Según el informe, en nuestro país existe un total de 851 personas que están con condenadas firmes por abuso sexual en niños, este reporte corresponde al periodo comprendido de enero a noviembre del año pasado.

El Registro Nacional de Agresores Sexuales en niños, niñas y adolescentes RAS, es un registro permanente de personas que cuentan con condenas firmes y ejecutoriadas por abuso sexual en niños o tentativa de este hecho punible.

El objetivo principal del Registro de Agresores Sexuales es prevenir el contacto directo o indirecto de los niños, niñas y adolescentes con personas condenadas por hechos punibles de índole sexual.

Los entes que pueden requerir el certificado en línea del RAS son: las instituciones educativas, Colegios, Escuelas, instituciones religiosas, escuelas de arte, escuelas deportivas, asociaciones, fundaciones cuyas tareas están vinculadas a niños y adolescentes, centros de salud, Hospitales, entidades de abrigo, familias acogedoras, familias sustitutas o postulantes para adopción. Igualmente, los agentes penitenciarios, docentes de los centros educativos.

También podrán requerir el certificado funcionarios públicos y municipales que trabajen con niños, defensores públicos de la niñez y funcionarios de juzgados de la niñez del Ministerio Público y todas aquellas personas que desempeñen funciones en el fuero especializado de la niñez y adolescencia.

La Corte Suprema de Justicia desarrolló una plataforma para facilitar la solicitud en línea del Registro de Agresores Sexuales (RAS) con el objetivo de mejorar los servicios de información judicial y en cumplimiento de la Ley Nº 6572/2020 y la Acordada Nº 1570/2021, la herramienta digital permite obtener el documento de manera gratuita, rápida y sin necesidad de contar con usuario o contraseña, simplificando significativamente el proceso para los ciudadanos.

Desde su habilitación de esta plataforma, el 31 de mayo de 2024, el sistema en línea para obtener el certificado del RAS permitió a los usuarios realizar el trámite de manera completamente virtual, eliminando la necesidad de acudir a una sede judicial.

El procedimiento es sencillo: el solicitante solo debe ingresar su número de cédula y el código IC (ubicado al dorso de la cédula de identidad). Una vez procesado el informe, el certificado estará disponible para descarga gratuita en formato PDF. Cabe resaltar que este documento es emitido únicamente para personas no inscritas en el Registro de Agresores Sexuales de Niños, Niñas y Adolescentes, garantizando así su utilidad y seguridad.

Este lunes continuó el juicio oral y público para el Líder del clan Rotela, Javier Rotela y otros siete acusados por tráfico de droga. La audiencia ingresa en la etapa final luego de haber iniciado en agosto del 2024 el debate público.

La fiscalía exhibió al tribunal pruebas relacionadas al caso para ir concluyendo la producción de los elementos ofrecidos para probar la reprochabilidad de Rotela y otros acusados.

El Ministerio Público sostiene que Rotela desde su lugar de encierro lideraba un esquema de tráfico de drogas con personas que estaban en libertad.

El fiscal Luis Said es quien representa al Ministerio Público en este juicio y sostiene que cuenta con numerosos elementos para probar los extremos acusados en la etapa preparatoria.

Comentó que, en esta causa se aplicaron técnicas especiales de investigación como la intercepción de comunicaciones, sumado a otros medios probatorios como la flagrancia en el hallazgo de estupefaciente en poder de esta estructura criminal liderada por Armando Javier Rotela.

Agregó que, uno de los acusados es un agente penitenciario que formaba parte del esquema montado por Rotela desde la cárcel. La diligencia se inició el 26 de agosto del año pasado y por medidas de seguridad la diligencia se practica por medios telemáticos.

El juicio oral y público para Javier Rotela y otros siete acusados por tráfico y comercialización de drogas. Forma parte del operativo «Chacal» donde se descubrió una estructura narco liderada por Rotela desde el interior de Tacumbú donde un guardiacarcel también está implicado.

Según el informe de gestión del Poder Judicial, durante el 2024 la justicia emitió un total de 72 condenas por violencia familiar. Además de siete condenas por feminicidio y cinco por tentativa de feminicidio.

De las 4.198 causas por violencia familiar ingresadas el año pasado, los juzgados emitieron 72 condenas reporta el Poder Judicial en su informe anual. Se agrega que existen 27.430 causas abiertas en los juzgados de Paz relacionadas a violencia doméstica y contra la mujer.

Los números ingresados son alarmantes y la capacidad de respuesta de la justicia se ve visiblemente limitado, teniendo en cuenta los miles de casos que han ingresado al sistema de justicia y las que han concluido con una sentencia definitiva.

En el ámbito penal los tribunales de sentencia de Capital son los que más causas recibieron durante el año pasado con la recepción de 5.839 expedientes, de los cuales terminaron con sentencias definitivas 480.

