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Lorenzo Lezcano también «usó» a Lalo Gómes para salvarse en el JEM

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El entonces fiscal de la unidad “contra” el crimen organizado, Lorenzo Lezcano también «usó como nexo» con Orlando Arévalo al finado diputado Lalo Gomes, sospechado de lavar dinero del narcotráfico para librarse del proceso en el Jurado.

Según los reveladores chats entre Lezcano y Lalo Gómes, estos gestaron por mensajes de texto el desenlace del juicio en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados JEM.

En los mensajes, Lorenzo Lezcano trata de líder a Lalo Gómez y le consulta si tiene cercanía con Orlando Arévalo a lo que Lalo responde que sí, que lo tienen en la palma de la mano, a partir de allí se pauta una reunión con Arévalo una vez más en su casa y es el propio Lalo Gomes quien le comparte la ubicación de la casa del entonces presidente del JEM para que conversen en persona.

Tal es así que luego de estas conversaciones y reuniones entre los artífices de estos chats, Lorenzo Lezcano saldría sobreseído de su proceso por no haber investigado al narcotraficante Sebastián Marset, uno de los líderes de la estructura A Ultranza.

Lezcano como sus colegas Katia Uemura y Stella Mary Cano con frecuencia se reportaban con Lalo Gómes y le solicitaban su mediación con Orlando Arévalo.

El escándalo que una vez más salpica a un miembro del JEM, miembros de la justicia y políticos no es una situación nueva, pero, con ello demuestra una vez más que la estructura de recaudación montada por el finado Óscar González Daher sigue intacta, pero con otros actores.

La fiscalía general del Estado hasta ahora no ha tomado una decisión administrativa respecto a sus tres fiscales y tampoco los miembros de la Corte respecto a la jueza Sadi López.
Ante la presión de sus colegas Orlando Arévalo se vio obligado a pedir permiso como representante de diputados ante el JEM y también como legislador.

Filtración: La Corte confirma a camaristas que deben resolver recusación contra jueza

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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó el pedido de las defensas y confirmó a los camaristas Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Bibiana Benítez, para estudiar el incidente de recusación contra la jueza que lleva el caso Cynthia Lovera.

Una vez revuelta la recusación contra la magistrada se podrá resolver otros varios incidentes planteados en el caso, entre ellos una reposición, la discusión sobre la prórroga otorgada al Ministerio Público entre otros aspectos.

En esta causa están imputados además del expresidente de la República Mario Abdo Benítez, sus exministros, Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farias, Guillermo Preda, Francisco Pereira, por supuesta filtración de información confidencial relacionada a Horacio Cartes.

La fiscalía imputó al expresidente Mario Abdo Benítez y sus exministros por supuesta filtración de información confidencial relacionada a un pedido de cooperación por parte de la Fiscalía de Panamá sobre Horacio Cartes, con lo que perpetraron el hecho punible de revelación de secretos de servicio, asociación criminal y otros.

Dice el relato del Ministerio Público que, el expresidente Mario Abdo Benítez, durante su gobierno habría gestado un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado, como Horacio Cartes y Santiago Peña, con el objetivo de debilitar sus figuras en el ámbito, económico y principalmente electoral.

Metrobús: Vuelve a suspenderse la preliminar para Ramón Jiménez Gaona

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El juez Humberto Otazú, a pedido de los nuevos fiscales del caso volvió a suspender el inicio de la audiencia preliminar para el acusado exministro de Obras Públicas y Comunicaciones Ramón Jiménez Gaona y otros acusados.

Los fiscales Giovanni Grissetti, Yeimy Adle y Natalia Silva pidieron al magistrado suspender nuevamente la audiencia preliminar fijada para este martes a Ramón Jiménez Gaona acusado por el fallido Metrobús.

El Ministerio Público había formulado acusación por un perjuicio patrimonial millonario al Estado y solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público. Además de Jiménez Gaona, fueron acusados, Marta Regina Benítez Morínigo y Guillermo Alcides Alcaraz exfuncionarios del MOPC.

