El juez Humberto Otazú rechazó el pedido de suspensión condicional del procedimiento presentado por los ujieres Alfredo Samudio y Edgar Fabián Ayala, a pesar de que la fiscal del caso, Belinda Bobadilla, se había allanado a la solicitud. La decisión final sobre esta salida procesal queda ahora en manos de la Fiscalía General del Estado, que deberá pronunciarse al respecto.

El magistrado resolvió no conceder el beneficio y remitir el expediente a la Fiscalía General para que emita su dictamen. En caso de ratificación, los acusados podrían acceder a esta salida alternativa en esta etapa del proceso. Otazú ya había elevado a juicio oral a un primer grupo de procesados, entre ellos la jueza Nathalia Garcete.

Desde el Ministerio Público explicaron que la estrategia busca que algunos funcionarios reconozcan los hechos y puedan posteriormente declarar como testigos en el juicio principal contra los magistrados imputados.

Según la acusación fiscal, la jueza Nathalia Garcete está procesada por los delitos de prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso. Se la señala por haber dictado resoluciones judiciales basadas en informes adulterados elaborados por actuarios y ujieres, e incluso por haber emitido decisiones sin fechas consignadas, vulnerando garantías procesales básicas.

La investigación sostiene que estas maniobras formaban parte de una red delictiva destinada a defraudar a jubilados y funcionarios públicos mediante la ejecución de pagarés falsos o de deudas inexistentes, algunas ya canceladas. En varios casos, los documentos presentados carecían de los requisitos legales mínimos para iniciar procesos ejecutivos, lo que evidencia una grave manipulación del sistema judicial.

Considerado uno de los mayores escándalos de corrupción judicial de los últimos años, el caso involucra a unas 70 personas, entre jueces, exjueces, actuarios, ujieres, oficiales de justicia y abogados vinculados a empresas de cobranza.

Las investigaciones revelaron que miles de expedientes judiciales fueron trasladados o almacenados en oficinas privadas, en abierta violación de las normas procesales. Este esquema habría permitido alterar documentos, ejecutar embargos ilegales y generar descuentos indebidos en salarios y jubilaciones durante años.

La causa, conocida como la “mafia de los pagarés”, expuso así una estructura ilícita interna en el Poder Judicial, que habría operado durante largo tiempo para el cobro fraudulento de deudas, afectando a miles de ciudadanos en todo el país.

El catedrático y experto en derecho penal José Fernández Zacur habló con Judiciales Net sobre las graves consecuencias jurídicas que podría acarrear la eventual declaración de inconstitucionalidad del artículo 1087 del Código Civil paraguayo, norma que desde hace casi medio siglo prohíbe a directores y gerentes de sociedades anónimas votar en la aprobación de sus propios balances, cuentas o en decisiones sobre su responsabilidad o remoción.

Según el especialista, eliminar esta disposición generaría una distorsión profunda en los mecanismos de control y rendición de cuentas dentro de las empresas. “Si se suprime esta restricción, los órganos de administración podrían evaluarse, aprobarse y exonerarse a sí mismos. En otras palabras, serían jueces en causa propia”, refirió.

El entrevistado explicó que una eventual inconstitucionalidad de este artículo no solo rompería el equilibrio entre administración y fiscalización, sino que abriría la puerta a conflictos de intereses, fraudes corporativos y un desorden jurídico sin precedentes. “Cada balance quedaría bajo sospecha de manipulación. Ya no habría certeza sobre cuándo una aprobación fue legítima. La confianza del mercado se vería gravemente afectada”, puntualizó.

El abogado fue más allá al advertir que la eliminación del artículo 1087 podría incluso favorecer esquemas de lavado de dinero y otras operaciones ilícitas. “La trazabilidad patrimonial se sostiene sobre controles cruzados: quien ejecuta y quien aprueba deben ser personas distintas. Si esos roles se concentran en las mismas manos, se habilita un escenario propicio para la simulación contable y la manipulación financiera”, explicó.

Entre los riesgos mencionados, señaló la posibilidad de generar falsas rentabilidades, operaciones ficticias de comercio exterior o distribución de dividendos simulados como mecanismos para blanquear fondos ilícitos. “El terreno sería fértil para el lavado de dinero, además de fraudes que podrían perjudicar incluso a las propias sociedades”, alertó.

