, 11 por falta de carpeta fiscal, 4 por evacuación de emergencia, otras 2 por falta de designación de un defensor público, 4 por falta de designación de un agente fiscal, 2 por ausencia de acompañante del menor, 4 por falta de informe socioambiental, 3 por recarga de trabajo y 1 por falta de expediente judicial.

El informe contempla las audiencias preliminares programadas por los juzgados penales de garantías de Capital y de delitos económicos, los juzgados penales de la adolescencia primer turno y segundo turno, y los especializados en crimen organizado, 1er, 2do y 3er turno.

Sala Constitucional apunta a ser más eficiente y transparente

El presidente de la Sala Constitucional y vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia Gustavo Santander Dans, señaló en una entrevista a Judiciales Net que este 2025 buscan ser aún más eficientes que el año pasado.

Agregó que, pudieron repuntar exponencialmente los números de una Sala muy complicada gracias a la buena armonía entre los ministros integrantes de esta Sala quienes se reúnen periódicamente para hablar de las mejoras a aplicar en esta dependencia del Poder Judicial.

Sostuvo que fue clave hacer algunos ajustes en la Sala para mejorar la tramitación de los expedientes en una Sala donde llegan todos los litigios de índole constitucional, así como en admisibilidad.

“Queremos ser más eficientes y más transparentes. Quiero resaltar el sorteo público de los preopinantes de Sala, la ciudadanía sabe quien en el ministro preopinante de su caso. Creo que la auditoría que hicimos al entrar en la Sala Constitucional nos permitió conocer los números reales que maneja la Sala Constitucional. De aquí a dos o tres años se va reflejar, el buen funcionamiento de la Sala Constitucional”, aseguró el presidente de la Sala Gustavo Santander Dans.

Agregó que desde febrero de este año habilitarán una nueva plataforma digital que promete mejorar aún más el manejo de los casos que llegan a esta instancia e igualmente habilitar una oficina en el décimo piso para la exclusiva atención a los profesionales abogados para ofrecer un servicio más personalizado.

Según el informe de gestión del presidente de la Sala Constitucional el doctor Gustavo Santander, es el ministro que no ha desperdiciado tiempo alguno con su equipo de trabajo llegando a resolver el 96% de los casos ingresados en admisibilidad en su Sala.

Según se informa no solo se ha logrado resolver cientos de casos en la Sala con su presidencia, sino que se ha logrado la eficiente y transparente tramitación de los casos que han llegado a juicio de la Corte Suprema de Justicia Sala Constitucional.

Se informa que, durante el 2024, estudiaron 5.952 expedientes en estado de admisibilidad, logrando resolver el 96% de los casos ingresados (5.718 firmados), quedando pendientes únicamente 234 expedientes (4%).Se agrega que, el Gustavo Santander Dans participó activamente en la resolución de 301 expedientes provenientes de otras Salas de la Corte Suprema de Justicia, alcanzando un índice de resolución del 97%.

En su calidad de presidente de la Sala Constitucional, Santander Dans firmó un total de 2.586 actuaciones procesales entre febrero a diciembre de 2024, según detalla el informe presentado por la Secretaría Judicial I. Este volumen de trabajo se distribuye en 908 providencias de autos para sentencia, 1.126 providencias varias, 432 oficios e informes y 120 autos interlocutorios, reflejando un manejo eficiente y comprometido con la carga procesal de la Sala.

Además, se dictaron 104 resoluciones sobre Regulación de Honorarios Profesionales (24 pendientes) y 97 duplicados firmados y 130 votos en causas tratadas en el Pleno de la Corte Suprema, sin pendientes y con 16 duplicados firmados.

La Sala Constitucional de la Corte en la actualidad se encuentra conformada por los ministros Gustavo Santader, César Diesel y Víctor Ríos.

Venta de cargos en IPS: Jueza fija fecha de audiencia preliminar para acusados

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La jueza especializada Lici Sánchez, ha fijado fecha de audiencia preliminar para los 21 acusados por el Ministerio Público de integrar un esquema criminal de venta de cargos en el Instituto de Previsión Social IPS. La diligencia quedó establecida para los días 25, 26 y 27 de febrero próximo.

Según la acusación del Ministerio Público, la abogada Fátima Agüero Stelehlik sería la que actuó en complicidad con sus familiares y funcionarios de la previsional para ofrecer cargos y recategorización en el IPS a cambio de sumas de dinero que iban desde G 1.500.000 hasta G 15.000.000.

Además de Agüero Stelehlik, fueron acusados como integrantes del esquema los funcionarios de IPS: Zulma Verónica Villalba, Eduvigis Espínola, Yolanda Balbuena, Jorge Juvinel Ferreira, Edgar Amarilla. Los hermanos de la abogada Agüero Stehlik José Manuel y Lourdes Rocío Agüero Stehlik.

También fueron acusados por la fiscalía las enfermeras María Aguilera Chaparro, Fátima Adelaida González, Carolina Martínez, Blas Antonio Verón. Igualmente fue acusado el abogado Carlos,
Barreto, la contadora Jenifer Karina González, José Santacruz Frutos, la abogada Reina Torres, Rodolfo Daniel Velázquez, Jorge Felipe Sabodero contador, Cynthia Caje Cabral una ama de casa y Juana Anastasia Torres contadora.

La causa tuvo su origen tras la denuncia presentada por la jefa del Departamento de Asuntos Legales del IPS, quien presentó evidencias al Ministerio Público de cómo operaba el esquema de estafa.
Los acusados soportan cargos por estafa y asociación criminal. La acusación fue presentada por la agente fiscal Sandra Ledesma.

