La defensa del exgobernador de Central Hugo Javier González, presentó este viernes la apelación contra el fallo que lo condena a cumplir diez años de prisión por un desvío millonario de la gobernación de Central que debían ser destinados a la reactivación económica.

La defensa pide al tribunal de apelaciones revocar o anular la sentencia condenatoria por contener una aplicación errónea de la norma, además de poseer vicios insuperables y aplicar una condena que no está sostenida en base a pruebas y por ende, que el tribunal resuelva de manera directa absolver a Hugo Javier González.

Los abogados Bernardo Villalba, Fausto Portillo e Idilio Acosta son los abogados del gobernador, quienes buscan en esta instancia dejar sin efecto la elevada condena que soporta el encausado que cumple su condena en Tacumbú.

Para el tribunal de sentencia presidido por la magistrada Karina Cáceres, fueron probados todos los extremos alegados por el Ministerio Público de que se creó una asociación criminal para desviar fondos de la gobernación de Central que debían ser destinados para la reactivación económica tras la pandemia del Covid-19.

Los acusados usaron facturas falsas de contribuyentes de otras zonas del país y de los propios funcionarios quienes fueron obligados a emitir facturas a nombre de la Ong CIAP, quienes lo hicieron para cobrar sus salarios.

Por tanto, el tribunal condenó a 10 años de cárcel al exgobernador Hugo Javier González Alegre por lesión de confianza y uso de documentos no auténticos en calidad de autor directo.

Jugaron con la plata del pueblo paraguayo, desembolsaron un millón de dólares sin tener ningún legajo de las supuestas obras. Ni siquiera se presentó el convenio de cómo se iban a realizar las 14 obras que ya existían antes, afirmó la jueza Karina Cáceres.

Según el tribunal, desde el 2020 al 2021 Miguel Ángel Robles Ibarra exasesor de la gobernación de Central, creo y lideró el esquema integrado con funcionarios, constructores y la fundación Centro Integral de Apoyo Profesional CIAP, para lograr el desembolso de fondos.

La cámara de apelación especializada resolvió conceder seis meses más al Ministerio Público para investigar a Alexandre Rodrígues Gomes, sospechado de liderar un esquema de tráfico de droga y lavado de activos del narcotráfico vinculado al brasileño Jarvis Chimenes Pavão.

Los fiscales Elva Cáceres, Osmar Segovia e Ingrid Cubilla, solicitaron una prórroga extraordinaria por existir diligencias pendientes entre ellas, las relacionadas a cooperación internacional.

Igualmente se encuentran pendientes pedidos de informes de instituciones públicas locales que aún no fueron contestadas a la fiscalía es por ello que se solicitó más tiempo para la pesquisa. La nueva fecha de acto conclusivo será el 19 de agosto de este 2025.

El hijo de Lalo Gomes, Alexandre Gomes soporta cargos por lavado de dinero y por tráfico internacional de droga, sería el líder de una estructura criminal dedicada al tráfico de droga según el Ministerio Público.

Alexandre Gomes, organizaba, compraba y negociaba los cargamentos de la mercancía ilícita, relata parte de la imputación del Ministerio Público, organización criminal integrada por paraguayos, brasileños y bolivianos y que operaría principalmente en el territorio paraguayo específicamente en Amambay.

Las actividades ilícitas incluirían todas las etapas del tráfico de sustancia ilícitas, desde la negociación, coordinación y adquisición de productos como, cocaína, pasta base y marihuana procedente de zonas de producción, hasta las etapas finales de distribución y colocación de la mercancía ilícita en mercados de consumo, relata la imputación.

Según la información entregada al Ministerio Público, revela que, Alexandre vía mensajería SKY ECC, usaba esta vía de comunicación para negociar las entregas de los cargamentos de droga. Estos mensajes se dieron desde el 27 de noviembre del 2019 al hasta el 16 de agosto del 2020 fecha en que fue interceptada la comunicación.

Según los indicios del Ministerio Público el esquema operó en todo este periodo de manera sostenida e ininterrumpida, hasta la fecha que la comunicación cifrada fue descubierta por las autoridades, pero, no se descarta que el grupo haya migrado a otras plataformas de mensajerías para seguir operando.