Fernández Zacur sostuvo que esta situación debería encender las alarmas en la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), ya que la norma en cuestión cumple una función estructural dentro del marco de prevención del blanqueo de dinero y del financiamiento del terrorismo.

“El artículo 1087 garantiza la segregación de funciones, que es un principio esencial del control antilavado. Si quien decide sobre los fondos también puede aprobar su propia gestión, se pierde toda trazabilidad. Además, su derogación enviaría un mensaje peligroso: que el conflicto de intereses puede ser tolerado”, explicó.

Igualmente, resaltó que otro efecto preocupante es el caos jurídico que generaría la andanada de acciones que pretendan invocar este precedente. “El resultado sería una fragmentación normativa muy peligrosa”, dijo.

Según el abogado, eliminar esta disposición representaría una regresión normativa frente a los estándares internacionales, debilitando la evaluación mutua que realizan los organismos internacionales sobre Paraguay. “Si desaparece esta barrera, ganará la opacidad y perderá la transparencia corporativa”, concluyó.

Actualmente la Corte Suprema de Justicia Sala Constitucional, analiza un planteamiento que busca declarar inconstitucional este artículo de código Civil.

El juez penal de garantías Humberto Otazú resolvió elevar a juicio oral y público la causa que involucra a la jueza Nathalia Garcete, titular del juzgado de Paz de la Catedral (Segundo Turno), junto con otros seis procesados en el marco del conocido caso de la “mafia de los pagarés”.

También van a juicio oral la actuaria Olivia Mosqueda, los oficiales de justicia Óscar Fernando Rivela Gregor y Cristian Daniel Martínez, además de los abogados Sun Yung Bang, José Olmedo Lansac y César Bogarín.

El magistrado, por otra parte, denegó el beneficio de la suspensión condicional del procedimiento solicitado para los ujieres Alfredo Samudio y Edgar Fabián Ayala, aunque la fiscal del caso, Belinda Bobadilla, se allanó al pedido. La definición final sobre esta salida procesal quedará a cargo de la Fiscalía General del Estado.

Este es el primer grupo de acusados que llega avanza a la etapa de juicio oral dentro del extenso esquema investigado. El Ministerio Público busca que algunos funcionarios reconozcan los hechos y puedan posteriormente declarar como testigos en el juicio principal contra los magistrados señalados.

Según la acusación fiscal, Garcete está procesada por prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso. Se la acusa de haber dictado resoluciones judiciales basadas en informes adulterados elaborados por actuarios y ujieres, e incluso de haber emitido decisiones sin consignar fechas, vulnerando garantías procesales básicas.

La investigación sostiene que estas maniobras formaban parte de una red delictiva destinada a defraudar a jubilados y funcionarios públicos, mediante la ejecución de pagarés falsos o de deudas inexistentes, algunas ya canceladas. En varios casos, los documentos utilizados no cumplían los requisitos legales mínimos para iniciar procesos ejecutivos, lo que revela una grave manipulación de la justicia de Paz.

El caso, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción judicial en los últimos años, involucra a unas 70 personas, entre jueces, exjueces, actuarios, ujieres, oficiales de justicia y abogados vinculados a empresas de cobranza.

De acuerdo con las investigaciones, miles de expedientes judiciales fueron trasladados o guardados en oficinas privadas, en abierta violación de las normas procesales. Este esquema habría permitido alterar expedientes y ejecutar embargos ilegales, generando descuentos indebidos en salarios y jubilaciones durante años.

La investigación de la llamada “mafia de los pagarés” reveló así la existencia de una estructura ilícita interna en el sistema judicial, que habría operado durante largo tiempo para el cobro fraudulento de deudas, afectando a miles de ciudadanos en todo el país.

La Cámara de Apelación Penal, integrada por los camaristas Camilo Torres, Paublino Escobar y Arnulfo Arias, concedió una prórroga extraordinaria de seis meses al agente fiscal Deny Yoon Pak para continuar la investigación abierta contra Gianina García Troche, esposa del narcotraficante Sebastián Marset Cabrera.

La mujer, extraditada a nuestro país este año, declaró recientemente ante el fiscal del caso. Según el Ministerio Público, García Troche es considerada una pieza clave dentro de la estructura financiera de lavado de activos en el marco del Operativo A Ultranza Py.

