Los fiscales Belinda Bobadilla y Jorge Arce allanaron este lunes el edificio ubicado en el barrio Villa Morra, donde reside Ingrid Prette Goldenberg, ujier notificador del Juzgado de Paz de La Recoleta investigada por su presunta participación en el esquema de la mafia de pagarés.

En horas de la tarde de este lunes los agentes fiscales Belinda Bobadilla y Jorge Arce, dieron cumplimiento a la orden de allanamiento y secuestro emitido por el juez penal especializado en delitos económicos y anticorrupción, Humberto Otazu y llevaron a cabo un operativo en el marco de la causa.

El allanamiento tuvo lugar en un edificio ubicado en el barrio Villa Morra, donde reside Ingrid Prette Goldenberg, ujier notificador del Juzgado de Paz de la Recoleta, a cargo del juez Gustavo Villalba. La diligencia tuvo como objetivo la búsqueda y secuestro de expedientes judiciales que se encontraban en el lugar, de acuerdo con la información recibida por el equipo investigador.

Del procedimiento participaron funcionarios de la Unidad de Delitos Económicos, personal policial a cargo del comisario Hugo Rolón, del Departamento de Falsificación de Documentos y Abuso de Identidad, así como funcionarios de Auditoría de la Corte Suprema de Justicia.
La agente fiscal Belinda Bobadilla integrante del equipo fiscal designado para indagar el caso de la mafia de pagarés, confirmó que realizaron las primeras diligencias en el marco de la investigación y que la misma se centra en tres juzgados de Paz de Capital.

Comentó que, los juzgados de Paz de Capital afectados por la investigación inicialmente son las de La Encarnación, San Roque y Catedral, por ser los juzgados que ya tienen resultados de la auditoría practicada por la Corte Suprema de Justicia.

Bobadilla, mencionó que también aguardan los informes de la Declaración Jurada de Bienes de los indagados, así como el dictamen de correspondencia de bienes y los resultados de las auditorías realizadas por el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia.

El pedido de informe afecta a los jueces Carmen Analia Cibils, Liliana González de Bristot, Gustavo Villalba Báez y sus respectivos funcionarios quienes fueron suspendidos algunos, otros trasladados y sumariados por la CSJ.
Los fiscales asignados en esta causa además de Belinda Bobadilla son: Leonardi Guerrero y Jorge Arce, quienes indagarán la grave denuncia que afecta a los juzgados de Paz de Capital.

A días de haberse integrado el quipo fiscal, los mismo inician las primeras diligencias tendientes a confirmar la denuncia que existe un esquema criminal montado en los propios juzgados de Paz, para despojar a las personas de sus haberes de forma irregular. La denuncia también menciona la ostentosa vida que llevan los funcionarios y ujieres que trabajan en estos juzgados de Paz y con el allanamiento se confirma.

El Ministerio Público confirmo que, España concedió el pedido de extradición de la ciudadana uruguaya Gianina García Troche a Paraguay para responder cargos por narcotráfico en el marco del proceso A Ultranza.

García Troche, es la esposa del también ciudadano uruguayo Sebastián Marset (prófugo) considerado el líder de la organización criminal montada y dedicada a transportar grandes cantidades de cocaína Europa.

El informe de la fiscalía menciona que, la Sala Penal, Sección 1 – Madrid, del Reino de España, resolvió declarar procedente la extradición de la ciudadana uruguaya Gianina García Troche, a la República del Paraguay.

La decisión fue adoptada tras analizar los elementos establecidos en el Tratado de Extradición entre Paraguay y España, así como otras disposiciones legales aplicables.

Se agrega también se tuvo consideración entre estos factores; la existencia de doble incriminación; el cumplimiento del mínimo punitivo; la no prescripción de los hechos; el carácter de delito común y las demás exigencias legales contempladas en el tratado bilateral.

Cabe señalar que García Troche tiene el derecho de presentar un Recurso de Súplica ante el Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional española, de conformidad con los procedimientos establecidos.

El caso seguirá bajo la jurisdicción de las autoridades españolas hasta que se agoten las vías legales disponibles.

