El abogado ambientalista Ricardo Merlo representante legal de los vecinos de Tablada Nueva, señaló al Péndulo que los frigoríficos ya se encuentran en falta y deben ser objeto de sumario al haber transcurrido los 30 días sin que los mismos hayan presentado su plan de traslado de la zona.
Merlo, señaló que, los mismos deben ser sumariados y sancionados por la Municipalidad de Asunción por no haber cumplido con lo dispuesto por la ordenanza municipal que les pone plazo para suspender la faena y plazo para presentar su proyección de mudanza a los frigoríficos que operan en esta zona de Tablada afectando gravemente el ambiente y la salud de los vecinos.
“El incumplimiento de cualquier ordenanza tiene siempre una consecuencia que es un sumario. Hay un mandato directo dentro de la ordenanza de presentar dentro de los 30 días, ese incumplimiento ya lo tenemos que es el de no haber presentado su plan de traslado y debería ameritar un sumario y las sanciones correspondientes independiente a que, un equipo de la Municipalidad elabore el plan de cierre y se les comunique”, afirmó Ricardo Merlo experto en medio ambiente.
Agregó que otra cuestión sumamente relevante es que los frigoríficos tienen 12 meses para suspender la faena y cambiar su forma de trabajo en los lugares donde se encuentran asentados que, la ordenanza los emplaza por ese tiempo y luego de ese plazo ya no podrán manipular los animales en los vecindarios afectados y si lo hacen se tendrá otro incumplimiento.
Merlo, impulsa también una denuncia en el ámbito penal contra los Frigoríficos en representación de tres barrios de Asunción afectados directamente hace décadas por la faena y manipulación indebida de ganado en su vecindario y hasta el momento no se ha imputado a ninguno de los propietarios de los Frigoríficos.
El profesional cuestiona la lenta actuación del Ministerio Público ante una situación de suma gravedad ya que la operatividad de estas curtiembres y Frigoríficos supone un riesgo real para la vida de los pobladores de Tablada.
Recordó, que los propietarios de estas empresas se exponen hasta a diez años de pena privativa de libertad y reclaman que las instituciones actúen consecuentemente en base a lo que la ley les obliga.