De acuerdo con la investigación fiscal, entre los años 2020 y 2021, García Troche habría participado activamente en el esquema económico de la organización criminal liderada por Marset y Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias “Tío Rico”.
La estructura habría logrado exportar más de 17 toneladas de cocaína (17.340 kilogramos) al exterior, principalmente con destino a Europa y África.

El expediente detalla que Gianina García Troche ingresó oficialmente a Paraguay el 15 de mayo de 2018, acompañada por Marset, quien acababa de recuperar su libertad en Uruguay tras cumplir una condena por tráfico internacional de drogas. Desde entonces, la pareja realizó frecuentes viajes entre Paraguay, Brasil y Uruguay, hasta que en octubre de 2019 se estableció de forma permanente en territorio paraguayo.

A partir de ese momento, el Ministerio Público sostiene que Marset y su entorno consolidaron una red de tráfico internacional de cocaína y lavado de activos, con apoyo de colaboradores vinculados al ámbito financiero y empresarial.
Según las pesquisas, García Troche fue beneficiaria directa de las ganancias ilícitas obtenidas por su esposo y habría realizado operaciones destinadas a insertar dichos fondos en el sistema económico nacional.

El 23 de marzo de 2021, la investigada abrió una cuenta en el Banco Visión, mediante la cual efectuó varias operaciones financieras. Entre ellas, se registran transferencias recibidas por G. 14.667.636 el 15 de mayo de 2021 y G. 6.594.550 el 3 de junio del mismo año.
Para justificar la apertura de la cuenta, presentó un certificado laboral presuntamente falso, en el que figuraba como propietaria de un camión Volvo, matrícula BCR-701, supuestamente habilitado por la empresa Kuarahy S.R.L. para realizar transportes internacionales en el Mercosur, declarando ingresos mensuales de hasta USD 7.500. Sin embargo, la investigación comprobó que el vehículo no estaba a su nombre y que dicha documentación carecía de sustento real.

El expediente también consigna que el 3 de mayo de 2021, García Troche constituyó la empresa Grupo San Jorge S.A., bajo el nombre de fantasía Total Cars, junto con la ciudadana paraguaya Luisa Rosa Ortigoza. La sociedad fue registrada con un capital de G. 1.000 millones, monto que, según la Fiscalía, proveniría de las ganancias del tráfico de cocaína.

El Ministerio Público sostiene que dicha firma fue creada con el objetivo de dar apariencia de legalidad a fondos ilícitos, canalizando dinero proveniente de la estructura criminal liderada por Marset e Insfrán.

El caso de Gianina García Troche revela la dimensión financiera y logística del esquema criminal que operaba desde Paraguay hacia distintos continentes.
Mientras su esposo continúa prófugo de la justicia, las autoridades nacionales prosiguen con el proceso judicial contra los integrantes de la red, en el que García Troche figura como una pieza central en el lavado de dinero y la reinserción de capitales del narcotráfico en el sistema financiero local.

Estos detalles salieron a la luz tras la declaración de la imputada ante el Ministerio Público, luego de que esta solicitara la separación del agente fiscal a cargo de la causa.

El Ministerio Público logró una condena de ocho años de prisión contra un hombre hallado culpable de coacción sexual y violación en perjuicio de su propia madre. El informe forense fue decisivo para la sentencia, pese a que la víctima se retractó durante el juicio oral y público.

El caso estuvo a cargo del fiscal Néstor Narváez, quien sostuvo la acusación ante el Tribunal de Sentencia y solicitó una pena de diez años de prisión. Finalmente, el colegiado impuso ocho años de reclusión al acusado, considerando las pruebas documentales y periciales presentadas durante el debate oral.

El hecho ocurrió el 5 de septiembre de 2022, en horas de la madrugada, dentro de una comunidad indígena. Según los antecedentes, el condenado llegó a la vivienda familiar armado con un machete, lo que provocó que la víctima intentara huir. Sin embargo, el agresor la alcanzó, la llevó a la fuerza a su domicilio y la sometió sexualmente.

El Tribunal de Sentencia, integrado por los magistrados Benito Ramón González, Gustavo Miguel Villaverde y Cynthia Janisse Espínola, valoró las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público y resolvió condenar al acusado a ocho años de pena privativa de libertad, como autor material del hecho punible de coacción sexual y violación.