El doctor Fausto Portillo uno de los abogados defensores del exgobernador de Central Hugo Javier González, confirmó a nuestro medio que no presentaron ni presentarán la revisión de la prisión preventiva que soporta su cliente desde el pasado sábado que se dictó su condena de diez años de cárcel ya que dedicarán toda su energía en la apelación del fallo.
Hugo Javier fue admitido en el penal de Tacumbú desde el lunes donde cumple la elevada condena que le impuso el tribunal tras ser hallado culpable de lesión de confianza por el desvío de fondos que debían ser destinados para la reactivación económica.
El tribunal de sentencia presidido por la jueza Karina Cáceres, entregará mañana viernes la sentencia íntegra a las partes. Desde entonces, le correrá a las partes los diez días para recurrir la sentencia condenatoria en alzada.
Para el tribunal de sentencia presidido por la magistrada Karina Cáceres, fueron probados todos los extremos alegados por el Ministerio Público de que se creó una asociación criminal para desviar fondos de la gobernación de Central que debían ser destinados para la reactivación económica tras la pandemia del Covid-19.
Los acusados usaron facturas falsas de contribuyentes de otras zonas del país y de los propios funcionarios quienes fueron obligados a emitir facturas a nombre de la Ong CIAP, quienes lo hicieron para cobrar sus salarios.
Por tanto, el tribunal condenó a 10 años de cárcel al exgobernador Hugo Javier González Alegre por lesión de confianza y uso de documentos no auténticos en calidad de autor directo.
Jugaron con la plata del pueblo paraguayo, desembolsaron un millón de dólares sin tener ningún legajo de las supuestas obras. Ni siquiera se presentó el convenio de cómo se iban a realizar las 14 obras que ya existían antes, afirmó la jueza Karina Cáceres.
Según el tribunal, desde el 2020 al 2021 Miguel Ángel Robles Ibarra exasesor de la gobernación de Central, creo y lideró el esquema integrado con funcionarios, constructores y la fundación Centro Integral de Apoyo Profesional CIAP, para lograr el desembolso de fondos de la gobernación y fue quien se quedó con la plata de la gobernación.
“Concretan y realizan varias resoluciones, el 28 de diciembre del 2020 se recibió la transferencia de la emergencia sanitaria 5.105 millones, es así que el 20 de diciembre un día después de recibir los fondos por parte de hacienda, Hugo Javier González y la secretaria de la gobernación emitieron dos resoluciones a favor de la fundación CIAP usando los fondos COVID para construcción y mantenimiento de espacios público de Central.
Se firmaron las órdenes de pago sin ningún documento respaldatorio. Hugo Javier González en su carácter de gobernador presentó documentos ante la contraloría que no se corresponden con el uso del dinero público, usó facturas falsas y facturas de contratistas que ya habían realizado trabajos a la gobernación, usaron un correo falso para la primera rendición de cuentas. Tienen que tener la absoluta tranquilidad y garantías que, este tribunal se tomó la molestia de revisar papelito por papelito cómo se perpetró los hechos y que fueron probados en juicio para el tribunal. Las obras no fueron hechas con los fondos Covid”, señaló Karina Cáceres presidenta del tribunal de sentencia.
Además de Hugo Javier fueron condenados: Javier Rojas a 2 años, Luis Allende a 2 años con suspensión, Lourdes Lezcano a 2 años con suspensión, Modesta Valiente Escobar a 2 años con suspensión y Miguel Ángel Robles a 10 años de pena privativa de libertad.
La fiscalía pudo probar con documentos, pericias y la declaración de testigos el desembolso irregular de 5.105 millones guaraníes, dinero que no fue destinada a obra alguna, sino que meses después se trató de maquillar las mismas para justificar los desembolsos según el tribunal de sentencia.
El tribunal de sentencia está integrado por las juezas Karina Cáceres, Ana Rodríguez y Yolanda Morel.