El juez penal de garantías Humberto Otazú resolvió elevar a juicio oral y público la causa que involucra a la jueza Nathalia Garcete, titular del juzgado de Paz de la Catedral (Segundo Turno), junto con otros seis procesados en el marco del conocido caso de la “mafia de los pagarés”.
También van a juicio oral la actuaria Olivia Mosqueda, los oficiales de justicia Óscar Fernando Rivela Gregor y Cristian Daniel Martínez, además de los abogados Sun Yung Bang, José Olmedo Lansac y César Bogarín.
El magistrado, por otra parte, denegó el beneficio de la suspensión condicional del procedimiento solicitado para los ujieres Alfredo Samudio y Edgar Fabián Ayala, aunque la fiscal del caso, Belinda Bobadilla, se allanó al pedido. La definición final sobre esta salida procesal quedará a cargo de la Fiscalía General del Estado.
Este es el primer grupo de acusados que llega avanza a la etapa de juicio oral dentro del extenso esquema investigado. El Ministerio Público busca que algunos funcionarios reconozcan los hechos y puedan posteriormente declarar como testigos en el juicio principal contra los magistrados señalados.
Según la acusación fiscal, Garcete está procesada por prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso. Se la acusa de haber dictado resoluciones judiciales basadas en informes adulterados elaborados por actuarios y ujieres, e incluso de haber emitido decisiones sin consignar fechas, vulnerando garantías procesales básicas.
La investigación sostiene que estas maniobras formaban parte de una red delictiva destinada a defraudar a jubilados y funcionarios públicos, mediante la ejecución de pagarés falsos o de deudas inexistentes, algunas ya canceladas. En varios casos, los documentos utilizados no cumplían los requisitos legales mínimos para iniciar procesos ejecutivos, lo que revela una grave manipulación de la justicia de Paz.
El caso, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción judicial en los últimos años, involucra a unas 70 personas, entre jueces, exjueces, actuarios, ujieres, oficiales de justicia y abogados vinculados a empresas de cobranza.
De acuerdo con las investigaciones, miles de expedientes judiciales fueron trasladados o guardados en oficinas privadas, en abierta violación de las normas procesales. Este esquema habría permitido alterar expedientes y ejecutar embargos ilegales, generando descuentos indebidos en salarios y jubilaciones durante años.
La investigación de la llamada “mafia de los pagarés” reveló así la existencia de una estructura ilícita interna en el sistema judicial, que habría operado durante largo tiempo para el cobro fraudulento de deudas, afectando a miles de ciudadanos en todo el país.
