La agente fiscal Belinda Bobadilla integrante del equipo fiscal designado para indagar el caso de la mafia de pagarés, confirmó que realizaron las primeras diligencias en el marco de la investigación y que la misma se centra en tres juzgados de Paz de Capital.
Comentó que, los juzgados de Paz de Capital afectados por la investigación inicialmente son las de La Encarnación, San Roque y Catedral, por ser los juzgados que ya tienen resultados de la auditoría practicada por la Corte Suprema de Justicia.
Bobadilla, mencionó que aguardan los informes de la Declaración Jurada de Bienes de los indagados, así como el dictamen de correspondencia de bienes y los resultados de las auditorías realizadas por el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia.
El pedido de informe afecta a los jueces Carmen Analia Cibils, Liliana González de Bristot, Gustavo Villalba Báez y sus respectivos funcionarios quienes fueron suspendidos algunos, otros trasladados y sumariados por la CSJ.
Los fiscales asignados en esta causa además de Belinda Bobadilla son: Leonardi Guerrero y Jorge Arce, quienes indagarán la grave denuncia que afecta a los juzgados de Paz de Capital.
A días de haberse integrado el quipo fiscal, los mismo inician las primeras diligencias tendientes a confirmar la hipótesis de que los propios juzgados de Capital se montó un esquema criminal para estafar a los ciudadanos.
La denuncia refiere que existe un esquema criminal montado en los juzgados de Paz, para despojar a las personas de sus haberes de forma irregular. La denuncia también menciona la ostentosa vida que llevan los funcionarios y ujieres que trabajan en estos juzgados de Paz.
La Corte en su momento ordenó la realización de una auditoría de reacción inmediata a todos los juzgados de Paz de Asunción. La misma es supervisada por la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, con el objetivo de identificar a los presuntos responsables del esquema, la auditoría respecto a los demás juzgados de Capital aún no ha concluido, si bien el trabajo de campo ya concluyó, el informe se encuentra en la etapa de corrección para presentar a la Corte.
Por otra parte, la Contraloría General de la República realiza el análisis del examen de correspondencia de bienes de los afectados para luego dictaminar si lo que poseen los indagados fueron bienes adquiridos con sus legítimos ingresos.