La señora Nancy Evelyn Lorenz, recurrió a nuestro medio buscando visibilizar el caso que afecta directamente los derechos de su pequeño hijo que está por ir al primer grado y hasta ahora no pudo recibir la prestación alimentaria de su progenitor.

La madre dijo que se siente frustrada ante el incumplimiento de la obligación por parte del padre del niño que ha buscado por todos los medios dilatar el pago que debe realizar según lo estipulado por una sentencia firme y en etapa de ejecución.

Lamentó la lentitud con que se tramita su caso y el tiempo ha pasado sin que el interés superior de su niño haya sido priorizado por la justicia al permitir su caso dure tantos años sin un solo pago por parte del padre.
La causa lleva más de cuatro años en desarrollo y es el tiempo en que el niño no ha usufructuado el derecho legal de recibir alimento a la que fue obligado su padre.

La demanda de prestación inició cuando el pequeño tenía poco más de un año ante la negativa del padre de proveer la asistencia, desde entonces y hasta ahora el niño no recibió una sola suma ni provisoriamente para cubrir sus mínimas necesidades.

En la sentencia se obliga al padre a depositar a la cuenta judicial la suma de G 32.300.000 por el tiempo que ha adeudado esta obligación, sin embargo, hasta el último sigue dilatando el pago solicitando hacerlo por cuota incidente que fue rechazado por el juzgado de ejecución.

La denunciante afirma que el padre es pudiente y es sumamente renuente para ayudar al niño que este año inicia su proceso escolar y necesita más que los años anteriores cubrir gastos que ella no está en condiciones de cubrir sola.

La abogada Norma Ortiz, señaló que su cliente Nancy Evelyn Lorenz incluso ha solicitado un régimen de relacionamiento al que se niega el padre. Agregó que esperan que culminen los trámites judiciales pronto para rematar los bienes del progenitor hasta cubrir la suma del alimento y que el niño pueda hacer efectivo su derecho.

Igualmente, se ha resuelto incluir al renuente padre en el Registros de Deudores Alimentarios Morosos REDAM, pero, lo cierto y lo concreto es que a la fecha el hombre no ha cumplido con su obligación y no ha realizado un solo depósito a la cuenta judicial abierta en este juicio.

La máxima instancia aprobó la acordada 1.779 que establece el protocolo de aplicación de las tobilleras electrónicas en los procesos relacionados a violencia familiar. Entre otras cosas el juez de garantía debe considerar la opinión de la victima antes de conceder el beneficio.

Por ahora, el dispositivo podrá beneficiar a las personas privadas de libertad que residen en Asunción o personas imputadas para quienes en el primer requerimiento el Ministerio Público lo solicite.

La Corte Suprema de Justicia menciona en la acordada que la escasa cantidad de aparatos disponibles hace que su implementación sea exclusivamente para residentes en Capital por ser solo 20 los dispositivos disponibles.

Agrega que, a medida que se cuenta con un mayor número de dispositivos se irá extendiendo su aplicación en otras circunscripciones como Central y otras zonas del país.

Se aclara igualmente que el protocolo busca ser un manual para los jueces de garantía de Capital quienes deben ceñirse estrictamente a lo establecido para asegurar la protección de las víctimas de violencia familiar y respetar las garantías del procesado.

Queda a cargo de cada juez de garantía valorar el momento en que puede utilizarse el dispositivo de control, la gravedad del hecho punible, el historial delictivo del posible beneficiario, antecedentes del imputado o imputada, la necesidad de proteger a la víctima, así como el riesgo y la opinión de la víctima.

Igualmente, los jueces están obligados a asentar en sus resoluciones el tiempo que debe durar el uso del dispositivo, para evitar el uso excesivo del aparato de control, es decir, de manera indefinida.

Para el juez de sentencia y catedrático Juan Pablo Mendoza, ocupar el cargo para llevar adelante la etapa más importante del proceso implica una alta exigencia para el magistrado que debe tener una óptima preparación académica y a la vez, estar bien emocional y anímicamente.

