El líder del Clan Rotela se declaró inocente de los cargos que lo acusa el Ministerio Público, de liderar un esquema de tráfico de droga desde su lugar de reclusión el penal de Tacumbú. Dijo ser inocente y que el “Clan Rotela”, es un invento de las autoridades y la prensa que no existe en la realidad.

El hombre soporta varias condenas por narcotráfico y después de años pudo ser trasladado de Tacumbú, procedimiento ejecutado durante este gobierno.

El juicio oral y público que se le sigue a Javier Rotela y otros acusados por narcotráfico, se encuentra en etapa decisiva y podría concluir en los próximos días.

El Ministerio Público sostiene que Rotela desde su lugar de encierro lideraba un esquema de tráfico de drogas con personas que estaban en libertad.

El fiscal Luis Said es quien representa al Ministerio Público en este juicio y sostiene que cuenta con numerosos elementos para probar los extremos acusados en la etapa preparatoria.

Comentó que, en esta causa se aplicaron técnicas especiales de investigación como la intercepción de comunicaciones, sumado a otros medios probatorios como la flagrancia en el hallazgo de estupefaciente en poder de esta estructura criminal liderada por Armando Javier Rotela.

Agregó que, uno de los acusados es un agente penitenciario que formaba parte del esquema montado por Rotela desde la cárcel. La audiencia se inició el 26 de agosto del año pasado y por medidas de seguridad la diligencia se practica por medios telemáticos.

El juicio oral y público para Javier Rotela y otros siete acusados por tráfico y comercialización de drogas. Forma parte del operativo «Chacal» donde se descubrió una estructura narco liderada por Rotela desde el interior de Tacumbú donde un guardiacárcel también está implicado.

La agente fiscal Lisa Martínez, de la Unidad Especializada de Delitos Ambientales, imputó a Ayrton Steven Colmán por la presunta comisión del hecho punible de producción de incendios que afecten el medio ambiente y atenten contra la seguridad de las personas frente a riesgos colectivos.

Según señala el relato fiscal, el imputado fue sorprendido este 29 de enero en flagrancia quemando cables, presumiblemente para la obtención de cobre, dentro del predio de la Reserva Banco San Miguel, en Asunción. La conducta atribuida se encuentra tipificada en la Ley N.° 6779/2021, que establece sanciones por la generación de incendios que pongan en peligro el ecosistema y la seguridad pública.

Asimismo, la fiscal interviniente formuló imputación contra Elva Andrea Benegas Cardozo, por la presunta infracción del artículo 6° de la Ley 716/96, de protección del medio ambiente. La mujer fue encontrada pescando en el área protegida de la reserva, una actividad prohibida dentro de esta zona de conservación.

El Ministerio Público continúa impulsando acciones para la protección del medio ambiente y el cumplimiento de la normativa vigente en áreas de reserva ecológica.

Recientemente, esta zona protegida fue arrasada por el fuero afectando 40 hectáreas. Lo que ocasiona un grave perjuicio a la naturaleza y el medio ambiente. Tras lo ocurrido la fiscalía inició la investigación y se imputó al primer sospechoso de realizar estas prácticas inconscientes en dicho lugar.

El juez penal de sentencia Juan Pablo Mendoza, abordó uno de los aspectos que hace saturar el sistema penal en la etapa de juicios orales y es la elevación a juicio oral y público de una gran cantidad de casos menores como el hurto, según señaló.

Dijo que, incluso son elevados procesos abiertos por robo de carne en los supermercados, causas con reproche sumamente reducido, pero, estos casos igual deben ser juzgados por los tribunales de sentencia y ello lleva tiempo y dedicación en causa que nunca debieron llegar a esta instancia.

Agregó que, el diseño penal inicialmente tenía como objetivo que el 70 a 80% de las causas concluyan en la etapa intermedia, con salidas legales contempladas, pero, por diversos factores y no han sido objeto de una investigación o un análisis profundo para determinar los nudos y obstáculos que a la fecha impiden que esto se materialice.