“Los análisis del caso señalan que, el modus operandi de la organización criminal a la cual pertenecería Alexandre Gomes, habría consistido en el envío sistemático de sustancias estupefacientes al Brasil, previamente adquiridas de Bolivia. De los datos analizados permite presumir que, Alexandre Gomes habría participado de manera activa dentro del esquema criminal y ocupaba un rango de jerarquía, no solo participó de las actividades ilícitas, llegó a financiar estas actividades lo que lo posiciona como un líder”, dice parte del extenso relato del Ministerio Público.

Agrega la imputación que este grupo criminal, habría creado un grupo exclusivo de sus miembros en la plataforma SKY ECC, para coordinar las actividades relacionadas al tráfico de drogas.

En estos grupos se habrían discutido y organizado aspectos operativos de carácter colectivo, tales como la asignación de pistas clandestinas de aterrizaje, la provisión de combustible para las aeronaves, la designación de frecuencia aeronáutica y coordinación del descenso de las aeronaves mediante códigos preestablecidos, conocido como, “santo y seña”, que eran acordados entre el piloto y el encargado de la pista.

Este miércoles en sesión plenaria la máxima instancia ha resuelto aprobar el protocolo que implementa las tobilleras electrónicas en los procesos penales de violencia familiar.

La aplicación del dispositivo pasó por ciertos inconvenientes con el beneficio a un proceso de Central, luego la Corte emitió un comunicado aclarando a los jueces que en principio solo en Capital será utilizado este mecanismo para luego extender su uso a otras zonas del país.

Si bien el documento fue aprobado este miércoles se realiza los últimos ajustes para la firma y puesta en vigencia plena el uso del dispositivo de control al procesado.

Con la aprobación, los jueces de garantía de Capital están habilitados en aplicar el uso de esta nueva herramienta que implicará una verificación exhaustiva del futuro beneficiario teniendo en cuenta el antecedente del primer caso donde el procesado tuvo que volver a prisión por reincidente.

El plan piloto contempla unas 20 tobilleras en este primer mes y dentro de la ciudad de Asunción, para luego extenderse al departamento Central y otras cabeceras departamentales a fin de contener los casos de extrema violencia hacia las mujeres.

La empresa adjudicada proveerá el servicio hasta 1.000 dispositivos. Cada una tiene un costo estimado entre 2.009.000 a 2.100.000 guaraníes, que deberá ser abonado por los beneficiarios con esta medida alternativa. En caso de declararse su insolvencia, el costo será absorbido por el Ministerio del Interior, según adelantaron las autoridades.

La aplicación de las tobilleras correrá a criterio de cada juez penal de garantías. Ante un pedido jurisdiccional, la Policía Nacional realizará el estudio de factibilidad, donde se verifican las señales de GPRS y de radio, ambas utilizadas por los dispositivos, así como los perímetros de movimiento.

Tras los últimos casos de feminicidio, el Ejecutivo apuró el uso de las tobilleras electrónicas, que tienen como fin un control más riguroso del agresor y evitar que se acerque a la víctima, ya que, en caso de vulnerar el radio de prohibición, la policía debe acudir a la zona donde está el procesado y también acudir a la casa de la víctima.

El control del uso del dispositivo estará a cargo del Sistema de Monitoreo por Dispositivos Electrónicos de Control, dependiente del Ministerio del Interior, y tendrá a su cargo la instalación de la tobillera al imputado y el control permanente de su uso.

En la sesión plenaria de este miércoles la Corte Suprema de Justicia ha resuelto levantar la suspensión con goce de sueldo básico a la jueza Carmen Analía Cibils del juzgado de Paz de la Encarnación la misma fue suspendida hace un mes tras la auditoría practicada en su juzgado por el esquema criminal de los pagarás aparentemente montado en los mismos juzgados.

La máxima instancia en su momento ya remitió todos los antecedentes de la magistrada al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados JEM y al Ministerio Público. A la vez ordenó un sumario administrativo respecto a Cibils que aún sigue en curso.

El levantamiento de la medida obedece a que ya se cumplió los 30 días que estipuló la plenaria de la Corte como medida administrativa tras la grave denuncia de una estructura dedicada a cobrar de manera irregular pagarés ya abonados.