El REDAM sirvió para que muchos padres se pongan al día con su obligación, según jueza

La jueza del fuero especializado de la Niñez y Adolescencia Pili Rodríguez, señaló como aspecto positivo la inscripción de los padres en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, ya que según dijo gracias a esta herramienta muchos cancelaron sus deudas con sus hijos.

Remarcó que fue clave la automatización de la prohibición de la expedición de la licencia de conducir, así como la prohibición de realizar cualquier trámite registral del padre o la madre que esté inscripto en el REDAM.
Para la magistrada, esto significa un paso importante que tiene como finalidad hacer efectivo el derecho del niño, niña o adolescente de recibir alimento.

Señaló que, el siguiente paso es articular acciones con los bancos de plaza ya que también están obligados a requerir el certificado de no estar inscripto en el REDAM.

La estadística del Registros de Deudores Alimentarios Morosos registra en la actualidad un total de 10.731 padres en mora en el cumplimiento del deber legal alimentario con sus hijos.

Solo en el 2024, el Poder Judicial ingresó a 1.345 padres al registro de morosos con su obligación de alimentante de las cuales 1.328 son varones y 17 son mujeres.

Los números no dejan de ser preocupantes ya que la cantidad de padres en mora debe ser multiplicada por dos y hasta por tres hijos en algunos casos que no están recibiendo la vital asistencia para su normal crecimiento.

El incumplimiento del deber legal alimentario es uno de los hechos punibles más cometidos en nuestro país y que afecta directamente a niños, niñas y adolescentes cuyos padres no cumplen con esta obligación legal.

REDAM es un registro actualizado de los padres que caen en mora con el importe obligatorio para asistir en alimento a sus hijos. La inclusión o exclusión en este registro es dinámico y permanente, los números que compartimos que fueron dados a conocer oficialmente por la ministra encargada del fuero de la Niñez y Adolescencia.

El REDAM, se encuentra disponible las 24 horas y los 7 días de la semana. Para acceder solo se requieren los datos de la Cédula de Identidad paraguaya. En caso de tratarse de un usuario extranjero, con número de cédula a partir de 7 millones y números de cédulas alfanuméricos, el mismo debe acudir a las oficinas de Antecedentes Judiciales, ubicadas en todas las sedes judiciales del país.

La Oficina de Informaciones Judiciales de la Dirección de Estadística Judicial, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, presentó el informe estadístico que detalla la cantidad de personas que figuran en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) que al cierre de este 2024 llega a 10.731 personas registradas.

El Diplomado en Derecho Civil organizado por CEDEP será un curso práctico para los alumnos, afirman

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El extenso programa que abarca el diplomado del Centro de Estudios de Derecho, Economía y Política CEDEP tendrá una profunda incidencia práctica y no solo una repetición mecánica de lo que dicta el Código según el director del diplomado, el doctor José Moreno.

Moreno explicó que la actividad académica abordará temas de relevancia en el mundo como los contratos y el arbitraje que está evolucionando y afecta los derechos nacionales y eso se va a explicar desde el punto de vista práctico.

Dijo que, abrieron este espacio para dialogar sobre los avances en el sector de contratos que debe tener un amplio en el ámbito académico. Que, la idea es dotar de las mejores herramientas prácticas legales para el profesional que acceda a este curso.

“Hay muchos avances en el ámbito de contratos que, deben ser bien tratados en el ámbito académico por eso queremos generar un espacio así. No queremos limitarnos a una repetición mecánica de lo que dicta el artículo del código o lo que diga cierta jurisprudencia, sino darles a los participantes las herramientas intelectuales para que efectivamente puedan desarrollar trabajos de mayor calidad ya sean presentaciones escritas, fallos o laudos”, enfatizó José Moreno.

Agregó que el profesional abogado o magistrado cuanto más conocimiento adquiere es un mejor abogado o magistrado. Que precisamente para lograr mejorar el potencial de los participantes traerán a los expertos en cada área para impartir las clases.

Las inscripciones para los profesionales abogados que deseen elevar sus conocimientos en materia de Derecho Civil y Comercial ya están abiertas. El Centro de Estudios de Derecho, Economía y Política CEDEP abrió las inscripciones para los interesados en participar de su diplomado que inicia en febrero próximo.

La actividad académica se centrará en tres módulos específicos: Contratos, Arbitraje y Procesos, las personas que deseen concursar ante el Consejo de la Magistratura recibirán una puntuación al participar de este diplomado.

El diplomado será dictado por juristas de renombre del ámbito local y del extranjero, quienes impartirán las clases en modo virtual y presencial para que la mayor cantidad de alumnos puedan participar del evento con altísimo nivel académico.

Bajo la dirección del doctor José Moreno, el Centro de Estudios de Derecho, Economía y Política CEDEP organiza el diplomado en derecho Civil y Comercial dirigido a profesionales que deseen mejorar sus conocimientos en esta rama del derecho.

El diplomado contará con una carga horaria de 100 horas. Tres meses corridos de puro derecho Civil con destacados docentes locales como el doctor Francisco Segura, Roberto Ruiz Diaz Labrano, José Moreno e invitados especiales del ámbito internacional.

Las sesiones serán 80 % virtuales para que los profesionales del derecho a nivel país tengan la posibilidad de acceder a este curso con profesionales de talla internacional, mientras que solo el 20% serán presenciales.

Las inscripciones con el equipo de CEDEP.

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