Mientras que los tribunales de Central recepcionaron 1.098 expedientes de los cuales 778 terminaron en sentencias definitivas el año pasado.

En el 2024 a nivel país, fueron elevados a juicio oral un total de 9.803 casos de los cuales 3.658 obtuvieron sentencias definitivas el mismo año.

Este viernes le vence el plazo a la defensa para apelar la sentencia condenatoria de diez años de cárcel aplicada a Hugo Javier González por el desvío de fondos de la gobernación de Central.

El doctor Fausto Portillo uno de los abogados defensores del exgobernador de Central Hugo Javier González, adelantó a nuestro medio que, se encuentran trabajando en la apelación del fallo y que incluso estarían en condiciones presentarlo antes de la fecha y hora límite.

Hugo Javier González, cumple su condena de diez años de cárcel en el penal de Tacumbú, tras ser hallado culpable del desvío de más de un millón de dólares de la gobernación.

Para el tribunal de sentencia presidido por la magistrada Karina Cáceres, fueron probados todos los extremos alegados por el Ministerio Público de que se creó una asociación criminal para desviar fondos de la gobernación de Central que debían ser destinados para la reactivación económica tras la pandemia del Covid-19.

Los acusados usaron facturas falsas de contribuyentes de otras zonas del país y de los propios funcionarios quienes fueron obligados a emitir facturas a nombre de la Ong CIAP, quienes lo hicieron para cobrar sus salarios.

Por tanto, el tribunal condenó a 10 años de cárcel al exgobernador Hugo Javier González Alegre por lesión de confianza y uso de documentos no auténticos en calidad de autor directo.

Jugaron con la plata del pueblo paraguayo, desembolsaron un millón de dólares sin tener ningún legajo de las supuestas obras. Ni siquiera se presentó el convenio de cómo se iban a realizar las 14 obras que ya existían antes, afirmó la jueza Karina Cáceres.

Según el tribunal, desde el 2020 al 2021 Miguel Ángel Robles Ibarra exasesor de la gobernación de Central, creo y lideró el esquema integrado con funcionarios, constructores y la fundación Centro Integral de Apoyo Profesional CIAP, para lograr el desembolso de fondos.

Los hechos punibles ingresados durante el año pasado en los tribunales del país lo encabezan el tipo penal de violencia familiar y el de incumplimiento del deber legal alimentario que son los hechos punibles que lideran la estadística del Poder Judicial.

La estadística revela que durante el 2024 ingresaron en la justicia un total de 4.198 procesos relacionados a violencia familiar. Este flagelo aumenta cada vez más convirtiéndose en el hecho punible más recurrente.

Los datos reflejan que, durante el periodo comprendido entre enero y octubre de 2024, los cinco hechos punibles más frecuentes a nivel nacional fueron: violencia familiar, con 4.198 casos; incumplimiento del deber legal alimentario, con 2.885 casos; hurto agravado, con 2.329 casos; exposición al peligro en el tránsito terrestre, con 1.486 casos y el tipo penal de hurto, con 1.072 casos.

Estos datos permiten al sistema judicial priorizar los recursos que posee en los conflictos más repetitivos y así garantizar una respuesta más focalizada a las necesidades de la sociedad.

La jueza especializada Rosarito Montanía no hizo lugar al pedido de revisión de la prisión preventiva que pesa contra José Insfrán, uno de los imputados por tráfico de droga en el caso A Ultranza.

La defensa pidió la aplicación de una medida menos gravosa para el acusado o, que se mejoren sus condiciones de encierro. Sin embargo, la magistrada rechazó el pedido de Insfrán, alegando que no existe razones para levantar la medida decretada en su momento y ratificó su permanencia en el penal considerado de máxima de seguridad de Emboscada.

José Insfrán al igual que su hermano Miguel Ángel Infrán alias Tío Rico, afrontarán juicio oral y público como líderes locales del grupo criminal encabezado por el uruguayo Sebastián Marset.
José Insfrán, soporta cargos por tráfico internacional de droga, asociación criminal y lavado de activos es una persona que logró permanecer por más de un año prófugo de la justicia.

El Ministerio Público sostiene que tanto José como su hermano Miguel Insfrán alias Tío Rico, son los líderes de una organización criminal que traficaba droga en el exterior y lavaba dinero a gran escala.

La organización criminal fue desbaratada con el operativo A Ultranza Py, este operativo contó con la colaboración de la DEA, de la Europol y la Policía de Uruguay. Es el primer operativo de esta envergadura que dejó al descubierto los tentáculos y las ramificaciones del crimen organizado en la política, Iglesias y empresas dedicadas a lavar el dinero producto del narcotráfico.

Arrojó como resultado la incautación de bienes por un valor estimado de 100 millones de dólares consistentes en bienes inmuebles, vehículos de alta gama, dinero en efectivos y helicópteros. Así también fueron incautados documentos y aparatos celulares para la investigación. Los bienes ya son administrados por la Senabico.