La ministra de la Corte Suprema de Justicia, Carolina Llanes, advirtió que la lucha contra la corrupción no depende únicamente de estructuras legales, sino de un cambio cultural profundo en el país. Para la alta magistrada, el problema radica principalmente en que algunos sectores aún no han internalizado los valores del modelo democrático instaurado en 1992, lo que dificulta alcanzar los estándares de transparencia y confianza deseados.
Llanes fue consultada por Judiciales Net por qué es tan importante combatir la corrupción, a lo que la ministra explicó que, aunque Paraguay cuenta con un sólido sistema normativo y organismos de control eficientes, los cuestionamientos hacia la corrupción están dirigidos más a las personas que a las instituciones. «Las reglas están claras y los organismos funcionan. El problema es que algunos llegan a los cargos para servirse, no para servir», afirmó.
La ministra hizo un llamado a afianzar los valores y principios del modelo democrático republicano, señalando que la Constitución de 1992 marcó un cambio de paradigma al consolidar un sistema que protege los derechos humanos y busca el equilibrio entre libertades individuales y derechos sociales. Sin embargo, reconoció que 32 años de democracia aún son pocos para erradicar comportamientos arraigados como la ‘viveza criolla’, que busca aprovechar los cargos públicos para beneficios personales.
«No podemos desconocer que la mayoría de los funcionarios están comprometidos con el servicio público y cumplen sus funciones con honestidad, pero es evidente que aún quedan personas que no asumen el compromiso que la sociedad espera», sostuvo.
Llanes también destacó que el combate a la corrupción requiere que las políticas de control trasciendan los ciclos de gobierno, apuntando a una transformación cultural que involucre tanto a las autoridades como a la ciudadanía. «Debemos seguir trabajando para que este modelo constitucional tenga plena vigencia y el país alcance los niveles de credibilidad y confiabilidad que demandan los tiempos actuales», concluyó.
Su mensaje final fue claro: el desafío no es normativo, sino cultural. El combate efectivo contra la corrupción depende de que las personas comprendan que la función pública es un servicio, no una oportunidad para el beneficio personal.