“La audiencia de juicio oral debe ser reservada solo para casos complejos, como eso no pasa, entonces el sistema ya estaba siendo objeto de una saturación antes del 2023, antes de la pandemia, ya estábamos trabajando a doble maquina”, acotó el magistrado.

Afirmó que otro de los fenómenos que hizo saturar esta etapa del proceso, fue la designación de los jueces al fuero penal especializado y la gran cantidad de magistrados que se han jubilado, lo que sí ha generado una resta sentida en la labor de sentencia, porque el proceso para la designación de estos jueces lleva su tiempo, tanto para la integración de ternas y posterior nombramiento, mientras el trabajo para reemplazar a estos jueces continuaba.

La Corte Suprema de Justicia a través de la Oficina Técnica Penal OTP, ha desarrollado una serie de alternativas para combatir la mora en esta etapa, incluyendo una acordada en la que se insta a los jueces de garantías aplicar salidas alternativas al juicio oral en casos de reproche reducido, pero esto no ha tenido un efecto importante y los tribunales de sentencia siguen teniendo una carga importante de trabajo.

Hasta ahora los juzgados de garantía no cumplen el rol de ser un filtro para evitar que causas sin relevancia penal terminen elevados para el debate público comprometiendo aún más la ya saturada etapa de este proceso.
En la actualidad los tribunales de sentencia llevan agendados juicios orales hasta el 2026.

El Ministerio de Justicia ha informado que procedió al traslado hasta la Capital de los reclusos Ramón González Daher y su hijo Fernando González karjallo, quienes soportan condenas de 15 y cinco respectivamente.

Tras una requisa en las celdas de los reclusos Ramón González Daher y su hijo, Fernando González Karjallo, el Ministerio de Justicia ha resuelto trasladarlos hasta Asunción a la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza (UPIE), donde estiman serán más “controlados”.

Durante el allanamiento, las autoridades encontraron elementos prohibidos en poder de ambos condenados, por ello, se resolvió trasladarlos a la Capital donde estiman podrán manejarlos un poco mejor y así evitar que, González Daher siga extorsionando desde el penal

UPIE, actualmente alberga a un total de 220 condenados, lo que permitirá un mejor control sobre los reclusos, según estiman desde el sistema penitenciario.

Ramón González Daher soporta una condena de 15 años cárcel por usura, lavado de dinero y declaración falsa y otras condenas por separado por robo de cheques y extorsión a las personas a quienes prestó dinero.

Su hijo fue condenado a cinco años de encierro como cómplice del lavado de activos. Respecto a ambos condenados también se dispuso el comiso de bienes por un valor de 240.000 millones de guaraníes y de 11 millones de dólares.

González Daher, engañó al sistema financiero, inyectando dinero que era producto de los préstamos usurarios que realizaba; y que pese a haber cobrado íntegramente el dinero que prestó, igual iniciaba denuncias penales por estafa contra las personas, según la justicia.

El abogado y excandidato a intendente de Katueté, Christian Ricardo Aguayo imputado por presuntamente intentar quedarse con una propiedad millonaria en Canindeyú, recusó a la jueza que debía admitir la imputación y analizar el pedido de prisión que pesa en su contra.

El proceso aún no inicia formalmente y el imputado recusó a la jueza penal de garantías que entiende el caso, Hilda Acosta. El incidente busca apartar a la magistrada de su caso y encontrar un juez a medida.

Los abogados denunciantes en la causa Julio Federico Godoy y Aldo Gabilán, analizan denunciar a Christian Ricardo Aguayo ante el Consejo de Superintendencia de la Corte por su conducta dilatoria que frustra la correcta prosecución del proceso penal abierto por una grave denuncia de invasión de inmueble ajeno y otros ilícitos.

Los denunciantes buscan que la Corte Suprema de Justicia sancione al que consideran litigantes de mala fe y de buscar un juez a medida, quien está sospechado de cometer varios ilícitos y ahora suma su conducta renuente a someterse a los mandatos de la justicia.

