El pleno de la Corte Suprema de Justicia también levantó la suspensión que pesaba sobre la jueza de Paz de San Roque Liliana González de Bristot, al fenecer el tiempo establecido inicialmente de 30 días.
Con esta decisión, no existe por el momento ni un solo juez de Paz de Capital separado de su cargo tras el escándalo de la mafia de los pagarés que salpica a los juzgados de esta zona del país.
La jueza Liliana González de Bristot, es una de las juezas investigadas por el Ministerio Público, así como sus funcionarios por su presunta participación en el esquema montado en los juzgados de Paz de Capital para estafar a los ciudadanos con pagarés.
El equipo fiscal designado en esta causa realizó las primeras diligencias en la causa entre ellas pedidos de informes a instituciones públicas y un allanamiento en el lujoso departamento de una de las ujieres investigados.
El Ministerio Público, aguarda los informes de la Declaración Jurada de Bienes de los indagados, así como el dictamen de correspondencia de bienes y los resultados de las auditorías realizadas por el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia.
El pedido de informe afecta a los jueces Carmen Analia Cibils, Liliana González de Bristot, Gustavo Villalba Báez y sus respectivos funcionarios quienes fueron suspendidos algunos, otros trasladados y sumariados por la CSJ.
Los fiscales asignados en esta causa además de Belinda Bobadilla son: Leonardi Guerrero y Jorge Arce, quienes indagan la grave denuncia que afecta a los juzgados de Paz de Capital.
A días de haberse integrado el quipo fiscal, los mismo inician las primeras diligencias tendientes a confirmar la hipótesis de que en los propios juzgados de Capital se montó un esquema criminal para estafar a los ciudadanos.
La denuncia refiere que existe un esquema criminal montado en los juzgados de Paz, para despojar a las personas de sus haberes de forma irregular. La denuncia también menciona la ostentosa vida que llevan los funcionarios y ujieres que trabajan en estos juzgados de Paz que pudo ser corroborado con el primer allanamiento.
La Corte en su momento ordenó la realización de una auditoría de reacción inmediata a todos los juzgados de Paz de Asunción. La misma es supervisada por la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, con el objetivo de identificar a los presuntos responsables del esquema, la auditoría respecto a los demás juzgados de Capital aún no ha concluido, si bien el trabajo de campo ya concluyó, el informe se encuentra en la etapa de corrección para presentar a la Corte.
Por otra parte, la Contraloría General de la República realiza el análisis del examen de correspondencia de bienes de los afectados para luego dictaminar si lo que poseen los indagados fueron bienes adquiridos con sus legítimos ingresos.