Afirmó que, el juez debe tener la energía para la debida concentración y atención que actualmente está en crisis por el nivel de saturación que soporta los tribunales de sentencia sumado al tipo de conflicto varios administrados en esta etapa del juicio.

Comentó que, el magistrado está obligado a invertir en su formación e investigación de manera permanente para estar acorde al dinamismo que tiene el derecho penal y como se resuelven algunos casos en otras partes del mundo.

Agregó que los jueces manejan una carga emocional muy importante en los juicios orales con problemáticas humanas muy profundas, por lo tanto, el juez debe estar bien en todos los aspectos para responder debidamente con el justiciable y las personas afectadas dentro de un proceso.

Dijo que, las distintas realidades que afrontan en el día a día, hizo que elabore un manual de funciones para sus colaboradores que tienen como norma que los testigos no comparezcan ante el tribunal en el primer día de juicio, ya que es el día, el tribunal dedica su atención a las cuestiones incidentales y sería un despropósito citarlos si no serán escuchados.

Igualmente, tienen consideración por los testigos en estado de gravidez y adultos mayores quienes son los primeros en ser convocados ante el tribunal para no hacerlos esperar.

“El trabajo del juez de sentencia no termina con el horario de oficina, llevamos esas preocupaciones, esas inquietudes esas ansiedades con nosotros hasta que podamos resolver algo de una forma u otra, eso tiene un nivel de exigencia que es bastante elevado.

Desde el punto de vista técnico exige formarse permanentemente, adquirir libros y tomar cursos que es indispensable, si no sabés, no tenés las herramientas para resolver algunas cuestiones. Además de la exigencia de estar con un nivel de energía para poder prestar atención y concentrarme, que son elementos en crisis hoy en día”, señaló Juan Pablo Mendoza.

Agregó que, tal es el estrés en esta etapa del proceso para las personas involucradas que ya dos personas han fallecido en juicio uno fue un testigo quien entró en crisis y falleció en presencia del tribunal. En otro caso también falleció un procesado lo que refleja el nivel de tensión que genera en las personas esta etapa del juicio que reiteró es la etapa más importante del proceso.

El abogado y excandidato a intendente de Katueté, Christian Ricardo Aguayo fue imputado por el agente fiscal Óscar Javier Paredes junto con Ismairto Pieretti Junior. Ambos son investigados por presuntamente intentar apropiarse de propiedades de alto valor económico. Los cargos incluyen invasión de inmueble, coacción y delitos contra la vida y la intimidad, según el Ministerio Público.

La denuncia fue presentada por el empresario Leandro Aparecido Pereira, quien afirma ser el legítimo propietario de las empresas Americana Agropecuaria S.A., Laguna S.A., Paragrícola S.A. y Principado Agropecuaria. Según la investigación, los imputados habrían impedido el ingreso del denunciante a sus tierras y bloqueado el acceso de trabajadores y maquinaria mediante presuntas intimidaciones, incluidos disparos al aire.

El fiscal Paredes, acompañado de una comitiva policial, se constituyó en las propiedades en litigio. Durante el procedimiento, Aguayo presentó documentos que lo acreditan como administrador judicial y alegó que Pieretti Junior es el arrendatario de los inmuebles. Sin embargo, según la imputación, la resolución que sustenta su posición habría perdido validez ya que un juez de igual clase dejó sin efecto lo resuelto por el renunciante juez Miguel Ángel Riquelme, quien la firmó el pasado 30 de diciembre.

“El derecho de exclusión sobre el inmueble corresponde al denunciante, según los hallazgos preliminares de esta investigación”, señala parte del documento fiscal.

El Ministerio Público solicitó la prisión preventiva para ambos imputados, argumentando riesgo de fuga y posible obstrucción de la investigación. También pidió el embargo de 800.000 dólares sobre la producción de soja generada por las tierras en disputa.

Los abogados del denunciante, Julio Federico Godoy y Aldo Gabilán, destacaron la importancia de las medidas cautelares para evitar nuevos intentos de obstaculizar el acceso del propietario a sus propiedades. Este caso se encuentra en etapa de investigación y las autoridades buscan esclarecer los hechos denunciados.