El Ministerio Público, menciona en su acusación que existen suficientes elementos de convicción para presentar la acusación contra los procesados por el hecho punible de lesión de confianza. Esta investigación se inició tras la denuncia formulada por Ricardo Pankow el 28 de mayo del 2018.

El 19 de febrero del 2016 la empresa Mota-Engil Ingeniería fue adjudicada para la ejecución de las obras, sin embargo, el ministro de Obras entonces Jiménez Gaona, teniendo la obligación de coordinar, supervisar y controlar las actividades de las obras no habría cumplido con las exigencias requeridas de manera previa y durante la ejecución de las obras que impidieron la viabilidad de la culminación de los trabajos emprendidos.

Se menciona que durante la gestión de Jiménez Gaona del 2016 al 2018, fecha en que ya cesaron las obras no se contaba con los permisos de los municipios afectados como la de San Lorenzo y la de Asunción. Que incluso se iniciaron las obras sin contar con el diseño final de las mismas.

Que tampoco se contó con un estudio hidrológico aprobado con la validación del fiscalizador, lo que posiblemente vulneró lo establecido en el contrato con la firma adjudicada para la realizar la obra.

Consecuentemente se habría pagado 29 certificaciones por un valor de 29 millones de dólares por obras que no cumplirían las especificaciones técnicas y que no servirían para la finalidad del Programa de Modernización del Transporte Público Metropolitano y Oficinas de Gobierno, Metrobús, dice el relato del Ministerio Público.

Decretan la prisión preventiva de Fernando González Karjallo

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El juez Raul Florentín resolvió la prisión preventiva de Fernando González Karjallo imputado por alquilar un inmueble comisado y administrado por la Senabico.

Para el magistrado el hecho imputado al procesado constituye un hecho grave, por lo que corresponde aplicar la prisión preventiva del indiciado, recordemos que el tipo penal imputado al encausado es el de apropiación.

González Karjallo, se encuentra en la actualidad cumpliendo prisión en UPIE, por la condena de cinco años por lavado de dinero producto de la usura.

El Ministerio Público imputó a González Karjallo por apropiación, por quedarse con la plata del alquiler de un inmueble que debía haber sido depositado en las arcas del Estado.

En su momento el juez Florentín reenvió la imputación al Ministerio Público por falta de descripción de hechos, el juez señaló que la apropiación, cuyo objeto material es la cosa mueble ajena, no basta con un comportamiento que tenga en miras, sino que el objeto concreto de la apropiación debe estar claramente especificado, determinado individualmente y que no se puede alegar, ni en grado de sospecha la propiedad de la SENABICO sobre cosas que a prima facie no le pertenecían.

Tras la ratificación de la fiscalía general de la imputación, se llevó a cabo la audiencia de imposición de medidas donde fue decretada la prisión del González Karjallo.

La doctora Raquel Talavera, abogada de Fernando González Karjallo, dijo que correspondía eximir a su cliente en este proceso ya que se encontraba de todos modos privado de su libertad.

Fiscalía ya tiene el resultado de las auditorías relacionadas a la mafia de pagarés

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La Corte Suprema de Justicia, remitió el viernes pasado a la fiscalía general del Estado el informe respecto a las auditorías practicadas a los juzgados de Paz de la Catedral primer y segundo turno, de San Roque y La Encarnación, según han informado a la fiscal del caso.

La fiscal Belinda Bobadilla también requirió a la Corte el envío de la auditoría respecto al juzgados de la Recoleta. La agente fiscal fue informada que la investigación de la Corte respecto a los demás juzgados de Capital aún no fue entregada por la Dirección de Auditoría Jurisdiccional.

