El doctor Guillermo Duarte Cacavelos, defensor de Miguel Ángel Robles Ibarra condenado como el que supuestamente lideró un esquema criminal para desviar más de un millón de dólares de Central apeló la condena de diez años de cárcel impuesto a su cliente y afirma que el fallo tiene “contradicciones insostenibles”.
El defensor señaló que, el fallo recurrido en apelación especial contiene numerosas contradicciones para sostener la teoría del Ministerio Público y su mala praxis, incluso traza una línea de tiempo fuera del plazo investigativo por lo que la defensa busca la nulidad de la sentencia condenatoria de Robles Ibarra quien tras su condena fue remitido a la cárcel al igual que Hugo Javier González.
La defensa realizó una dura crítica al fallo del tribunal de sentencia que condenó a su representado a la pena de diez años de encierro. “La sentencia tiene contradicciones lógicas insospechadas e insostenibles, pero fue la única forma de condonar el pésimo trabajo del Ministerio Público. Para sostener su teoría el Tribunal de Sentencia traza una línea temporal de lo ocurrido fuera de las reglas del tiempo”, sostiene el abogado defensor para quien el fallo debe ser anulado por los defectos que posee.
Recordemos que, según el tribunal, desde el 2020 al 2021 Miguel Ángel Robles Ibarra exasesor de la gobernación de Central, creo y lideró el esquema integrado con funcionarios, constructores y la fundación Centro Integral de Apoyo Profesional CIAP, para lograr el desembolso de fondos de la gobernación y fue quien se quedó con la plata de la gobernación.
“Concretan y realizan varias resoluciones, el 28 de diciembre del 2020 se recibió la transferencia de la emergencia sanitaria 5.105 millones, es así que el 20 de diciembre un día después de recibir los fondos por parte de hacienda, Hugo Javier González y la secretaria de la gobernación emitieron dos resoluciones a favor de la fundación CIAP usando los fondos COVID para construcción y mantenimiento de espacios público de Central.
Para el tribunal de sentencia presidido por la magistrada Karina Cáceres, fueron probados todos los extremos alegados por el Ministerio Público que se creó una asociación criminal para desviar fondos de la gobernación de Central que debían ser destinados para la reactivación económica tras la pandemia.
Los acusados usaron facturas falsas de contribuyentes de otras zonas del país y de los propios funcionarios quienes fueron obligados a emitir facturas a nombre de la Ong CIAP, quienes lo hicieron para cobrar sus salarios.
Por tanto, el tribunal condenó a diez años de cárcel al exgobernador Hugo Javier González Alegre por lesión de confianza y uso de documentos no auténticos en calidad de autor directo. Igualmente, se condenó a la misma pena a Robles Ibarra y se revocó las medidas respecto a ambos y se ordenó la remisión al penal de Tacumbú donde cumplen su pena.