El fallo que dejó un precedente negativo sobre la libertad de expresión sigue sin un pronunciamiento final de la Corte Suprema de Justicia, a un año de la sentencia.
El 12 de enero de 2024, la jueza de paz Gloria Machuca censuró al empresario Christian Chena y a su medio digital RDN, tras replicar un video que denunciaba presuntas irregularidades en el Instituto de Previsión Social (IPS). La medida, dictada al amparo de la Ley N° 5.777/16, de protección integral a la mujer, prohibió durante 365 días cualquier comentario que involucrara a Gisele Mousques, esposa del exdirector del IPS Darío Filártiga, quien fue señalada como presunta recaudadora de porcentajes en licitaciones.
El video en cuestión, hacía referencia a supuestas prácticas corruptas, lo que motivó a Mousques a denunciar a Chena y a RDN, alegando que la publicación constituía “violencia contra la mujer». Sin embargo, el contenido replicado tenía un evidente interés público, relacionado con denuncias de corrupción.
Un fallo revocado, pero con consecuencias pendientes
La jueza Gloria Machuca, en su fallo inicial, ordenó a Chena y a RDN abstenerse de realizar publicaciones sobre Mousques en redes sociales y medios digitales. Esta medida fue revocada en apelación por la jueza de Primera Instancia Rosanna Frutos Olguín, quien argumentó que la resolución de Machuca configuraba una censura previa, prohibida en un sistema democrático.
Frutos Olguín enfatizó que el material difundido por Chena y RDN estaba protegido por la libertad de expresión y que el Estado debe evitar imponer restricciones indebidas a la difusión de información de interés público. Sin embargo, Mousques promovió una acción de inconstitucionalidad contra esta resolución, que aún no fue resuelta por la Sala Constitucional, donde el ministro César Diesel es el preopinante.
La censura perdió vigencia, pero sigue latente la preocupación por la libertad de prensa
El plazo de la medida dictada por Machuca feneció el 12 de enero de este año. Aun así, la abogada de Chena, Alejandra Peralta, considera urgente que la Corte Suprema se pronuncie sobre la acción promovida por Mousques.
“Presentaremos un escrito solicitando que la acción sea declarada inoficiosa. Pero lamentamos que la Corte haya dejado pasar la oportunidad de dictar una sentencia que proteja la libertad de expresión, especialmente en denuncias de hechos de corrupción”, señaló Peralta a Judiciales.net.
La abogada también criticó el uso indebido de la Ley 5.777/16 por parte de jueces de Paz, resaltando que es necesario un pronunciamiento que aclare los límites de su aplicación para evitar casos de censura previa.
A un año del fallo de Gloria Machuca, el caso sigue siendo un mal precedente para la libertad de expresión en Paraguay.