Los documentos que obran en el poder del Ministerio Público afectan a los jueces Carmen Analia Cibils, Liliana González de Bristot, Gustavo Villalba Báez y sus respectivos funcionarios quienes fueron suspendidos algunos, otros trasladados y sumariados por la CSJ.

Los fiscales asignados en esta causa además de Belinda Bobadilla son: Leonardi Guerrero y Jorge Arce, quienes indagarán la grave denuncia que afecta a los juzgados de Paz de Capital.

A días de haberse integrado el quipo fiscal, los mismos inician las primeras diligencias tendientes a confirmar la denuncia de que existe un esquema criminal montado en los propios juzgados de Paz, para despojar a las personas de sus haberes de forma irregular.

La denuncia también menciona la ostentosa vida que llevan los funcionarios y ujieres que trabajan en estos juzgados de Paz y con el allanamiento realizado en el lujoso departamento de ubicado en el barrio Villa Morra, donde reside Ingrid Prette Goldenberg, ujier notificador del Juzgado de Paz de La Recoleta, se comprobó.

Información extraída del celular de Lalo Gómes revelaría un esquema de sobornos

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El juez Osmar Legal, confirmó que los datos extraídos con autorización judicial del teléfono del diputado Lalo Gómes daría cuenta de la existencia de varios hechos punibles que involucran al político Orlando Arévalo y otros actores de la justicia.

Según Legal, dentro de la extracción de datos de aparatos celulares en la causa de Lalo Gomés, reveló posibles hechos punibles relacionados a otras personas como el diputado y miembro del JEM Orlando Arévalo, la fiscal Katia Uemura, la fiscal Stella Mary Cano y la jueza Sadi López.

Legal, confirmó la información al periodista Carlos Ortega, a quien el magistrado señaló que los elementos encontrados podrían servir de base para una investigación penal y como es su obligación ha comunicado a la fiscalía esta situación.

Los antecedentes ya fueron remitidos al Ministerio Público para iniciar una pesquisa en paralelo al proceso penal abierto al hijo del extinto diputado Lalo Gómes y otros.

Los hechos punibles que pudieron haber perpetrado estos altos funcionarios públicos son: soborno, cohecho, prevaricato y otros. Queda a cargo del Ministerio Público indagar los hechos expuestos públicamente por el juez Osmar Legal.

La fiscalía se encuentra investigando por narcotráfico y lavado de dinero a El hijo de Lalo Gomes, Alexandre Gomes soporta cargos por lavado de dinero y por tráfico internacional de droga, sería el líder de una estructura criminal dedicada al tráfico de droga según el Ministerio Público.

Según la fiscalía, Alexandre Gomes, organizaba, compraba y negociaba los cargamentos de la mercancía ilícita, relata parte de la imputación del Ministerio Público, organización criminal integrada por paraguayos, brasileños y bolivianos y que operaría principalmente en el territorio paraguayo específicamente en Amambay.

Las actividades ilícitas incluirían todas las etapas del tráfico de sustancia ilícitas, desde la negociación, coordinación y adquisición de productos como, cocaína, pasta base y marihuana procedente de zonas de producción, hasta las etapas finales de distribución y colocación de la mercancía ilícita en mercados de consumo, relata la imputación.

Según la información entregada al Ministerio Público, revela que, Alexandre vía mensajería SKY ECC, usaba esta vía de comunicación para negociar las entregas de los cargamentos de droga. Estos mensajes se dieron desde el 27 de noviembre del 2019 al hasta el 16 de agosto del 2020 fecha en que fue interceptada la comunicación.

Según los indicios del Ministerio Público el esquema operó en todo este periodo de manera sostenida e ininterrumpida, hasta la fecha que la comunicación cifrada fue descubierta por las autoridades, pero, no se descarta que el grupo haya migrado a otras plataformas de mensajerías para seguir operando.

El Poder Judicial retoma sus actividades

Desde hoy el Poder Judicial reanuda sus actividades normalizando todos sus servicios en todas las áreas y en todas las circunscripciones judiciales del país.