Los camaristas que deben estudiar la recusación contra la magistrada son: Benito González, Hugo Medina y Bonifacio Rojas, quienes deberán analizar si efectivamente corresponde apartar o confirmar a la jueza en la causa por tratarse de un incidente meramente dilatorio.

La semana pasada el agente fiscal Óscar Javier Paredes, imputó al abogado Christian Ricardo Aguayo e Ismairto Pieretti Junior, por presuntamente intentar apropiarse de propiedades de alto valor económico. Los cargos incluyen invasión de inmueble, coacción y delitos contra la vida y la intimidad, según el Ministerio Público.

La denuncia fue presentada por el empresario Leandro Aparecido Pereira, quien afirma ser el legítimo propietario de las empresas Americana Agropecuaria S.A., Laguna S.A., Paragrícola S.A. y Principado Agropecuaria. Según la investigación, los imputados habrían impedido el ingreso del dueño a sus tierras y le han bloqueado el acceso a trabajadores y maquinaria mediante presuntas intimidaciones, incluidos disparos al aire.

El fiscal Paredes, acompañado de una comitiva policial, se constituyó en las propiedades en litigio. Durante el procedimiento, Aguayo presentó documentos que lo acreditan como administrador judicial y alegó que Pieretti Junior es el arrendatario de los inmuebles. Sin embargo, según la imputación, la resolución que sustenta su posición habría perdido validez ya que un juez de igual clase dejó sin efecto lo resuelto por el renunciante juez Miguel Ángel Riquelme, quien la firmó el pasado 30 de diciembre.

“El derecho de exclusión sobre el inmueble corresponde al denunciante, según los hallazgos preliminares de esta investigación”, señala parte del relato fiscal.

El Ministerio Público solicitó la prisión preventiva para ambos imputados, argumentando riesgo de fuga y posible obstrucción de la investigación. También pidió el embargo de 800.000 dólares sobre la producción de soja generada por las tierras en disputa.

El juez Juan Pablo Mendoza integrante de uno de los tribunales de sentencia de Capital, habló también con Judiciales Net de los resultados en un juicio oral y público que no siempre debe ser una condena, ya que, si las pruebas no confirman el hecho, la persona debe ser absuelta.

Señaló que, la ciudadanía entiende que en la audiencia oral el único resultado debe ser una condena y esto no es así porque el fallo depende directamente de lo que afirmen las pruebas que son analizadas por única vez por el colegiado.

Señaló que existe un mandato constitucional que los jueces de sentencia deben respetar y están obligados a ceñirse al análisis de la prueba si se dan o no los presupuestos de la acusación del Ministerio Público.

Agregó que el Estado no puede aplicar mecanismos arbitrarios para condenar a un ciudadano sin pruebas que rompan su estado de inocencia.

“Si la prueba verifica los presupuestos de la acusación entonces corresponde conforme a los estándares la sentencia condenatoria, si se consigue una certeza más allá de la duda razonable. Pero, si la prueba, en vez de verificar refutan los presupuestos de la acusación hay que absolver porque eso es un mandato constitucional, la absolución es un logro cívico para el ciudadano que se reconozca su falta de responsabilidad y es una obligación de nosotros los jueces cuando la prueba no es suficiente, o existe una duda razonable dictar sentencia absolviendo”, enfatizó Juan Pablo Mendoza, juez de sentencia.

Reiteró que el juicio oral no es necesariamente para condenar al indiciado. Que, el debate oral es para la realización de la justicia y que la sentencia está supeditada a las pruebas.

Comentó que, los tribunales de sentencia también observan los derechos y garantías de las personas cuyos derechos han sido vulnerados y son los denunciantes en los procesos penales.

Por último, dijo que el juicio oral es una experiencia muy compleja ya que los miembros del colegiado deben analizar cada pieza de información que las partes acercan, compararla, cotejarla y analizarla para llegar al final deseado que es la búsqueda de la verdad real.