Este miércoles en sesión plenaria la máxima instancia ha resuelto aprobar el protocolo que implementa las tobilleras electrónicas en los procesos penales de violencia familiar.
La aplicación del dispositivo pasó por ciertos inconvenientes con el beneficio a un proceso de Central, luego la Corte emitió un comunicado aclarando a los jueces que en principio solo en Capital será utilizado este mecanismo para luego extender su uso a otras zonas del país.
Si bien el documento fue aprobado este miércoles se realiza los últimos ajustes para la firma y puesta en vigencia plena el uso del dispositivo de control al procesado.
Con la aprobación, los jueces de garantía de Capital están habilitados en aplicar el uso de esta nueva herramienta que implicará una verificación exhaustiva del futuro beneficiario teniendo en cuenta el antecedente del primer caso donde el procesado tuvo que volver a prisión por reincidente.
El plan piloto contempla unas 20 tobilleras en este primer mes y dentro de la ciudad de Asunción, para luego extenderse al departamento Central y otras cabeceras departamentales a fin de contener los casos de extrema violencia hacia las mujeres.
La empresa adjudicada proveerá el servicio hasta 1.000 dispositivos. Cada una tiene un costo estimado entre 2.009.000 a 2.100.000 guaraníes, que deberá ser abonado por los beneficiarios con esta medida alternativa. En caso de declararse su insolvencia, el costo será absorbido por el Ministerio del Interior, según adelantaron las autoridades.
La aplicación de las tobilleras correrá a criterio de cada juez penal de garantías. Ante un pedido jurisdiccional, la Policía Nacional realizará el estudio de factibilidad, donde se verifican las señales de GPRS y de radio, ambas utilizadas por los dispositivos, así como los perímetros de movimiento.
Tras los últimos casos de feminicidio, el Ejecutivo apuró el uso de las tobilleras electrónicas, que tienen como fin un control más riguroso del agresor y evitar que se acerque a la víctima, ya que, en caso de vulnerar el radio de prohibición, la policía debe acudir a la zona donde está el procesado y también acudir a la casa de la víctima.
El control del uso del dispositivo estará a cargo del Sistema de Monitoreo por Dispositivos Electrónicos de Control, dependiente del Ministerio del Interior, y tendrá a su cargo la instalación de la tobillera al imputado y el control permanente de su uso.