Todos los tribunales del país retoman hoy sus actividades con el término de la feria judicial que concluyó el pasado viernes 31 de enero.

Este mes de febrero la Corte Suprema de Justicia debe renovar a sus autoridades y como ya lo habíamos adelantado César Diesel sería nuevamente el próximo presidente de la Corte.

Diesel, tendría el voto de la mayoría de sus colegas quiénes una vez más lo pondrían al frente de la CSJ.

Con la renovación de las actividades se espera que también se renueve el compromiso de las autoridades, jueces y funcionarios en mejorar el servicio de justicia y así cambiar la percepción de la ciudadanía hacia el funcionamiento de la Justicia.

En el ámbito penal no es posible la mora por ello jueces redoblan esfuerzos, según magistrado

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El juez de sentencia Juan Pablo Mendoza, señaló que la mora no es permitida en el ámbito penal al comprometerlos personalmente en caso de que un proceso penal extinga o prescriba, lo que hace que los tribunales de sentencia redoblen esfuerzos para evitar ese desenlace.

Comentó que, en cualquier otro ámbito de la justicia puede hablarse de mora judicial, pero, esto no se permite en el fuero penal sin que incurran en responsabilidad personal los jueces.

Agregó que, el peor año que sobrellevaron los tribunales de sentencia fue el año pasado, al dejar de funcionar los colegiados con cuatro integrantes y trabajar con tres miembros sin tener sustitutos, además de integrar dos o tres tribunales en simultaneo con la misma cantidad o más, de audiencias orales por día.

“No es posible la mora en la parte penal, porque uno se hace personalmente responsable en caso de que por moral algún proceso se extinga o prescriba por mora y eso es un mandato normativo establecido en el código en cualquier otro ámbito se puede hablar de mora, pero, en el proceso penal no puede haber mora sin que uno incurra en responsabilidad personal, eso no obliga a remar a doble y triple máquina”, afirmó el juez de sentencia de Capital Juan Pablo Mendoza.

Por otro lado, el magistrado habló de la necesidad de ampliar el plazo para la redacción de la sentencia que hoy día es de cinco días máximo, un tiempo sumamente limitado por la cantidad de juicios que llevan en simultaneo.
Dijo que la ampliación de este plazo es de vital importancia y la Corte por iniciativa parlamentaria podría proponer el cambio para que los jueces de sentencia tengan más tiempo para elaborar sus fallos.

El magistrado, recordó que la tarea del magistrado que desempeña funciones en esta etapa del proceso es sumamente desgastante lo que ha llevado a muchos adelantar sus jubilaciones, para anteponer su salud y tranquilidad.

Diego Moreno promete cumplir con seriedad, responsabilidad y dedicación su cargo en la Corte IDH

El juez Diego Moreno, el primer jurista paraguayo que ocupa un cargo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dijo a judiciales Net que su cargo implica una gran responsabilidad y lo asumirá con dedicación.

Comentó que, tendrá como norte la defensa de los derechos de las victimas que no han encontrado respuesta a sus reclamos en sus países y para quienes la Corte constituye su última esperanza.

Agregó que, llegar a esta instancia fue posible a sus maestros paraguayos que le han permitido conquistar este espacio y poder demostrar que se puede soñar en escalar hasta llegar a estos espacios internacionales de relevancia.

Dijo que Paraguay tiene gente excelente, que estudia, se capacita, y sueña con un país mejor, a pesar de todos los problemas que debemos resolver como sociedad.

“Te diría muy brevemente que es una responsabilidad muy grande y que me he propuesto asumirla con un profundo sentido de compromiso, seriedad y dedicación, teniendo siempre como norte la protección de las víctimas que no han encontrado amparo en sus ordenamientos internos y para quienes la Corte IDH constituye la última esperanza de alcanzar la justicia. Como paraguayo, mi objetivo con la campaña fue demostrar que todas las personas maravillosas de nuestro país pueden conquistar espacios de relevancia internacional”, señaló el nuevo magistrado de la Corte IDH.