La suspensión a la jueza, otra de sus colegas y a de funcionarios fue la primera medida de relevancia adoptada por la CSJ sobre un supuesto esquema criminal montado en complicidad con jueces de Paz de nuestra ciudad Capital.

Los funcionarios de las juezas también están suspendidos y sumariados por decisión del pleno de la Corte Suprema de Justicia. Se trata de: Martina Rivela Santacruz, Ricardo Ramón Cuevas, Nicolás Antúnez Tillería, Audrey Galeano, así como a Héctor Noguera, Óscar Frutos Meza, Guadalupe Almada, Patricia Leiva y Víctor Santacruz González.

Igualmente, la Corte Suprema ratifica la auditoría a los juzgados de Paz de Santísima Trinidad, La Recoleta y Villamorra, una vez concluida la investigación la máxima instancia estaría adoptando las medidas pertinentes.

Ante la grave denuncia que salpica a jueces y funcionarios de los juzgados de Paz de Capital, la Corte Suprema de Justicia resolvió iniciar una auditoria de reacción inmediata a los juzgados afectados y la remisión de la nómina de los jueces y funcionarios a la Contraloría para el dictamen de correspondencia de sus bienes patrimoniales.

Tras los primeros informes la Corte tomó la decisión unánime de suspender a las juezas y Liliana González de Bristot del juzgado de Paz de San Roque, quienes junto con sus funcionarios quedan separados del cargo hasta una nueva decisión de la CSJ.

La denuncia refiere que existe un esquema criminal montado en los juzgados de Paz, para despojar a las personas de sus haberes de forma irregular. La denuncia también menciona la ostentosa vida que llevan los funcionarios y ujieres que trabajan en estos juzgados de Paz.

La decisión de la Corte Suprema afecta a los juzgados de Paz de Catedral 1° y 2° Turno, San Roque y La Encarnación de la Capital, quienes según la denuncia formarían parte de la estructura delictual.

El juez Carlos Mendoza, le negó el pedido de libertad condicional al excomandante de la Policía Nacional condenado por enriquecimiento ilícito a la pena de seis años de cárcel, según el magistrado no corresponde conceder el beneficio requerido por el encausado.

El excomandante de la Policía Nacional Francisco Alvarenga, se encuentra cumpliendo la sentencia firme de seis años de condena que le aplicó la justicia por enriquecimiento ilícito por no poder justificar en su patrimonio más de G 1.183 millones.

Alvarenga, se encuentra en la Agrupación Especializada purgando la condena por enriquecerse ilícitamente estando en funciones. Su condena la tendrá por compurgada el 2 de noviembre del 2026, según el cómputo realizado por el juez de ejecución Carlos Luis Mendoza.

Si bien el condenado ya está en condiciones de solicitar su libertad condicional por compurgamiento de más del 50% de su condena, primero, tendrá que pasar por una observación y tratamiento psicológico para tener el beneficio de reinserción social.

Alvarenga, deberá someterse a los programas de reinserción social para luego tener la posibilidad de la libertad transitoria y luego la condicional. Primero se debe asegurar que el encausado comprenda el daño patrimonial causado y una vez superado las etapas de evaluación volver a la sociedad como un agente de cambio, señaló ya en su momento el juez.

En esta causa contra Alvarenga la justicia concluyó que los bienes del encausado sobrepasan sus legítimas posibilidades económicas, del 2005 al 2015, no se explica el incremento en su patrimonio, se le atribuye la titularidad de bienes inmuebles fuera de sus posibilidades económicas, hubo dolo en su actuar como funcionario público según las pruebas presentadas en juicio que fueron irrefutables para el tribunal.

En su momento la presidenta del tribunal de sentencia Yolanda Portillo, había señalado que la conducta de Alvarenga constituía un mal ejemplo para aquellos funcionarios que cumplen funciones con rectitud.

El Tribunal lo sentenció a cumplir la condena de seis años de cárcel, la prohibición de ocupar cargos públicos por cinco años y ordenó el comiso especial valor de un inmueble hasta cubrir la suma de G 1.000 millones.
Además de Yolanda Portillo integraron el tribunal las magistradas, Elsa García y Yolanda Morel.