En la sesión plenaria de este miércoles la Corte Suprema de Justicia ha resuelto levantar la suspensión con goce de sueldo básico a la jueza Carmen Analía Cibils del juzgado de Paz de la Encarnación la misma fue suspendida hace un mes tras la auditoría practicada en su juzgado por el esquema criminal de los pagarás aparentemente montado en los mismos juzgados.
La máxima instancia en su momento ya remitió todos los antecedentes de la magistrada al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados JEM y al Ministerio Público. A la vez ordenó un sumario administrativo respecto a Cibils que aún sigue en curso.
El levantamiento de la medida obedece a que ya se cumplió los 30 días que estipuló la plenaria de la Corte como medida administrativa tras la grave denuncia de una estructura dedicada a cobrar de manera irregular pagarés ya abonados.
La suspensión a la jueza, otra de sus colegas y a de funcionarios fue la primera medida de relevancia adoptada por la CSJ sobre un supuesto esquema criminal montado en complicidad con jueces de Paz de nuestra ciudad Capital.
Los funcionarios de las juezas también están suspendidos y sumariados por decisión del pleno de la Corte Suprema de Justicia. Se trata de: Martina Rivela Santacruz, Ricardo Ramón Cuevas, Nicolás Antúnez Tillería, Audrey Galeano, así como a Héctor Noguera, Óscar Frutos Meza, Guadalupe Almada, Patricia Leiva y Víctor Santacruz González.
Igualmente, la Corte Suprema ratifica la auditoría a los juzgados de Paz de Santísima Trinidad, La Recoleta y Villamorra, una vez concluida la investigación la máxima instancia estaría adoptando las medidas pertinentes.
Ante la grave denuncia que salpica a jueces y funcionarios de los juzgados de Paz de Capital, la Corte Suprema de Justicia resolvió iniciar una auditoria de reacción inmediata a los juzgados afectados y la remisión de la nómina de los jueces y funcionarios a la Contraloría para el dictamen de correspondencia de sus bienes patrimoniales.
Tras los primeros informes la Corte tomó la decisión unánime de suspender a las juezas y Liliana González de Bristot del juzgado de Paz de San Roque, quienes junto con sus funcionarios quedan separados del cargo hasta una nueva decisión de la CSJ.
La denuncia refiere que existe un esquema criminal montado en los juzgados de Paz, para despojar a las personas de sus haberes de forma irregular. La denuncia también menciona la ostentosa vida que llevan los funcionarios y ujieres que trabajan en estos juzgados de Paz.
La decisión de la Corte Suprema afecta a los juzgados de Paz de Catedral 1° y 2° Turno, San Roque y La Encarnación de la Capital, quienes según la denuncia formarían parte de la estructura delictual.