Agregó que, lleva con él un pedazo de la comunidad jurídica de Paraguay en el corazón, y el recuerdo de grandes maestros y maestras del derecho paraguayo.

El doctor Diego Moreno Rodríguez juró el pasado lunes como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), periodo 2025-2030. Moreno es el primer jurista local que llega a este órgano de suma relevancia.

Moreno es abogado, docente e investigador, con más de 20 años de trayectoria en la academia, en la función pública internacional y en el ejercicio de la profesión. Realizó sus estudios de especialización en derecho constitucional y derechos fundamentales en la Universidad de Columbia de la ciudad de Nueva York y en la Universidad de Salamanca, España.

Además de ser profesor de grado y de postgrado en universidades e institutos nacionales, latinoamericanos y europeos, donde imparte asignaturas sobre teoría constitucional, derechos fundamentales, interpretación y argumentación jurídica, así como temas selectos del Sistema Interamericano. Ha publicado numerosos trabajos sobre justicia constitucional y derechos humanos en obras colectivas y revistas especializadas.

Posee una amplia experiencia en temas vinculados al Sistema Interamericano, habiendo trabajado en el Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) por más de 6 años.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Unos 10.000 expedientes de los juzgados de Paz de Capital estaban en una empresa privada

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El hallazgo demuestra un descontrol sobre expedientes que debían estar en los distintos juzgados de Paz de la Capital. Luego de las primeras diligencias practicadas esta semana por los fiscales asignados a investigar la causa conocida como la mafia de pagarés, demuestra como mínimo la complicidad de los funcionarios y jueces en el manejo de sus casos.

Además de los numerosos documentos encontrados en la residencia de Ingrid Prette Goldenberg, ujier notificador del Juzgado de Paz de La Recoleta, se suma el hallazgo de 10.000 expedientes en una empresa privada.

La escandalosa cantidad de expedientes judiciales de todos los juzgados de Paz de Capital encontrados en la empresa, confirma la desprolija y grosera complicidad de los juzgados de Paz que han permitido que documentos donde se le exige cobro de guaraníes a particulares estén en posesión de una empresa privada.

Dentro de la investigación, la fiscalía realizó hoy la gestión para el traspaso de aproximadamente 10.000 expedientes a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La diligencia fue encabezada por la agente fiscal Belinda Bobadilla, quien dispuso la entrega de los documentos para su resguardo institucional.

La firma que tenía en su poder la descomunal cantidad de causas se dedica a la compra y cobro de deudas, se constató que los expedientes se encontraban almacenados en sus oficinas.

En este sentido, el art. 118 del Código Procesal Civil establece los casos y condiciones en que los expedientes judiciales pueden salir de los juzgados, siendo responsabilidad de los actuarios de juzgados la custodia de los mismos mientras se encuentren en trámite, constituyendo un deber la remisión de los finiquitados a los archivos del Poder Judicial.

Representantes de la CSJ recibieron la documentación para su guarda, con un inventario que incluye la mención de los juzgados de origen, con ello todos los juzgados de Paz de Capital quedan bajo la sospecha de permitir que documentos que era utilizados para defraudar estén en manos privadas cuando debían estar en resguardo del Poder Judicial, desde un inicio.

La agente fiscal Belinda Bobadilla confirmó que hasta ahora la Corte Suprema de Justicia no ha enviado los pedidos de informes al Ministerio Público sobre las auditorías concluidas en los juzgados de Carmen Analia Cibils, Liliana González de Bristot, Gustavo Villalba Báez.

Igualmente, se aguarda informe respecto a los demás juzgados de la Capital para ampliar el margen investigativo. Hasta el momento la fiscalía no ha formulado imputación contra ningún funcionario o juez salpicado por este esquema criminal montado para defraudar a trabajadores.

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