La Corte Suprema de Justicia, ya no se fía de sus jueces y funcionarios de los juzgados de Paz donde se tramitan los juicios por cobro de pagarés, tal es así que, la máxima instancia redacta una acordada a fin de implementar el sello en los pagarés que ingresan en los juicios por cobrar.
Se pretende con este mecanismo, evitar que estos documentos utilizados de manera irregular en más de un juicio sigan circulando como si nunca se haya cancelado perjudicando gravemente a las personas que son requeridas por profesionales de la estafa.
El sellado busca ser un filtro y un mecanismo de control sobre jueces y funcionarios que permiten que se cobre incluso cuentas ya canceladas, convirtiendo a los supuestos morosos en víctimas de un esquema criminal.
El caso conocido como la mafia de los pagarés, destapó un sistema delictual que aparentemente funcionaba con ayuda de funcionarios, ujieres e incluso de jueces y abogados.
La propuesta de acordada fue redactada y presentada por el vicepresidente de la Corte el doctor Gustavo Santander Dans, quien considera que con esta medida se evitará que personas mal intencionadas sigan usando estos documentos para estafar a terceros. La acordada sería aprobada en las próximas sesiones de la CSJ.
En una entrevista recientemente concedida a nuestro medio, el ministro Gustavo Santander señaló que otra de las medidas que podría impedir la mafia de los pagarés es la implementación del Expediente Judicial Electrónico.
La Corte Suprema de Justicia busca impedir que ciudadanos sigan siendo estafados por estructuras criminales con ayuda de funcionarios y magistrados deshonestos quienes permiten que estos pagarés ingresen una y otras incluso sobre cuentas canceladas.
El Poder Judicial está obligado a esclarecer la grave denuncia ya que no puede seguir permitiendo que la justicia sea una herramienta de despojo para el ciudadano común más allá de no haber retirado sus pagarés al cancelar sus deudas.
La máxima instancia, no puede desentenderse de una situación tan gravosa y que compromete no solo la imagen del Poder Judicial, sino de los mismos ministros que administran justicia quienes tienen la obligación como superintendentes de velar porque los jueces y funcionarios cumplan con rectitud sus funciones para evitar retrocesos de los esfuerzos de luchar contra la corrupción y transparencia en la gestión judicial.